Europa: reformas contra crisis

Para que la Unión Europea salga de su crisis harán falta reformas importantes, en particular en lo que se refiere a su arquitectura democrática. Las opiniones públicas se están distanciando del proyecto europeo y la respuesta no puede ser dejar las cosas como están y no cambiar nada sustantivo en su funcionamiento. Si prevalece la inercia al final triunfará la tentación del repliegue de cada uno en sus límites nacionales, e incluso la fragmentación de algunos de los viejos Estados.

Por ello las elecciones europeas no se deberían interpretar en clave nacional intentando cada uno de los grandes partidos sacar un solo voto de ventaja al otro. Hay mucho que repensar sobre cómo hemos hecho Europa y las elecciones son un buen momento para ello. Hemos construido una unión monetaria sin un prestamista de última instancia; y no ha funcionado. Y hemos construido un gran mercado con libertad de circulación de mercancías, capitales y (un poco menos) de personas, sin armonizar mínimamente las normas sociales y fiscales. Y eso también debe corregirse si no queremos que vuelvan las fronteras.

Y las fronteras están volviendo. Los suizos han decidido por referéndum imponer límites a los inmigrantes provenientes de la UE. La decisión no surtirá efectos inmediatos porque tiene que ser convertida en Ley y eso llevará tiempo. Pero se ha roto el principio de la libertad de movimiento de los europeos dentro de la UE. Suiza no forma parte, pero está ligada a ella por acuerdos de cooperación que incluyen esa libertad de movimiento y la integración en el mercado único, gracias a lo cual la UE es el destino del 60 % de las exportaciones suizas.

Pero no es solo Suiza. En realidad cada vez que hay una crisis los gobiernos han respondido resucitando las fronteras. Lo hizo Dinamarca por las buenas en el 2011. Y Francia cuando Berlusconi intentó mandarle a los emigrantes clandestinos tunecinos que no le cabían en Lampedusa. Y ahora en el Reino Unido, Cameron quiere restringir la libre circulación presionado por el auge de los antieuropeístas del UKIP que puede ser el más votado en las próximas europeas. En Francia, Holanda y en Alemania crece el malestar ante una Europa a la que se acusa de facilitar excesivamente la movilidad y a través de ello la competencia por los puestos de trabajo y por las ayudas sociales de un estado del bienestar debilitado. Si en el Reino Unido puede ganar el UKIP, en Francia el partido de Le Pen puede rebasar el 20 % del voto, cinco veces más que en el 2009, y ser el segundo partido más votado superando ampliamente al PS.

Así pues, existe el riesgo de que en las próximas elecciones europeas los electores den un espaldarazo importante a los partidos que predican volver a encerrarse en el espacio nacional. Si no se ponen en marcha las reformas necesarias para que los europeos unan sus fuerzas para defender su modelo de sociedad frente a la globalización, ciertamente la tentación nacional/nacionalista acabara imponiéndose.

Hasta ahora la integración europea ha conseguido pacificar el continente pero no ha conseguido construir una prosperidad duradera y compartida y una solidaridad basada en la emergencia de un demos europeo.

El euro ha acabado con la guerra de las monedas en Europa, pero también ha enmascarado diferenciales crecientes de competitividad. Y no ha preparado el camino hacia la unión política, más bien ha debilitado el sentimiento de comunidad creando una nueva división entre el Norte y el Sur de Europa.

En estas vísperas electorales es evidente que hay que buscar una nueva razón de ser para la integración europea. Y esta no puede basarse en evitar los horrores de ayer sino en los beneficios futuros que se puedan percibir en lo cotidiano.

Para ello hay que reforzar la legitimidad y la dimensión social de la UE. Es la debilidad de su dimensión social está en la base de los problemas de legitimidad de la UE. Y la crisis ha agravado esta falta de legitimidad porque ha requerido por un lado más disciplina y por el otro más solidaridad. Ambas dinámicas requieren instituciones legitimadas para tomar decisiones que afectan a cuestiones políticas fundamentales.

Por ejemplo, cuanta inflación está dispuesta a aceptar una sociedad en un momento determinado, es una cuestión fundamentalmente política. La decisión debe tomarse teniendo en cuenta el efecto sobre otras variables y objetivos como el crecimiento y el empleo. La independencia del BCE debe limitarse a los medios para conseguir el objetivo de inflación y no extenderse a fijar el propio objetivo.

Desde otra perspectiva, hay que reconocer que con demasiada frecuencia la UE aparece como demasiado intrusiva en aspectos secundarios y a la vez ausente o impotente en los importantes. Por ejemplo en materia de impuesto de sociedades todos los países dejan que las grandes multinacionales les tomen el pelo y acaban no pagando impuestos en ninguna parte. Es urgente luchar contra esta forma extrema de “optimización fiscal” mediante la creación de una base común del impuesto de sociedades definida por una instancia europea supranacional. Con el establecimiento de dos partes en el tipo del impuesto, una nacional y una comunitaria con la que alimentar un presupuesto europeo mayor que el actual ridículo 1 % del PIB.

Un presupuesto “federal” para la zona euro, notablemente mayor que el actual 1 %, debería basarse en gastos de trasferencias y de inversión de naturaleza anticíclica, como un seguro de desempleo a escala europea recientemente propuesto por el FMI.

Ello exigiría la armonización de las políticas laborales y una corresponsabilidad sobre los niveles de desempleo. Pero tendría la ventaja de distribuir el coste de un choque asimétrico que afecte a un país determinado.

Es hora de reconocer que una moneda única con 18 Deudas públicas diferentes contra las cuales los mercados pueden especular y 18 sistemas fiscales y sociales en competencia no ha funcionado y difícilmente va a funcionar.

Cambiar esta arquitectura institucional implica ceder más soberanía. Como todos los cambios que se ha producido en Europa a consecuencia de la crisis, han implicado una trasferencia de soberanía a un nivel supranacional que debe acompañarse de un control democrático a ese mismo nivel.