Del esfuerzo fiscal a la progresividad impositiva

Hace casi un mes (el 12 de agosto) dedicaba este artículo semanal a mostrar cómo la variable esfuerzo fiscal, tal como se la define, no tiene ninguna consistencia y nos puede conducir a conclusiones erróneas, ya que la riqueza de los países tiene tal ponderación en la fórmula que se precisa una distancia enorme en el volumen de las recaudaciones para compensar incluso pequeñas diferencias en los niveles económicos. Tan eso es así que el índice podría servir más bien, salvo en escasas excepciones, para ordenar a los países en función de su renta.

Pero dicho esto, hay que reconocer que continúa pendiente una cuestión, la de si las naciones más ricas deben tener mayor presión fiscal que las más pobres. Desde luego, aunque la respuesta fuese afirmativa no podrían justificar la reducida presión fiscal que se da en España, porque, como se afirmaba en el artículo citado, no es que nuestro país tenga menor presión que Francia, Italia, Alemania, Holanda, etc., es que también es inferior a la de Portugal, Grecia, Polonia, Chipre, Eslovenia, Eslovaquia, países con una renta y un nivel económico muy inferiores a los de España.

Prescindiendo por un momento de nuestro país -que, contestemos lo que contestemos a la pregunta anterior, parece que se encuentra en una situación atípica-, adentrémonos en la cuestión con toda su generalidad. Creo que los que responden afirmativamente es quizás porque piensan que los bienes y servicios públicos son innecesarios, superfluos, casi bienes de lujo, y que, puestos a prescindir, podemos prescindir de ellos, dando prelación a otros muchos que por ser propios y de nuestra exclusividad nos parecen más necesarios. Es evidente que entre dos naciones con distinta renta los ciudadanos de la más pobre tendrán que estar dispuestos a renunciar, por obligación, a más bienes que los de la otra, pero tienen que ser precisamente los públicos los que se deban relegar.

En mi opinión, es más bien al contrario, cuanto más pobre sea una sociedad, más necesitará del sector público. Le será indispensable, por ejemplo, contar con una sanidad y una educación públicas. En una nación rica tal vez al menos una buena parte de la población pueda prescindir del suministro básico de estos servicios públicos, y acceder a ellos de modo privado. En un Estado pobre, el suministro privado de estos bienes estaría totalmente vedado para la práctica totalidad de la población.

Puesto que en la mayoría de las ocasiones la pobreza va ligada al desempleo, el volumen de paro probablemente dependerá en buena medida del nivel económico del país y serán aquellos Estados más deprimidos económicamente los que tendrán que hacer frente a un mayor gasto en prestaciones sociales por desempleo. Algo parecido sucede con el gasto en pensiones. En los países pobres muy pocos ciudadanos tendrán capacidad de ahorro para constituir un fondo para la vejez (lo que se suele llamar impropiamente pensiones privadas) y serán más necesarias, por tanto, las públicas, y resultará por ello imprescindible dedicarles mayor porcentaje del PIB.

Por otra parte, no solo es que cuanto más débil sea económicamente una nación, más porcentaje de su PIB precisará asignar al sector público, sino que también estará obligada a repartir la renta de manera más equitativa, lo que implica un sistema fiscal más progresivo. En la mayoría de los casos el simple incremento de la proporción entre sector público y sector privado tiene un efecto positivo sobre la progresividad, por imperfecto y liberal que sea el sistema fiscal del Estado en cuestión.

Una cosa es lo óptimo desde el punto de vista social y económico y otra muy distinta la práctica, y lo que los distintos gobiernos aplican o creen que pueden aplicar en sus países. Los intereses que subyacen suelen conducir a situaciones diferentes, a que sean los países más ricos los que tengan mayor presión fiscal. La resistencia de los ciudadanos a los impuestos es casi siempre mayor en los países con menor renta. Juega sin duda esta percepción de lo que hemos dicho al principio, que a la hora de prescindir se considera que los bienes públicos son más superfluos que los privados. Pero influye también el hecho de que se tiende a utilizar el mismo criterio para comparar la presión fiscal entre los países que el que utilizamos para comparar dentro de un país las cargas fiscales de los contribuyentes o de las regiones.

Dentro de un mismo Estado, sí está justificado el aforismo de que los que más tengan sean los que más paguen y que, además, lo hagan de una manera más que proporcional. En un Estado todos los ingresos se dedican a pagar los gastos comunes, y asimismo al pertenecer todos los contribuyentes a una misma unidad económica se supone que los beneficios y rentas de cada uno dependen del resto. La progresividad fiscal que se da a nivel personal se traslada inmediatamente a las regiones. Las regiones más ricas tendrán una presión fiscal mayor como simple consecuencia de que sus habitantes serán por término medio más ricos que el de otras regiones y estarán obligados a pagar más impuestos.

La situación es radicalmente otra cuando nos movemos entre países distintos. La recaudación de cada nación sirve únicamente para financiar sus propios gastos. No se pueden esperar ayudas de otros Estados. Al no producirse entre ellos ningún tipo de reparto, cada Estado tendrá que diseñar la suficiencia y progresividad del sistema fiscal para atender a sus necesidades sin que le sirva que otras naciones tengan una presión fiscal elevada.

Existe una excepción que distorsiona estos planteamientos: la Unión Europea. Constituye en cierta forma una integración económica, al menos en materia comercial, financiera y monetaria, pero sin que se produzca unión fiscal de ningún tipo. No hay reparto entre los países. Los fondos de cohesión, estructurales o ahora los de la recuperación son meros sucedáneos, que no modifican sustancialmente la redistribución de la renta. Cada uno de los países no puede contar con la recaudación del resto para financiar sus propias necesidades. Tendrá que contentarse exclusivamente con sus ingresos y determinar la presión fiscal adecuada que, puesto que no hay trasvase, no podrá ser muy distinta de la de otras naciones. No debería haber ninguna razón, todo lo contrario, para que las naciones más pobres tengan una presión fiscal menor que las más ricas.

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