El SMI en la unión monetaria

Parece ser, no es ninguna novedad, que el Gobierno está dividido acerca de si se debe o no se debe subir el salario mínimo interprofesional (SMI). El Ministerio de Trabajo ha recurrido a crear una comisión de expertos. Ahora todo el mundo utiliza a los expertos. Son famosos los del Ministerio de Sanidad, porque nadie los había visto ni conocía sus nombres y, sin embargo, estaban detrás de todas las medidas que anunciaban Illa y Simón. Pero, en realidad, como se supo después, nunca existieron. La ministra de Hacienda también ha creado su grupo de expertos para que digan en materia fiscal lo que interesa al Gobierno. Y es que la finalidad de los expertos está siempre en concluir aquello que desea quien les nombra. De lo contrario, no son tenidos por expertos.

En lo referente al SMI, se han manifestado también otros grupos de expertos, que lo son por oficio, no por captación, lo cual no quiere decir que carezcan de ideología: son los del Banco de España, los del servicio de estudios del BBVA, o los de la AIREF, por ejemplo. Todos ellos se han pronunciado sobre el crecimiento del SMI, y unos y otros han seguido un método empírico, observar las variaciones en esta variable y contrastarlas con los datos de desempleo. Los resultados en este aspecto son siempre relativos, porque en el nivel de paro actúan, además del SMI, otras muchas variables difíciles de de separar o ser tenidas en cuenta de forma aislada. Resulta, por tanto, arriesgado conceder carácter absoluto a cualquier conclusión que se obtenga.

Al margen de lo más o menos exactas que puedan ser las deducciones que se extraigan de estos estudios, no está de sobra que analicemos, desde el enfoque puramente teórico, cuáles son la relaciones entre los salarios, concretamente el SMI, y el empleo en los distintos estados de la economía, y suponiendo que el resto de las variables permanecen constantes. Hay algo cierto, la intensa relación existente entre productividad y salarios. Incrementar esta última magnitud sin que por ello tengan que elevarse las cifras de paro es perfectamente viable, con tal de que a su vez la productividad suba en igual o mayor cuantía, y se impida que todo el aumento vaya a engrosar el excedente empresarial. Es más, la subida salarial puede tener un efecto económico positivo, y aumentar el empleo, puesto que la propensión a consumir suele ser más elevada en los trabajadores (y más en el colectivo al que afecta el SMI), con lo que se expandirán la demanda y la actividad económica.

La realidad cambia, sin embargo, cuando los incrementos de productividad son cero o incluso simplemente inferiores a las alzas salariales. El tema es especialmente delicado al tratarse del SMI y afectar por tanto a los puestos de trabajo más marginales y de baja productividad. Además, como su propio nombre indica, es interprofesional, es decir, transversal, no es exclusivo de ningún sector o profesión, con lo que resulta harto difícil analizar la evolución de la productividad de un colectivo tan heterogéneo. Hay, no obstante, pocas dudas de que cualquier empresario prescindirá de un puesto de trabajo cuyos ingresos no compensen la retribución del personal, tanto más si es precario y fácil de suprimir.

De todos modos, la relación es compleja y el resultado distinto dependiendo del escenario económico. Y ello se debe a que la productividad que importa para este análisis no es la que se expresa en meros términos cuantitativos, sino monetarios, de valor. La productividad no se incrementará por el simple hecho de que un mismo número de trabajadores produzca un mayor número de tuercas si a su vez el precio de las tuercas se reduce en la misma cuantía, o viceversa.

Desde esta perspectiva, nos podemos encontrar en tres situaciones distintas cuando se pretende elevar el SMI y el aumento de la productividad es cero o sencillamente inferior al que proyectamos del SMI. En el primer supuesto se acepta que nos movemos en una economía semicerrada, es decir, el Gobierno mantiene todavía algún control sobre exportaciones e importaciones. En este caso el aumento del SMI no tendría por qué traducirse forzosamente en cifras mayores de paro, ya que es posible que los empresarios optasen por un incremento en el precio de los productos y servicios correspondientes, siempre que la demanda lo permitiese y se diese un cierto proteccionismo que eliminase la competencia exterior. Se habría incrementado de esta manera la productividad en términos monetarios de esos artículos. El resultado se concretaría tan solo en una transferencia de rentas de los consumidores de tales productos a los trabajadores afectados.

En el segundo caso estaríamos en presencia de una economía totalmente abierta en la que se practica el libre cambio, pero el Gobierno tiene el control de la moneda. En estas circunstancias, el resultado puede ser más incierto. Pero, así y todo, sería posible la subida del salario mínimo sin afectar al empleo, siempre que se produjera una depreciación del tipo de cambio que permitiese la elevación de los precios en moneda nacional de los productos afectados por el salario mínimo, sin impacto en los precios de estos mismos artículos en moneda extranjera. El resultado sería el mismo que en el caso anterior, una transferencia de renta hacia los perceptores del SMI.

