Reducir gastos y subir impuestos

el ministro de Finanzas alemán, Christian Linder

EFEel ministro de Finanzas alemán, Christian Linder

De momento, dejemos de lado la desastrosa política energética seguida por Europa. Pasemos también de puntillas por los funestos efectos que está produciendo la globalización. Prescindamos por último de considerar la hegemonía que Alemania tiene en la Unión Europea y cómo todos los países estamos bailando al son que ella y sus satélites tocan. Ahora se pide la unidad de toda Europa, unidad que se ha rechazado siempre en el área fiscal, unidad que no hubo en 2008 para asumir los platos rotos de la crisis que recayeron exclusivamente sobre los deudores del Sur para salvar a los acreedores del Norte.

Pero en este artículo detengámonos tan solo en cómo el populismo y el electoralismo se han ido apoderando del discurso europeo y de los diferentes gobiernos, marginando de la política el rigor y los supuestos más elementales de la ciencia económica. Viene esto a cuento de que el ministro de Finanzas alemán, Christian Linder, del partido liberal, ha presentado un plan para rebajar en 10.000 millones de euros los tributos que pagan los alemanes.

En esencia, la reforma consiste en deflactar la tarifa del impuesto sobre la renta desde el tipo mínimo al tipo máximo y en incrementar la deducción por hijo que gozan las familias. Como se ve, las medidas son muy similares a las que en España propone el PP, por lo que no resulta extraño que todos los altavoces mediáticos de la derecha hayan echado las campanas al vuelo y se hayan vuelto a mirar al Gobierno reclamando en España una reforma similar.

La ministra de Hacienda les ha contestado que si el Gobierno alemán va a transferir a los ciudadanos 10.000 millones de euros, Sánchez ha puesto sobre el tablero 30.000 millones. Por una vez tengo que dar la razón a la ministra, porque, prescindiendo de cantidades -que siempre se manejan con total alegría y sin ningún rigor-, desde el puro efecto macroeconómico resulta idéntico bajar los impuestos que incrementar el gasto público.

En múltiples artículos he censurado las ocurrencias de Sánchez y cómo muchas de las ayudas aprobadas no tenían demasiado sentido ni eran la mejor forma de emplear los recursos públicos. Solo abrigaban una finalidad puramente electoralista. En algún otro artículo (aunque al no estar el PP en el gobierno le he dedicado menos atención) he criticado también las propuestas fiscales de Feijóo y más concretamente cualquier rebaja en el IRPF, ya que al tratarse de un impuesto progresivo (no todo lo progresivo que debería ser) saldrán más beneficiados los de arriba que los de abajo.

Pero todo esto pertenece a la micro y yo quiero hoy referirme a la macro, y desde ese aspecto ambas actuaciones son similares, no van encaminadas, aunque digan lo contrario sus autores, a combatir la inflación, sino en todo caso a compensar los efectos dolorosos que esta tiene sobre los ciudadanos; y no es seguro que lo consigan, al menos con la justicia y la equidad reclamadas. El efecto sobre la inflación es el contrario, al propiciar un incremento de la demanda es muy posible que agraven la tendencia inflacionista o al menos retrasen su corrección. Por eso resulta tan ridículo escuchar a todos los ministros repetir como papagayos la afirmación de Sánchez de que las medidas del Gobierno han reducido la inflación en tres puntos y medio.

Independientemente de su origen, la inflación se consolida por un déficit entre oferta y demanda. En esta ocasión la causa hay que buscarla, por una parte, en el desajuste entre la oferta y la demanda derivado de la pandemia y, por otra, en los estrangulamientos en los suministros de determinados artículos ocasionados por la guerra de Ucrania.

En el primer caso, la parálisis o reducción de la actividad económica se produjo por causas extraeconómicas ligadas a decisiones administrativas dependientes de las condiciones sanitarias; y la recuperación se ocasionó de la misma forma, al levantarse parcial o totalmente las restricciones sanitarias impuestas. Existe, sin embargo, una diferencia entre la oferta y la demanda. La supresión de la primera difícilmente es recuperable, por lo menos al cien por cien. De manera generalizada, resulta imposible de la noche a la mañana doblar la producción. Cosa contraria es el efecto sobre la demanda, que solo se suspendió y, una vez pasadas las restricciones, tiende a recuperar en buena medida lo perdido, por ejemplo, lo no consumido en el periodo anterior se añade, al menos parcialmente, al periodo siguiente. De ahí el desajuste entre ambas variables. La guerra de Ucrania y algunos otros factores internacionales han potenciado y acrecentado este desequilibrio.

