Vísperas catalanas (II)

Han pasado 20 días desde que el Parlament de Catalunya hizo caso omiso a toda la legislación vigente, la catalana y la española, y a sus propios reglamentos, para aprobar, por una exigua mayoría simple de 72 votos, las leyes fundacionales de la República Catalana y convocó un referéndum inmediatamente suspendido por Tribunal Constitucional.

Desde entonces, el gobierno de la Generalitat, cuya presidencia de facto la ejerce el vicepresidente Junqueras, han seguido acelerando hacia el callejón sin salida que representa el intento de celebrar dicho referendum, sin ninguna garantía democrática y  fuera de la legalidad constitucional y estatutaria.

El gobierno español, lógicamente, ha desplegado al servicio de las decisiones judiciales, los medios coercitivos de los que dispone. Lo que ha sido presentado por los independentistas como la aplicación de facto de un “estado de excepción”, o la aplicación encubierta del art 155 de la Constitución, interviniendo de facto la autonomía de Catalunya.

Nada mas lejos de la realidad. No se trata de un “estado de excepción”, sino de la aplicación pura y simple del Estado de Derecho. Comprendo que los que desearían que su actuación quedara impune y que los poderes del Estado constitucional, empezando por el poder judicial, se achantaran ante su desafío, no estén muy satisfechos. No soy jurista, y no se si las actuaciones violentas contra las actuaciones policiales, ejecutadas por orden de un juez, constituyen o no un presunto delito de sedición, tal como lo tipifica el Código Penal, pero si no lo son se le parecen mucho.

Y resulta lamentable la manipulación informativa y la incultura política que ha permitido presentar esas actuaciones como un acto de represión del gobierno español, cuando se trata de una decisión de un juzgado de instrucción, ejecutada por la guardia civil por mandato de ese juez y no del gobierno.

Y la ocasión es buena para felicitarnos, y agradecerles, por la retención, la profesionalidad y la sangre fría demostrada por los agentes de la Guardia Civil ante los ataques y las provocaciones que soportaron.

Afortunadamente vivimos en un país democrático en el que rige la separación de poderes y en el que el gobierno no decide ni registros ni detenciones sin la perceptiva autorización judicial, como así lo ha destacado la prensa europea seria y bien informada, en contraste con el lamentable papel de agitación anti-sistema que han jugado los medios de comunicación afines al independentismo, o temerosos de enfrentarse a el.

La prensa europea seria ha denunciado sin ambages la ilegalidad de ese referéndum, y a señalado que no puede aportar ninguna solución. Ha sido crítica con la actuación, o con la pasividad del gobierno del PP, que sin duda merece críticas, pero desde el Finantial Times al The Economist, Le Monde o Liberation, todos señalan la ilegalidad, y la inutilidad, de ese intento de forzar el orden constitucional, que no conduce a ninguna parte. Y por si tienen alguna duda de cual sería la reacción política de los gobiernos europeos, lean la entrevista del ex primer ministro italiano Enrico Letta, de paso por Madrid para presentar su nuevo libro sobre Europa.

De lo ocurrido en los últimos días hay que señalar la entrevista del President Puigdemont con el periodista Evole, el pasado domingo 24 de septiembre. Y más que la entrevista, los videos con las declaraciones de Junqueras, de la señora Forcadell, esa Presidenta del Parlament de Catalunya que deshonra cada día su función, y del Conseller Turull, con las que Evole amenizó la entrevista con un responsable político que mostró un insoportable cinismo en lo que al respeto de la legalidad estatuaria catalana se refiere.

Puigdemont dio la razón a los que defienden, defendemos,  que no hay que participar en un referéndum ilegal, no solo porque no reúne ninguna garantía democrática, sino porque los  votos en contra de la secesión serán usados para legitimar ese proceso, que algunos presentan, haciéndose los inocentes, como un simple ejercicio de “movilización ciudadana”, cuando de lo que de verdad se trata es de dar un salto en el vacío de gravísimas consecuencias.

Puigdemont reconoció abiertamente que, aunque el propio Estatut de Autonomía Catalunya, exige una mayoría cualificada de 90 votos para reformar la Ley Electoral, e incluso para tomar decisiones de mucha menor trascendencia, como suprimir un organismo autónomo, o nombrar a los directivos de Tv3, el se disponía a declarar la independencia con una exigua mayoría simple de 72 votos, y sin ni siquiera contar con el apoyo mayoritario de los ciudadanos, ya que en las elecciones legislativas pasadas a las que quisieron dar carácter referendario, solo obtuvo el 48,5 % de los votos.

