El salario mínimo y el empleo

Existe una aberración sustancial en lo que hoy se autodenomina izquierda -bien lo sea o bien simplemente lo parezca: partidos políticos, sindicatos y hasta organizaciones de la sociedad civil -como se dice ahora-, aunque en realidad estas últimas no son nada diferente de los partidos y sindicatos. El error, de considerables proporciones, consiste en que razonan como si no existiesen la globalización, la Unión Europea (UE) y la moneda única. Se ha dado un proceso muy curioso. La izquierda europea, salvo raras excepciones, prestó oídos sordos a todas aquellas voces que avisaban de que el proyecto de la UE tal como se estaba diseñando iba cercenando posibilidades a una eventual aplicación de una política socialdemócrata, y que esas posibilidades, por pequeñas que fuesen, desaparecían con la moneda única.

La paradoja se produce cuando una vez constituida la Unión Monetaria (UM) se niegan a aceptar las limitaciones y actúan (o al menos prometen actuar) como si aquella no existiese. Ni siquiera la crisis del euro y la grave situación por la que han atravesado algunos países les han abierto los ojos. Ciertamente que en aquel momento muchos se asustaron, pero, una vez que se produjo el ajuste, han tendido a pensar que todo obedecía a la maldad de la derecha, han supuesto que ya había pasado todo y que incluso se puede recuperar la totalidad de lo perdido. Desde luego, lo que de ningún modo contemplan es que la tragedia pueda volver a repetirse. Todas estas consideraciones vienen a cuento de la polémica suscitada acerca del salario mínimo interprofesional (SMI) y su influencia y repercusión en el empleo. Es absurdo plantear el problema como si no estuviésemos en la UE y como si nuestra moneda no fuese el euro.

Tengo que empezar reconociendo con humildad que soy incapaz de pronunciarme, ya que me faltan datos, en una u otra dirección. Desconozco a cuántos trabajadores puede afectar, qué sectores y en qué medida están implicados y, en último término, cuáles son sus características. Todas esas informaciones son necesarias y necesario es, además, analizar cuál es la situación de la economía en este momento. Pero precisamente por eso no me parece que nadie pueda tomar sobre el tema una decisión en función del puro voluntarismo o de prejuicios ideológicos. Se precisa además diferenciar las distintas hipótesis y circunstancias.

Veamos tan solo cómo el resultado es discordante según las situaciones en las que nos movamos. El crecimiento de la productividad en los puestos de trabajo afectados por el incremento salarial simplifica mucho el problema. En este caso, la subida del salario puede ser encajado por el excedente empresarial, sin que los empresarios estén obligados a cancelar, por considerarlos no rentables, determinados puestos de trabajo. Aun más, es muy posible que en esta hipótesis el empleo, lejos de reducirse, aumente, porque aumenten la demanda y la actividad económica. La razón de esta última afirmación se encuentra en que la propensión al consumo suele ser más elevada en los trabajadores (especialmente los de sueldos bajos) que en los empresarios, y no hay nada que garantice que el ahorro de estos últimos se vaya a trasformar en inversión.

Como complemento a lo dicho, conviene precisar que cuando hablamos de productividad no lo estamos haciendo en términos cuantitativos, sino de valor. Poco importa que un número de trabajadores hayan incrementado las piezas o los kilos producidos en un 10%, si al mismo tiempo los precios de esa mercancía se han reducido en ese mismo 10%. Y viceversa, puede ser que la productividad se eleve en un 10%, sin que la cantidad producida se haya acrecentado, porque los precios hayan subido ese mismo 10%.

Las cosas cambian radicalmente cuando en los sectores o en los puestos de trabajo afectados por el SMI el incremento de la productividad es cero o próximo a cero, o incluso cuando está por debajo del aumento salarial que se quiere aprobar. En esta situación comienzan a surgir las dudas y resulta imprescindible distinguir varios escenarios. Simplifiquemos.

Escenario primero. Economía semicerrada, o en la que al menos el gobierno tiene suficiente control sobre exportaciones e importaciones. Supongamos que se producen solo dos artículos. Artículo A, fabricado por trabajadores de alta cualificación y por lo tanto de elevada retribución, y un producto B de muy baja productividad, empleos basura y salarios mínimos. En estas condiciones, el gobierno, dentro de su política social, podría decidir elevar el SMI sin que se produjese un impacto negativo sobre el empleo. El incremento salarial se trasladaría al precio del producto B, y el efecto más probable sería una redistribución de la renta, un incremento de los ingresos de los trabajadores de B, y un descenso de los ingresos reales de los trabajadores de A, puesto que el precio de B habría aumentado.

Escenario segundo. Una economía totalmente abierta que practica el libre cambio, pero el gobierno mantiene el control de la moneda. Supongamos al igual que en el ejemplo anterior dos productos, A y B, con las mismas características. En este caso la solución resulta más alambicada. El gobierno podría subir el SMI sin repercusión en el desempleo, siempre que se produjese la depreciación de la moneda. De esa manera, el precio del producto B en moneda nacional podría elevarse sin que afectase al precio exterior y, por lo tanto, sin que influyese en las exportaciones ni en la competencia de las importaciones. El resultado sería el mismo que en el caso anterior, las rentas de los trabajadores del producto B se incrementarían (por el aumento del salario mínimo) y las del A se reducirían por la subida en moneda nacional del precio de B.

Tercer escenario. Una economía totalmente abierta y sin moneda propia. Es la situación que en estos momentos tienen todos los países miembros de la UM. Al igual que en los ejemplos anteriores, sobrentendamos dos artículos, el A y el B, también con características similares a las que poseen en las hipótesis primera y segunda. En esta situación, por poco abierto que sea el mercado del producto B, habrá muy pocas posibilidades de que la subida de los salarios de los trabajadores de este producto se traslade al precio, con lo que resultará bastante probable que los empresarios consideren que no es rentable mantener los puestos de trabajo, produciéndose por tanto un efecto negativo sobre el empleo. Esto será tanto más fácil en cuanto que los puestos de trabajo afectados sean más precarios y temporales y donde, por tanto, el despido resulte más viable.

