El retorno de la leyenda negra

Retomo mi contribución a estas páginas digitales desde Portobelo, en la costa caribeña de Panamá, escenario de tantos relatos de ataques de piratas contra los galeones del Imperio. En uno de ellos, aquí murió el pirata Drake. Y dice la leyenda que fue enviado al fondo del mar en un ataúd de plomo frente a las fortificaciones españolas, todavía erizadas de viejos cañones que se pudren bajo la lluvia y el sol del Caribe.

Pretendía tomar una cierta distancia con el monotema de la secesión de Catalunya. Pero en este viaje por Colombia y Panamá, la cuestión catalana aparece como un tema inevitable de conversación. No lo conocen con mucho detalle, pero han visto por televisión mis intervenciones en las grandes manifestaciones contra la independencia en Barcelona, y me preguntan por lo que está ocurriendo y, sobre todo,  por lo que puede ocurrir. Como si yo pudiera saberlo.

Pero, a diferencia de lo que con frecuencia ocurre en Europa y EE.UU, la mayoría lo hace sin prejuicios a priori a favor de la causa independentista; ni siquiera en Panamá, que se separó de Colombia en 1904, y desde entonces se ha fomentado un gran proceso de identificación nacional, que se celebra en este “mes de la Patria” haciendo que las banderas florezcan en todos los jardines.

Nada parecido a la asimilación de la España democrática de hoy con su pasado franquista, con la que tan frecuentemente nos topamos estos días. Y que con acierto ha descrito Muñoz Molina en su celebrado artículo, “Francoland”, en El País. Una actitud frecuente en editoriales y artículos de la prensa anglosajona o en manifiestos que se preocupan, con irritante condescendencia, por la salud de nuestro sistema democrático, a la que se ha referido José Ignacio Torreblanca en su artículo  “Anglocondescendencia”, en El País.

Desde su refugio de Bruselas, el Sr Puigdemont, se ha dedicado a criticar las instituciones europeas por no defender a la Catalunya represaliada por España; y a  desprestigiar nuestro sistema político y judicial, presentándolo como violador sistemático de los derechos humanos, con una democracia de muy baja calidad porque, a diferencia de lo que, según él, ocurre en todo el mundo, no se acepta el derecho a la autodeterminación de sus regiones, y además los tribunales no son independientes, y por eso hay multitud de presos políticos.

Ahora ya no se trata de la independencia sino de la libertad, en una España que seguiría siendo lo que fue durante el franquismo, y que en realidad nunca dejó de serlo. Por eso, a cualquiera que en Catalunya discrepe de la independencia se le califica automáticamente de “facha” (versión vulgar del término fascista), y el calificativo de “franquismo” se utiliza con preocupante frivolidad por medios y responsables políticos.

La prensa, la anglosajona en particular, parece regodearse en un revival de la leyenda negra de la España inquisitorial sobre la que se proyecta la sombra del régimen franquista, como si les divirtiera creer que en realidad nunca desapareció.

Así, se asimila la intervención del gobierno de Catalunya, en aplicación del artículo 155 de la Constitución española, (copia por cierto del art 37 de la Constitución alemana), con las peores prácticas de la represión franquista, comparación también utilizada por algunos intelectuales y ex responsables políticos socialistas.

Ante tanta frivolidad, hay que exigir que no se banalice lo que fue el franquismo, asimilándolo con lo que ahora ocurre en España, que no tiene nada que ver con la represión de la dictadura

Si en España estuviera todavía vigente el franquismo, a buenas horas los dos líderes de poderosas organizaciones pro independentistas habrían podido hacer un paseíllo, saludando, como si fueran toreros o estrellas del rock, a los que les aplaudían a las puertas del tribunal. Ni el Sr Junqueras podría lanzar arengas desde su presión preventiva.

Se puede discrepar o no de la pertinencia de la decisión del juez de aplicarles dicha medida. Hay opiniones para todos los gustos. Pero no se les puede calificar de “presos políticos” asimilándolos a los que lo fueron durante el franquismo. Los “Jorges”, como los miembros de la Mesa del Parlament y los del gobierno catalán que no han huido, no están siendo juzgados por sus ideas, que han estado proclamando y defendiendo libremente durante años, sino por actos que implican una responsabilidad penal que se les habría exigido en cualquier otro país democrático.

