A desempedrar, a desempedrar

Parece que Ábalos se dedica ahora a las rancheras. Es posible que una piedra en el camino le enseñase que su destino era rodar y rodar, o más bien desempedrar, desempedrar, para que Sánchez continúe siendo el rey. Al ministro de Fomento se le entiende casi todo. Los indultos no son más que el comienzo, la primera piedra. En realidad, ha habido otras antes, pero de menor magnitud, cuando la otra mesa y la historia del relator. Entonces no hablaban de desempedrar sino de desinflamar. Se acuerdan Vds. del ibuprofeno de Borrell. Hace ya tres años y la hinchazón es cada vez más grande.

Los indultos constituyen un salto cualitativo. Por eso se ha forzado a todos los ministros, incluso a los que podían mostrarse más escépticos, a posicionarse. Algunos como Margarita Robles han tardado, y no es de extrañar ya que se mostró totalmente contraria a los indultos cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial; pero al final se ha prestado a ello, y es que todo vale con tal de no perder el sillón. Supongo que es este mismo motivo el que ha impulsado a la ministra de Economía a defenderlos, empleando ese argumento tan bobalicón de que la estabilidad política es buena para el crecimiento, porque lo primero a cuestionar es si los indultos incrementan la estabilidad política o más bien la reducen. Lo segundo es que para la buena marcha de la economía lo principal es la seguridad jurídica y esta no sale muy bien parada con la medida.

Pero, sobre todos, sobresale el ínclito ministro que se vanagloriaba de ser independiente cuando presidía la AIReF, y ahora es tan dependiente que justifica los indultos argumentando esa patochada de que costaba explicar en el extranjero la amplitud de las penas. ¿Cómo van a entender en el extranjero que en Cataluña ha habido un auténtico golpe de Estado si el Gobierno de España depende de los golpistas para gobernar?

Ahora tienen que quitar otra piedra del camino. El Tribunal de Cuentas ha cifrado la cuantía de la malversación cometida por los golpistas en sus operaciones de publicidad y propaganda en el extranjero en 5,4 millones, a los que hay que sumar los 4,1 que se habían calculado ya de malversación por otros conceptos. Conviene resaltarlo porque, al margen del delito de sedición, los golpistas cometieron un robo al erario público, desviando recursos del Estado hacia una finalidad cuando menos ilegal si no abiertamente delictiva. Parece ser que la corrupción deja de serlo si afecta a los nacionalistas. Ya que se les ha indultado del delito de malversación, al menos que devuelvan el dinero que han robado. Veremos si el Gobierno, tal como afirma Ábalos, está dispuesto también a retirar esta piedra. Lo que por lo pronto se ha quitado de en medio es a la Abogacía del Estado con el argumento falaz de que no es competente, y habrá que preguntarse también qué va a pasar con la Fiscalía.

La factoría de desempedrar se va a configurar, al igual que hace tres años, como una mesa de diálogo, más bien de imposición, porque los soberanistas han dejado muy claro que ellos vienen exclusivamente a negociar la amnistía y la independencia, precisamente dos cosas que chocan frontalmente con la Constitución, y no parece que el gobierno Frankenstein tenga suficiente fuerza para cambiar la Carta Magna. Los tertulianos que se mueven en la tercera vía, la mayoría de ellos catalanes, se esfuerzan en asegurarnos que el independentismo está mucho más débil de lo que parece, que todas sus pláticas son bravatas o relatos orientados a mantener la fe de sus militantes, y que en el fondo sí están inclinados a dialogar o a negociar otros temas más prosaicos.

Estoy dispuesto a creerme que en todo esto hay mucho de teatro, de postureo, que los soberanistas saben que lo de la amnistía es imposible, pero que hay otros subterfugios como la reforma del Código Penal que pueden tener efectos similares. Puede que sean conscientes de que la independencia, dado el porcentaje de adhesiones y la ausencia de apoyo internacional que conquistaron, no es viable a corto plazo, que piensen que necesitan fortalecerse para intentarlo otra vez, y que a ello se dirijan en la negociación persiguiendo prebendas, ventajas e instrumentos que les allanen el camino. Por eso precisamente es tan peligrosa la negociación, porque se va a traducir en una serie de cesiones que facilitarán el golpe de Estado en el futuro.

