"En el caso de que la entidad considere que la devolución no es procedente, comunicará las razones en que se motiva su decisión, en cuyo caso se dará por concluido el procedimiento extrajudicial", dice el borrador del decreto. Es decir, que los bancos pueden rechazar las reclamaciones que se les hagan si consideran que la cláusula suelo que incluyeron en la hipoteca no es opaca, como viene defendiendo el Sabadell, o que los clientes estaban suficientemente capacitados para entender la condiciones de lo que se les hizo firmar en su día, como es el caso del BBVA.
En cualquier caso, el banco estará obligado a informar uno a uno a los clientes afectados en el plazo máximo de un mes a partir de la aprobación del nuevo mecanismo. Después, una vez que se presente la correspondiente reclamación, se dispondrá de otro plazo de tres meses para resolver el problema. Además del importe cobrado de más mediante la cláusula suelo, también deberán devolverse los intereses de demora. Las posibilidades para reintegrar el dinero son varias: depositarlos en la cuenta de la persona que reclama su devolución, reducir el crédito pendiente o mejorar las condiciones de la hipoteca reduciendo el tipo de interés. En el caso de que no se llegue a un acuerdo, los clientes tendrán la opción de recurrir a los tribunales.
Precisamente, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, había declarado esta misma mañana a TVE que se han dado dos obstáculos en el proceso. "Llevamos dos intentos (la aprobación del real decreto ley ha sido aplazada en dos ocasiones) y hay dos escollos: que se pueda cobrar en efectivo, y que con el arbitraje no se renuncie al derecho de ir los tribunales. Si el Gobierno rectifica estas líneas podremos tener acuerdo en las próximas 24 horas y que los ciudadanos puedan cobrar".
OCU y Adicae ven "insuficiente" el mecanismo pactado
La rectificación se ha producido, al menos a primera vista, pero no todos los actores que participan en la historia están satisfechos con el resultado. La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) teme que se produzca una réplica del arbitraje que se llevó a cabo en el caso de las preferentes, es decir, que haya afectados que no recuperen las cantidades que la Justicia les ha reconocido o que se propicien quitas o la 'colocación' de productos. La OCU, por su parte, llama la atención sobre el hecho de que "será la banca quién decida realmente quién y cuánto cobran extrajudicialmente de los importes debidos por las cláusulas suelo". En definitiva, la organización de consumidores cree que la banca es "juez y parte" al decidir quiénes y cuánto deben cobrar.
Como de lo que se trata es de evitar que se produzca una avalancha de demanda y el consiguiente colapso de la justicia, se contempla que el banco no pueda ser condenado al pago de las costas, si el cliente rechaza su oferta y el juez le ofrece lo mismo o menos que lo que le daba la entidad. Si el juzgado le concede más dinero, el banco sí pagaría las costas. Los autores de la fórmula pactada han tenido en cuenta que si el coste judicial puede llegar a ser tan gravoso como el importe de la reclamación, a los bancos no les interesará correr el riesgo de perder los juicios.
En el ámbito fiscal, las cantidades devueltas no estarán sujetas al gravamen por IRPF, ya sea por este procedimiento o por la vía judicial. Ahora bien, los consumidores sí tendrán que tributar en el IRPF por las cantidades que recuperen y que se habían descontado como gastos en la deducción por adquisición de vivienda habitual del impuesto sobre la renta que estuvo vigente hasta el 1 de enero de 2013.
El real decreto fijará la existencia de un órgano de seguimiento, control y evaluación de las reclamaciones efectuadas que podrá proponer las medidas que a su juicio sean necesarias para impulsar una correcta implantación del mecanismo extrajudicial. En este órgano se incluyen a los representantes de los consumidores y de la abogacía, tal y como reclamaba el PSOE.
Guindos y el PSOE recuerdan que siempre queda la vía judicial
Desde Davos, donde participa en el Foro Económico Mundial, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha recordado que la solución extrajudicial pactada con el PSOE y Ciudadanos supone un "complemento" a la vía judicial. "Siempre se tendrá la posibilidad de ir al juzgado", ha subrayado y ha considerado que "lo importante" en este procedimiento será definir la cantidad indebidamente cobrado por estas cláusulas no transparentes. "A partir de ahí habrá negociación (entre el banco y el cliente)", ha indicado. Para el ministro, el Ejecutivo solo puede fijar un cauce "mucho más sencillo y rápido" que en un procedimiento judicial habitual. "Pero el Gobierno no puede hacer más", ha esgrimido, al recordar que se trata de una negociación entre particulares.
Lo mismo ha subrayado el portavoz de Economía del PSOE, Pedro Saura, que ha presentado el pacto en rueda de prensa junta a la presidenta de la Comisión de Justicia, Margarita Robles. Saura ha explicado que se trata de un mecanismo extrajudicial "rápido" y "transparente", que no implica ningún tipo de quita para el consumidor, de obligación para todas las entidades financieras y voluntario para los usuarios, que siempre podrán acudir en última instancia a los tribunales. En este sentido, ha celebrado que tras un mes de negociación se el Gobierno haya realizado cambios en el decreto ley presentado en un primer momento, con lo que se consigue que se consolidan todos los derechos de los consumidores, frente a los anteriores textos del mecanismo, "desequilibrados en favor de las entidades financieras".
El pacto alcanzado con el PSOE supone que los socialistas se abstendrán en la votación de la convalidación del real decreto ley cuando llegue a la Cámara Baja tras su aprobación en el Consejo de Ministros. Si se ha decidido tramitar así la fórmula extrajudicial y no como proyecto de ley ha sido en aras de la rapidez. La agilización de la puesta en marcha de este trámite, que afecta a casi millón y medio de clientes, era una de las condiciones para que el Gobierno y el principal partido de la oposición llegaran a un acuerdo.