No es fácil medir la calidad de la democracia de un país. Pero al calor de las criticas que la democracia española ha recibido de la prensa anglosajona, se han recordado datos (como en “La democracia española en una perspectiva comparada”, de Paul-Mari Klose, Agenda Pública) que demuestran que a pesar de nuestros problemas y carencias, resulta que nuestra democracia no es de tan mala calidad como pretende el huido Puigdemont.

Veamos. Según el Informe Freedom in the World de Freedon House, España obtiene en el 2016 una puntuación de 94/100 , 6 por debajo de los países nórdicos, 1 por debajo de Alemania o Bélgica pero 4 más que Francia, 6 más que EE.UU. ... y 56 más que Turquía.

Según el Democracy Index de la Intelligency Unit de The Economist, estamos en el 8,3/10, por debajo de Alemania (8,63) pero al mismo nivel que el Reino Unido (8,36) y por encima de Francia (7,92) y Bélgica (7,97). Turquía, la comparación favorita de Puigdemont, está en el 5.

El Banco Mundial elabora un World Governance Index con 6  medidas de la calidad del gobierno, y España está en el quintil más alto en cuatro de ellos, y en otros dos, control de la corrupción y estabilidad política, en el cuarto.

En la dimensión “Imperio de la Ley”, la falta de respeto a la Rule of Law que tanto preocupa a nuestros críticos anglosajones, estamos en el percentil 81, en la media de la OCDE y solo 18 países en el mundo puntúan más que nosotros

Puigdemont se permite vaticinar que España  tendrá que avergonzarse de nuevo ante el Tribunal de Derechos Humanos, como ya le ocurrió con el caso Ardanza, falseando a conciencia el alcance y la motivación de dicha sentencia. Pero la situación de España ante dicho tribunal, medida en función del número de casos de los que ha tenido que ocuparse y de las sentencias condenatorias dictadas es mucho mejor que el de Bélgica o del Reino Unido. La comparación con Turquía ya es una broma pesada

En cambio, desgraciadamente, nos calificamos peor en los indicadores relativos a la justicia social como la igualdad, pobreza o precariedad laboral,  a los que sin duda no dedicamos la atención que merecen, distraídos como estamos con la cuestión nacionalista y con la condescendencia que desde la izquierda se ha tenido y se tiene con las actuaciones de los independentistas, que les parecerían inaceptables si fueran protagonizadas por el extremo derecho del espectro político.

Algo parecido pasa con la cuestión de la prisión preventiva, porque parece que el debate sobre lo adecuado de su aplicación, o la inquietud por el efecto político que pueda tener esa “inoportuna” decisión judicial, nos hace olvidar el fondo de la cuestión, que es la naturaleza de los hechos justiciables, que son sin duda los más graves que se han producido en nuestra historia reciente, como opina el ex magistrado Andrés Ibáñez (Agenda Publica).

Cualesquiera que sean los tipos penales que se les deban aplicar, y eso también ha alimentado la polémica, lo que ha ocurrido, como explica Andrés Ibáñez,  es una notoria y abrupta ruptura del orden jurídico, de forma reiterada y durante un largo periodo de tiempo, haciendo caso omiso a las advertencias del Tribunal Constitucional y de los propios órganos de asesoramiento de los investigados, y utilizando para ello las instituciones y los recursos públicos.

Que ahora se nos diga que en realidad era puro simbolismo, que era una declaración meramente “política” (evidentemente, no versaba sobre zoología ni física nuclear) pero que no se pretendía que tuviera ningún efecto práctico, vamos que iba de broma, no le quita gravedad ni al acto ni a sus consecuencias.

Y lo mismo cabe decir de los que pretenden presentar como un inocente ejercicio del derecho a la libre manifestación, los actos de violencia de la multitud encabezada por los “Jordis” para impedir la actuación de los agentes judiciales, cercándolos, reteniéndolos y destruyendo sus vehículos.

En cualquier país eso hubiera dado lugar a actuaciones judiciales, y cabe recordar que por actuaciones menos graves, cuando los manifestantes contra los recortes del gasto social impidieron el acceso de los diputados al edificio del Parlament, el gobierno del Sr. Mas se presentó como acusación y pidió penas de 3 años de cárcel.

