La Seguridad Social y el Ministro independiente

“La Seguridad Social es sólida y solvente”. El diario progubernamental El País ha clasificado de mensaje contundente el lanzado en su primera comparecencia ante la comisión de Trabajo del Congreso por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Algunos piensan que por tener el nombre del cargo más largo tienen más competencias. Lo cierto es que no encuentro dónde está la noticia. La noticia estaría en lo contrario, en que un ministro de la materia afirmase que la Seguridad Social (S.S.) no es solvente.

Bien es verdad que con José Luis Escrivá todo es posible. Al principio se creyó en serio lo de su independencia -o al menos pretendió que el personal se lo creyese. Olvidó que, en Bruselas, capital de los lobbies, casi nada ni nadie es independiente y conviene recordar que la AIReF es una imposición de Bruselas. La pretensión de la burocracia de la Unión Europea es mantener sucursales en cada país. Intentan replicar el sistema de bancos centrales en otras materias tales como la presupuestaria o la contratación. Sin embargo, en estas áreas el éxito por parte de la Comisión no ha sido el mismo. El poder en ellas continúa estando en buena parte en manos de los gobiernos nacionales. No tiene, por tanto, nada de extraño que los organismos creados y sus directivos giren con su independencia hacia el Ejecutivo de turno.

Escrivá, desde su pretendida independencia, se prestó a la mascarada de Montoro y del Gobierno de Rajoy -que lo había pactado con el niño Rivera- de querer realizar una auditoría de todas las administraciones públicas con un pequeño chiringuito como el de la AIReF (tarea obviamente imposible por competentes que fuesen sus funcionarios, véase mi artículo del 15 de junio de 2017). Pero, poco más o menos un año después, como el viento cambiase de dirección y pudiera intuirse que comenzaba a venir desde el PSOE, la independencia de Escrivá empezó a defender las posiciones del nuevo poder, y así ha sido como ha llegado a ser ministro de un gobierno manchado por el oprobio, oprobio de depender tanto en su origen como en su ejercicio de aquellos que habían dado -y se mantienen en él- un golpe de Estado. Paradójicamente, el muy independiente ministro ha venido a hacerse dependiente de los golpistas.

Eso sí, es titular de un ministerio perniquebrado porque, claro, había que dejar sitio para los otros miembros del Gobierno Frankenstein. Es difícil de entender cómo alguien del perfil de Escrivá, con un currículum y una carrera profesional razonables, ha optado por pertenecer a un gobierno de tan escasa calidad técnica y cuyos miembros quedarán marcados para el futuro por la mácula de la ignominia.

Pero volvamos al tema de las pensiones. Hay que decir que, a pesar de las opiniones en contra, la afirmación de que la S.S. es solvente constituye una perogrullada, puesto que esta institución no deja de ser una parte del Estado y este, por lo menos hasta ahora, no podía quebrar. Tal vez esta afirmación no se puede mantener de manera tan tajante después de habernos incorporado a la Unión Monetaria. Carecer de moneda propia deja en la situación de mayor vulnerabilidad a cualquier Estado y al albur de autoridades extranjeras. Buen ejemplo de ello ha sido lo acontecido en el caso de Grecia.

Va calando por fin en la sociedad: sindicalistas, periodistas, políticos etc., entre los que parece situarse el actual ministro, la idea de que debe ser el Estado el que deba hacerse cargo de los desequilibrios de la S.S. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se termina de plantear el fondo del asunto en sus justos términos. Así le ocurre a José Luis Escrivá. La solución que propone (en esto coincide con las organizaciones sindicales) es detraer del presupuesto de la S.S. determinados gastos tales como los del fomento del empleo, los de prestaciones universales, subvenciones a regímenes especiales o gastos de funcionamiento, para que sean asumidos por el presupuesto del Estado.

Tal vez sea posible que por este procedimiento se logre a corto plazo equilibrar las cuentas de la S.S., pero a medio y a largo plazo el problema permanecerá porque no se habrá abandonado la lógica nefasta establecida en el Pacto de Toledo (PT), de la pretendida escisión entre el Estado y la S.S. Cuando en 1995 el pleno del Congreso aprobó el Pacto, desde la presidencia de IU intenté sin demasiado éxito que el grupo parlamentario (controlado en buena medida por Iniciativa per Catalunya y aquellos que luego se pasarían al PSOE) votase en contra. A partir de entonces he venido, creo que también sin demasiado éxito, denunciando la dinámica perversa de la separación de fuentes, que introduce al sistema público de pensiones en una encrucijada de imposible salida, haciéndole rehén, dialécticamente, de las cotizaciones, del empleo y de la población activa.

El propio ministro declara que este proceso que propone a corto plazo significa consolidar la separación de fuentes establecida en el Pacto de Toledo; pero a medio y a largo plazo lo considera insuficiente y no tiene más remedio que echar mano de la manida propuesta de retrasar la edad de jubilación o de la de intensificar la inmigración. El fallo se encuentra en ignorar el impacto que ambas variables pueden tener respecto al desempleo. La solución propuesta por el ministro podría tener su lógica si la carencia fuese tan solo de trabajadores, pero de nada vale alargar la vida laboral o potenciar la llegada de emigrantes cuando de lo que se carece es de puestos de trabajo disponibles. Y en cierta forma cabe aplicar el mismo razonamiento a la tasa de natalidad y a la desfavorable evolución demográfica.

