Sánchez y las situaciones insólitas

Dicen que Esquerra no tiene ninguna prisa por llegar a un acuerdo con el PSOE. Y es que mientras no den el sí, tienen a Pedro Sánchez cogido por las solapas. Saben que su fuerza y su influencia disminuirán sustancialmente tras la investidura. Una vez nombrado, échale un galgo. Hay quienes dicen que este gobierno va a durar muy poco. Están un poco despistados. Con presupuestos y sin presupuestos, en cuatro años no va a haber quien mueva a Sánchez de la Moncloa.

El óptimo de Esquerra pasa, en consecuencia, por que la negociación dure lo más posible, pues mientras esta se mantenga permanecerá el chantaje. El problema es que la interinidad y el gobierno en funciones pueden alargarse indefinidamente ya que, según el artículo 99 de la Constitución, el plazo para la disolución de las Cortes no empieza a contar hasta el momento en el que se produzca una investidura fallida y, tal como han manifestado desde el PSOE, Sánchez no tiene intención alguna de presentarse en el Parlamento mientras no cuente con los apoyos necesarios. Curiosamente, una vez más y sin sentir el menor pudor, adopta la misma postura que con tanta virulencia criticó de Rajoy.

Las reivindicaciones que plantea Esquerra están claras: la amnistía para los presos y la independencia de Cataluña o, al menos, la celebración de un referéndum. Hay muchos comentaristas que afirman con total convicción que no es posible que el presidente del Gobierno acceda a tales exigencias. No estaría yo tan seguro. Con Pedro Sánchez todo es creíble. ¿Cuántas veces se ha dicho sobre él “imposible, no se atreverá a eso”? Tantas como las que ha sobrepasado todo lo que se tenía por líneas rojas.

Recordemos los inicios. Allá por el 2015, cuando comenzó todo, Pedro Sánchez, habiendo obtenido los peores resultados de la historia del PSOE desde la Transición, en lugar de dimitir, saltó por encima de Rajoy para proponerse como candidato e intentó conseguir los apoyos necesarios para la investidura. El Comité Federal del PSOE (entonces había Comité Federal, no como ahora) le vetó incluso sentarse a negociar con los partidos que defendiesen el derecho a decidir. Desde la perspectiva actual, tal prohibición induce al sarcasmo. A la vista de los acontecimientos posteriores, es evidente que Pedro Sánchez, ya entonces, acariciaba la idea de constituir el gobierno que Rubalcaba calificó de Frankenstein. Solo que no se atrevía a confesarlo. Por otra parte, era la única posibilidad que tenía de llegar a la Moncloa.

En aquellos momentos, como era lógico, pactar con los independentistas que defendían la declaración unilateral de independencia y que estaban ya en pleno proceso de insurrección era tabú, aparecía como algo totalmente impensable para los partidos constitucionalistas. Por supuesto, ni a Rajoy ni al PP se les pasó por la imaginación, a pesar de tener más escaños que Sánchez. Menos aún a Ciudadanos. Pero es que también era una opción fuertemente rechazada por todos los que representaban algo en el Partido Socialista y por la mayoría del Comité Federal de esta formación. Los comentaristas y tertulianos próximos a Sánchez aseguraban que bajo ningún punto estaba dispuesto a ser nombrado presidente por los votos de los secesionistas. Son los mismos que los que en la moción de censura aseguraron que no pactaría con ellos y los que ahora afirman que no puede ceder a sus reivindicaciones.

Pero a la vista de lo que ha ocurrido después, es claro que Pedro Sánchez estaba dispuesto a salir elegido presidente con los votos de los secesionistas y había escogido la única vía que pensaba factible para librarse de la atadura del Comité Federal: acudir a los militantes, que, en el fondo, son fáciles de engañar. Si entonces no acabó por poner en práctica su plan, fue porque ese mismo Comité Federal le forzó a dimitir para evitar que deprisa y corriendo convocase unas primarias cuya precipitación le garantizaba el triunfo, legitimándole al mismo tiempo para la negociación.

Que Sánchez ha estado siempre dispuesto a traspasar esa línea roja, la de que el gobierno de la nación dependiese de partidos que estaban en clara rebeldía, lo confirma el hecho de que no dudó en cruzarla en cuanto tuvo ocasión. Interpuso la moción de censura. Los sanchistas mantuvieron que para ganarla no pactaron con los secesionistas (que a esa altura eran ya golpistas). Los acontecimientos posteriores los desmintieron. Hay quienes continúan echando la culpa a Rajoy por no dimitir entonces. Me da la sensación de que están un poco ofuscados. La dimisión del entones presidente del Gobierno no hubiese arreglado nada, porque aun suponiendo que Sánchez hubiese cumplido su palabra (que es mucho suponer) y hubiese retirado la moción de censura, el resultado no habría sido unas nuevas elecciones, sino otra investidura y, en esas circunstancias, solo la podría haber ganado Sánchez, puesto que solo Sánchez estaba dispuesto a pactar con los golpistas.

