Hambrientos y obesos

Levantando la vista sobre las cuestiones más inmediatas y cotidianas que nos afligen como país, a veces hay ocasión de abordar alguno de los problemas más estructurales de la Humanidad. Y entre ellos, el de la malnutrición, o dicho de forma más clara y directa, el del hambre, en cuya solución, más que avanzar estamos retrocediendo.

En efecto, la Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición, recientemente celebrada en Madrid, en el hemiciclo del Senado, con la participación del Director General de la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y de representantes de los legislativos de 80 países, ha servido para poner de relieve la gravedad del problema y la dificultad de sus soluciones. La tozuda realidad es que, después de haber conseguido reducirlo, el número de hambrientos en el mundo no ha dejado de crecer en los últimos años: de 945 millones en el 2005, disminuyó hasta 783 en el 2014, pero a partir del 2015 volvió a aumentar hasta 821 en el 2017. Y, aun así, la gran mejoría se produce en China, donde se ha producido una disminución espectacular de la malnutrición. Sin la contribución de China los datos globales serían mucho peores. Si focalizamos en la malnutrición infantil los datos son terribles: 151 millones de menores de 5 años con retraso del crecimiento o 51 millones de niños y niñas con pérdidas de un 10% de su masa corporal.

Pero este retroceso no es solo un problema de países en desarrollo. La situación en España es también preocupante: en 2017 había 600.000 personas en situación de inseguridad alimentaria grave, lo que supone un incremento del 20 % en un solo año. El problema de la pobreza y el hambre en España empieza a  ser  de carácter estructural, con un tercio de la población con dificultades para llegar a fin de mes y medio millón de hogares que no pueden garantizar una alimentación adecuada.

No puede haber desarrollo sostenible, ni paz y seguridad en el mundo, mientras haya aún 821 millones de personas que padecen hambre. Un país que sufre hambre afecta a sus países vecinos y desestabiliza una región. Aparte de las cuestiones de orden moral, la obligación de toda la comunidad internacional de luchar contra el hambre es vital en términos geopolíticos, porque es también un factor del que dependen la paz, el desarrollo y la seguridad globales.

La respuesta al problema del hambre y la malnutrición requiere de una alianza a todos los niveles, una estrategia múltiple y una nueva forma de trabajar. Cumplir con el Derecho a la Alimentación de manera integrada es lograr cumplir con gran parte de la Agenda 2030. Si logramos erradicar el hambre y alcanzar el segundo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible muy probablemente habremos alcanzado todos los otros Objetivos. Es reconfortante que la Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición haya mandado un mensaje claro en defensa del Derecho a la Alimentación. Y, aunque son ya muchas las conferencias que se han celebrado sobre este problema (recuerdo la de Roma en mitad de la grave crisis alimentaria provocada por el aumento de los precios de los alimentos en el 2008), en las que todos los gobiernos proclaman objetivos y compromisos que luego no se cumplen, es importante la participación de los parlamentarios porque a fin de cuentas son los Parlamentos los que aprueban los Presupuestos y controlan a sus gobiernos

Uno de los aspectos fundamentales para conseguir erradicar el hambre es la transformación de las políticas agrarias y rurales de todos los países. Por su papel clave en la gestión de los recursos naturales y el impacto del cambio climático, y sobre todo, por su carácter vital para satisfacer la necesidad fundamental de todo ser humano de acceder a los alimentos. Es necesaria una transición ecológica también en las políticas agrarias y rurales, en consonancia con las políticas medioambientales, las de cohesión social, las de desarrollo territorial, o las de investigación e innovación. Debemos redoblar la financiación global destinada a agricultura sostenible y seguridad alimentaria, una inversión responsable y sostenible.

Pero, al mismo tiempo que retrocedemos en la lucha contra el hambre, están creciendo, de forma preocupante, el sobrepeso y la obesidad. Unos 670 millones de adultos en todo el mundo es decir uno de cada ocho, es obeso. Y 41 millones de niños y niñas ya son obesos a la edad de 5 años.  Los expertos indican que en 2030 la obesidad y el sobrepeso pueden afectar a un tercio de la población mundial proyectada para esa fecha. Las consecuencias que esto tiene para la salud son terribles, con muchas enfermedades no transmisibles asociadas al sobrepeso que son uno de los principales retos de salud pública de nuestros días.

El aumento de la obesidad es más rápido que la disminución del hambre en el mundo. Y está afectando especialmente a países desarrollados,  relacionado con modalidades de consumo no sostenibles o hábitos no saludables. En este aspecto España también ha empeorado. La cifra de personas adultas obesas pasó de 9,6 millones en 2012 a 10,5 millones en 2016, es decir, un incremento casi del 10 % en cuatro años. Y aquí entran cuestiones que afectan a políticas sanitarias, estrategias de educación, o el funcionamiento de las industrias agroalimentarias.

Al mismo tiempo, un tercio de los alimentos que producimos en el mundo acaban en el cubo de la basura, en vertederos o abandonados en campos de cultivo porque no cumplen criterios de marketing. También aquí las desigualdades por países son muy grandes: en Europa generamos 100 kg de desperdicio por persona al año, en África de 6 a 11 kg por persona al año. Con una cuarta parte de la comida que se desaprovecha en el mundo, seríamos capaces de resolver el problema del hambre.   Acabar con el despilfarro de alimentos se convierte en una cuestión de equidad y dignidad.

El camino hacia la erradicación del hambre no es fácil, y para ello necesitamos un sistema de gobernanza global fuerte y sólido. Como la reforma del Comité de Seguridad Alimentaria que ha ayudado a unir todos los actores en una plataforma integrada única en el sistema de la ONU. España tiene un largo historial en su compromiso con la seguridad alimentaria reflejados en nuestra política de cooperación. A pesar de las actuales dificultades financieras del sector público, que serán mayores si no podemos disponer de un presupuesto para el 2019, debemos de recuperar la política de cooperación como elemento fundamental para conseguir hacer efectivo el Derecho a la Alimentación a escala global, partiendo del principio de que cada persona que padece hambre o malnutrición es un caso de violación de los derechos humanos, para evitar tanto el hambre de unos como la obesidad de otros.