Los ERE, un caso de corrupción en busca de autor

Llegó por fin la sentencia de los ERE. La justicia española es lenta, pero, por muchos obstáculos que se le pongan, suele terminar su tarea; y en esta ocasión las trabas han sido infinidad y, si no, que se lo digan a la juez Alaya. La sentencia al final se ha publicado, aunque deja dos cuestiones sobre la mesa. La primera estriba en conocer la razón de haberse pospuesto su publicación hasta después de las elecciones y, más extraño aun, cómo se ha conseguido que no se filtrase nada. La segunda es respecto a si la premura para firmar el acuerdo entre Sánchez e Iglesias, aun cuando estaba sin concretar y en barbecho, no ha tenido por finalidad adelantarse a la publicación de la sentencia. Curiosamente, aunque de forma no premeditada, yo también me adelanté, pues el 24 de octubre escribí un artículo en estas páginas titulado “Cien años de honradez”, que tiene plena aplicación en estos momentos. Es más, tengo el temor de que, al menos parcialmente, hoy pueda repetirme.

Las reacciones del PP y de Ciudadanos han sido las esperadas, teniendo en cuenta que Sánchez se hizo con el gobierno pactando con golpistas, pero con la excusa de la corrupción. Es lógico que ahora se le tiren a la yugular con todas sus fuerzas. Lo que ha sido sorprendente, sin embargo, ha sido la actitud del partido socialista, tanto el de Andalucía como el federal. El primero en salir a la palestra ha sido Bono -antes muerto que sencillo- para declarar que pone la mano en el fuego por Chaves y Griñán. Lo siento, Magdalena, de ti no ha dicho nada. Ha recurrido al mismo argumento manejado por el PSOE a lo largo de todo el tiempo que ha durado el proceso: no ha habido enriquecimiento personal. Los acusados no se han llevado ni un euro a su casa. Quizás a su casa no, pero a su pueblo parece ser que sí.

En cualquier caso, y esto es lo importante, ello no quiere decir que no haya habido lucro, y un lucro colectivo, pues sus beneficios se han extendido a todo el partido socialista. Un lucro no puntual, sino constante y permanente. Según parece, se ha creado a lo largo de diez años toda una trama de corrupción, una red clientelar (seguramente no habrá sido la única), que ha permitido al partido y a sus dirigentes perpetuarse en el poder. Hay una tendencia en la sociedad y en muchos comentaristas a restar importancia a la malversación de fondos públicos cuando no va unida al propio enriquecimiento. Lo cierto es que hay otras maneras, tanto o más corruptas que esta, cuya gravedad depende de la finalidad a la que se dedican los recursos. La inmoralidad de la financiación ilegal de un partido político se encuentra en que truca y rompe la neutralidad del juego democrático.

El dopaje de una formación política puede adquirir formas distintas de la aportación directa de recursos. La utilización, por ejemplo, de medios públicos para campañas de publicidad a favor de un gobierno; la creación de una red clientelar como en el caso que nos ocupa; el empleo de dinero público para llevar a cabo una rebelión contra la Constitución como en el independentismo catalán. Todas estas actuaciones son otras tantas formas de financiación delictiva de las formaciones políticas. El hecho de que la sentencia de los ERE no haya condenado al PSOE, al no haber habido aportación directa de recursos a la caja del partido, no quiere decir que (independiente de la calificación penal) no sea partícipe a título lucrativo, puesto que ha sido el principal beneficiario de la malversación.

Lo más jocoso de lo que ha ocurrido estos días es el intento desesperado de la dirección federal del PSOE por desentenderse del tema y hacer como si no tuviesen nada que ver en el asunto. Comenzando por Pedro Sánchez que ni está ni se le espera, y que ha dado la espantada por toda respuesta, y continuando por la rueda de prensa dada por Ábalos, propia de una antología del disparate político pretendiendo que en lo que ha ocurrido en Andalucía, el PSOE no ha tenido nada que ver, tan solo han sido unos cargos políticos de la Junta que pasaban por allí y que por casualidad ocupaban esos puestos.

