El escudo social y los presupuestos

Congreso Presupuestos 2022

La semana pasada dediqué mi artículo a los Presupuestos de 2022, en concreto al tema de los ingresos, en el convencimiento de que no podemos hablar de Estado social ni de socialdemocracia sin un sistema fiscal suficiente y progresivo; y me temo que desde hace bastante tiempo el nuestro no es ni lo uno ni lo otro. No cumple la suficiencia porque, sin ir más lejos, ahí está el nivel de pobreza en amplias capas de la sociedad, y la disputa sobre las pensiones y la llamada de todos a recortarlas. No es progresivo, al menos en el grado que debería serlo. Basta reparar en la degradación que ha sufrido a partir de finales de los ochenta.

Bien es verdad que será difícil exigir a la población un sacrificio en la carga fiscal a soportar, si al mismo tiempo no hay un estricto control de la planificación y de la ejecución del gasto público. Cuando el ciudadano observa que se dilapida el dinero o se dedica a objetivos bastardos (aun cuando se piense que es el chocolate del loro en comparación con el total), es difícil que acepte de buen grado los impuestos.

Quizás por eso, tal como señalaba en el artículo anterior, el Gobierno Sánchez en estos presupuestos ha renunciado una vez más a reformar el sistema fiscal, contentándose con algún ajuste sin importancia y con maquillar los ingresos. Lo malo es que el presupuesto se puede maquillar; la liquidación, no, o al menos antes o después se terminan descubriendo las trampas y, además, lo que difícilmente se podrá ocultar será el incremento de la deuda. Este Gobierno se muestra remiso a aceptar el coste político que significa incrementar la presión fiscal, a no ser mediante impuestos indirectos, que pasan más desapercibidos. Pero al mismo tiempo es pródigo en acometer gastos inútiles e ineficaces dedicados a crear chiringuitos donde colocar a sus paniaguados o en actuaciones populistas con fines clientelares, aun cuando lo intente vender afirmando que estos presupuestos son los más sociales de la historia.

Hay un mantra que se va extendiendo y que el Gobierno tiene interés en que circule: la contraposición entre las políticas aplicadas en las dos últimas crisis. La primera, basada en la austeridad y los recortes y la actual, en la solidaridad y el escudo social. En esta enunciación se cometen dos grandes errores. El primero es pensar que en la anterior crisis la política de austeridad se aplicó desde el primer momento. La crisis se inició en 2007 y los recortes y la austeridad no comenzaron hasta mayo de 2010, cuando Zapatero y Salgado hicieron el ridículo más asombroso en Bruselas. Con anterioridad a esa fecha todos éramos keynesianos; aunque en España se aplicaron más bien el populismo y las ocurrencias, como el famoso plan D, el cheque bebé o las ayudas a las familias, en la creencia de que todo ello reanimaría la economía. Después vino el llanto y el crujir de dientes.

El segundo error consiste en pensar que el dinero es gratis y que la deuda puede ser ilimitada. Parece no considerarse la posibilidad de que, a esta etapa de prodigalidad -que también interesaba a los países del Norte- le suceda, al igual que en la crisis de 2008, una era de recortes y de austeridad. Después de haber aumentado la deuda pública en una cantidad equivalente al 30% del PIB, situando el stock en cerca del 125%, me temo que de una o de otra forma se van a terminar imponiendo los ajustes. Lo grave es que todas estas ocurrencias en el gasto no van a servir para solucionar los problemas de las clases bajas ni para disminuir la pobreza.

Casualmente, al tiempo que el Gobierno presentaba los Presupuestos de 2022, Cáritas y la Fundación FOESSA publicaban un informe llamado “Sociedad expulsada y derecho a ingresos". Para algunos, los informes FOESSA son viejos conocidos. Durante la dictadura eran uno de los pocos medios que teníamos para adentrarnos en la realidad social y en la situación de la desigualdad y la pobreza, más allá de las arengas oficiales del régimen. Después de tantos años, hemos de recurrir de nuevo a ellos como contraposición al discurso triunfalista del Gobierno del que el presupuesto es un buen ejemplo.

Según el citado informe, son ya 11 millones de personas los que se encuentran en exclusión social, 2,5 millones más que en la encuesta de 2018. La exclusión severa supera los 6 millones de personas, 2 millones más que los que se desprendían del estudio de 2018. Además, se ha duplicado el número de hogares con todas las personas activas paradas. Como se ve, el informe presenta un panorama muy distinto del que nos retrata el Gobierno. Este repite continuamente que se ha alcanzado el número de empleados existentes en 2019, lo que es totalmente falso, ya que las cifras están adulteradas al no tener en cuenta los trabajadores en ERTE ni los autónomos con cese de actividad. Esto explica que cuando analizamos el empleo considerando el número de horas trabajadas el resultado sea muy distinto. Los asalariados en ERTE, diga lo que diga el Gobierno, no trabajan.

