Europa y sus normas

Finalmente la Comisión Europea ha decidido no proponer que se multe a España por su déficit excesivo. Todavía podría el Consejo de la Unión, que reúne a los ministros de Economía de los Estados miembros, enmendarle la plana y decidir lo contrario, pero es poco probable que lo haga. Si Schauble ya ha dado su visto bueno, no lo va a cambiar en el Consejo, aunque el Comisario alemán haya votado en contra.

Es sin duda una buena noticia que debemos a la actitud del comisario Moscovici, que evitaba así un precedente que podría acabar afectando a Francia, y al Presidente de la Comisión decidido a no hacerle un feo al Gobierno español con cuya ayuda siempre a contado y que a fin de cuentas es de la misma familia política.

Pero, consideraciones de táctica política aparte, hubiera sido difícil no escuchar el coro de economistas en contra de la decisión de imponer una multa a un país al que al mismo tiempo se le exige un mayor esfuerzo para reducir su déficit.

Después del Brexit, no se podía seguir bussines as usual, como si nada hubiese ocurrido, y manteniendo el piñón fijo de la austeridad con total indiferencia a sus consecuencias sociales y a la negativa percepción de Europa que cada vez más sienten los europeos.

Pero que no hayamos sido multados no quiere decir que nuestra posición no sea cada vez más frágil frente a las instituciones europeas, o frente a la UE y sus normas.

El Gobierno español de Rajoy incumplió el objetivo de déficit de 2015 en casi 10.000 millones de euros. Después forzaron la aprobación anticipada de los presupuestos de este año con un objetivo de déficit del 2,8%, que en realidad será del 4,7 %. Es decir manipularon burdamente las cifras en unos 20.000 millones de euros, para justificar la bajada electoralista de impuestos del 2015 y las nuevas promesas de rebajas fiscales en las campañas electorales del 20D y el 26J.

El Gobierno español queda semi-intervenido, sometido a estrecha vigilancia económica y con unas duras exigencias de reducción del déficit que para el año que viene se elevan a 15.000 millones de euros.

La Comisión acepta ahora una cifra realista de déficit para el 2016, del 4,6 % del PIB, en línea con el 4,7 % que estima la Autoridad Fiscal Independiente (AIREF). Pero para el 2017 nos exige disminuirlo al 3,1 % y al 2,2 % en el 2018.

El ajuste fiscal de 1,5 puntos del PIB para el 2017 es muy duro. Se puede decir que la no-multa es un rechazo de la austeridad contraproductiva y una derrota del dogma ultraliberal. Pero las exigencias cara al futuro refuerzan esas exigencias de austeridad de forma que el nuevo Gobierno lo va a tener muy difícil. El ministro Guindos lo fía todo al crecimiento, que aportará los recursos de forma que no haga falta más recortes. Pero eso está por ver.

Claro que siempre se puede confiar en repetir la jugada y volver a incumplir, ya que hasta ahora nos ha salido bien. Cierto que la UE es mucho más proclive a fijar objetivos para mañana que a conseguirlos hoy. Pero todo tiene un límite, va a ser difícil que el Gobierno español vuelva a trucar sus previsiones porque ya ha agotado su cupo de credibilidad en Bruselas.

De momento ya ha tenido que adoptar medidas de extrema urgencia como cerrar la ejecución de los Presupuestos Generales de 2016 a los siete meses de comienzo del año, con la consiguiente caída de la inversión pública; anticipar el pago del impuesto de sociedades, que es pan para hoy y hambre para mañana porque lo que se anticipa ahora reducirá las cuotas finales del próximo año.

Y esperemos a ver cuáles son las consecuencias reales de la regresiva reforma fiscal, porque con los últimos datos disponibles, su coste parece situarse alrededor de los 13.000 millones de euros, muy por encima de las estimaciones iniciales del ministro Montoro.

Queda por ver qué ocurre con la congelación de parte de los fondos estructurales que recibe España. De momento la Comisión no se ha pronunciado y habrá que esperar a septiembre porque en este tema el Parlamento Europeo tiene algo que decir. Con su ayuda también podemos librarnos de lo que sería un nuevo tajo a la inversión.