El planteamiento del señor ministro es hasta cierto punto provinciano, en cuanto que se fija exclusivamente en el efecto sobre las responsabilidades de su departamento prescindiendo del resto (la verdad es que esta forma de actuar se está generalizando en este gobierno tan extraño) y considera la S.S. como un huerto cerrado. Enfoca el problema en términos microeconómicos, de ingresos y pagos de su chiringuito, sin considerar la repercusión que puede tener sobre la totalidad del sector público. Estira la manta para tapar un supuesto agujero sin ser consciente de que descubre otro de igual o mayor tamaño.

Propone elevar la penalización a las jubilaciones anticipadas e incentivar aun más la prolongación de la vida laboral. Mantiene que, como consecuencia de ello, por una parte se incrementarán las cotizaciones, lo que no es exacto porque hay que suponer que el nuevo trabajador que sustituyese al jubilado también pagaría cotizaciones y, por otra, que las pensiones a pagar serían menores, lo que podría ser cierto y constituir un ahorro del sistema, pero no del sector público en su conjunto, porque habría que computar, además de los recursos destinados a los incentivos, los que se utilicen en el seguro de desempleo o en otro tipo de prestaciones destinadas a compensar a aquellos que no pueden colocarse porque el puesto de trabajo continúa ocupado por el hipotético pensionista. Parece bastante lógico pensar que en la decisión política de adelantar o retrasar la edad de jubilación deben jugar otras muchas variables más que las puramente económicas; pero la cosa es mucho más clara si lo que se pretende tener en cuenta es tan solo el impacto en una parte del sector público sin considerar el resto.

Algo parecido ocurre con respecto a la inmigración. Cuando se está tan alejado como lo está España del pleno empleo, no se puede utilizar el flujo migratorio como medio para mantener la solvencia del sistema público de pensiones. Otros son los motivos y las variables a considerar a la hora de determinar la política migratoria.

Para plantear correctamente el problema de las pensiones hay que remontarse más allá de 1995 y considerar que Estado y S.S. constituyen una unidad y que esta institución, tenga el contenido que tenga, no puede financiarse exclusivamente con cotizaciones sociales, sino con todos los ingresos del Estado. El Estado debe asumir el déficit de la S.S. y hacerse cargo del superávit, si lo hubiese. Desde esta perspectiva tendrían que desaparecer dos realidades económicas que pierden toda su razón de ser, los créditos del Estado a la S.S. cuando tiene déficit, y la llamada hucha de las pensiones que no es otra cosa que un préstamo de la S.S. al Estado mediante la compra de deuda pública. La solución de fondo no pasa por que determinados gastos de los presupuestos de la S.S. se trasladen al presupuesto del Estado, sino porque la aportación del Estado se sitúe como ingreso habitual en el presupuesto de la S.S.

La cuestión a plantearse no es la solidez y solvencia de la S.S., sino la solidez y solvencia del Estado. La viabilidad del sistema público de pensiones no constituye un problema distinto del de la viabilidad del sistema sanitario, del educativo, del seguro de desempleo o el de la dependencia. Incluso el problema es idéntico al del mantenimiento de la obra pública, del transporte público, de la justicia, del orden público, de la defensa y de todo el resto de funciones del sector público.

Cuando un Estado tiene su propia moneda y no se ha endeudado en una divisa extranjera su solvencia está siempre garantizada pues, aunque el gobierno no consiga (o ni siquiera pretenda) la suficiencia del sistema tributario, el ajuste del tipo de cambio actuará en último extremo. Por el contrario, si no controla su moneda o está endeudado en moneda foránea, para garantizar su solvencia no tiene otro método que conseguir la suficiencia del sistema fiscal. Suficiencia que dependerá de dos factores. Por una parte, la producción del sistema económico. No importa tanto el número de productores (que es lo que limita todas las soluciones planteadas dentro del Pacto de Toledo) como la cuantía de lo que se produce, y más concretamente de lo que se produce por habitante (renta per cápita), independientemente de cuántos sean los trabajadores implicados en la producción. Es la variable llamada productividad la que realiza el milagro de que con igual número de trabajadores se pueda producir el doble, y permite que los ingresos públicos no tengan que estar limitados por el empleo.

El segundo factor es la correlación de fuerzas y la voluntad política y democrática de constituir un sistema fiscal con la adecuada suficiencia y progresividad, e integrado por distintas figuras tributarias que se complementan, y siendo una de ellas la de las cotizaciones sociales, pero tan solo una más, sin que tenga que depender de ella ninguna prestación en exclusiva y sin que ninguna de las funciones del Estado social esté condicionada a su mayor o menor recaudación.

