La OTAN, los EE.UU. y la seguridad europea

En Bruselas (4-5 de diciembre), el Consejo Atlántico reunió a los 29 Ministros de Exteriores de los países de la OTAN para analizar los problemas de seguridad y defensa de la agenda internacional. Pocas horas antes, el Secretario de Estado de los EE.UU, Mike Pompeo, se explayaba en una dura crítica a la UE, la ONU y los organismos multilaterales, en una muestra más de la grietas que resquebrajan la relación trasatlántica.

Además de los 29 aliados asistían, como invitados y observadores, otros siete países, entre ellos Ucrania y Georgia. Debido al contencioso que Hungría mantiene con Ucrania por su ley de educación, Budapest veta encuentros directos OTAN-Ucrania, por lo que hubo que añadir a Georgia y, así, se trataron en un solo paquete los problemas de seguridad en la frontera Este de Europa, gravemente puestos de actualidad por los últimos acontecimientos en el Mar de Azov.

Desde el Consejo Atlántico reiteramos que la progresiva militarización por parte rusa de Crimea, el Mar Negro y el Mar de Azov, representan una grave amenaza para la independencia y la integridad territorial de Ucrania, y para la estabilidad de la región. Llamamos a la distensión y a la desescalada del conflicto y reiteramos que los acuerdos de Minsk son la única salida política al conflicto en el este de Ucrania. Ya el pasado 2 de diciembre, con ocasión de la Cumbre del G-20, España manifestó su apoyo a Ucrania, a su soberanía e integridad territorial y la exigencia de que Rusia cumpla con sus obligaciones internacionales y que desbloquee la situación de los marinos y barcos ucranianos.

Con este conflicto como telón de fondo, se debate la arquitectura de la seguridad trasatlántica y los papeles respectivos de la OTAN y de la UE. Desde que el presidente Macron lanzó en agosto la necesidad de una reflexión común sobre una seguridad europea más autónoma de los EE.UU, y la Canciller Merkel apoyara abiertamente en el Parlamento Europeo la idea de un “ejército europeo”, este debate se ha planteado en varias ocasiones. El asunto está ligado al reparto de los costes de la defensa, que plantea de forma cada vez más exigente el Presidente Trump, y en las responsabilidades que se asumen para asegurar la defensa de Europa en un escenario bien diferente del de la guerra fría, aunque algunos quieren hacernos creer que volvemos al pasado.

España, como miembro comprometido de la UE, está a favor de una ambiciosa capacidad de seguridad y defensa europea. La UE debe tener la capacidad de hacer frente a las crisis que afectan a su propia seguridad y contribuir así a un reparto más equitativo de cargas y responsabilidades entre ambas partes del Atlántico. Y eso puede hacerse de forma complementaria con la OTAN y sin negar la validez del vínculo trasatlántico. Estamos convencidos de que una UE más fuerte contribuye a la fortaleza de la OTAN.

Plato fuerte, y bien concreto, de la agenda ha sido la situación del Tratado INF (por las siglas en inglés de “Intermediate-Range Nuclear Forces”). Este Tratado, firmado en 1987 entre los entonces líderes de los EEUU y de la URSS, Ronald Reagan y Mijail Gorbachov, estableció un sistema de control de armamentos de ambos países que permitió la destrucción de los arsenales de vectores de trasporte de armas nucleares en un radio entre 500 y 5.500 km, y el establecimiento de un sistema mutuo de verificación.

Pero, ya en tiempos de Obama, los EE.UU empezaron a detectar que Rusia había desarrollado un sistema de misiles, el 9M739, que violaba el INF. Aunque seguramente apuntaba más a China que a Europa, este desarrollo constituía una violación de las obligaciones impuestas por INF. Por ello, y de una manera un tanto sorpresiva, el pasado octubre el Presidente Trump anunció la retirada de los EE.UU de este acuerdo, lo que supuso un importante cambio en la estructura de seguridad global, ante el que los europeos hemos sido muy críticos.