Ante esta contradicción,  su respuesta fue, que “ese era el único camino que había encontrado”. Es decir, le da igual lo que diga la legalidad estatuaria catalana, dejando aparte la española; si los catalanes no le han dado los votos necesarios para tomar la decisión que quiere, lo hará con los que tiene, sean o no suficientes. ¿Y ese es el que dice defender los derechos y las libertades y denuncia un “estado de excepción” implantado por el Estado contra Catalunya?.

He calificado esa actitud de “golpe de Estado”, lo que me ha valido no pocas críticas, no solo de los independentistas, que ya las esperaba, sino también de los “equidistantes”, a los que les cuesta llamar a las cosas por su nombre. A los que dicen que los golpes de Estado en España solo los han dado los militares utilizando la fuerza, les recordaré que no es necesario para nada sacar los tanques a la calle para cambiar ilegítimamente el orden legalmente establecido para substituirlo por otro, hecho a la conveniencia de quien lo impone por procedimientos ilegales. Si les parece mejor le llamaremos un “autogolpe”, porque lo han dado los propios responsables gubernamentales, apoyándose en una mayoría parlamentaria insuficiente y sin respetar los procedimientos y los derechos de la minoría.

Tiene razón Felipe González en comparar lo ocurrido en Catalunya con lo que tanto se critica en Venezuela. Y, como he recordado en otras crónicas y circula profusamente por la redes sociales, Puigdemont debería recordar, si es que las conoce, las palabras del Presidente Kennedy  cuando envió a la Guardia Nacional a imponer el respeto a las leyes anti segregación racial : “nadie, por poderoso que sea, ni ninguna multitud por turbulenta que sea, tiene derecho a incumplir la ley o a desafiar a un tribunal de justicia. …porque, si así fuera… los ciudadanos nos se podrían sentir libre de la arbitrariedad del poder ni a salvo de sus vecinos”.

En realidad, los independentistas han establecido una segregación entre buenos y malos catalanes según su posición ante la propuesta independentista. En esa entrevista pudimos oír a la inefable Forcadell negando que los votantes del PP y de Ciudadanos pudieran considerarse catalanes. Y Puigdemnot no la desautorizo, se limito cómicamente a recordar que había sido elegida Presidenta del Parlament con los votos suficientes para ello…Faltaría mas!!.

No reconoció que Junts pel Sí planteó las elecciones del 27S como un referéndum que ponía en el mismo saco los votos al PP que a los Comuns, y tampoco desautorizó a su portavoz, Jordi Turull, al que oímos en vivo y en directo negar la condición de ciudadanos, tachándoles de súbditos, a aquellos que decidan no participar en su referendum.

Y, sobre todo, justificó las palabras de Junqueras cuando decía que  “sólo con la foto de la policía impidiendo una votación ya hemos ganado”. Ese es su verdadero objetivo, aumentar la tensión, seguir provocando al gobierno hasta generar una situación de conflicto irreversible. Saben que el referéndum, tal como esta planteado no tendrá ningún efecto práctico y que una declaración unilateral de independencia no sería  sino una retorica vacía de efectos reales aunque cargada con todos los elementos de un grave conflicto social.

Hace falta mucho cinismo para seguir diciendo que el derecho internacional garantiza la autodeterminación de Catalunya, cuando el propio Ban-Ki–Mun lo negó en Barcelona cuando era Secretario General de la ONU; y cuando su propio Consell Asesor per la Transició Nacional les ha explicado que no se puede argumentar así porque no se dan ninguna de las tres condiciones requeridas para ello :  Catalunya  no es una colonia como Argelia de Francia, ni está ocupada militarmente como Lituania por la URSS, ni se violan permanentemente los derechos humanos como en  Kosovo. Nadie se va a  creer esas tesis ni va a reconocer la independencia unilateral de Catalunya, ni esta va seguir automáticamente en la UE.

Veremos que ocurrirá en los próximos días, pero es muy probable que se pase de la ya insoportable violencia verbal, que tacha a una persona como Serrat de fascista y de traidor, a la violencia física que parece desear Forcadell cuando se harta de decir que “hay que poner al Estado contra las cuerdas”. Se puede, con razón, señalar la responsabilidad en la que ha incurrido el PP desde la oposición y desde el gobierno, por acción y por omisión. Pero también hay que señalar la responsabilidad del relato de mentiras y exageraciones, del que Junqueras ha sido el gran fabulador,  basado en el “España nos roba”, y “España no odia”.  Y

denunciar la gravedad de que un líder político reconozca explícitamente que ha violado su propia Ley básica para conseguir lo que pretende.