En los momentos actuales, la negociación es ya abierta y pública. Nos hemos acostumbrado a que se den las situaciones más insólitas y extravagantes en nuestra realidad política, y es muy posible que terminemos viendo con naturalidad las futuras cesiones de Sánchez ante Esquerra, esas que ahora decimos que es imposible que acepte. Las Cortes se han convertido en una fiesta taurina o en un mercado persa. Resulta difícil pedir a los ciudadanos que sientan respeto por el Parlamento y por los procuradores cuando se prestan a ese juego que presenciamos el día de su constitución, y que anuncia y pronostica espectáculos del peor gusto. A los más viejos nos recuerda aquellas asambleas de la universidad en tiempos del franquismo. Para estudiantes estaban bien, aunque siempre un poco demagógicas, pero para diputados… Siente uno, una cierta vergüenza.

La Presidenta del Congreso (del PSC, por cierto, que es ahora la formación que manda en el PSOE) ha admitido todo tipo de juramentos chuscos y estrafalarios. Todo indica que permitirá las situaciones más delirantes y ofensivas con tal de no molestar a los que van a ser socios de su jefe. El juramento de la Constitución se ha transformado en una farsa, un esperpento, una gran mentira. Las múltiples versiones elegidas tienen todas la misma finalidad, ocultar que juran la Constitución, los mismos que quieren por todos los medios, legales o ilegales, acabar con ella. Algo de culpa tiene el Tribunal Constitucional por no querer embarrarse y cerrar el melón que un día abrió al haber aceptado lo de por “imperativo legal”, que en sentido estricto es una payasada porque -como señaló muy atinadamente el magistrado Marchena- todos lo hacen por imperativo legal. Pero los perjuros lo son con imperativo legal o sin imperativo legal.

Los sanchistas han asumido ya el término conflicto político, empleado antaño por ETA y actualmente por los nacionalistas catalanes. El lenguaje no es neutral y detrás se encuentra la concepción que se tiene de una determinada realidad. Con la expresión conflicto político los independentistas pretenden presentar lo que ocurre en Cataluña como el enfrentamiento entre dos entidades políticas soberanas que deben negociar de tú a tú, en igualdad de condiciones y con un intermediario internacional, relator o como se le quiera llamar. Con ese término intentan negar al mismo tiempo que exista un conflicto de otro tipo, en concreto, unas actuaciones delictivas y punibles.

Hablar de que el problema en Cataluña es político es decir una obviedad porque político es todo lo que afecta a la ciudad (polis), al Estado, incluyendo el Código Penal. El problema del independentismo comenzó además a ser penal desde el mismo momento en el que los partidos nacionalistas se rebelaron contra la Constitución, el Estatuto y las leyes. Fueron ellos los que se adentraron en el ámbito judicial, al querer romper el país por la fuerza, al dar un golpe de Estado y pretender mantenerlo vivo. Es un problema de orden público para España y de convivencia para Cataluña. Una parte no mayoritaria de la población catalana pretende despojar al resto de los catalanes y de los españoles de su soberanía y de su derecho de decidir sobre Cataluña.

Sí, nos estamos acostumbrando a las situaciones más incongruentes y disparatadas que están distorsionando nuestra realidad política. El Estado está consintiendo que aquellas formaciones políticas que han perpetrado un golpe de Estado, y que están dispuestas a repetirlo, continúen al frente de unas de las mayores Comunidades de España y, por lo tanto, contando con poderosos medios, entre ellos un ejército armado de 17.000 hombres, los mismos medios que les permitieron intentar subvertir el orden constitucional. Las contradicciones surgen en cascada.

Los encargados de controlar el orden público son los mismos que jalean o se ponen a la cabeza de la anarquía y el desorden. Los detenidos y los responsables de prisiones pertenecen a la misma secta. El presidente de la Generalitat, que lo es solo por gracia de la Constitución Española, reniega de ella, afirma que no la reconoce y que por su cuenta y riesgo los golpistas están redactando otra para Cataluña. El presidente del Gobierno español, como le recuerda Rufián a menudo, debe el cargo a los condenados por sedición, y ahora negocia de nuevo con ellos para asegurarse el puesto. Los líderes de las principales organizaciones sindicales van en romería a la cárcel de Lledoners con plegarias y rogativas dirigidas a quien la justicia ha considerado jefe de la intentona.

El Ministro de Fomento en funciones y secretario de organización de lo que queda del PSOE afirma que “hay que buscar cauces de expresión, de tal forma que no sea necesario, ni nadie tenga que recurrir a situarse fuera del ordenamiento jurídico”. Por nadie se entiende los golpistas. Bien es verdad que lo mismo podríamos hacer con los rateros, los ladrones, los defraudadores, etc., buscar fórmulas para que puedan robar, defraudar, estafar, sin que tengan que situarse fuera de la ley. Hasta ahora creíamos que el vehículo destinado a resolver los problemas políticos era el Parlamento. Pero he aquí que no, por eso el PSOE y Esquerra se van a negociar a Barcelona. Habremos de acostumbrarnos a las situaciones insólitas. Ábalos las califica de obvias y se pregunta por qué lo obvio genera escándalo. Puestos así, puede ser que terminemos admitiendo como obvio que al presidente del Gobierno español lo invista el Parlament de Cataluña.

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