El secesionismo tiene claro que es el momento, que difícilmente van a tener una ocasión más propicia. Los nacionalistas, y más concretamente los catalanes, huelen la debilidad del Estado y sacan la cabeza -con gran deslealtad, que diría Azaña- cada vez que España entra en crisis. Véase la trayectoria en la Primera y Segunda Repúblicas e incluso durante la Guerra Civil. Los condenados al salir de la cárcel ya vociferaron en tono retador que los indultos lo que mostraban era la impotencia del Estado. En cierto sentido tienen razón, la fragilidad es del Gobierno, pero lógicamente la transmite a todas las instituciones del Estado. Esta situación permanece desde la misma moción de censura. Lo dejó muy claro ese día Aitor Esteban al comenzar su intervención en plan irónico. Se reía del gran Estado español cuyo gobierno estaba pendiente de los cinco votos del PNV. Comentario hiriente, pero cierto. La debilidad del Estado comienza en el mismo momento en el que Pedro Sánchez permite que los que no creen en el Estado y buscan dividirlo le nombren presidente del Gobierno.

Los nacionalistas saben de sobra que difícilmente se van a encontrar con un momento más favorable a sus objetivos. Por eso piensan sacar el mayor rédito posible. Rufián, de manera arrogante, se lo ha dejado claro a Sánchez en las Cortes. Los indultos más que un acto de valentía son un gesto de necesidad. Sánchez también es consciente de que la única forma de permanecer en el poder es mantener unido el gobierno Frankenstein, y para ello está dispuesto a quitar todas las piedras del camino que sean necesarias, no solo en Cataluña sino también en el País Vasco. Intuye que para agotar la legislatura va a tener que ceder mucho. De ahí la mesa de negociación y el haberse traído a Iceta de Cataluña.

De hecho, son Iceta y el PSC los que marcan el camino. Fue el entonces primer secretario del PSC el que habló antes que nadie de los indultos, y también el primero que lanzó la idea (el 27 de marzo de 2019) de que, si un día el 65% de los catalanes quieren la independencia, la democracia tendría que encontrar alguna forma para encauzarla. Les brindaba así la tesis a los nacionalistas, de que, si tal como habían comprobado, la independencia no estaba madura, lo más inteligente era sentarse a negociar y conseguir el mayor número de bazas posibles que hagan viable la cesión en un futuro.

Del PSC parte también la creencia de que en todo caso es imprescindible un referéndum para que los catalanes voten. Según Illa, sería un referéndum sobre el marco de convivencia de los catalanes. Uno tendería a pensar que el marco de convivencia ya existe para los catalanes y para el resto de españoles y es la Constitución de 1978, que los propios catalanes votaron entusiastamente. Es lo malo del nacionalismo, que nunca está conforme, que jamás respetan los pactos. A mí tampoco me gustan muchas cosas de la Carta Magna y estoy convencido de que no habrá un solo ciudadano que esté de acuerdo con el cien por cien de ella. El marco de convivencia se puede cambiar, pero votando todos los españoles. El PSC nunca ha creído que determinar el sistema de convivencia es competencia no solo de los catalanes, sino de estos con el resto de ciudadanos del Estado.

Según ellos, el referéndum podría centrarse sobre un nuevo estatuto que saliese de la mesa de negociaciones. Lo cual tiene por fuerza que resultar cómico, puesto que el actual está por estrenar y contra él se han sublevado los golpistas, que han repetido cantidad de veces que ellos se encuentran ya en otra onda. El fondo del asunto es que están pensando en que el nuevo estatuto consista en el actual, solo que incorporando aquellas cosas que o bien eliminó el Parlamento español o bien tumbó el Tribunal Constitucional.

Pretenden repetir la jugada de Maragall en 2006, modificar la Constitución por la puerta de atrás. Zapatero hace unos días, el 26 de junio pasado, en una entrevista en La Razón, propuso claramente este nuevo estatuto. Es más, contestando a la pregunta del periodista acerca de su posible inconstitucionalidad afirmó: “Todo en la vida, y también la sentencia del Tribunal Constitucional, deja espacio para la interpretación. Y el Derecho permite alternativas creativas que no suponen reproducir lo que el Estatut decía y que el Tribunal Constitucional anuló”.

