Vísperas catalanas (I)

Desde finales de agosto, he estado bastante tiempo ausente de estas paginas digitales. En parte porque, a la vuelta del verano presentamos en Madrid, y ayer, 14 de septiembre, en Barcelona, el libro colectivo “Escucha España, escucha Catalunya”, en cuya redacción he participado junto con Piqué, De Carreras, y Lopez Burniol, que es un alegato, de lo que podríamos llamar el “frente constitucionalista”, contra la secesión y a favor del entendimiento entre Catalunya y España. Y, con alguna notable excepción, los medios de comunicación han respondido con un gran interés a un libro que no podía aparecer en un momento más apropiado.

Escrita antes del verano, acabé mi contribución cuando el president Puigdemont ponía como condición para comparecer ante el Congreso, como en su día hizo Ibarretxe, que el gobierno español se comprometiese a aceptar un “referéndum de autodeterminación”, dicho ya sin esconderse tras el burladero del “derecho a decidir”. Y ha llegado a las librerías cuando, el pasado día 6 de septiembre, el Parlament de Catalunya vivía una jornada esperpéntica y, haciendo caso omiso a toda la legislación vigente, tanto la catalana como la española, y a sus propios reglamentos, aprobaba las leyes fundacionales de la República Catalana y se convocaba un referéndum inmediatamente declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

Estamos hablando de acontecimientos de una extrema gravedad, de un verdadero golpe de Estado, cuya dimensión histórica recuerda los que protagonizo Companys en 1933. Unos y otros son de sobras conocidos y comentados, pero estos días en Barcelona han servido para hacerme todavía más consciente de la gravedad de la situación.

Después de haber tenido la ocasión de presentar dicho libro, y el anterior “Las cuentas y los cuentos de la independencia” ante un numeroso grupo de empresarios la mayoría de ellos extranjeros, aunque afincados en Catalunya desde hace muchos años, entiendo su preocupación por las negativas consecuencias que lo ocurrido, y lo que esta por venir, tendrá sobre la economía española, y no solo  sobre su componente catalana.

Para seguir con el hilo de los acontecimientos, esta tarde, en un nuevo ejemplo de su doblez, los líderes de la sedición, acompañados esta vez por la alcaldesa de Barcelona que ya sale del armario de su calculada ambigüedad, le mandan una carta a Rajoy, que previamente han mandado a Finantial Times pidiendo negociar con la mejor de su buena voluntad y “sin condiciones”. Una nueva operación de propaganda destinada a mostrar al mundo entero que ellos son los buenos de esta historia.

¿”Sin condiciones”, dicen?. Pues entonces que empiecen desconvocando ese pseudo referéndum ilegal. Ya es evidente que no lo van a hacer, no porque crean en su efectividad, que saben de sobras que para nada servirá, sino porque es un excelente instrumento para la escalada de la tensión y de la provocación al Estado.

No se puede pedir diálogo mientras se mantienen actuaciones contrarias a la legalidad y se violan las normas mas básicas de los procedimientos parlamentarios. Cuando exigen un referéndum de autodeterminación, Puigdemont y Junqueras han dejado de hacer política para situarse en el desacato de las leyes. Pueden desafiar al Estado, y pueden ganar o perder su desafío. Pero lo que no pueden pretender es a la vez desafiar y pretender negociar con el que desafían.

En esta línea, poco antes del verano, la asociación cívica Portes Obertes del Catalanisme presentaba (el 11 de mayo) un manifiesto titulado Contra la ley, no; solo con la ley, tampoco. En él se señalaba que la llamada a “la desobediencia tampoco ayuda a resolver los problemas y además degrada nuestras instituciones de autogobierno […] y deteriora la convivencia democrática”, pues «solo desde el diálogo y la negociación se puede cambiar el actual marco legal para reformarlo y adaptarlo a las necesidades e inquietudes de la sociedad actual». En el acto, destacados juristas subrayaron el callejón sin salida en el que el independentismo ha colocado a Cataluña y rechazaron la absurda comparación entre la democracia española y Turquía que Puigdemont había hecho en unas conferencias en el extranjero.