El reto del pago futuro de las pensiones no puede resolverse con teorías más o menos ingeniosas, tendentes a hacerse trampas y recluido en el ámbito reducido de un ministerio. Remite a un desafío mucho más general, el de la financiación del Estado Social en su conjunto y, por lo tanto, a la suficiencia y progresividad del sistema fiscal. Pero es precisamente a esta cuestión a la que no quiere enfrentarse ningún partido. Lo más que hacen, como en tantas y tantas cosas, es postureo, sacándose de la manga unos impuestos nuevos que o bien no van a poder entrar en vigor o van a ser regresivos, como los ecológicos, y en todo caso van a estar muy lejos de recaudar los fondos necesarios (véase mi artículo de la semana pasada).

Al menos en estos momentos parece que se produce una amplia coincidencia, incluyendo en ella al ministro independiente, en que las pensiones deben actualizarse anualmente por el índice de precios al consumo. No hay por qué ocultar que esta coincidencia generalizada se deba en parte, quizás, al hecho de las bajas tasas de inflación que se dan en los momentos presentes y, por ello, al escaso impacto económico de la actualización.

Aunque en esta forma de razonar se esconde en realidad un espejismo, el de considerar el efecto que la inflación tiene sobre las prestaciones prescindiendo del que ejerce sobre los ingresos. A la hora de actualizar las pensiones, el hecho de que el incremento de los precios al consumo sea mayor o menor poca diferencia debería tener sobre las finanzas del sector público. La afirmación contraria obedece tan solo a que se está atendiendo únicamente a una parte de la ecuación, la del gasto, y al hecho de que la no actualización de las pensiones es en el fondo un impuesto a los pensionistas y un enriquecimiento ilícito de las finanzas públicas a costa de los jubilados, que lógicamente será mayor cuanto mayor sea el incremento del índice de precios.

Son otras las variables que van a provocar que el gasto en pensiones se incremente sustancialmente en los próximos años. En primer lugar, el aumento en el número de pensionistas. En segundo lugar, la diferencia entre la cuantía de las pensiones que dejan de pagarse por defunción de los jubilados y la de los nuevos pensionistas. Pero precisamente esta diferencia indica, a pesar de lo que a menudo se afirma, que se produce un progresivo empobrecimiento relativo del trabajador desde el momento en el que se jubila, fruto de la diferente evolución -por lo menos hasta ahora- de las pensiones y los salarios.

Esta diferencia pone también en evidencia la arbitraria y torpe acusación, que se ha puesto de moda en algunos informes de los organismos internacionales, acerca del deterioro de la equidad intergeneracional que el sistema de pensiones públicas produce. El argumento de estos organismos es de una enorme simpleza. La evolución de las sociedades, al menos de la mayoría de las desarrolladas, manifiesta que el incremento del bienestar que progresivamente se viene produciendo en ellas se debe a que toda generación recibe de la anterior un bagaje cada vez mayor de medios, conocimientos técnicos y equipamientos que facilita que las condiciones económicas y sociales de cada una de ellas sean mejores que las de la precedente.

Esta es una razón más para superar el estrecho marco de la seguridad social o de un ministerio y considerar la actuación global del sector público, cuyo presupuesto recoge cuantiosos gastos, desde la educación a la inversión pública, que cada generación recibe en herencia y que incrementan la productividad permitiendo, por lo menos hasta ahora, que cada generación viva mejor que la anterior.

La ofensiva contra el sistema público de pensiones viene de muy lejos, al principio patrocinada y financiada por las entidades financieras. Recuerdo por ejemplo que la fundación del BBVA contrató a treinta cuatro llamados sabios para que estudiasen la viabilidad, más bien la inviabilidad del sistema. Tras veinte meses llegaron en 1995 a doctas conclusiones que comenté (más bien critiqué) el 7 de octubre de 1995 en un artículo en el diario El Mundo. Desde entonces han sido innumerables las veces que en estos 25 años me he asomado a la prensa para denunciar las falacias que se escondían tras los ataques a las pensiones públicas. Por supuesto que resultaría imposible, inútil y hasta ridículo citar todos estos artículos. Sin embargo, no me resisto a enumerar aquellos que desde estas mismas páginas digitales he escrito en los últimos tres años: 27 de julio del 2017; 8 y 15 de marzo, y 4 de octubre de 2018; 13 de junio de 2019.

Si algún lector dispone de tanto humor y animo como adentrarse en ellos comprobaría que hay muchas repeticiones, tantas como reiterativos son los argumentos de los detractores, pero también matices y aportaciones diferentes que podrán ayudar a comprender mejor el problema y descubrir el cargamento inmenso de falacias que cubren el núcleo de intereses sobre el que se asienta la ofensiva. Con mucho optimismo, puede servir también para mandar un mensaje al ministro independiente que ha creído descubrir el Mediterráneo. Decirle que el problema (más bien el pseudo problema) es muy viejo, pero que la solución también. Solo hace falta valentía para llevarla a cabo. Reformar el sistema fiscal, reforma que en una parte consiste tan solo en corregir las múltiples contrarreformas introducidas durante los últimos treinta años.

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