En las condiciones actuales, de libre cambio, de globalización, de libre circulación de capitales y de unión monetaria, las autoridades públicas no tienen capacidad para actuar sobre la oferta, como no sea mediante el intento de reducir directamente los precios bajando los impuestos indirectos. Digo intento porque no es seguro que lo consigan, siempre existe la incógnita de en qué medida la rebaja impositiva se va a trasladar al excedente empresarial.

Sin duda, la forma más clara de actuar de los poderes públicos frente a la inflación es restringiendo la demanda, bien mediante la política monetaria, bien mediante la política fiscal. Ambas políticas deben actuar en la misma dirección, es decir, tener un comportamiento simétrico. Sin olvidar que su aplicación debe hacerse con sumo cuidado para dañar lo menos posible el crecimiento económico.

Los bancos centrales se han apresurado a invertir su actuación en el mercado, pasando de la compra de títulos a la venta, y a elevar los tipos de interés, en la creencia de que el endurecimiento de las condiciones de financiación restringirá la inversión y el consumo. Bien es verdad que se puede producir un efecto secundario no querido, que el encarecimiento de la financiación actúe como un coste más y eleve el precio de los productos.

Es necesario, por tanto, no dejar sola a la política monetaria y que la política fiscal y presupuestaria opere en la misma dirección, reduciendo la demanda, lo que solo puede conseguirse a través de minorar el gasto público e incrementar los impuestos. Precisamente el camino inverso del que proponen el ministro de Finanzas alemán, el PP en España y el que está recorriendo el Gobierno de Sánchez. Sus recetas, bien sea por la parte de incrementar los gastos, bien por el lado de reducir los impuestos conducen a aumentos de la demanda y por lo tanto a un agravamiento de la inflación, o al menos retardan su descenso.

Se comprende que para un gobierno -y más si es populista como en mayor o menor medida lo son todos hoy- es muy duro reconocer que si se quiere controlar la inflación en un sistema capitalista de libre mercado, no cabe más que una política fiscal y presupuestaria restrictiva, tanto más duro si en el origen de la inflación se encuentran los errores de esos mismos gobernantes. A menudo se prefiere el juego fácil y rentable electoralmente de decir a los ciudadanos que se les va a compensar del coste de la inflación, aunque con ello echen más leña al fuego.

Podría decirse que hay otro camino para contener la subida de los precios, el pacto de rentas.  El día 9 del pasado junio, publiqué un artículo en este diario titulado “La malignidad del pacto de rentas”, en el que ya avisaba de la hipocresía que se escondía tras esta figura, porque en un sistema de libre mercado las únicas rentas que en la práctica se pretenden limitar son los salarios, ya que resulta imposible controlar los beneficios, puesto que no se pueden fijar los precios. En definitiva, el pacto de rentas es un instrumento para hacer recaer todo el coste de la inflación sobre los trabajadores.

Es cierto que alguien debe asumir el coste del incremento de los precios. Pero precisamente ahí se encuentra la calidad de una política fiscal y presupuestaria, en reducir los gastos y subir los impuestos de una manera tal que se haga el menor daño posible y que la carga se distribuya de un modo justo y equitativo. Se trata de un trabajo de ajuste fino, lejos de los brochazos de trazo grueso con los que nos obsequian los gobiernos.

Es evidente que en Europa se han impuesto el populismo y el electoralismo, que los gobiernos se niegan a dar a sus ciudadanos las malas noticias, y que prefieren las medidas aparentemente dadivosas y pródigas, aunque las consecuencias sean después mucho peores. ¿Alguien se imagina al BCE manteniendo que su política se va a orientar a compensar a los ciudadanos por el coste de la inflación, y dado que esta hace que el dinero valga menos, va a poner mucho más efectivo en circulación, y que va a bajar los tipos de interés para facilitar la financiación?

Linder ha acudido al tópico liberal de que el Estado no debe enriquecerse con la inflación a costa de los ciudadanos. Frases parecidas abundan por estos predios. Aseveraciones que carecen de todo sentido, pues el Estado o no es nadie o somos todos. Porque de una u otra forma sus recursos recaen sobre los ciudadanos. Lo que hay que exigirle no a los Estados sino a los gobiernos es que administren esos dineros con eficacia y que el reparto lo hagan de la forma más justa y equitativa posible.

Por otra parte, la deuda pública se ha incrementado de forma sustancial en todos los países. Concretamente en España ha aumentado más de un 20% del PIB. Resulta un enriquecimiento un poco raro el que se predica del Estado. Más bien lo que parece es que los gobiernos no tienen ningún empacho en empobrecer al Estado con tal de conseguir rentabilidad política. Las dificultades a medio y largo plazo ya serán otros los encargados de sufrirlas o de tener que dar cuenta de ellas.

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