COVID-19, Merkel, Macron y las ayudas de Estado

Hace unos días, Macron y Merkel nos sorprendieron firmando un documento por el que proponían al resto de los países miembros constituir un fondo de 500.000 millones de euros de cara a solucionar los problemas derivados de la pandemia en Europa. Aun cuando el escrito mantiene abierto todo tipo de interrogantes, ambos mandatarios han tenido buen cuidado de que quedasen claros dos aspectos que preveían que iban a impactar considerablemente en la opinión pública europea. El primero, que optaban, al menos parcialmente, por el modelo de transferencias a fondo perdido frente al régimen de créditos. El segundo es consecuencia del primero. Puesto que no se va a pedir el reembolso a los países beneficiarios, la financiación tiene que ser comunitaria mediante bonos europeos. Ni que decir tiene que todos los medios de comunicación, por supuesto los de España, han saludado la medida como un gran avance. Yo, desde luego, sería mucho más cauto.

La UE y las fuerzas políticas y económicas que se mueven tras bambalinas tienen un enorme poder de comunicación y propaganda, y los ciudadanos, especialmente los de los países del Sur, una capacidad ingente de credulidad. La Unión Monetaria nació perniquebrada en el Tratado de Maastricht, sin integración fiscal y con medios redistributivos totalmente insuficientes. Desde entonces hay quien pretende convencernos de que después de la moneda única se producirá la unificación de todos los otros aspectos, especialmente los presupuestarios, que compensen las desigualdades y los desequilibrios creados por el mercado único y la unión financiera y monetaria. Lo cierto es que, en treinta años y digan lo que digan, no se ha producido ni un solo avance en la materia.

En muchas ocasiones se han hecho grandes proclamas vendiendo tales y cuales hechos como pasos de gigante hacia esa constitución de los Estados unidos de Europa. Pero a la larga todo queda en farfolla, en hojarasca, abortado por el camino. Pasan los años sin llegar a nada consistente. Los países del Norte no ceden ni un ápice, y en cierta forma es comprensible, si no se les exigió en su momento al constituirse la Unión Monetaria, ¿por qué iban a ceder ahora?

Alemania -léase Merkel- es una artista en el enredo. Cuando se encuentra contra las cuerdas parece que asiente, pero se las agencia para que sean sus socios más duros (Holanda, Austria, Finlandia, etc.) los que torpedeen la propuesta o la aminoren hasta hacerla inofensiva. En todo caso, los temas se van posponiendo, y quedan en punto muerto. En esta ocasión, Austria, Holanda, Suecia y Dinamarca se han posicionado ya en contra. Cabe la duda de si Merkel contaba con ello, y una vez más juega al policía malo y policía bueno. La canciller alemana ha dado muestras de tener una gran cintura. Sabe que, en determinados momentos, si se quiere salvar la Unión Monetaria -y no tiene dudas de que es muy beneficiosa para Alemania-, hay que dar al menos la apariencia de que se cede, y ganar tiempo. Ya lo ha hecho en otras ocasiones.

En la Cumbre de junio del 2012, el ortodoxo Monti, que había sido impuesto por Bruselas y Berlín al frente del Gobierno italiano, se rebeló y amenazó con vetar el comunicado final si no se aceptaba que fuese la Unión Monetaria la que asumiese el coste del saneamiento de los bancos con problemas. Rajoy se adhirió al instante, al estar España inmersa en una crisis bancaria de envergadura, y Hollande, aunque de forma más tibia, se sumó también a la iniciativa. Merkel tuvo que recular y aceptar en principio la propuesta, pero la condicionó a que antes Bruselas asumiese las funciones de supervisión, liquidación y resolución de las entidades financieras. La canciller alemana ganaba astutamente tiempo. Con el paso del tiempo las cosas siempre se desdibujan.

Se creaba así lo que se conoce como la Unión Bancaria. Pero ello no impedía que las haciendas tanto de España como de Irlanda tuvieran que hacerse cargo del saneamiento de sus propios bancos. La Unión Europea se arrogó las competencias señaladas anteriormente, pero el gasto no se socializó, ni siquiera mediante un fondo de garantía de depósitos comunitario. Las quiebras de los dos últimos bancos, el Popular y el Veneto, lo indican claramente. Fueron los españoles y los italianos (respectivamente) los que corrieron con el coste de la juerga y, además, con soluciones distintas, los accionistas, en el caso de España; los contribuyentes, en el caso de Italia (ver mi artículo del 6 de julio de 2017).

En junio de 2018, Merkel y Macron, reunidos en Meseberg, Alemania, pactan la creación de un presupuesto de la Eurozona. En apariencia, el acuerdo era totalmente revolucionario. Daba la impresión que corregía el error de fondo de Maastricht. Completar la Unión Monetaria con la Unión Presupuestaria. Todo ha sido teatro. Brindis a la galería. Merkel se ha llevado a Macron al huerto y el resultado ha consistido en un fondo (más bien fondillo) que no soluciona nada. No se le dota de recursos nuevos, sino que se incorpora al Marco Financiero Plurianual 2021-2027, y por una cuantía ridícula, 13.000 millones de euros, el 0,01 del PIB de la Eurozona (ver mi artículo del 27 de junio de 2019). Ni siquiera se establece un seguro de desempleo comunitario. El SURE creado por la Comisión posteriormente no tiene nada que ver con ello, puesto que no se produce ninguna socialización del gasto. Se reduce a ser un simple mecanismo prestamista para conceder créditos a los países que tienen problemas con el paro.