En esa construcción creativa introduce una serie de cuestiones que, en su opinión, tienen que votar los catalanes; pero lo cierto es que la mayoría de ellas afectan al conjunto de España y que deberían ser decididas por todos los españoles. La entrevista no tiene desperdicio y confirma que Zapatero se situó como presidente de gobierno en el colmo de la superficialidad y la ligereza. Es posible que, al final, los desaguisados que habrá cometido Sánchez sean superiores a los que infligió en su momento Zapatero, pero hay una diferencia: Sánchez incurre en las transgresiones y atropellos para durar lo más posible en el cargo; Zapatero los mayores descalabros los hizo por pura frivolidad.

También los empresarios catalanes están en esta longitud de onda. Organizaron un contubernio para dar su apoyo a Sánchez y pronunciarse a favor de los indultos, al tiempo que espoleaban al Gobierno español y al catalán al diálogo y al pacto. Lo más extraño estriba en el juego que se trae el empresariado de toda España. Sánchez los tiene seducidos con ese chorro de millones que, según dicen, va a venir de Europa. He reiterado a menudo que los fondos de recuperación quizás se conviertan en un mal negocio para los ciudadanos, pero pueden traducirse en un beneficio muy saneado para algunas compañías. He ahí la razón de que los empresarios -al menos algunos- estén muy domesticados.

Los empresarios catalanes han jugado siempre a la ambigüedad. Muchos de ellos han sido cómplices del nacionalismo. Mientras todo se reducía a gritar que España nos roba y obtener así prebendas y privilegios frente a otras Comunidades, estaban de acuerdo y colaboraron con entusiasmo, por la cuenta que les traía. No obstante, se asustaron cuando vieron que el tema iba demasiado lejos, que se rompía la legalidad y podía acarrear consecuencias económicas muy graves. Los empresarios que a coro alababan el otro día a Sánchez y pedían negociación y mesa de diálogo son los mismos que demandaban a Rajoy que cambiase la ley de sociedades para que el consejo de administración de una empresa, sin más requisitos, pudiese modificar su domicilio social por si precisaba salir de Cataluña.

Hace tiempo que Sánchez Llibre, hoy a la cabeza del empresariado catalán, mostró ya por dónde iban sus inclinaciones, nada de independencia, pero sí un nuevo estatuto. Insinuó que el problema podría terminar y los secesionistas conformarse si en ese estatuto se reconociese a Cataluña como nación y se dotase a la Generalitat de un sistema de financiación similar al que disfrutan el País Vasco y Navarra. Conceder la condición de nación a Cataluña no tendría ninguna importancia si todo se redujese al ámbito cultural, pero entonces no se está ante un tema político, sino de historiadores y sociólogos, y no sería necesario introducirlo en ninguna norma. Pero ese es el problema, que cuando se quiere que aparezca en una ley es que la pretensión consiste en procurar que surta efectos jurídicos. Parece bastante evidente que con ello el nacionalismo tendría una coartada mayor a la hora de reclamar la independencia.

Dotar a Cataluña de un sistema de financiación parecido al del País Vasco y Navarra sería catastrófico. Ampliaría las múltiples distorsiones que produce el concierto existente con estas dos últimas Autonomías, y cuya legalidad nunca se debía haber introducido en la Constitución. El cupo catalán dañaría gravemente la política redistributiva del Estado en el plano territorial, y se dotaría a los secesionistas de un instrumento esencial, una hacienda pública propia, para aumentar sus probabilidades de éxito en una nueva intentona.

Pedro Sánchez ha dicho que nunca sobrepasará la ley ni la Constitución. El problema no es ese, aunque también, ya que ni siquiera sus mismos socios le creen. La cuestión además es que hay muchas cosas que sin traspasar la ley son muy perniciosas para el Estado y para los ciudadanos. Todo lo que represente premiar a una Comunidad por encima de las otras, o lo que signifique dotar a un gobierno soberanista de más competencias para que sea más sencillo un día independizarse. El colmo es que los golpistas tengan premio.

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