El resto de los aliados de la OTAN queríamos que los EE.UU aplazaran su salida del INF y que ésta se produjese respetando los avisos previos y los plazos establecidos en el propio Tratado. Después de arduas negociaciones, el Consejo Atlántico aprobó un comunicado que equilibra los planteamientos de EE.UU, condena unánimemente las violaciones rusas del INF y justifica su retirada del Tratado y las demandas de un grupo de países europeos , junto con Canadá, de preservar un sistema efectivo de control de armamento y de no proliferación. Y, en consecuencia, la necesidad de negociar un nuevo instrumento que mantenga, o incluso supere, la ambición del INF.

España es un país mediterráneo y tiene, por tanto, un interés directo y evidente en los problemas de la vecindad Sur, es decir, del Mediterráneo. Aquí las amenazas a la seguridad son de diferente naturaleza, son asimétricas, adoptan formatos no convencionales y son más difíciles de combatir que los clásicos conflictos interestatales. Por ejemplo, el terrorismo. La OTAN debe ocuparse de ello.

En el Mediterráneo los gobiernos no son adversarios sino partners y, para fomentar este partenariado, España organizó en Alicante hace unas semanas un Grupo de Análisis y Diálogo para abordar conjuntamente problemas que nos son comunes. En nuestro vecindario estratégico tenemos dos puntos de especial interés: la inestabilidad crónica de Libia y la posible asistencia de la OTAN en el refuerzo de sus instituciones de seguridad y defensa, además de la contribución de la OTAN a la lucha contra el terrorismo y a la formación de capacidades en Irak, en las que España participa de forma activa y duradera.

También en los Balcanes Occidentales España ha estado muy involucrada desde 1992, empezando por la incorporación de nuestro país al dispositivo de control del embargo de armamento y material por la ONU a los países de la antigua Yugoslavia, y siguiendo por nuestras misiones de carácter humanitario en el marco de las Naciones Unidas.

Casi treinta años después, el esfuerzo de nuestras Fuerzas Armadas ha contribuido a resultados tangibles y evidentes. Hoy, gracias al esfuerzo de muchos, podemos discutir en un contexto radicalmente diferente sobre los avances en la Antigua República Yugoslava de Macedonia o en Bosnia y Herzegovina en su horizonte euroatlántico.

Finalmente, resulta inevitable analizar la situación en Afganistán. La misión “Resolute Support” que se despliega en ese país, es la más numerosa que tiene la OTAN. Una buena noticia es que el pasado octubre se celebraron allí las primeras elecciones parlamentarias, organizadas y administradas por los propios afganos, aunque solo en la parte del país no controlada por los talibanes. Aún así, estos boicotearon los comicios en una jornada marcada por la violencia y los ataques en muchos centros de votación. Pese a todos los problemas votaron cuatro millones de afganos de los nueve millones de votantes registrados, una cifra considerable comparada con la participación electoral en democracias establecidas, donde votar solo exige la pequeña molestia de desplazarse.

Actualmente la insurgencia controla casi un 60% del territorio afgano y ha aumentado sus efectivos, aunque se nutre de grupos muy diversos y sin cohesión interna. Esto coincide con un resurgimiento de la presencia del DAESH y sus atentados indiscriminados. La seguridad se ha deteriorado y las víctimas civiles van aumentando desde que las fuerzas de las Misiones ISAF se fueron del país. Según datos de la ONU, el número de víctimas civiles durante los seis primeros meses de 2018 ha sido el mayor de la historia. Una historia ya de por sí terrible ya que el Gobierno afgano estima en 30.000 el número de caídos en combate desde 2015.

España participa activamente en el entrenamiento de las fuerzas armadas de Afganistán y ha aumentado recientemente su contingente militar, alentando a los socios regionales a que se involucren de una manera más constructiva en la estabilización del país.

Por lo tanto, España, con una sociedad profundamente europeísta, y en tanto que socio proactivo de la UE y de la OTAN, es firme defensora de la alianza euro-atlántica y es uno de los Estados que demuestra mayor solidaridad aliada. Nuestro país participa en sus misiones, en el Este y en el Sur, para responder a los retos que amenazan la seguridad de sus ciudadanos, en un momento políticamente tan complejo y cambiante como el actual, en el que los equilibrios dinámicos que caracterizan a la política internacional son cada vez menos equilibrados y más cambiantes.