Pero de nada han servido estas advertencias que proceden de la propia sociedad catalana. Azuzados por la voluntad de la CUP de dinamitar el sistema, incluido la pertenencia a la Unión Europea, el llamado procés hacia la independencia de Cataluña se dirige a marchas forzadas hacia un callejón sin salida en medio del entusiasmo de parte muy importante de la sociedad, el hastío y el silencio más o menos temeroso de otros muchos y el expreso rechazo de unos pocos.

Para los secesionistas, basta y sobra con las leyes de “desconexión” aprobadas por procedimientos inaceptables en el normal funcionamiento de un parlamento democrático, y sin haber alcanzado ni siquiera la mayoría absoluta de votos en las elecciones autonómicas a las que dieron un carácter refrendario.

Pero puesto que el mantenimiento de su integridad territorial es la primera preocupación de un Estado y la primera responsabilidad de su gobierno, en los próximos días viviremos acontecimientos que pueden ser de extrema gravedad y que no terminarán el 1 de octubre, pase lo que pase ese día. Mis contribuciones a estas paginas digitales pueden servir de cauce al seguimiento y análisis de una repetición de la Historia que corre el riesgo de ser más una tragedia que una farsa.

Hay que empezar señalando e insistiendo, aunque los independentistas sigan contándonos la falsa historia de “un sol poble”, que la sociedad catalana vive un empate entre una mitad que se reconoce en una identidad exclusivamente catalana, que reclama la construcción de un Estado propio, y otra mitad que no quiere renunciar a su condición de españoles, y la considera compatible con su identidad catalana, o cree que los costes de una secesión serían demasiado grandes.

Para unos, la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, como reza la Constitución, y para otros la soberanía es troceable; los distintos territorios que lo deseen podrían decidir por sí y ante sí, seguir formado parte de España, o montárselo por su cuenta. Catalunya sería soberana, pero llegado el caso, porque no Murcia también.

Esta es la verdadera línea divisoria que separa las posiciones de unos y otros en este momento. Y los autores del libro citado, nos situamos del mismo lado, aunque pertenezcamos a distintos partidos políticos, enfrentados en otras muchas cuestiones, o no tienen militancia política conocida.

Podemos se ha situado claramente del lado de los que no aceptan que la soberanía sea del conjunto de los españoles, acompañando a Otegui en las manifestaciones del 11 de septiembre, que ha dejado en la practica de ser la fiesta nacional de Catalunya, y abrazando al embajador de Quatar que no se sabe muy bien que pintaba allí a no ser que estuviese como gran financiador del Barça.

Esta por ver cual será el coste electoral de esta actitud, porque no creo que les guste a la mayoría de los españoles, de derechas o de izquierdas, o de centro, o se sitúen donde se sitúen en el nuevo sistema de coordenadas políticas que pretende utilizar Podemos.

Estos días, en Catalunya he ido exponiendo consideraciones como las siguientes, extraídas de las conclusiones de mi contribución a la obra citada :

La primera es que pretender conseguir la independencia es una opción política legitima, como ha señalado el Tribunal Constitucional; de lo contrario, no serían legales los partidos políticos que la defienden. Pero decidirlo por una mayoría simple de diputados, cuando hacen falta dos tercios para reformar el Estatuto o para tomar decisiones de importancia infinitamente menor, es un despropósito. Y hacerlo de forma unilateral, rompiendo con la legalidad constitucional, es un viaje a ninguna parte.

La segunda es que ya está bien de engañar a la gente envolviendo sus propuestas con demenciales referencias a la singularidad de los genes catalanes, más parecidos, según Junqueras, a los de franceses y suizos que a los del resto de los españoles, o a la existencia de un superior ADN cultural carolingio en Cataluña, según Mas, derivado de su pertenencia a la Marca Hispánica en el siglo IX. Dejemos de ensoñarnos con proyectos de imposible cumplimiento.