El problema, como se ve, es complejo, y no se puede hacer un juicio general que sirva para todas las circunstancias. Son muchas las variables en juego y sin tenerlas en cuenta no tiene sentido adherirse a una u otra tesis de forma puramente dogmática. Tampoco las estadísticas de empleo y paro pueden inclinar la balanza hacia una u otra conclusión, ya que en ellas confluyen otros muchos factores y resultará muy difícil aislar exclusivamente el efecto de la subida del SMI.

Lo que sí parece poder concluirse es que la asunción del libre comercio y la pertenencia a la UM dificultan enormemente la subida del SMI sin que afecte negativamente al empleo, a no ser que el incremento salarial esté en consonancia con la evolución de la productividad.

Para situar el problema dentro de la UE, conviene señalar la enorme disparidad que se da entre sus miembros respecto a la cuantía del SMI. Entre Luxemburgo (doce pagas de 2.142 euros mensuales) y Bulgaria (312 euros con la misma cadencia) el abanico es muy amplio. España, con 1.108 euros, está situada más bien entre los países de cuantía más elevada, solo superada, aparte de por Luxemburgo, por Irlanda (1.707), Países Bajos (1.654), Bélgica (1.594), Alemania (1.584) y Francia (1.584). No deja de ser curioso que los dos países con un SMI más elevado sean paraísos fiscales. Se nota que la actividad de evasión fiscal conlleva una alta productividad.

Por debajo de España se encuentran el resto de los países miembros: Eslovenia (941), Malta (777), Grecia (758), Portugal (741), Polonia (611), Lituania (607), Estonia (580), República Checa (575), Croacia (545), Hungría (487), Rumanía (466), Letonia (430) y Bulgaria (312). Y de alguna manera también se sitúan detrás Italia, Austria, Chipre, Suecia, Dinamarca y Finlandia, puesto que no tienen establecido salario mínimo.

En un mercado único en el que además la mayoría de los países miembros tienen la misma moneda, ¿cómo mantener esta inmensa disparidad sin que se produzcan graves distorsiones? Entre economías en que las estructuras productivas no son comparables, (los productos, en una buena medida, de diferente tecnología y la mano de obra de cualificación diversa), la distancia en los niveles salariales tal vez no cree demasiadas complicaciones, pero el panorama cambia cuando nos movemos en países con producciones similares, susceptibles de hacerse la competencia. Entonces esa disparidad salarial puede originar un sinfín de problemas.

Aunque a algunos les cueste admitirlo, la UE se mueve en terrenos pantanosos. En un principio, cuando el número de países era reducido y sus características homogéneas, podía pensarse que el proyecto era viable, pero según se ha ido ampliando el número de miembros han ido surgiendo las contradicciones, convirtiéndose estas en insolubles con la ampliación al Este.

La pretensión de la nueva presidenta de la Comisión acerca de una cierta armonización del SMI entre los países miembros no va a ser sencilla, dada la gran diversidad existente. Bien es cierto que no se pretende hacerla en euros sino en porcentaje (60%) sobre el salario medio, con lo que la heterogeneidad permanece. Aún más, es posible que se creen problemas adicionales desde el momento en que la estructura salarial puede ser distinta en cada país y por lo tanto los efectos de adecuar el salario mínimo al 60% del salario medio puede ser también muy diferente en cada uno de ellos. En cualquier caso, quizás la propuesta de la señora Ursula von der Leyen no tenga demasiada relevancia porque, como tantas otras en la UE, solo servirá como propaganda y nunca se aprobará. Aun estamos esperando el fondo de garantía de depósitos o el seguro de desempleo europeos.

En el caso de España, desde 2016 el salario mínimo interprofesional ha sufrido un incremento del 45%. Es una subida en cuatro años lo suficientemente elevada para que no sea descabellado pensar que en una economía sometida a la libre circulación de mercancías y en la que el gobierno no controla la moneda, determinados sectores y productos puedan tener graves dificultades para asumirla y que se produzca, en consecuencia, un efecto negativo sobre el empleo.

Una política social auténticamente progresista antes de proponer la subida del SMI en un determinado porcentaje debería tener en cuenta todas las circunstancias, en especial la pertenencia a la UM y la estructura productiva de la economía en cuestión, es decir, las características de los puestos de trabajo a los que va a afectar la medida. De acuerdo con todo ello tiene que analizar el efecto neto que se va a producir sobre los trabajadores. Por lo menos se deberá adoptar la decisión siendo conscientes de cuáles van a ser las consecuencias. Quizás desde una óptica socialdemócrata sea lícito creer que determinados puestos laborales, dada su baja productividad, no deberían existir. Pero entonces hay que decirlo claramente, aceptar el impacto negativo sobre las cifras de empleo, y sobre todo asumir y tener previsto un incremento en el seguro de desempleo que compense a los trabajadores que pierdan el puesto de trabajo.

Desde planteamientos populistas el panorama cambia de forma radical. Las decisiones se adoptan únicamente desde una perspectiva electoral. Poco importan los resultados reales. Se atiende únicamente a las apariencias, y a cómo se pueden vender a la sociedad. Desde esa óptica interesan escasamente los análisis, el contexto y las condiciones económicas. Da igual estar o no estar en la UE. Es indiferente contar o no contar con moneda propia. Lo único que vale es el postureo. He ahí la diferencia entre la auténtica socialdemocracia y el populismo.

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