La eutanasia, el trono y el altar (I)

El pleno del Congreso ha aprobado la ley orgánica reguladora de la eutanasia y el suicidio asistido. No constituye la finalidad de este artículo analizar su contenido ni señalar los puntos fuertes ni las lagunas o defectos del texto. Su pretensión consiste simplemente en tratar un tema más general, pero que está en el origen de la disputa que ha rodeado esta ley y de la estrategia totalmente equivocada seguida por Vox y PP. Ambos partidos han renunciado a la discusión parlamentaria de la ley, y a introducir mejoras en el texto, para quedarse paralizados en un negar la mayor, en una enmienda a la totalidad, siendo lo más grave que su oposición no se basa en nada racional desde el punto de vista del sentido común ni desde la consideración de las materias que debe prohibir y penalizar un Estado. En este tema, como en otros muchos, ambos partidos están presos de la identificación incorrecta entre el trono y el altar.

La paz constantiniana, por una parte y, por otra, la obra literaria y pastoral de san Agustín un siglo más tarde, constituyen los cimientos de un edificio que, al menos en el mundo occidental, llega casi a nuestros días: la identificación ideológica entre el corpus civium y el corpus fidelium, subsumidos ambos en la societas christiana, que se organiza y fundamenta desde arriba. El poder, todo el poder, tanto el eclesiástico como el político, tiene el mismo origen, Dios. De estos supuestos se deriva la conclusión de que el poder secular adquiere obligaciones claras de cara a la salvaguarda de la fe. Ya el propio obispo de Hipona se pronunciaba a favor de que el brazo secular persiguiese a los disidentes, donatistas y pelagianos, antecedente ideológico del que bastantes siglos después sería el tristemente famoso Tribunal de la Inquisición.

El maridaje entre poder político y religioso rindió durante mucho tiempo beneficios a ambos. El primero se legitimaba, ya que el refrendo eclesial hacía visible ante la sociedad el origen divino del poder. Quizás su exponente más claro sería la consagración de Carlomagno como Imperator Romanorum por el papa León XIII en la Navidad del año 800. A cambio, la jerarquía eclesiástica obtenía cargos y prebendas temporales y, lo que es más importante, se garantizaba que su ortodoxia se impondría como pensamiento único en la sociedad, incluso por la fuerza de las armas si fuese necesario.

A lo largo de toda la Edad Media, el equilibrio entre las dos caras de este poder bifronte se reveló bastante inestable. En ocasiones, era la Iglesia la que apelaba al carácter mediático de todo poder secular. El poder, sí, provenía de Dios, pero no directamente a los reyes o a los príncipes, sino a través de la Iglesia, por lo que la supremacía de esta resultaba probada. La excomunión del monarca rebelde constituía su principal arma, porque implicaba eximir a los súbditos del deber de obediencia. A su vez, el poder civil no se resignaba a inhibirse en los asuntos religiosos: nombramientos de obispos, abades y demás beneficios canónicos, tanto más cuanto que la mayoría de ellos actuaban también como señores feudales, e incluso en los temas doctrinales contraponiendo el poder de los concilios al de los papas.

Al margen de luchas y controversias por las cuotas de poder, lo que todos admitían era la identificación entre la sociedad civil y la comunidad de fieles, y la supeditación de la primera a la segunda. Teocracia o cesaropapismo no modificaban sustancialmente la realidad. En cualquier caso, la razón estaba supeditada a la fe y la filosofía se definía como ancilla theologiae. Tan solo con el Renacimiento se inició el cambio de estos esquemas sociales. El último intento de imperio universal cristiano fue el del primero de los Austrias y sus sueños terminaron en Yuste, tras constatar que la división del cristianismo se extendía por toda Europa. Los tiempos ya estaban cambiando.

Sin embargo, la reforma protestante no significó la secularización de la sociedad. Desquebrajó, eso sí, el pensamiento único que hasta entonces había representado la doctrina eclesiástica; pero para sustituirlo no por el imperio de la razón, sino por la fe y las conciencias individuales; y si bien rompió la universalitas christiana, de ningún modo separó el ámbito civil del religioso. Lutero se arrojó muy pronto a los brazos de los príncipes alemanes, abandonando a su suerte a los campesinos sublevados. El principio establecido en la dieta de Augsburgo, cuius regio, eius religio, significaba trasladar el cesaropapismo imperial al ámbito de cada nación o Estado y abrir la compuerta para que las guerras de religión asolasen Europa durante siglos.

