La buena memoria

intervención de Mertxe Aizpurua de EH Bildu

CongresoMertxe Aizpurua en el Congreso de los Diputados

Las guerras entre compatriotas son las más difíciles de superar, las fracturas que dejan en la sociedad son profundas y duraderas. España va cerrando mal las heridas de la Guerra Civil y el franquismo. La tarea de buscar una lectura compartida de nuestra historia reciente está siendo ardua y compleja. Y es lamentable porque las sociedades soportan mal este permanente trasiego político de la memoria que no acaba de dejarnos tranquilos para poder mirar al futuro sin vendettas ni rencor.

La nueva Ley de Memoria Democrática, lista para votarse esta semana en el Pleno del Congreso, es una buena ley. Como todos los textos consolidados en los países que también han sufrido un enfrentamiento civil pretende establecer Verdad, Justicia, Concordia, defensa del valor superior de los Derechos Humanos y de la cultura de la Paz. El compromiso con las políticas públicas de Memoria Democrática así como el impulso al conocimiento y la reflexión sobre lo que ocurrió, son objetivos loables que se completan con la tarea imprescindible de dignificar la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo: una deuda de todos los demócratas.

Es muy probable que la negociación del texto legislativo haya sido una tarea difícil - la derecha bloquea y los grupos de la izquierda presionan a favor de sus intereses partidistas - pero, aun así, resulta difícil entender la incorporación de la Disposición adicional XX que mandata a estudiar lo que sucedió entre 1979 y 1983. ¿Por qué? Ni en la Exposición de Motivos ni a lo largo del texto se da una sola razón que avale semejante despropósito.

Esa disposición es la que le ha permitido a Mertxe Aizpurua, diputada de EH-Bildu - hagiógrafa de ETA y editora del periódico Egin en los años de plomo - declarar lo siguiente: “vamos a poner en jaque el relato de una Transición ejemplar”.

De manera que el objetivo de Bildu es dar lecciones de ejemplaridad democrática, arremetiendo contra uno de los capítulos más brillantes de nuestra reciente historia política.

Y ese es el problema. Hasta que Aizpurua y los suyos tengan legitimidad para dar algún ejemplo, tendrán que demostrar muchas cosas, para empezar, deben condenar los crímenes de ETA (entre los que quedan 400 por aclarar).

Siempre dijimos, en una de las memorables máximas de Alfredo Pérez Rubalcaba: “o bombas o votos”. Aizpurua ha elegido lo segundo y eso es un éxito de nuestra democracia y la consecuencia de la derrota de los terroristas. Está muy bien pero no basta. Para impugnar la Transición hay, como mínimo, que ganarse un peso moral del que su partido carece. Resulta cuando menos llamativo que quienes, con su estrategia de muerte y extorsión hicieron todo lo posible para que la Transición no tuviera éxito, pretendan ahora juzgar la calidad democrática de aquel proceso.

Y, si la memoria son hechos, a los hechos nos remitimos.

En el aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, la buena memoria nos recuerda quiénes fueron los verdugos de 864 personas, entre ellas 22 niños. Mantenemos vivo el recuerdo de quiénes son responsables de haber extendido el miedo, el sufrimiento y la muerte durante 50 años, y de provocar el exilio de decenas de miles de vascos, al tiempo que, asesinando a miembros del Ejército y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ponían seriamente en riesgo la democracia. Y también alimentamos nuestra memoria con la certeza de que la derrota de ETA ha sido total y absoluta y el fracaso de su proyecto, estrepitoso. A pesar de las soflamas de una parte de la derecha irresponsable que nunca ha dejado de utilizar el terrorismo para debilitar al PSOE, es también un hecho que la banda terrorista se rindió sin haber alcanzado uno solo de sus objetivos.

Para muchos de nosotros es duro tener que contar con los votos de Bildu para aprobar una Ley de Memoria Democrática, pero es aún peor tener que escucharles su intención de “poner en jaque la Transición”. Y es que la Izquierda Abertzale tiene un grave problema de relato. Cuestionando los orígenes de la democracia, reescribiendo la historia, tratan de conseguir una legitimación para su estrategia del terror. Un aval ético que no tuvieron.

No debemos consentir que reescriban la historia y mucho menos que se erijan en jueces de los años en los que los demócratas construían una nueva versión de España, mientras ETA construía su mapa del terror.

Si se lo permitimos no estaremos labrando una buena memoria sino desmemoria, o lo que es peor, una memoria falseada.