A la condescendencia anglosajona le gusta creer que seguimos igual que siempre, parece que les divierta alimentar el tópico de la leyenda negra, y como Felipe II queda ya un poco lejos, ahora se refieren a la dictadura franquista, como si España siguiese siendo un país dudosamente democrático, fracasado en sus intentos de construir un sistema de libertades políticas, intrínsecamente fallido y asimilable a las derivas totalitarias e iliberales de Hungría o Turquía.

Pero es de todo punto inaceptable utilizar una referencia a la época más oscura de la historia reciente de España de manera tan inapropiada.

Más grave aun es que la usen políticos o intelectuales españoles, en una inaceptable banalización del mal, que desprestigia a nuestro país y ante la que han  protestado, con razón, los que fueron víctimas de manera directa de dicha represión. Es grotesco tener que leer, a propósito del apoyo del gobierno de la Sra. Merkel al gobierno español, que ya tenemos en nuestra historia un precedente trágico del apoyo del gobierno alemán a un gallego.

Quizás sea oportuno recordarles que la represión del régimen franquista fue una de las más duras y prolongadas que conoció Europa a lo largo de todo el siglo XX, y que  en España hubo presos políticos desde que comenzó la guerra civil hasta el final de la dictadura, y  después de la muerte de Franco se indultaron alrededor de mil presos políticos.

Por eso es tan lamentable que el uso de la hipérbole comparativa haga que algunos ilustres catedráticos de derecho constitucional y de economía, se permitan asimilar la prisión preventiva decidida por un juez de la Audiencia Nacional con las sentencias del tristemente famosos Tribunales de Orden Público, que esos sí que eran tribunales políticos, que fueron muy duros en la represión de los que pretendían “subvertir los principios básicos del Estado,…o a sembrar la zozobra en la conciencia nacional”.

Por todo ello, decir que en España se está ejerciendo un tipo de represión contra Cataluña que recuerda al franquismo, nos parece una inaceptable manipulación histórica, imitando lo que en su día fue nuestra leyenda negra.

En España no existen ni tribunales ni presos políticos, como la propia Amnistía Internacional lo ha reconocido con respecto al caso de los Jordis. Y decir que la Audiencia Nacional es la heredera de los tribunales franquistas de orden público es de una ligereza inaceptable.

Ciertamente la relación de Catalunya con el resto de España plantea un problema político que los tribunales no pueden resolver. Pero la violación de la ley es una cuestión que, inevitablemente, compete a los tribunales. Y la intervención de los tribunales de justicia para juzgar las responsabilidades de los que de manera notoriamente ilegal, han declarado la independencia de una parte del territorio del Estado español, no es intentar resolver judicialmente los problemas políticos.

También es bueno recordar que, primero y antes de todo, el problema es un problema entre catalanes, porque nos hartamos de oír las apelaciones a lo que “los catalanes” quieren y a las afrentan que sufre el “pueblo catalán”, considerado como una realidad homogénea, cuando resulta que no existe tal unidad del pueblo catalán, salvo que se excluya de él, como por desgracia se dice y se hace, a los que no comulgan con las tesis independentistas.

Se pueden juzgar de forma muy crítica las acciones y omisiones cometidas por el gobierno español ante el auge del separatismo en Catalunya. Fue un error que el gobierno ordenara a la policía y la guardia civil la misión imposible de substituir a la policía catalana en el intento de impedir por la fuerza la participación efectiva en un referéndum sobre la independencia ya declarado inconstitucional y que se iba a celebrar en cualquier caso sin ninguna clase de garantía democrática.

Podemos valorar críticamente las decisiones judiciales que han determinado la prisión preventiva de varios miembros del gobierno catalán, y la emisión de una orden europea de busca y captura del Sr. Puigdemont, actualmente fugado en Bélgica.

Pero es inaceptable la frivolidad de considerarlas asimilables a lo que fue la represión franquista, banalizando aquel horror, y presentándolas como si fuera una versión actualizada de nuestra leyenda negra, una especie de maldición histórica  de la que no podemos librarnos, a pesar de que nuestro sistema político y jurídico sea, con todos sus problemas y carencias, asimilable a los sistemas democráticos del mundo libre.