Los directivos de las empresas públicas cobrarán un 30% menos

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El Gobierno ha decidido recortar la retribución de los directivos de las grandes empresas públicas hasta dejarlos en un máximo de 105.000 euros de sueldo base, cosa que supone una bajada media de entre un 25 y un 35 por ciento. La portavoz del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó además que los directivos de empresas medianas percibirán un máximo de hasta 80.000 euros anuales, y finalmente para las empresas de menor tamaño su tope salarial ha quedado establecido en 55.000 euros al año.

Esta contundente rebaja no incluirá en cambio los complementos salariales en función del puesto ocupado, ni tampoco una retribución variable que irá "absolutamente ligada" a objetivos cumplidos, pluses que en ambos casos estarán fijados y supervisados por el Ministerio de Hacienda. No obstante, tampoco se podrán añadir retribuciones en especie (casa, manutención, desplazamientos, etc.) que superen el límite fijado por el Gobierno.

Conjuntamente a esta nueva medida, se prevé una reducción de un centenar de consejeros empresariales del sector público y se pone coto al número de personas que las grandes empresas públicas pueden contratar para esta finalidad; tan solo 15 a partir de ahora. Las empresas de tamaño medio tendrán que conformarse con solo 12 directivos, y las pequeñas solo podrán tener 9 como máximo.

Según declaró Sáenz de Santamaría, esta iniciativa pretende potenciar tres principios: ""Transparencia, criterios homologados de retribución en todo el sector empresarial público y límites a esas retribuciones". La portavoz del Gobierno recalcó que dichos límites son "sensiblemente inferiores a los del sector privado para empresas del mismo mercado".

La vicepresidenta se refirió asimismo a algunas empresas públicas como ejemplo del nuevo modelo: "Dentro de esta estructura, el consejero delegado de Navantia cobrará un 28% menos, mientras que el de Hunosa bajará su retribución anual el 23%." Esta medida se enmarca dentro del programa de austeridad que se ha marcado el gobierno de Mariano Rajoy con el objetivo de desengrosar la Administración y poder cumplir así los objetivos de déficit marcados por la Unión Europea.