Recesión y secesión

Estas parecen ser las palabras claves de este año que se acaba. El proceso que pretende llegar a la secesión de Catalunya se acelera. Y la recesión en la que ha caído la economía española persiste y sus consecuencias sociales se agravan. Los últimos datos disponibles muestran el retroceso que España ha sufrido con respecto a Europa en términos de PIB y de bienestar social.

Con respecto a la primera cuestión, la novedad ha sido que los nacionalismos catalanes de todas las intensidades han llegado a un acuerdo sobre la pregunta a la que deben contestar los catalanes para ejercer su “derecho a decidir”, ese eufemismo con el que designa el derecho a la determinación. Se han salvado así de un estrepitoso ridículo. No llegar a un acuerdo hubiese sido darle a Rajoy, un triunfo excesivo ganado sin más que seguir fumándose abúlicamente un puro, y dando la callada por respuesta a las peticiones de abrir un diálogo político sobre la cuestión catalana.

Ya se sabe que el desacuerdo entre los partidarios de la consulta era porque unos querían reducir la pregunta a la disyuntiva independencia sí o no, y otros presentar varias alternativas. Al final todos contentos con dos preguntas secuenciales, primero si se quiere que Catalunya sea un Estado y segundo, y sólo para los que hayan contestado afirmativamente, si ese Estado debe ser independiente. Se presupone que hay otras formas de Estado, sin que se especifiquen cuáles. La independencia aparece así como una opción claramente identificada, objetivo irrenunciable de ER. Y las demás opciones se engloban de forma indiferenciada en el filtro previo.

Diga lo que quiera Mas y sus aliados, incluidos la tendencia soberanista del PSC, la pregunta que se pretende formular en un referéndum no es clara ni inclusiva. Pero la pregunta no es ni clara ni inclusiva. No es clara porque no se sabe muy bien qué quiere decir “Estado”. Puede referirse a un Estado independiente, a uno soberano pero confederado con otros o a la calificación formal de “Estado” a las partes de una federación, como ocurre en los EE.UU. o en Alemania con el Estado Libre de Baviera (tal es su denominación oficial). Si la opción federalista cabe o no dentro de la preferencia por un “Estado” es algo dudoso e interpretable por cada cual. Al sector “soberanista” del PSC le parece que sí.

No es inclusiva porque no incluye explícitamente todas las posibles opciones, como la mantener la situación actual o la federalista. Más que inclusiva es reduccionista, por su carácter al final binario, y porque excluye posiciones intermedias que para más inri son las que las encuestas señalan como sociológicamente mayoritarias. Los que estén en contra de la independencia no podrán expresarlo explícitamente con su voto. Solo podrán hacerlo los que previamente se hayan mostrado a favor de que Catalunya se convierta en un “Estado”. Para justificarlo se recurre, engañosamente, al ejemplo del referéndum en Puerto Rico donde si había dos preguntas en cascada, pero formuladas de manera incluyente de todas las posibles opciones. Y si por azar el resultado fuese sí a la Catalunya Estado, pero no al Estado independiente, nos quedaríamos sin saber qué otra clase de Estado preferirían los catalanes.

Tal como están formuladas las dos preguntas, parece que lo que se pretende es encauzar el voto hacia la preferencia por la secesión. Se diferencia radicalmente de la que se va a formular en Escocia, no solo por su texto (la escocesa sí que es clara y sencilla), sino también por ser una decisión unilateral de una de las partes implicadas, la otra es el Gobierno central. Con respecto a Canadá, al otro ejemplo siempre sacado a colación, ya sabemos que esta formulación no pasaría el test de la clarity act de Canadá, como ya lo ha declarado el que fue ponente de esa Ley.

Pero poco importa, la pregunta está formulada para salir del embrollo en el que se habían metido los partidarios de hacer la consulta cualquiera que sea la posición del Gobierno central. Saben perfectamente que no la va a poder autorizar, y no que podría aunque quisiera. El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado al respecto en una sentencia del 2008 acerca de la convocatoria de un referéndum por el lehendakari Ibarretxe en el País Vasco. La sentencia estableció que esa cuestión solo se puede plantear en el marco de una reforma constitucional. Sentado ese precedente lo mismo va a decir de la que ahora se plantea en Catalunya.

