Un G-20 para poco

La agenda del G-20 en Toronto contenía dos grandes cuestiones. Una, la reforma financiera y, como parte de ella, la propuesta de un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales (ITT). La otra, las políticas de salida de la crisis económica, en las que se enfrentan EE.UU. y la UE, y en particular Alemania, sobre la intensidad del ajuste fiscal y su efecto sobre el crecimiento.

En ambos temas los resultados han sido escasos, por no decir nulos, por mucha retórica con la que se los envuelva. O a estas reuniones se acude con un acuerdo ya cerrado, o no se puede esperar que lo consigan en pocas horas los jefes de Estado y de Gobierno. Y si a la parquedad de los resultados se suma el enorme coste que implican estas reuniones, especialmente por cuestiones de seguridad, se comprende que se pueda cuestionar su utilidad. Con los 1.000 millones de dólares que dicen que la reunión le ha costado al gobierno canadiense, se podrían haber resuelto buena parte de los problemas sociales de Toronto.

Pero el mundo anda a la búsqueda de una forma de gobernar la globalización y, mientras la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU esté bloqueada, grupos de países como los del G-20 son la única forma de abordar conjuntamente los problemas que ningún país puede solucionar por sí solo y que la crisis ha obligado a tratar en un ámbito más amplio que el de los países ricos del G-8.

En materia de regulación financiera, Obama se presentaba en Toronto con varios largos de ventaja sobre los europeos. En este lado del Atlántico, el Parlamento Europeo había tenido que posponer el voto sobre la propuesta de regulación de los hedge funds, ante la falta de un acuerdo entre el PE, el Consejo y la Comisión sobre la regulación de las actividades en Europa de los fondos basados fuera de ella. Ya durante la Presidencia española que ahora acaba, el Consejo pospuso el debate sobre los hedge funds porque a Brown no le convenía agitar las aguas de un tema sensible para la City en vísperas de sus elecciones. De nada le sirvió, y una vez el labour fuera del gobierno, la llegada de los conservadores no va a hacer mas fácil el acuerdo.

Obama en cambio llegó a Toronto con su ley de regulación financiera recién aprobada por el Congreso. Aunque Wall Street había respirado aliviado por las concesiones de última hora, que, por ejemplo, permiten a los bancos seguir invirtiendo hasta el 3 % de sus recursos propios en fondos especulativos, se trata de la mayor reforma desde la que en 1999 suprimió la separación entre bancos comerciales y bancos de inversión. Y es la segunda gran victoria legislativa de Obama después de la del sistema sanitario.

Pero la Ley que Obama se llevó en su maleta a Toronto influyó poco en las actitudes de los demás miembros del G-20. Las cuestiones que realmente requieren una coordinación global son el mercado de derivados y el impuesto sobre los bancos. El primer tema es demasiado técnico para que los jefes de gobierno lo traten y el segundo ya había sido rechazado por Canadá y Japón antes de la reunión y no tenía ninguna posibilidad de ser aprobado. Al final, se adoptó la solución salomónica de dejar libertad a cada país para que haga lo que crea oportuno. Faltaría más…

En materia de impuestos sobre la banca, como sobre las transacciones financieras internacionales, los países que más se oponen son los emergentes, adoptando la misma actitud que con respecto al cambio climático: este es un problema que han creado los occidentales, que lo arreglen ellos y que no nos pidan participar en los costes. Lo malo es que los occidentales solos, aunque sean los grandes culpables, no pueden arreglar un problema que, guste o no, es de todos. Y sobre la exigencia de mayores capitales propios para los bancos, han sido los europeos los que no han seguido a Obama, ante el temor de que dificulte la recuperación del crédito.

A la vista de lo que ha ocurrido en Toronto, parece inútil intentar llegar a acuerdos globales de universal aplicación cuando se sabe que el problema está localizado ¿Por qué no resolver el problema concreto de algunos bancos americanos y europeos, claramente descapitalizados, en vez de pretender fijar urbi et orbe reglas que afectan a todos, incluso los que no fueron causa de la crisis ni sufren de sus consecuencias? Quizá porque queriendo hacer mucho se justifica que no se pueda hacer nada.

Como era de temer y de esperar la propuesta de la UE de imponer un ITT, fue rechazada de plano. Pero que una propuesta de esa naturaleza llegue a la mesa del G-20 es ya un avance extraordinario. A los incontestables argumentos a su favor, se añade en la actual circunstancia otro no menos importante. Los ciudadanos europeos que empiezan a sentir los efectos de los planes de rigor y que se manifiestan contra ellos, pueden esperar que sus gobiernos sean capaces de hacer pagar al sistema financiero una parte del desaguisado que ha causado y que los recursos así obtenidos puedan aliviar la dureza del ajuste.

Pero en Toronto no lo han sido.