En el tercer escenario la economía está plenamente abierta y además el país no tiene moneda propia o su Gobierno no la controla. Es la situación en la que se encuentran todos los países de la Eurozona. En esta coyuntura, por poco que los productos y servicios afectados por el SMI estén sometidos a la competencia exterior, habrá muy pocas posibilidades de que el aumento de esta variable se pueda repercutir en el precio, lo que hace previsible que los empresarios prescindan de aquellos empleos que ya no les son rentables, tanto más si, como es el caso, son temporales o precarios, y cuyo despido sale muy barato, o al menos no contrataran nuevos trabajadores.

El análisis, como se ve, es complejo. Sin embargo, sí parece extraerse una conclusión: sin incremento de productividad, en unas coordenadas de libre comercio y en ausencia de moneda propia, la probabilidad de que un aumento del SMI no influya en los niveles de empleo se hace pequeña. Esto se debería tener muy en cuenta en todos los países miembros de la Unión Monetaria.

Es curioso lo que le ocurre a la izquierda española. Es como si hubiesen olvidado que la pertenencia a la Eurozona cambia radicalmente las posibilidades que tienen los gobiernos. Los que desde la izquierda criticamos en su día la creación de la Unión Monetaria lo hicimos porque éramos conscientes de que su constitución hacía muy difícil la aplicación de una política socialdemócrata. No está de más recordar la gran disparidad que el SMI presenta entre los diferentes países europeos. El de España, con un valor de 1.108 euros, se encuentra en el medio. Por encima se sitúan Luxemburgo (2.142), Irlanda (1.707), Países Bajos (1.654), Bélgica (1.594), Alemania y Francia (1.584). Es curioso que los dos Estados con el SMI más elevado sean paraísos fiscales. Por debajo de España están todos los demás miembros, con Eslovenia (941) y Malta (777) a la cabeza, pasando por Grecia (758) y Portugal (741), y el resto de países hasta finalizar la serie con Rumanía (466), Letonia (430) y Bulgaria (312). En cierta forma, también se sitúan detrás Italia, Chipre, Suecia, Dinamarca y Finlandia, puesto que ninguno de ellos tiene SMI.

En un mercado único con libre circulación de capitales y en el que la mayoría de los países tienen la misma moneda una disparidad tan grande en los salarios tiene por fuerza que crear numerosas distorsiones. La diferencia salarial tiene menos importancia entre economías que tienen estructuras productivas dispares, mano de obra de distinta cualificación y tecnología diversa, pero puede crear complicaciones ingentes cuando esa desigualdad en las retribuciones de los trabajadores se da entre países con similares estructuras productivas y que, por lo tanto, entran en competencia.

Desde la crisis pasada la economía española arrastra una baja tasa de productividad. Un desproporcionado desequilibrio exterior (el déficit por cuenta de renta ascendía al 10% del PIB en 2007) estuvo en el origen de la recesión de España, que provocó un enorme nivel de desempleo. Al no poder ajustar el tipo de cambio, la salida de la recesión y la recuperación de la competitividad exterior, cerrando el déficit de la balanza de pagos, se basó en lo que se denomina “devaluación interna”, bajada de precios y salarios. Se creó, sí, una cantidad considerable de empleo, pero en gran medida empleo basura, de muy baja calidad y con salarios reducidos.

Por otra parte, desde 2016 el SMI en España ha subido un 45 %. En una economía sometida al libre comercio y sin moneda propia no cuesta mucho suponer que determinados sectores expuestos a la competencia internacional pueden tener problemas a la hora de asumir en cuatro años una subida de este tipo y terminen por prescindir de trabajadores cuya productividad no compensa el incremento salarial.

Un gobierno de izquierdas debería ser consciente de que nos encontramos en la Unión Europea y en la Eurozona y que ello crea múltiples condicionantes que impiden aplicar determinadas medidas, por muy progresistas que parezcan a priori. Tendrán que estudiar al menos cuál va a ser el resultado final, no sea que el remedio sea peor que la enfermedad. En el caso del SMI, no se puede olvidar la baja calidad del empleo actual en España. Ciertamente se puede cambiar la estructura productiva, pero eso es más fácil decirlo (de hecho, lo dice todo el mundo) que hacerlo, dado que la que tenemos es en gran parte la que nos han dejado en ese reparto de papeles que se ha ido produciendo poco a poco dentro de la Unión Europea, y que no va a ser sencillo invertir ni con fondos ni sin ellos.

La subida del SMI es sin duda una decisión muy tentadora para un gobierno que se predica de izquierdas. Es una medida aparentemente muy social y además no cuesta un solo euro al erario público. Pero cuando se juega en un escenario de total competencia exterior y con puestos de trabajo de muy baja productividad, resulta ineludible preguntarse cómo va a afectar al empleo, precisamente al de aquellos trabajadores que se dice querer proteger.

Es lícito que un gobierno juzgue que determinados empleos basura deben desaparecer, pero si no se crean otros de mayor cualificación, al menos tendrá que potenciarse y ampliarse el seguro de desempleo, no sea que la alternativa a un mal empleo sean las colas del hambre.

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