De Puigdemont a los exiliados de la República

Ya no sé si soy de los míos. El otro día escuché la comparación más abracadabrante, pronunciada curiosamente por quien se quiere hacer pasar por paladín de la república. Comparó una de las escenas más sombrías de nuestra historia, la triste hégira que tuvieron que emprender casi medio millón de españoles tras la Guerra Civil con un vodevil que causa sonrojo y risa, la fuga de Puigdemont escondido en el maletero de un coche, después de habernos obsequiado con un auténtico sainete de “síes” y “noes” hasta terminar declarando una república independiente vergonzante. La diferencia es tan notable que resulta difícil explicar cómo alguien en su sano juicio puede plantearla, a no ser que haya sucumbido al sectarismo independentista.

No me detendré en la parte más emotiva y, por lo tanto, más provocadora, la cadena de angustias y penalidades por las que tuvieron que pasar esa fila interminable de exiliados que atravesaron los Pirineos o la desesperación de los pasajeros de los últimos barcos que salieron de Alicante, y los sufrimientos y calamidades posteriores de todos ellos en los campos de concentración franceses o de otras naciones. El contraste con el turismo político y la vida casi de lujo que Puigdemont vive en Europa resulta insultante. Tampoco insistiré en la pérdida de inteligencia que significó para España el exilio republicano. Nada hemos perdido con la fuga de Puigdemont y sus satélites. La pena es que continúan dando la lata.

Pero todo lo anterior, aunque es relevante desde el punto de vista humano, no incide sobre el núcleo de la diferencia. El antagonismo más radical se encuentra en que los exiliados republicanos habían sido objeto de un golpe de Estado y huían de una dictadura militar, mientras que Puigdemont ha sido él mismo el que ha dado el golpe y se fuga de la justicia de una sociedad democrática, con sus defectos, sin duda, pero equiparable a la de los principales países europeos, por lo menos si no se destruye o adultera por el populismo y el secesionismo. La disparidad es esencial. Entre víctimas y delincuentes. Víctimas de un régimen sanguinario y delincuentes en una sociedad tan garantista que no consiente juzgarles en rebeldía y les permite presentarse como candidatos a todas las elecciones y en una Europa tan llena de contradicciones que les reconoce, por lo menos, hasta ahora como eurodiputados.

Isabel Serra, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, se ha visto en la obligación de salir en defensa de su jefe, recurriendo para ello a la RAE: “Un político que ha salido de su país por defender determinadas ideas políticas… es un exiliado. Eso no lo dice Pablo Iglesias, lo dice la RAE”. Mas allá de que la Real Academia no afirma nada por el estilo, lo cierto es que Puigdemont no ha huido de España por defender determinadas posiciones políticas, sino por dar un golpe de Estado, violando de la forma más flagrante las leyes y la Constitución. Esas ideas las defendió con total libertad durante muchos años, y de ella se valió para ocupar distintos empleos y cargos -algunos de ellos importantes-, y para llegar a presidir al final una de las Comunidades más ricas de España.

El problema surge cuando desde el poder que le proporcionaba esta plataforma, incluyendo un ejército de 17.000 hombres, quebranta la Constitución, transgrede toda la legalidad vigente, asume funciones que no le corresponden y declara unilateralmente la independencia de la Comunidad Autónoma de la que es presidente por el imperio de esa misma Constitución que desafía. En España hoy, a diferencia de otros tiempos más lejanos, a nadie se persigue por sus ideas políticas. En todo caso, si algunos en Cataluña pueden verse, si no perseguidos, al menos marginados, son aquellos a los que los soberanistas llaman españolistas, es decir, los que defienden la Constitución.

Según la nomenclatura del señor Iglesias y de la señora Serra, todos los autócratas que han dado un golpe de Estado y, tras su fracaso, tienen que huir de la justicia de sus países, deberían ser tenidos por exiliados políticos. ¿Tejero habría sido también un exiliado político si tras el 23-F se hubiera fugado de España?