La desigualdad se ha incrementado con respecto a la situación existente con anterioridad a la pandemia y el famoso escudo social ha sido un chasco. Al igual que chasco ha sido el ingreso mínimo vital (IMV). El informe FOESSA se dedica ampliamente a mostrar los ingentes fallos que presenta el diseño con el que se ha construido esta prestación social. El haber denunciado casi desde el principio los desatinos en que se basa, y lo disparatado de haber elegido como modelo la figura del impuesto negativo sobre la renta (ver, entre otros, mi artículo del 3 de septiembre de 2020), me evitan tener que extenderme ahora a comentar las múltiples equivocaciones que señala el informe de FOESSA.

Creo que hoy en día están demostrados de sobra, por activa y por pasiva, los errores, desaciertos y pifias que han rodeado todo lo referente al IMV y lo lejos que está de alcanzar los objetivos que se le había asignado. Es por eso por lo que el estudio también se dedica a proponer una serie de recomendaciones que solucionen el desaguisado. Incluso el mismo Gobierno, ante la evidencia del desastre, está estudiando un conjunto de modificaciones.

Pienso, sin embargo, que todo ello va a tener poco éxito. El IMV parte de un error de fondo que contagia todo su desarrollo posterior y que no parece poder solucionarse con parches. Es como un traje con múltiples desgarros ocasionados por un defecto grave en el tejido. Difícilmente los remiendos pueden solucionar el problema. Sería más práctico retornar al principio, construir una nueva prestación social sin las lacras de la actual, olvidar la fórmula del impuesto mínimo sobre la renta y armonizar las múltiples rentas básicas, llámense como se llamen, de las distintas Comunidades Autónomas. Claro que eso impediría comprar al PNV con su transferencia.

Lo cierto es que el tan cacareado escudo social es solo un eslogan, y el presupuesto más social de la historia otro bluf que difícilmente solucionará en el futuro la pobreza y la desigualdad actuales. Es verdad que el gasto presupuestado se eleva a niveles muy considerables, pero las distintas partidas están elegidas con una finalidad más electoral que social. El gasto se dirige a colectivos, como el de los jóvenes, que no son precisamente los más necesitados, pero sí los que se consideran potenciales votantes. Sánchez nos retrotrae a las ocurrencias de Zapatero.

Ocurrencia va a ser la ley de vivienda que en lugar de solucionar el problema lo va a empeorar. Me he referido en diversos artículos a este tema. Entre otros en el del 26 de marzo de 2020 en estas páginas titulado “Covid y el mercado del alquiler”. La única forma de dar respuesta a la carencia de viviendas es que los poderes públicos (que son los obligados por la Constitución) incrementen la oferta de viviendas en alquiler. Bien es verdad que eso es más complicado que elaborar una ley, aun cuando la ministra de Hacienda la tilde de “preciosa”. Ahora tenían una buena ocasión, dedicando gran parte de los fondos europeos a este cometido en lugar de emplearlos en objetivos tan etéreos como la transición energética, la modernidad, la política de género, la digitalización o el cambio del tejido productivo, cuyo único resultado me temo que consistirá en hacer las delicias de algunas grandes empresas. No hay más que ver cómo están de serviciales con el Gobierno. El 80% de estos fondos figura en el presupuesto como transferencia de capital.

Y ocurrencia es dar 250 euros mensuales a cada joven para vivienda. Y, como pasa con toda ocurrencia, se anuncia la medida sin que hayan pensado ni el cómo ni los requisitos a exigir para acceder a la ayuda. ¿Por qué a los jóvenes?, ¿son acaso los más necesitados? Las estadísticas afirman que la exclusión se da principalmente entre las familias monoparentales, numerosas e inmigrantes (jóvenes o no). ¿Por qué no a los parados de larga duración? Y si hablamos de ocurrencia, cómo no citar esos cuatrocientos euros que se les van a dar como propinilla a todos los que cumplan 18 años en 2022, para que se lo gasten en videojuegos. No vale la pena comentarlo. Parece de chiste. ¿Y los de 17, 19 o 25 años no tienen derecho a la cultura? Cuando existen seis millones de personas en exclusión severa, ¿es este el mejor destino que se puede dar a los recursos públicos?

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