Entre protestas y sanciones

Mientras escribo estas líneas las manifestaciones de protesta recorren Europa y en España empieza una huelga general de resultado incierto. Seguramente será mayor del que espera el Gobierno y menor del que desean los sindicatos, reflejando el equilibrio entre la cólera y el temor, entre la protesta y la resignación que parecen hoy invadir a partes iguales a la sociedad europea castigada por la crisis y por las medidas que pretenden remediarla.

En todo caso, no creo que la huelga en España tenga tanto éxito como la del pasado día 23 en Francia contra la reforma de las pensiones, que ha puesto en una posición muy difícil al gobierno de Sarkozy. Ni que las manifestaciones sean tan grandes como la de Bruselas, donde se ha producido la mayor manifestación de su historia.

Pero cualquiera que sea el éxito de la huelga, lo cierto es que no podrá conseguir que el Gobierno modifique sus reformas. Aunque quisiera no podría. Está entre la espada de la necesidad de financiar el déficit y la pared de la amenaza de los mercados financieros, a los que Zapatero acudió en Nueva York a dar garantías de solvencia. Y tal como están poniéndose las cosas en Irlanda, no nos perdonarían ni una. Esta es la gran diferencia con otras huelgas generales tras cuyo éxito los gobiernos de entonces, socialistas o del PP, modificaron sus planes. Pero entonces tenían más grados de libertad para hacerlo y los mercados todavía no imponían su ley.

Mientras las huelgas y las jornadas de protesta social sacuden a Europa con mayor o menor intensidad, seguimos buscando nuevas medidas de gobierno económico de la zona euro que impidan que lo ocurrido se repita. La Comisión presenta un amplio abanico de sanciones para combatir a los que incurran en desequilibrios presupuestarios y macroeconómicos. Y entre estos últimos se citan la evolución de los costes laborales unitarios, el déficit comercial y los precios de la vivienda caramba, parece un retrato robot de los problemas que caracterizaban a la economía española antes del estallido de la crisis.

Eso es lo que propone la Comisión, pero de momento los estados miembros no están de acuerdo porque nadie quiere ponerse la soga al cuello aceptando hoy unas sanciones que mañana se le pueden aplicar efectivamente. Mientras, el Sr. Trichet, presidente del Banco Central Europeo, hace de malo de la película amenazando con endurecer su política monetaria si los gobiernos no demuestran que el propósito de enmienda va asociado con estrictas penitencias.

Con sanciones o sin ellas, lo cierto es que la crisis ha demostrado que hace falta más coordinación de las políticas económicas y que el Pacto de Estabilidad, que era básicamente una policía de los déficits públicos, era insuficiente. Y aunque ahora nos preocupamos fundamentalmente del déficit público, el problema más grave, y más difícil de resolver, es el de la diferente competitividad entre los países del euro. Y ese diferencial de competitividad se refleja ciertamente en las variables macroeconómicas que la Comisión cita.

Entonces, ¿qué nos hace falta, reforzar la aplicación de las reglas que teníamos u otras reglas, ampliadas al comportamiento del sector privado, y con una actuación más preventiva?

Seguramente ambas cosas. Pero cualquier acción en este sentido exige adoptar objetivos comunes y renunciar a un poco más de soberanía de los Estados.

Y aquí es donde duele. Pedir más coordinación suena políticamente neutro y, en principio, nadie está en contra. Pero los problemas empiezan cuando hay que concretar en qué consiste esa mayor coordinación. Para unos conduce al federalismo fiscal y otros le llaman gobierno económico de Europa. Ambas expresiones han sido hasta ahora tabúes, pero ahora debería estar claro que los estados europeos tienen que coordinarse mejor, más rápido y sobre más cosas.

Pero cuidado con no poner en marcha mecanismos que no funcionen y disminuyan nuestra credibilidad institucional. Uno de los que se habla es la vigilancia previa de los presupuestos nacionales, que deberían ser comunicados a la Comisión para ser examinados en común antes de su aprobación por los Parlamentos de cada país. Así se verían venir los problemas y se podrían corregir antes de que fuesen demasiado graves.

Naturalmente, eso ha provocado la reacción contraria de los que ven en ese “control” previo de las políticas presupuestarias nacionales un atentado a la soberanía nacional. Basta solo imaginar las reacciones que se habrían producido en nuestra España autonómica si las comunidades tuviesen que llevar en la primavera sus anteproyectos de presupuesto a la calle de Alcalá en Madrid donde el Gobierno central les daría el visto bueno antes de llevarlos a sus parlamentos.

Desde luego es una interferencia exterior en el proceso de elaboración de un presupuesto nacional. Pero no creo que ese inconveniente fuese mayor que las ventajas que de ese ejercicio se pueden extraer… siempre que funcionase bien. Y el problema es que no es nada fácil que lo haga, porque es un proceso más complicado de lo que parece.

En EE.UU., muchos más integrados políticamente que la UE, no hacen nada parecido. Pero tienen un presupuesto federal de más del 20 % del PIB y el de la UE no llega al 1 %. La solución más operativa sería que el “centro” del sistema político europeo tuviese más dimensión y pudiese actuar como instrumento de política económica para el conjunto. Pero eso no tiene ninguna posibilidad de ocurrir a medio plazo.

Por lo tanto, más vale que intentemos coordinarnos antes de colocarnos en la posición de tener que ir a rendir cuentas a los grandes banqueros de Wall Street y asegurarles que seremos buenos chicos y que aplicaremos políticas presupuestarias restrictivas y de aumento de la competitividad, como las que nos negamos a acordar por las buenas entre los socios de la misma moneda.