¿Pragmatismo o miopía?

El Foro de Davos ha dedicado parte de sus sesiones al análisis de las implicaciones económicas del cambio climático, cada vez más evidentes para muchos de los allí presentes. En Davos se ha presentado el informe “Global risks”, que considera el calentamiento global como uno de los cuatro mayores riesgos inminentes para la economía mundial, junto con el desempleo, las desigualdades sociales y el endeudamiento público.

Algunas multinacionales -Coca Cola, Nike…- incluyen ya en sus cuentas el riesgo asociado al cambio climático. Las sequías y otros fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más intensos y frecuentes, afectan a la disponibilidad de agua y a la estabilidad en la producción de algodón, condicionando muy negativamente la predictibilidad de sus respectivas producciones.

No es de extrañar, por lo tanto, que se multipliquen los esfuerzos del mundo empresarial por comprender, prevenir y adaptarse a un proceso que solo resulta “marginal” desde la ignorancia, el cortoplacismo o los intereses creados. Así, llama la atención la prioridad otorgada a esta materia por algunas fundaciones y fondos de inversión nada sospechosos de “ecologismo radical”: por ejemplo, en el proyecto “Risky Business” financiado por el fondo de T.F. Steyer, el multimillonario y ex alcalde de Nueva York, M.R.Bloomberg, y el ex secretario del Tesoro H.Paulson, cuyo objetivo es identificar los impactos concretos del cambio climático en diferentes territorios y sectores productivos y evaluar las medidas preventivas o compensatorias de dichos impactos.

Desde el informe redactado en 2006, a instancias del gobierno británico, por el ex economista jefe del Banco Mundial N. Stern, sabemos que el coste económico de actuar cuanto antes frente al calentamiento global, es mucho menor que el de postergar la acción. Además, los sucesivos informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) ponen de manifiesto la aceleración de los efectos del cambio climático, lo que refuerza la urgencia de tomar decisiones.

En Davos, el secretario general de la OCDE ha alertado precisamente sobre los costes económicos crecientes asociados al cambio climático, abogando por el avance hacia una economía con “emisiones cero”, mediante tres grandes líneas de actuación: la imposición de un precio efectivo al CO2 (una tasa a nivel mundial), la eliminación gradual de las subvenciones públicas a los combustibles fósiles (actualmente superior a los 600.000 millones de dólares), y un marco jurídico -cuanto más supranacional, mejor- que impulse la necesaria transición energética garantizando una rentabilidad adecuada y estable a las inversiones en energías renovables.

Contrasta todo lo anterior con el planteamiento irresponsable del Gobierno español en materia de energía y cambio climático, “aparentemente” respaldado por la escasa ambición de la Comisión Europea en la reciente definición de su escenario a 2030. Y digo “aparentemente” porque dicha posición, aún siendo sin duda insuficiente, supondrá en todo caso un impulso adicional a aquellos gobiernos que sigan apostando por la reducción de las emisiones de CO2 y por la consiguiente incorporación de tecnologías limpias y eficientes, como vector de competitividad duradera.

El escenario 2030 propuesto por la Comisión ha merecido críticas. Es cierto que se ha fijado un compromiso de reducción del 40% (respecto a 1990) de las emisiones de CO2, para el conjunto de los países miembros, aunque de acuerdo con la propia Comisión sería perfectamente viable una mayor reducción.

Ya en 2013 se había logrado casi el objetivo de reducción de un 20% establecido para 2020. Un objetivo europeo más ambicioso hubiera sido deseable. Aunque las emisiones de la UE suponen ya tan solo un 11% de las emisiones mundiales, su efecto “arrastre” de otras grandes áreas emisoras hubiera sido muy importante mediante el impulso a la innovación en materia energética.

La Comisión ha fijado también un objetivo global del 27 % para el peso de las energías renovables en el mix energético del conjunto de los países miembros. Teniendo en cuenta el rápido desarrollo tecnológico experimentado en este ámbito tampoco este objetivo puede considerarse ambicioso. Además no se define la contribución de cada uno de los Estados ni su seguimiento. El resultado será que los países que están ya en la delantera en esta materia (Alemania, Dinamarca…), consolidarán su ventaja comparativa frente a un país como España , cuyo gobierno ha decidido aplicar, sin complejos, la “receta” de la FAES (1): “muerte a las energías renovables, larga vida a las centrales nucleares”…

De hecho, el Gobierno español no se adhirió a la carta remitida a la Comisión Europea por otros ocho países miembros, en la que se pedía un objetivo europeo ambicioso para incrementar las energías renovables, como sector fundamental para una recuperación económica sostenible.

Por último, la Comisión no ha fijado ni siquiera un objetivo global para el avance en la eficiencia energética, señal de las dificultades que se está encontrando en el cumplimiento de la normativa ya existente. Recordemos que, en el caso de España, hay un expediente abierto por incumplimiento de una directiva aprobada hace ya once años.

Pero aunque el compromiso de la UE sea insuficiente sigue marcando un determinado rumbo. En absoluto puede afirmarse -como han hecho varios medios de comunicación españoles- que la Comisión Europea ha renegado de su liderazgo en materia de sostenibilidad, en beneficio de la competitividad, “en un ejercicio loable de pragmatismo” ( sic ), ya que, según esta interpretación, lo único relevante es reducir los costes energéticos… a cualquier coste, valga la redundancia.

¿Es “pragmático” que la UE ( y mucho más España) no intensifique su esfuerzo por reducir su enorme dependencia energética del exterior, que le cuesta la friolera de medio billón de euros al año, potenciando mucho más que hasta ahora el uso de sus recursos autóctonos, limpios, inagotables… cuyos costes de utilización siguen disminuyendo mientras aumentan los correspondientes a los combustibles fósiles y a la energía nuclear?

¿O se trata del mismo tipo de “pragmatismo” que justifica la reducción de salarios – que no de beneficios – y la creciente precariedad de las condiciones laborales, como requisitos imprescindibles para aumentar la competitividad de nuestra economía?

¿No estaremos confundiendo el “pragmatismo” con el mantenimiento de los beneficios extraordinarios conseguidos por el oligopolio de las grandes empresas energéticas europeas, amenazado por el avance tecnológico de las energías renovables, lo que comportara la creciente capacidad de los ciudadanos de convertirse ellos mismos en productores de energía?.

Por último, en su afán (¿interesado?), o quizás en su desconocimiento, algún medio económico español ha llegado a afirmar que el escenario de la Comisión Europea a 2030 “substituye” a los compromisos existentes para 2020, que por el contrario siguen plenamente vigentes, y que se traducen en obligaciones concretas y vinculantes para cada uno de los países miembros: en materia de reducción de emisiones de CO2, de aumento del porcentaje de las energías renovables, de incremento del ahorro y de la eficiencia energética.

Si el Gobierno quisiera tendríamos en España casi seis años por delante para aprovechar el marco actual de la UE como impulso a la transición energética, es decir, como incentivo a la auténtica competitividad de la economía española, reduciendo nuestra dependencia exterior, creando empleo y consolidando un tejido productivo basado en la innovación…

Pero, lamentablemente, el Gobierno ha demostrado ya con creces, su incompetencia para reformar el sector eléctrico, así como su entusiasmo hacia cualquier interpretación “pragmática” de la política europea de energía y cambio climático. Un grave error estratégico para un país como España que necesita con urgencia una profunda redefinición de su modelo productivo que será más cara cuanto más tiempo se tarde en abordar.