La rebelión de los ayuntamientos

Todo el mundo se hace la siguiente pregunta: ¿por qué el impacto de la pandemia ha sido mucho mayor en España que en el resto de Europa no solo en la primera oleada, sino también en los momentos actuales? Se me ocurre que algo tiene que ver nuestra estructura política, nuestro Estado de las Autonomías y nuestra tendencia al cantonalismo y a los reinos de Taifas.

El 12 de diciembre de 2018 escribía yo un artículo en este mismo diario titulado "El patriotismo de las cosas de comer", en el que comentaba un informe de la OCDE publicado aproximadamente un mes antes. Este organismo internacional consideraba que la división autonómica de nuestro país era un grave obstáculo para el crecimiento económico y la igualdad. No repetiré, desde luego, aquí las aseveraciones de la OCDE, y mucho menos mis comentarios. Solo resaltaré que, si esto es así en condiciones normales, cuánto más lo es en una situación crítica como la actual.

El virus claramente no sabe de fronteras ni de Autonomías. El Gobierno, en un principio, pareció entenderlo y con toda lógica decretó el estado de alarma, incluso empleando este mismo discurso acerca de que la epidemia no atendía a límites ni a territorios. La medida parecía tan razonable que no tuvo apenas contestación, como no fuese la de los nacionalistas, dispuestos siempre a sobreponer su independencia por encima de cualquier otra cosa.

El problema surge cuando se descubre, por una parte, que el rey está desnudo, es decir, que después de cuarenta años de desmontar el Estado y someterlo a un proceso de enorme intensidad de centrifugado hacia la periferia se encuentra incapaz de cumplir determinadas funciones (por ejemplo, los ministerios de Sanidad y de Educación, inexistentes en el orden práctico). Y, por otra parte, la existencia de un Ejecutivo creado de forma precaria y contra natura, hecho de retales y de un equilibrio inestable y que, como reiteradamente he escrito, está hecho para la representación y el pastoreo, pero se muestra incapaz de gobernar y gestionar.

El Gobierno, tras una etapa en la que confunde el mando único con un poder despótico, que considera que puede hacer lo que quiera sin pactar ni dialogar con nadie, y después de ser consciente de los múltiples problemas generados y negarse a aplicar un plan B, se inhibe y deja todo en manos de las Autonomías, con lo que se instala el caos más absoluto. Se crea un mosaico de medidas dispares y distintas según cada Comunidad y, lo que es peor, al albur del criterio de los diferentes jueces que tienen que ratificarlas. Las consecuencias las estamos viendo y las veremos con mayor claridad tras la apertura de las aulas.

Esa anarquía territorial que se ha apoderado de la estructura política y que recuerda los acontecimientos por los que se hundió la I República no se limita al ámbito de las Autonomías, sino que alcanza a las corporaciones locales. Últimamente se ha producido la rebelión de los Ayuntamientos contra una de las pocas normas con sentido que este Gobierno ha anunciado. El Ejecutivo pretende utilizar el superávit de los entes locales para las múltiples y enormes necesidades surgidas y que van a aflorar con la crisis sanitaria y económica. Es un superávit, además, que los Ayuntamientos no podían gastar, estaban bloqueados por las leyes que el PP se vio obligado a tomar como consecuencia de la anterior crisis y en aras a cumplir la disciplina presupuestaria impuesta por Bruselas.

No se precisa recordar que la situación de las finanzas públicas estatales es crítica y lo va a ser aún más. Los últimos datos del Banco de España no dejan lugar a dudas. El stock hasta junio de la deuda pública alcanza ya el 103% del PIB, aunque en realidad es mayor, ya que esta cifra está calculada sobre el PIB de 2019. Con el previsto para el 2020 podríamos afirmar sin miedo a equivocarnos demasiado que el porcentaje alcanzaría el 113%. ¿Cuál va a ser el que alcance a final del año?