Pero de momento, tanto Mas como Junqueras consiguen sus objetivos mientras que Duran y los llamados ecosocialistas de ICV siguen yendo a remolque. Mas recupera la iniciativa y gana tiempo. Evita la ruptura con ER, aprueba los presupuestos y puede seguir gobernando un par de años más. No va a tener prisa, el tiempo juega a su favor. Frente al inmovilismo de Madrid la tensión va a seguir creciendo y el desafecto hacia España, alimentado por las celebraciones del 1714 y el discurso repetido sobre los agravios y los expolios fiscales.

Muchos catalanes creen sinceramente que la independencia es la única solución a sus males y problemas. Están convencidos de que al día siguiente de la independencia dispondrían de los 16.000 millones que ahora España les roba. Los inconvenientes se minimizan o se ignoran. Las emociones mandan más que las razones. El mismo día que el mismísimo Van Rompuy repite que la adhesión a la UE de una Catalunya independiente no sería automática, CiU edita un folleto asegurando que “no hay ninguna razón jurídica ni política que obligue a que Catalunya tenga que salir de la UE”.

A esta situación no se puede hacer frente esperando que llegue el momento de interponer recursos jurídicos. En Catalunya se da demasiada poca importancia a la Constitución, como si la voluntad expresada en las manifestaciones de una parte importante de la ciudadanía, sin duda hegemónica pero todavía no mayoritaria, fuese suficiente para derogarla. Y en Madrid se le da demasiada importancia, como si fuese un infranqueable muro de contención y bastase invocarla para resolver el problema.

El problema no se resolverá enfrentando dos griteríos que se ensordecen mutuamente. El de los que gritan Catalunya no es España y el de los que gritan, aunque se les oye menos, que sí lo es.

Por mucho que el nacionalismo catalán se reclame de la democracia para justificar el referéndum, el proceso político que ha puesto en marcha tiene un acusado déficit democrático. Empezando porque nunca CiU planteó la independencia en sus programas electorales ni siquiera en el último. A diferencia del Scottish National Party que ha propuesto dos veces en sus programas electorales la celebración de un referéndum y por tanto el Gobierno, elegido sobre la base de esas propuestas, tiene toda la legitimidad para llevarlas a cabo. Y por mucho que el Gobierno español, unido en ello con la oposición socialista repita que la Constitución consagra la unidad de la Nación española, si una mayoría calificada de catalanes sintiese y quisiese la secesión con la misma intensidad que Junqueras, y lo hubiese expresado de forma constante y democrática en las elecciones, algo habría que hacer. No ha sido, todavía, el caso. Pero puede llegar a serlo si no se para con razones y emociones positivas el creciente desafecto de una parte de la sociedad catalana.

Ese desafecto tiene también que ver con el hecho de que España no ofrece hoy un proyecto político atractivo. No es que el espectáculo de la clase política catalana sea mucho más edificante. Por ejemplo los problemas judiciales de CiU por financiación ilegal vinculada al caso Palau de la Música. Pero la economía española está hundida en una recesión profunda, y aparece más como un peso muerto del que mejor no tener que tirar, que como un elemento dinamizador con el que vale la pena estar vinculado.

En efecto, España ha desandado 14 años atrás su proceso de convergencia con Europa. Según Eurostat en el 2012 nuestro PIB per cápita medido en paridad de poder de compra se quedó en el 96 % de la media de la UE, prácticamente como en 1998. El proceso de convergencia se interrumpió en el 2007 cuando habíamos llegado al 105 % de la media y Zapatero pensaba que sorpassariamos a Italia y por qué no a Francia. Italia ha retrocedido más que nosotros, pero sigue estando por encima de la media de la zona euro.

Peor aun. Eurostat ha publicado por primera vez, y bienvenido sea, un indicador de bienestar que incluye los bienes y servicios públicos consumidos por las familias además de su consumo privado. Con esta vara de medir todavía estamos más lejos, el 92 %, de la media. Es el reflejo de los recortes presupuestarios en educación y sanidad. Y en términos de desigualdad hemos retrocedido a los últimos puestos de entre las sociedades europeas.

España y Portugal eran los dos países con menor renta per cápita entre los 11 países que crearon el euro en 1999. Catorce años después siguen siéndolo. Si nos comparamos con los 14 países que ahora forman la unión monetaria, estamos en el puesto número 10. Cuando se habla de la década perdida de los países latinoamericanos, seamos conscientes de que nosotros ya hemos perdido una década y media. El problema es saber si vamos a perder otra más. Y la cuestión no se plantea solo en España sino en el conjunto de los países desarrollados, incluyendo Alemania y EE.UU., donde la desigualdad también amenaza con erosionar gravemente la cohesión social a pesar de que su PIB crezca más que el nuestro.