Rebelión contra Merkel

Angela Merkel se presentaba en el último Consejo Europeo del 2013 al frente de un Gobierno de gran coalición con los socialdemócratas del SPD que reúne el apoyo del 80 % de los diputados alemanes. Una estabilidad política superlativa que refuerza su autoridad dentro y fuera de Alemania. Y en materia de política europea el programa de gobierno de la coalición es básicamente el suyo, puesto que los socialdemócratas renunciaron, o no pudieron, incluir casi ninguna de las ideas que defendieron durante la campaña electoral.

Y sin embargo, la fronda contra las posiciones de la recién reelegida canciller nunca habían sido tan fuertes. Nunca se había bloqueado una iniciativa alemana como ocurrió el pasado jueves 19 de diciembre con la propuesta de contratos-programa entre la Comisión Europea y los países necesitados de reformas. Por lo que se dice en los pasillos de Bruselas, ese día Merkel pasó una de sus peores soireès en un Consejo Europeo.

Cierto que también en ese Consejo se aprobó un nuevo paso adelante en la Unión Bancaria, cocinada al gusto alemán. Un acuerdo que ha sido saludado como la trasformación más importante de la zona euro desde el inicio de la crisis, pero que ha levantado muchas críticas y deja por resolver muchas cuestiones.

En ese tema Merkel consiguió lo que se proponía y pospuso para muy tarde lo que no quería aceptar.

El resultado es Unión Bancaria light que merece un análisis más crítico que el que le han deparado los medios. Menos se ha hablado del rotundo rechazo de los contratos-programa. Un rechazo que muestra el cansancio de muchos gobiernos acerca de las exigencias de austeridad y reformas que por el momento no han evitado la recesión de sus economías mientras han deteriorado gravemente la cohesión de sus sociedades.

Esos contratos forman parte del programa de gobierno de la coalición y por lo tanto también el SPD está comprometido con ellos. Lo cual da más relevancia todavía al rechazo que recibieron. El programa de la gran coalición dice que sus firmantes “se comprometen a impulsar contratos entre los Estados miembros y la Comisión para reforzar la competitividad y la solidez financiera…, adaptando si fuera necesario los Tratados de la Unión monetaria”. El borrador de las resoluciones del Consejo, que luego no fue aprobado, anticipaba que esos contratos condicionarían todas las decisiones de política económica nacionales, incluidos los mercados de trabajo, la educación, la formación, la investigación y el funcionamiento del sector público. En pocas palabras, equivalía a la puesta bajo control político de los Estados y con las decisiones políticas relevantes tomadas en Bruselas.

Al mismo tiempo, se excluían las formas de solidaridad vía mutualización de Deudas de las que tanto se ha venido hablando desde que empezó la crisis. El programa de gobierno de la coalición los excluye expresamente porque considera que “toda forma de mutualización de las Deudas públicas pondría en peligro las orientaciones adecuadas de las políticas nacionales”.

Barroso y Draghi apoyaron a Merkel. Lo tienen fácil porque ninguno de los dos tiene que dar cuentas a los electores. Pero esta vez los aliados tradicionales de Merkel se opusieron a la idea. Austria pidiendo que se respete a los Parlamentos nacionales. Holanda convencida de que esos contratos serán vistos como un nuevo dicktat de Berlín/Bruselas/Frankfurt. Finlandia temiendo que cuestionen la legitimidad europea y alimenten todavía más el populismo. Bélgica no quiere que en vísperas de las elecciones europeas la idea de Europa se asimile a la de un gran bastón y muy pocas zanahorias. Y además no quiere que nadie le obligue a abandonar la indexación salarial que todavía practican.

Los países del Sur, intervenidos o en apuros y esta vez liderados por Rajoy, quieren evidentemente evitar una nueva restricción. Francia, todavía escocida por su fracaso en introducir un capítulo dedicado al crecimiento en el Tratado sobre la disciplina fiscal, a pesar de que Hollande en su campaña electoral lo puso como condición para ratificarlo, mantiene una actitud discreta. Y además sabe que le tocaría contribuir financieramente a una nueva forma de ayuda.

En el fondo unos países rechazan la idea porque no quieren más imposiciones, y otros porque no quieren pagar más para financiar los incentivos previstos en esos contratos-programa. Pero en eso al menos tiene razón Merkel, más les valdría gastar un poco ahora para ayudar a que se hagan reformas que no tener que pagar mucho más dentro de unos años cuando sea inevitable financiar nuevos planes de salvamento.

Después de las elecciones, con una nueva Comisión, Alemania volverá a la carga. Pero de momento la rebelión contra Merkel de sus colegas de Bruselas ha hecho que, quizás por primera vez desde que empezó la crisis, un proyecto alemán se tenga que posponer al menos un año.