En los momentos actuales, la presión sobre Alemania y demás países del Norte es fuerte. La crisis sanitaria va a afectar, en mayor o menor medida, a todos los Estados. Tres de los cuatro más grandes de la Eurozona (Italia, España y Francia), seguidos de otros de menor tamaño, se han pronunciado a favor de los eurobonos y de las transferencias a fondo perdido. Hace aproximadamente quince días el Parlamento europeo aprobó de forma casi unánime una declaración elaborada con mucha firmeza acerca de la necesidad de que la Unión Europea diese una respuesta adecuada a los problemas económicos derivados de la pandemia. Llegó a fijar la cantidad en dos billones de euros, y además dio un cachete a la Comisión, rechazando el uso de trucos contables y, más concretamente, la multiplicación de las cantidades por medio del apalancamiento en la inversión privada. Una crítica velada (y no tan velada) al plan de inversiones de Juncker que, en buena medida, quedó reducido a humo. Las cantidades se multiplican por obra y gracia de la ingeniería financiera.

El acuerdo del 18 de mayo pasado de Macron y Merkel deja muchos interrogantes sobre la mesa, pero la canciller alemana ha hecho algunas precisiones que inducen a la sospecha de si, dadas las presiones existentes, no ha considerado conveniente ponerse al frente de la manifestación para conducirla por donde le interesa. Ha dejado claro que todo este fondo deberá incardinarse dentro de la estructura presupuestaria de la UE y modificando los reglamentos que sea preciso. A nadie se le oculta que, vista su insignificante cuantía, el presupuesto se convierte en un traje excesivamente estrecho y elevar su monto, un camino intrincado y proclive a que los países del Norte pongan toda clase de impedimentos. A su vez, la modificación de los tratados con 27 miembros supone adentrarnos en un laberinto de difícil salida.

Alemania en estos momentos presenta además un flaco débil frente a los otros países: las ayudas de Estado concedidas a sus empresas con motivo de la crisis sanitaria. Uno de los principios que parecían inamovibles en Europa era la condena de toda actuación de los gobiernos tendente a intervenir económicamente en las empresas nacionales. La Comisión ha tenido sumo cuidado en perseguir cualquier práctica en este sentido. La razón es clara, violenta el mercado único, distorsionando la competencia, ya que prima a unas empresas frente a otras. Curiosamente, nunca se ha prestado la misma diligencia en perseguir la falsificación de la concurrencia introducida por las ventajas fiscales concedidas por los distintos países.

Los principios europeos duran en tanto en cuanto no afecten negativamente a los intereses de Alemania o Francia; por eso este dogma se ha venido al suelo en cuanto que, como consecuencia de la crisis económica que sigue a la sanitaria, estos países se han visto en la tesitura de auxiliar a sus empresas y evitar que puedan ser compradas a precios de ganga por sociedades extranjeras. Con este motivo, la Comisión ha aprobado hasta ahora alrededor de ciento veinte solicitudes gubernamentales de ayudas de Estado: subvenciones, préstamos, avales, etc., por importe de dos billones de euros. Lo de aprobar es en cierto modo un eufemismo, porque tanto Alemania como Francia ya se habían tomado la justicia por su mano y no habían esperado a tener la aprobación de Bruselas para intervenir económicamente en las empresas.

Las ayudas de Estado aprobadas se han distribuido de forma totalmente desigual. Alemania, con el 25% de la renta de la UE, ha concedido el 52% del total, seguida a mucha distancia por Francia e Italia (con el 17 y el 15%, respectivamente). El resto de los países han participado en porcentajes muy reducidos. Es palmario que tal situación constituye un torpedo bajo la línea de flotación del mercado único. Se rompe uno de los dogmas que se consideraban intocables y sobre los que se había basado la construcción europea, esto es, la libre competencia y el rechazo de cualquier intervención estatal que pudiera distorsionar el mercado. El hecho de que unos países tengan capacidad para intervenir en sus empresas, y otros no, crea una situación difícil de justificar, tanto más cuanto que la causa de esa desigualdad radica en la moneda única y el mantenimiento obligatorio de todos los países en el mismo tipo de cambio.

No es de extrañar, por tanto, que todo esto haya influido en la canciller alemana y le haya hecho ver que no es buena táctica mantener una postura de cierre total frente a las peticiones de los países del Sur; que resulta más político, como otras veces, aparentar que se cede en algo y reconducir esas reclamaciones a un pantano sin salida. Se intuye que las ayudas de Estado estaban presentes tanto en la mente de Macron como en la de Merkel a partir de ciertas insinuaciones que se hacen en el acuerdo acerca de la finalidad de los recursos: mantenimiento de la soberanía económica e industrial, reserva común de productos estratégicos a efectos de reducir la dependencia exterior, control de la inversión en las empresas europeas, etc. Todo ello apunta a las ayudas de Estado y a la intervención económica en las empresas nacionales. Merkel no da puntada sin hilo. Pronto descubriremos qué se esconde tras ese giro tan espectacular de Alemania.

La Comisión, a su vez, ha presentado este miércoles pasado su plan. Como no podía ser de otra manera, en la misma línea del acuerdo de Merkel y Macron. Con una cifra global un poco más abultada (750.000 millones de euros); supongo que con la intención de dar ocasión a los halcones del Norte para rebajarla. De nuevo, la prensa nacional ha acogido el anuncio con inmenso júbilo, pero, también como siempre, de forma un tanto cándida. El camino que queda por delante es arduo e incierto. Ha de recibir el visto bueno del Consejo, que debe aprobarlo por unanimidad. Y, como se ha indicado más arriba, tenemos la experiencia de otras muchas veces en las que, tras anuncios efectistas, solo hemos encontrado aire.

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