Todas estas cargas van a recaer principalmente sobre el Estado. Así mismo sobre las Comunidades Autónomas, pero los gastos adicionales de estas repercutirán también sobre la Administración Central, ya que el Estado va a transferir a las Autonomías 16.000 millones de euros de forma extraordinaria. Será también la Administración Central la que sufrirá una sustancial reducción en su recaudación al ser los impuestos que gestiona los que están unidos a la actividad económica. Caso muy distinto es el de los Ayuntamientos, cuyos recursos apenas se verán afectados. Es de prever que el IBI escasamente experimente modificación. Un impuesto que, por cierto, se ha multiplicado e incrementado como ninguna otra figura tributaria en los diez o veinte últimos años.

Ante la crisis que estamos sufriendo y las dificultades que se avecinan, la postura de los Ayuntamientos es mezquina y raquítica, pueblerina, con anteojeras. No dudo de que todos ellos tendrán muchas necesidades. Las necesidades siempre son infinitas, pero no es el momento ni de los polideportivos, ni de las piscinas, ni de los centros culturales, ni de las aceras etc. Las necesidades a cubrir van a ser mucho más apremiantes y los recursos, escasos. Tampoco es el momento de que las corporaciones locales asuman funciones que no les corresponden. Los compartimentos estancos no tienen lugar en una crisis como esta. Cada gasto tiene su coste de oportunidad y la elección de los que haya que acometer debe hacerse con carácter general y sin capillitas.

Más grave aún es la postura del PP al colocarse al frente de la manifestación. Da grima escuchar a algunos de sus portavoces bramar que el Estado quiere expoliar el ahorro de los vecinos. Se llega a la conclusión de que los partidos políticos, aunque sean nacionales, no se rigen por la racionalidad sino por la demagogia y el populismo. Habrá que preguntarse quién va a pagar el seguro de desempleo de esos vecinos despojados, y los gastos extraordinarios en sanidad y en educación, incluso ese ingreso mínimo vital si alguna vez se pone en funcionamiento; quién va a costear las pensiones de sus mayores; quién sufragará los ERTE, y los avales para salvar el mayor número posible de las empresas de esos Ayuntamientos.

El sectarismo del PP en este caso aparece de forma más elocuente al recordar que criticó con dureza la medida en sentido inverso que Zapatero adoptó en la crisis del 2008, el llamado plan E, consistente en rociar de dinero a los entes locales creyendo que de esa manera se iba a producir la reactivación. Todo el mundo ha reconocido ya que fue una de sus mayores ocurrencias, y una forma ingeniosa de desperdiciar recursos, recursos que habrían de ser muy necesarios más tarde. Entonces el PP tenía razón, pero por eso se entiende menos la postura que ha adoptado en este momento.

Ante la crisis actual todo capillismo es suicida. La historia nos enseña que en las confrontaciones bélicas el conjunto de los bienes públicos y privados se pone al servicio de la victoria. No es preciso exagerar. No estamos en una guerra, pero sí en una catástrofe sanitaria y probablemente económica. ¿Qué más lógico que el hecho de que todos los recursos públicos se aúnen bajo una dirección única para solucionar las necesidades más apremiantes? Pero aquí nos encontramos con el problema de siempre, este Gobierno no está hecho para gobernar, no puede ni sabe hacerlo. Quizá por su propia incompetencia, pero también y principalmente porque carece de los apoyos políticos necesarios.

Esta ley no saldrá, y si se aprueba será con tantas concesiones que devendrá inútil. Por supuesto no contará con la aquiescencia de vascos y catalanes, a no ser que se les conceda que sean las respectivas Autonomías las que se hagan cargo de los excedentes de sus Ayuntamientos, lo que sería reconocer ya que en España hay tres Estados. Pero es que el Ejecutivo ni siquiera contará con el apoyo de parte del Gobierno. Colau (no olvidemos que es parte del Podemos) ha salido ya vociferando y acusando al Estado de expoliador.

Para gobernar no basta con una moción de censura o con ganar la investidura. Se precisa capacidad y poder político para gestionar el día a día, y eso es lo que le falta a este gobierno Frankenstein. Puede echar las culpas a los Ayuntamientos, a las Comunidades o a la oposición. No digo yo que no tengan responsabilidades, pero la causa principal y el origen de todo lo que sucede se encuentra en un gobierno que nació tarado y que cuanto más prepotente se muestra en la representación y en el postureo, más débil e infecundo es en la gestión y en la gobernanza.

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