El contagio celta

El anuncio de un plan de apoyo europeo a Irlanda por valor de 85.000 millones de euros no ha sido suficiente para calmar la especulación contra la Deuda Pública de varios países de la zona euro, entre ellos España. La inquietud sobre el futuro de la moneda única ha vuelto a situarse en los niveles en los que estaba cuando la crisis griega de la pasada primavera. Más aun, las declaraciones de varios altos responsables europeos, desde el presidente del Consejo al del Banco Central Europeo pasando por la canciller alemana Angela Merkel, no han hecho sino echar leña al fuego.

La situación de Irlanda era muy mala, pero lo cierto es que la última fase de la crisis no ha sido causada por un empeoramiento súbito e inesperado de su grave situación, sino por las decisiones anunciadas por el Consejo Europeo del 29 de octubre pasado. El acuerdo de prorrogar más allá del 2013 el Fondo Europeo de Estabilización aprobado en la urgencia para hacer frente a la crisis griega iba acompañado de la decisión de que las intervenciones de ese Fondo más allá del 2013 debían incluir una restructuración de la Deuda de los países que recibiesen ayuda.

Eso quiere decir que los titulares de esa Deuda podrían perder parte del capital invertido. La inquietud que eso causó provocó un aumento inmediato de los tipos de interés exigidos a Irlanda, y también a Portugal y en menor medida a España, que hizo inevitable que Irlanda tuviese que pedir la ayuda europea.

Lo que está ocurriendo plantea una cuestión fundamental y controvertida: ¿quién tiene que pagar los platos rotos de la crisis? ¿Solo los ciudadanos de los países en dificultades a los que se les aplican planes de austeridad que reducen sus salarios y pensiones, aumentan sus impuestos y reducen sus servicios sociales, o también los Bancos que han invertido en su Deuda Pública?

En esta cuestión, la moral y la eficacia no van de la mano. Como dice la Canciller Merkel, no puede ser que invertir en bonos de Deuda Pública sea la única actividad financiera sin riesgo alguno. Pero no es menos cierto que anunciar esta intención no ha hecho sino aumentar las dificultades de los países que ya estaban en una situación difícil y hacer más inestable la zona euro.

El problema de quién debe soportar los costes del ajuste de un país para purgar sus excesos pasados estará presente en los acontecimientos que vamos a vivir en los próximos días. Habrá que volver sobre los pros y los contras de cada una de las posibles soluciones. Pero ahora lo importante es saber si el plan de ajuste anunciado por el gobierno irlandés es el adecuado para superar los problemas del país y si es posible que la confianza vuelva a los mercados y cesen los ataques especulativos sobre la deuda portuguesa y española.

Es difícil pensar que ese nuevo plan de austeridad que van a tener que soportar los irlandeses sea capaz de sacar al país del agujero en el que se ha metido, entre otras cosas por el intento de salvar a sus bancos a base de grandes aportaciones de dinero público.

Es ya el 4 ° plan de austeridad que el gobierno aplica desde que empezó la crisis. Si el proyecto de presupuesto es aprobado por el Parlamento irlandés el próximo 7 de diciembre, el país deberá soportar un recorte del gasto de 10.000 millones y un aumento de los impuestos de 5.000 millones de euros. La disminución de las ayudas sociales, del salario mínimo y el aumento del IVA va a afectar sobre todo a las capas más pobres de la población. Solo el impuesto de sociedades se va a mantener, si Europa se lo tolera, en el ridículo 12 % que ha estado en la base de la prosperidad irlandesa a costa de hacer dumping fiscal sobre los demás países europeos.

Pero es más que posible que ese plan de ajuste y austeridad empuje a Irlanda hacia una deflación, a una baja continuada de los precios y de la actividad y un aumento consiguiente del paro.

La caída de la demanda interior va a producir un crecimiento negativo en el 2011 del 2 % como mínimo, lo que disminuirá los ingresos públicos y esterilizará el esfuerzo de reducción del déficit público. Desde el punto de vista del ratio Deuda/PIB, este puede subir desde el 100 % actual al 130 % en el 2014.

Las posibilidades de éxito del plan son pocas, porque no incluyen dos de las medias que permitirían impulsar la actividad: bajadas de los tipos de interés y devaluación para ganar competitividad. Evidentemente esas medidas, que han acompañado en el pasado todos los procesos de recuperación económica de países en crisis, no son posibles de aplicar mientras Irlanda participe de la moneda única. Y los inconvenientes de no hacerlo serían mayores que las ventajas.

La economía irlandesa está muy lejos de salir del agujero, es posible incluso que esas medias lo hagan más grande todavía. Y por eso los mercados financieros no se quedan tranquilos, porque saben que sin crecimiento no es posible reducir el déficit ni reembolsar las deudas.

Esa es la gran contradicción en la que se mueven las exigencias de los prestamistas. Por una parte exigen la reducción de los déficits para asegurar la solvencia de quien les pide dinero prestado y por otra se alarman de que esa reducción acelerada y simultánea de los déficits públicos tenga efectos negativos sobre el crecimiento a corto plazo.

En el caso irlandés la situación es todavía peor porque al problema del déficit público se le suma el de la insolvencia del sistema financiero. Irlanda tiene a la vez una crisis inmobiliaria y una crisis bancaria causada por un crecimiento desmesurado de su sistema financiero que pesa 14 veces su PIB mientras que la media de la zona euro es el 5 %.

Esos excesos hay que purgarlos. Lo importante es establecer cortafuegos que eviten el contagio con otras situaciones, como la española, que objetivamente hablando no tienen nada que ver con la irlandesa.

Por eso el riesgo del contagio a otros países no ha desaparecido.