Anarquía administrativa, corrupción politica

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al equipo de Samsung Electronics encabezado por su consejero delegado y vicepresidente, Jong-Hee Han

MoncloaPedro Sánchez, durante su reunión con el consejero delegado y vicepresidente de Samsung Electronics, Jong-Hee Han

Se ha criticado mucho el decreto ley de restricciones energéticas y, muy posiblemente, con razón, al menos en cuanto a la improvisación y al autoritarismo con los que se ha elaborado. Sin embargo, ha pasado casi desapercibido su artículo 30, que autoriza a que toda contratación de obra, servicios, etc., que las administraciones públicas necesiten hacer para la mejora energética de sus edificios e instalaciones pueda realizarse por el procedimiento negociado sin publicidad por causa de imperiosa urgencia. Incluso se les exime de ciertos requisitos que mantiene este tipo de contratación. En fin, en román paladino, que pueden contratar a dedo, como quieran y con quien quieran.

Este Gobierno, por “h” o por “b”, se ha acostumbrado a prescindir de todo el aparato jurídico que garantiza la objetividad y la neutralidad en el funcionamiento de la Administración. Al mismo tiempo, ha sido proclive a utilizar la corrupción del contrario como arma política, lo que resulta un tanto contradictorio no solo porque el PSOE en esa materia tiene el techo de cristal, sino también porque más importante que criticar la corrupción pasada es crear y mantener los mecanismos y procedimientos que hagan imposible, o al menos muy difícil la corrupción futura. Más conveniente que llorar por la leche derramada es no hacer agujeros en las lecheras. Y Sánchez y su Gobierno no pierden ocasión de agujerear y perforar los procedimientos y los controles administrativos, boquetes por donde se pueden colar el amiguismo, los intereses económicos propios o los del partido.

En la cúspide de esta adulteración de la gestión pública se encuentra la utilización abusiva del decreto ley. Los nombres suelen ser indicativos de la realidad. El poder ejecutivo debe ejecutar y el legislativo, legislar, pero con los gobiernos de Sánchez se han invertido los papeles. Han abandonado la gestión, ni saben ni les interesa, y se han dedicado a legislar mediante decretos leyes. Cada uno de ellos suele ser un puzzle de los temas más dispares. El papel del Parlamento queda reducido a convalidarlos de forma global, de modo que quien quiera aprobar una parte se ve obligado a ratificar el lote completo, y el Gobierno juega con ello para chantajear a la oposición.

En este orden de cosas uno de los hechos más escandalosos es la forma en la que se están concediendo e instrumentando los llamados fondos de recuperación económica. No solo es que los destinos se hayan decidido unilateralmente por el Gobierno prescindiendo del Parlamento, es que además se está realizando con total opacidad y nadie sabe qué tareas e inversiones se están llevando a cabo.

El tema adquiere mayor gravedad cuando se comprueba que junto a la falta de transparencia política se da también la opacidad administrativa. Ya el propio decreto ley que regulaba toda la materia dispensaba, en aras de la urgencia (premura que después no se ha seguido en la ejecución), de muchos de los trámites y controles necesarios en la administración de los fondos públicos. La fiscalización previa, por ejemplo, quedaba reducida a una parodia.

Pero es que, además, la mayoría de los programas se han externalizado, bajo la forma de encargos u otros procedimientos parecidos, a figuras administrativas que por su condición de empresas públicas o similares no están sometidas a los mismos controles o requisitos que la Administración, porque tampoco están creadas para las tareas que ahora se les encomiendan. En realidad, esta externalización tiene únicamente la finalidad de exonerar la concesión y ejecución de esos recursos de los procedimientos y normas que debe tener la utilización de fondos públicos, y que se pueda actuar por tanto con total discrecionalidad, cuando no arbitrariedad. El procedimiento no es muy distinto, solo que a gran escala, al empleado con los ERE en Andalucía. Existe, por tanto, el peligro de que el resultado sea también similar.

La mayoría de las veces el final de la historia será la constitución de asociaciones público-privadas, uniones que hasta ahora en casi todos los casos en los que se han empleado han resultado ruinosas para el sector público y rentables para el privado. En realidad, tal como se están ejecutando, puede ocurrir de todo con los fondos de recuperación. La última noticia (no sé si filtración más bien) es que para su control se piensa contratar una empresa privada. Pantomima destinada a cubrir el expediente cuando han desaparecido todos los controles públicos.

Sánchez ha exhibido los fondos de recuperación como el talismán capaz de evitar todos los males de la economía española, y de cambiar nuestra estructura productiva. La ministra de Economía, tal como nos tiene acostumbrados, ha ofrecido una visión de la realidad totalmente distorsionada. Según ella, constituyen la mayor transferencia de fondos que recibimos desde Europa. Esto está lejos de ser verdad, si se toma en sus justas proporciones: saldo neto y en porcentaje del PIB. En 2021, y se supone que también en los próximos ejercicios, este porcentaje se sitúa alrededor del 1%, cifra similar a la que recibíamos casi todos los años en la década de los noventa.

La aportación neta respecto al PIB es más o menos la misma, e idénticos también los defectos y los inconvenientes. En primer lugar, la cuantía de estos saldos es muy inferior a la que correspondería cada año si la Unión Monetaria se hubiese completado, como sería lógico, con la integración fiscal y presupuestaria. No nos regalan, por tanto, nada. La prueba más evidente es la gran cantidad de recursos que durante largo tiempo la antigua Alemania Federal tuvo que transferir a los territorios de la Alemania Democrática como consecuencia de la Unión.

En segundo lugar, el destino de los fondos, también de los de recuperación, es fijado en gran medida por Bruselas de acuerdo con sus manías, o con los intereses de sus lobbies, más que por las conveniencias de España. El único control de la Comisión radica en comprobar de forma genérica que los recursos han sido aplicados a las finalidades señaladas, pero no si se han realizado con la eficacia debida y con la objetividad y neutralidad en el reparto que corresponde a los fondos públicos.

Hasta ahora hemos recibido recursos de Europa por importe de 31.000 millones de euros, aunque de ellos el segundo plazo, por importe de 12.000 millones, acaba de llegar. De momento, la función taumatúrgica de estas transferencias no se ha visto por ninguna parte: la economía española no ha sufrido ninguna transformación y se encuentra a la cola de la Unión Monetaria en casi todos los aspectos. España es el único país de la Eurozona que aún no ha recuperado ni los niveles del PIB ni de la renta per cápita del 2019. También es el país con la mayor tasa de paro de la Unión Europea; estos años ha incrementado el endeudamiento público más que ningún otro Estado, y presenta una tasa de inflación superior a la media tanto de la Unión Europea como de la Eurozona, y desde luego por encima de las otras tres grandes economías europeas con las que lógicamente tiene que competir: Alemania, Francia e Italia.

¿Dónde se encuentra la eficacia de los fondos europeos? No parece que estén sirviendo para mucho. Ni para sanear las finanzas públicas ni para la recuperación de la economía; pero, eso sí, puede ser que estén enriqueciendo a determinadas personas o empresas. Todo ello sin duda es grave, pero hasta ahora se están utilizando recursos recibidos a fondo perdido. El peligro se hace mucho mayor con la predisposición que parece tener el Gobierno de pedir también los 70.000 millones que se conceden en forma de préstamos, con lo que incrementaremos aún más el ya muy elevado nivel de endeudamiento público, sin saber muy bien para qué, sin conocer cuáles son las necesidades que se pretenden cubrir o a quién se quiere favorecer. Es posible que todo ello acabe siendo una triste herencia para un futuro gobierno, si el sanchismo perdiese las próximas elecciones.

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