Mónica Oltra es inocente mientras no se demuestre lo contrario

Compromís cierra filas con Mónica Oltra: "Si tocan a una nos tocan a todos"

EFEMónica Oltra

En nuestro ordenamiento jurídico el estado de inocencia viene regulado en la Constitución. No se puede tratar a nadie como culpable sin probar la veracidad de la acusación. Este principio es central en un estado de derecho y debe regir para todo el mundo. Desgraciadamente hay personas que creen en la presunción de inocencia para todos excepto para los adversarios políticos que, para ellas, son culpables de entrada.

Esa, precisamente, ha sido la regla de comportamiento de la Vicepresidenta y Portavoz de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra. “Si yo estuviera imputada, le dijo a Camps - entonces investigado por el asunto de sus trajes- en nombre de la política y de la moralidad, me iría a casa”. La vicepresidenta pronunció estas palabras en sede parlamentaria y las cargó de solemnidad.

Para no dimitir ahora, Oltra argumenta que no puede compararse la corrupción del PP valenciano con el caso que a ella le incumbe. Se trata de una investigación por tres posibles delitos: prevaricación, abandono de menores y omisión de la persecución de delitos. No vamos a discutir aquí la gravedad de una u otra causa, no es esa la cuestión.

Lo cierto es que, Luis Eduardo Ramírez Icardi - marido de Oltra cuando cometió los hechos - ha sido condenado a 5 años de prisión por un delito de abuso sexual a una menor tutelada en el Centro de Acogida del Niño Jesús dónde Ramírez Icardi trabajaba. Esa es ya una sentencia firme.

El 6 de julio, Mónica Oltra ha sido llamada, como investigada, para explicar ante el juez la presunta “instrucción paralela” hecha en su departamento con el objetivo de “exculpar o aminorar una eventual responsabilidad de la Generalitat” y encubrir los hechos con un claro perjuicio para la víctima.

Nadie quiso escuchar a esa niña que debió haber sido protegida por la institución y, en su defecto, por la consellería de Oltra, precisamente.

No sabemos si la vicepresidenta estaba o no al tanto de lo que los funcionarios de su departamento andaban maquinando para echar tierra sobre los abusos sexuales cometidos por su ya ex marido. Puede que lo hicieran motu propio, o no, eso es lo que investigan los tribunales y lo que Oltra debe aclarar.

Mónica Oltra denuncia que la persiguen los fascistas - cierto es que la primera denuncia contra ella proviene de un grupo de extrema derecha - pero la fiscal del caso, Teresa Gisbert, nieta del último alcalde republicano de Valencia, es una jurista de gran prestigio, progresista y feminista, con una larga y acreditada experiencia en la defensa de las víctimas. Durante años estuvo al frente de la Fiscalía de menores y es muy reconocido su trabajo en toda la profesión. En el caso de Oltra y de los funcionarios de su consellería, la fiscal -así como el instructor y la sala del TSJ- aprecian “indicios plurales que hacen pensar que fueron orquestados” para beneficiar al marido y proteger la carrera política de Mónica Oltra. Y, sostiene Gisbert que “nadie se preocupó de proteger a la menor de dicha violencia sexual; no denunciar los hechos ante la Policía, Fiscalía de menores, Administración de Justicia supuso un incumplimiento flagrante, arbitrario, sin justificación legal alguna y muy grave de los deberes de un tutor con su pupilo”.

Tras haber sido la adalid de la ética y de la exigencia de responsabilidades políticas a cualquier imputado, es evidente que Oltra debería haber dado un paso atrás. Su actitud está desgastando al conjunto del gobierno de Ximo Puig, cuya gestión es mayoritariamente bien valorada por los ciudadanos.

Habrá que esperar a la declaración de Oltra, el próximo 6 de julio, para ver el auto de procesamiento y si se abre juicio oral por esta causa. Si es así, la Vicepresidenta no tendrá más remedio que dar un paso atrás o ser cesada en sus responsabilidades públicas.

Si algo aleja a la ciudadanía de la política progresista es el escandaloso doble rasero, la incoherencia, y la impresión de que, en este caso, Oltra antepone su interés particular al interés común. Ahora que tenemos, por fin, un gobierno eficaz y decente en la Comunidad Valenciana es evidente que la actitud de la Vicepresidenta hace daño a la mayoría que lo sustenta.

Si Mónica Oltra hubiera dado un paso atrás en lugar de convocar una fiesta de autoafirmación y fuera, posteriormente, absuelta por el Tribunal de Justicia, su regreso a la política podría ser por la puerta grande. Aún está a tiempo.

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