Un referéndum de autodeterminación no tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional actual. Y no somos un caso muy raro: lo mismo ocurre en países como Estados Unidos, Francia, Italia y Alemania, cuyas constituciones deben ser de tan “baja intensidad democrática” como Mas cree que es la española. No le demos más vueltas, y digamos la verdad: el derecho a la autodeterminación de Catalunya no existe en el Derecho positivo, ni en el nacional, ni en el internacional, por mucho que Junqueras asegure que se lo conceden las resoluciones de las Naciones Unidas, desoyendo la opinión de su propio Consell Asessor per la Transicio Nacional que le advierte que esas resoluciones solo se aplican a situaciones de dominación colonial, de ocupación militar o de sistemática violación de los derechos humanos.

Por eso, Catalunya no es titular de un derecho a la autodeterminación en su aspecto externo, de acuerdo con lo dispuesto en el Derecho internacional, y no sería reconocida después de una declaración unilateral de independencia. Y tampoco lo es desde el punto de vista de lo dispuesto por nuestro ordenamiento jurídico interno,  y el Tribunal Constitucional ya ha dejado clara su posición al respecto, lo impediría.

La tercera es que es imperioso dedicar nuestros recursos y nuestras energías a resolver de forma más constructiva y realista el grave problema de la relación entre Cataluña y España. Porque una sociedad no puede desarrollarse normalmente en el seno de un Estado si la mitad de sus ciudadanos está convencida de que estaría mejor fuera de él.

Y me temo que la “conllevanza” orteguiana no es ya la solución, si es que alguna vez lo fue. Es cierto que en muchos países, como Canadá, Italia, Bélgica e Italia, incluso en Alemania y ya veremos si en el Reino Unido, el «ir tirando» ha sido la solución práctica a falta de otra. Pero en nuestro caso las cosas han ido demasiado lejos, y la abúlica indiferencia de Rajoy ha agravado el problema hasta requerir soluciones estructurales.

Ya se que a estas alturas le estoy pidiendo peras al olmo, pero si de verdad ofrecen ahora “negociar sin condiciones“, los secesionistas deberían suspender la celebración de ese referéndum de autodeterminación que tan solo servirá para aumentar la escalada de la tensión. Y el Gobierno español debería esforzarse en resolver los problemas, grandes o pequeños, que son utilizados para alimentar y amplificar el sentimiento de agravio.

La cuarta es que tarde o temprano habrá que elegir una vía de solución. Básicamente hay dos opciones, y ambas requieren un proceso de diálogo, negociación y pacto, que es la única salida al problema: una singular y específica para Cataluña, la que se ha venido en llamar el “encaje de Cataluña en España” —como han propuesto, entre otros, Miguel Herrero de Miñón—, y la de la reforma del Estado en clave federal para resolver las disfunciones del modelo autonómico, promover el plurilingüismo en España y defender activamente el bilingüismo en Cataluña.

La primera tiene la ventaja de ser más sencilla en su redactado y más fácil de implementar, pero seguramente también más difícil de aceptar por el conjunto de España.

La segunda puede ser más laboriosa, pero también más resolutiva frente a los problemas pendientes y con mayor potencial de futuro. Porque no solo hay un problema de Cataluña con España, también existe un problema general de diseño del funcionamiento del Estado español en la distribución territorial del poder, de los recursos y de las responsabilidades.

En palabras de Joaquim Coll, la solución no es tanto la de singularizar Cataluña, que podría devenir en una nueva versión de la caduca “conllevanza” orteguiana, sino la de federar España culminando así lo que ya estaba en germen en el debate constitucional de 1978, e ir más allá de lo jurídico, para recuperar emocionalmente a una parte de esa parte de la sociedad catalana que ha dejado de sentirse española.