Habría que esperar a la Ilustración, para que, ya desde pensadores cristianos como Locke o agnósticos como Hume, se pusieran las bases del Estado moderno y se estableciera el divorcio entre sociedad política y comunidad de creyentes. Era preciso primero secularizar el poder y negar su origen divino. La soberanía radica en el pueblo, y la existencia del Estado y del gobierno viene exigida únicamente por la necesidad que tienen los hombres de organizar su convivencia.

El Estado moderno resulta radicalmente incompatible con el Estado confesional. Sociedad política y confesión religiosa pertenecen a mundos distintos, la primera pertenece al ámbito de lo público, de lo coactivo. Nadie puede desentenderse de las leyes civiles y a todos obligan por igual; por lo que estas deberán tender al mínimo, únicamente aquellas imprescindibles para la convivencia. Las confesiones religiosas, por el contrario, pertenecen al ámbito de lo privado (lo que no quiere decir individual), al ámbito de la voluntariedad; no se obliga a nadie a pertenecer a una determinada iglesia, ni a seguir su doctrina y mandamientos, a no ser que la iglesia pretenda utilizar al poder secular para imponer de forma obligatoria sus creencias.

Las iglesias pretenden estar en posesión de la verdad. Se afirma que la verdad no tiene por qué identificarse con la decisión de la mayoría, lo cual es cierto. Pero es que el Estado moderno no sabe de verdades sino de opiniones, de la opinión de la mayoría. Su papel no es proclamar la verdad, es mucho más humilde: pretende tan solo establecer unas reglas de juego y garantizar que se cumplan, con la finalidad de conseguir la convivencia pacífica entre los ciudadanos, ciudadanos que poseen cada uno de ellos verdades diferentes.

No se puede negar que concretamente en nuestro país el liberalismo y más tarde todos los movimientos progresistas se han caracterizado por un marcado contenido anticlerical, pero tal sentimiento ha venido generado en buena medida por la resistencia católica a perder su preponderancia pública. La Iglesia nunca se ha resignado a dejar de imponer desde el Estado su moral y su doctrina a creyentes y no creyentes. A lo largo del siglo XIX se situó siempre al lado del absolutismo y de la reacción y aún están cercanos los cuarenta años de nacional catolicismo durante los cuales el trono y el altar se ayuntaron hasta tal extremo que resultaba casi imposible distinguir dónde empezaba uno y terminaba el otro. Ha habido, es cierto, otra Iglesia, al margen de la oficial, la más auténtica, que ha defendido la separación del poder y la autonomía religiosa, pero esta, a la hora de la verdad, nunca ha contado ni cuenta.

Desde la Transición el Estado se ha ido liberando de bastantes tabús eclesiásticos. Sin embargo, en la práctica subsisten aún muchos vestigios de la antigua unión entre Iglesia y Estado, y los intentos nunca abandonados por la jerarquía eclesiástica de convertir sus preceptos morales en ley general y obligatoria, impuesta coactivamente por el Estado. Suplantar, en definitiva, la voluntad mayoritaria de una sociedad democrática, expresada por sus mecanismos constitucionales, por el código de conducta interna de una confesión organizada –hay que decirlo– de forma autocrática y carente de cualquier mecanismo democrático. En ese objetivo pretende contar, y casi siempre lo consigue con la complicidad de algunos partidos políticos que se convierten en correa de transmisión de sus planteamientos.

Esto es lo que ha ocurrido con la ley sobre la eutanasia, que la polémica, el enfrentamiento, se han planteado no en clave política sino en términos morales correspondientes a una determinada religión, religión que quizás sea la mayoritaria en la sociedad -aunque sobre esto habría mucho que decir, puesto que la filiación es más nominal que real. Prueba palpable de ello es que la jerarquía desconfía de que se cumplan sus preceptos. De ahí el interés de que el poder secular los imponga coactivamente.

Todo el respeto para los que voluntariamente acepten tal moral y tales principios, pero lo que no pueden pretender es usar el Estado para aplicarlos obligatoriamente mediante el Código Penal. Afirmar que el Estado no es confesional pero la sociedad sí constituye una falacia. La sociedad siempre es plural, heterogénea, informe, sin límites, portadora de antinomias y contradicciones, como totalidad únicamente se manifiesta mediante el juego de las mayorías y minorías en el Estado. Esa pluralidad ideológica se hace presente desde siempre en el sentido que se da a la vida, y obliga a considerar la decisión de vivir o no vivir como opción personalísima perteneciente al ámbito intimo del individuo, sin que en ningún momento pueda el Estado coaccionarle. Pero de eso hablaremos la próxima semana.

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