Pero con este y otros episodios, es evidente que las propias normas europeas están también agotando su credibilidad. Cuando Alemania y Francia no pudieron cumplir el Pacto de Estabilidad que la primera había impuesto a todos los socios del euro, se organizaron una mayoría en el Consejo que impidió que se aprobase la propuesta de sanción de la Comisión. Ese día murió el Pacto de Estabilidad. Y, como les resultaba difícil cumplir con las normas del Pacto, las cambiaron

Seguramente hicieron bien, porque esas normas eran inadaptadas a la realidad económica, como el presidente Monti se encargó de señalar, calificándolas de “estúpidas”.

Pero después de la crisis hemos seguido con la tesis ordoliberal del “piloto automático”. Fíjense unas reglas claras y exíjase su cumplimiento y lo demás se os dará por añadidura.

El problema es que la realidad es bastante más compleja e imprevisible de lo que cabe dentro de unas normas prefijadas e inamovibles, y cuando llega la hora de la verdad esas normas no se pueden aplicar, con el consiguiente descredito del sistema.

Por si lo que ha ocurrido ahora con la no aplicación de la multa por déficit excesivo, no fuera suficiente para convencer de una vez de que el sistema de “piloto automático ordoliberal” no funciona, veamos lo que pasa con el rescate de la banca en Italia.

Este es el talón de Aquiles de Italia y el eslabón débil de la estabilidad financiera en Europa. Más que de las consecuencias económicas del Brexit deberíamos preocuparnos por las salud de los bancos italianos que acumulan 360.000 millones de euros en activos tóxicos, el 18 % del total concedido y el 22 % del PIB. Una situación de vulnerabilidad extrema que hay que corregir con una reestructuración y saneamiento que pasa por una inyección de capital.

El problema es, como siempre, quién lo pone. En el 2015 el Estado ya tuvo que rescatar a 4 pequeños bancos que solo representaban el 1 % de los depósitos. Pudo hacerlo porque todavía no había entrado en vigor la Directiva Europea de Resolución Bancaria que pretende substituir los bail-outs por los bail-ins, es decir que no paguen los contribuyentes a través de inyecciones de dinero público como ha pasado en España sino los accionistas y los acreedores de los bancos. Aun así, varias decenas de miles de ahorradores perdieron su dinero.

Esa norma prohíbe la ayuda estatal a los bancos con problemas si antes al menos el 8 % del pasivo no se ha utilizado para absorber las pérdidas

Cuando se aprobó, todo el mundo aplaudió. Sí, se ha acabado que el sufrido contribuyente pague los platos rotos. A partir de ahora los que compraron acciones u obligaciones de los bancos que apechuguen y aprendan a invertir.

Pero resulta que los bancos italianos han colocado unos 200.000 millones de euros de obligaciones a los pequeños ahorradores del país, y aplicar estrictamente la normativa europea implicaría que esas familias perderían buena parte de sus ahorros.

Y Renzi tiene un referéndum en octubre sobre su reforma constitucional y no puede permitirse ese terremoto social. De manera que quiere que le autoricen a ayudar a la banca con dinero público, que parece que es indoloro porque al ser de todos no es de nadie. Como en los viejos tiempos de antes de que a bombo y platillo aprobásemos la Unión Bancaria y anunciásemos que nunca jamás los contribuyentes pagarían por la mala gestión de los bancos

Y a la primera, la norma resulta inaplicable por razones políticas. En Bruselas, y en Berlín, se lo están pensando. Draghi ya ha dicho que adelante, que se ponga dinero público para evitar una nueva crisis bancaria que sería lo peor y le daría muchos quebraderos de cabeza.

Cuando el día 29 de este mes de julio se conozcan los resultados de los stress test de la banca europea que ha hecho la EBA (Autoridad Bancaria Europea), sabremos la magnitud del problema. Y habrá que actuar. Y las normas no se cumplirán, o se buscará una fórmula que parezca que sí, pero que no. Y ya verán como a Italia se le autoriza a inyectar 40.000 millones de dinero público y a eximir a los pequeños bonistas de las exigencias de la directiva, de forma que las pérdidas las soporten solo los bonistas institucionales.

No me parece mal, hay que tener siempre en cuenta los impactos sociales de las medidas políticas e introducir un elemento de equidad en ellas. ¿Pero eso no se hubiera podido pensar cuando se diseñó y se aprobó la norma en cuestión? A base de seguir aprobando normas que chocan con la realidad, la UE se desacredita y pierde capacidad de gobernarse eficientemente.