Pedro Iglesias, se supone que con la intención de defender a Puigdemont, ha mantenido “que está en Bruselas no por haber robado, ni haber intentado enriquecerse”. Afirmación totalmente errónea. El ex presidente de la Generalitat está acusado de malversación de fondos públicos, y si no está condenado como muchos de sus consejeros es tan solo porque se encuentra fugado de la justicia. Han sido cuantiosos los recursos públicos que se han desviado de su correcta finalidad para destinarlos a objetivos no solo espurios, sino ilegales e incluso delictivos.

Los políticos tienen cierta tendencia a disculpar a aquellos de sus correligionarios que, inmersos en casos de corrupción, no se han apoderado aparentemente de dinero de forma personal. Establecen dos clases de corrupción en el manejo de los fondos públicos. Una menos grave que la otra. La más leve se daría cuando no se ha producido enriquecimiento personal. Discrepo. La financiación ilegal de los partidos políticos o la desviación de recursos públicos destinándolos a fortalecer el clientelismo o a fidelizar a los prosélitos, tal como ocurrió, por ejemplo, con los ERE en Andalucía, haya o no haya apropiación individual de dinero, tienen mucha más gravedad porque puede resultar dañada la esencia misma del sistema, la neutralidad del juego democrático. Además, en todos estos casos termina habiendo también, aunque sea de forma indirecta, un enriquecimiento personal porque los beneficios económicos conseguidos para su partido o secta influyen en el statu quo del individuo. Sin duda, el señor Puigdemont, como los demás prebostes de Convergencia, ha terminando beneficiándose del 3% impuesto con carácter general en Cataluña.

La malversación de fondos de la que está acusado Puigdemont es de la mayor gravedad posible, puesto que los recursos se han destinado a un proyecto que tenía por objeto romper el Estado, modificar las condiciones económicas y políticas de más de la mitad de los catalanes y robar la soberanía popular a la mayoría de los españoles. Es una ingenuidad pensar que todo ello no contribuía a su beneficio personal. Él ha sido lo que ha sido y es lo que es gracias al procés y a la financiación irregular del independentismo. Incluso, esos recursos invertidos ayer en publicidad, subvenciones y contratos, entre otras cosas, están rentando hoy lo suficiente para costear en buena medida el tinglado de Waterloo y su opulenta vida en Bélgica.

Pablo Iglesias, no sé si a modo de disculpa, ha afirmado que no está dispuesto a criminalizar a los independentistas. Es una de esas frases -como la de que no hay que judicializar la política- que aparentemente quedan bien, pero que lo mejor que se puede decir de ellas es que no significan nada, cuando no que pretenden distorsionar la realidad. En España nadie criminaliza a los independentistas, son los propios independentistas los que se criminalizaron al convertirse en golpistas y solo son ellos los que han abierto la puerta de la política a los tribunales al conculcar las leyes y la Constitución.

Una cosa es criminalizar a los soberanistas y otra blanquear a los golpistas, que es lo que se hace cuando se les califica de presos o exiliados políticos y en el culmen se les compara con los que fueron perseguidos por una dictadura fascista. Los abogados de Puigdemont piensan ya incorporar todas estas manifestaciones a su defensa en Europa. ¿Cómo van a creer en el extranjero que son verdaderos delincuentes si el vicepresidente del Gobierno español no lo cree, y el presidente parece ser que tampoco?

José Borrell, cuando fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores de Pedro Sánchez, se quejaba amargamente de la negligencia del Gobierno de Rajoy al no haber sabido combatir el relato independentista en el extranjero y aseguraba que el Gobierno de Sánchez se iba a dedicar a ello con ahínco. Aquella promesa choca tan frontalmente con los hechos actuales que da cierto bochorno recordarla.

El líder de Podemos defendió la posibilidad de indultar a los líderes independentistas catalanes, ya que “lo requiere el interés del Estado”. Creo que es todo lo contrario. Precisamente su condena y encarcelamiento obedecen a que atentaron gravemente contra el Estado e intentaron romperlo, y, lo que es peor, mantienen la misma actitud y afirman sin ningún pudor que están dispuestos a repetirlo. Parece lógico pensar que el interés del Estado precisamente lo que exige, por tanto, es que continúen en prisión para que no se pueda dar de nuevo otro primero de octubre ni otro golpe de Estado. Otros son quizás los intereses en juego tanto de Iglesias como de Sánchez. Pero no entremos en profundidades.

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