Ábalos fue más allá, montó la defensa sobre un intento desesperado por mostrar una supuesta diferencia entre este caso y el de la Gürtel. El PSOE había sido totalmente transparente colaborando al cien por cien con las autoridades judiciales, y apartando de inmediato las manzanas podridas. El PP, por el contrario, había intentado ocultar la realidad, destruyendo pruebas y poniendo toda clase de obstáculos a la actuación judicial. Tales argumentos resultan un tanto irónicos y dejan descolocados a todos los que hayan seguido, aunque sea por encima, el proceso de los ERE. Los que hayan conocido la multitud de añagazas, trampas y dificultades que tuvo que sufrir la juez Ayala antes de dejar el proceso, y los retrasos, demoras y dilaciones que se produjeron después, no podrán por menos que tomarse a chirigota, aunque con indignación, las palabras de Ábalos.

La federación de Andalucía es lo suficientemente grande y tiene tal relevancia en el PSOE y en sus resultados electorales como para suponer que su dopaje influye en todo el ámbito del partido y que, en cierta forma, todos sus militantes son partícipes a título lucrativo de sus posibles fechorías. Por supuesto, en mayor medida cuanto más alto esté situado uno en la organización. Su secretario general, toda la dirección actual y el gobierno en su conjunto se han beneficiado de ese dopaje y seguramente a ese dopaje deben, al menos parcialmente, los resultados electorales de los que disfrutan y, por lo tanto, el cargo que ostentan.

Sánchez y su Gobierno persiguen aislar la responsabilidad en el ámbito del PSOE de Andalucía y en Susana Díaz, evitando el contagio, lo que no parece demasiado fácil, porque ¿qué serían Sánchez y Ábalos de no ser por el PSOE, incluyendo al PSOE andaluz? Es innegable que este escándalo toca de lleno a Susana Díaz, era consejera entonces y la sentencia mantiene claramente que la decisión fue de todo el Consejo de Gobierno. Además, fue designada por Griñán como su sucesora, y en este cargo obstaculizó todo lo que le fue posible el desarrollo del proceso; pero no es menos verdad que tanto Carmen Calvo como María Jesús Montero eran también consejeras en esa etapa, y que, al margen de las discrepancias que después pudieron surgir, Sánchez fue catapultado contra todo pronóstico a la secretaría general del PSOE por Susana Díaz y por el PSOE andaluz para evitar que Eduardo Madina ganase las primarias.

No resulta tampoco muy coherente la postura de Pablo Iglesias, él tan combativo contra la corrupción del PP, parece no importarle demasiado la del PSOE, con tal de salvar el pacto y, con él, los sillones. Cosas del pasado y del bipartidismo. ¿También pertenecen al bipartidismo sus amigos de Cataluña con el 3%, y con las malversaciones de recursos públicos destinados a la financiación del procés, es decir, a preparar el golpe de Estado?

Del hecho de que no haya habido enriquecimiento personal de los condenados se quiere concluir que no se les puede exigir a estos la devolución de las cantidades defraudadas. No es cierto. La responsabilidad contable atribuye una obligación subsidiaria a los autores de la malversación. Esto es, que en el caso de que no se pueda cobrar a los beneficiados, la exigencia del reintegro recae sobre las autoridades o funcionarios causantes de la pérdida de los recursos públicos.

La gravedad de la malversación cometida con los ERE radica en que no ha sido puntual ni singular. No es ocasional ni circunstancial. Es una corrupción sistemática y rigurosamente planificada desde arriba, desde las instancias más elevadas de la Autonomía y de la organización regional del PSOE. De forma premeditada, se estableció un sistema específico de concesión de las ayudas, al margen de todo procedimiento administrativo, y libre de los controles adecuados, en especial de la fiscalización del gasto. La finalidad, poder disponer de los recursos públicos con total discrecionalidad, cuando no con absoluta arbitrariedad.

Hay una correlación significativa entre la corrupción y la ausencia de fiscalización previa de la Intervención. Los políticos, bajo el pretexto de una gestión más ágil y moderna, tienen siempre la tentación de sacudirse el yugo de la intervención, y para ello crean todo tipo de organismos o entes de distintas formas jurídicas, pero con una característica común, la supresión o flexibilización de los controles. Puede ser que en un principio no se pretenda la defraudación, pero se ponen las condiciones para que surja y, con mucha frecuencia, esta se acaba produciendo. Casi todos los casos de corrupción se han dado allí donde no hay intervención previa o esta es muy débil, tal como en las Autonomías o en los Ayuntamientos.

Quedé gratamente sorprendido de que fuese un empresario, Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio de EE.UU. en España, quien el otro día en televisión pusiese el dedo en la llaga, señalando lo que vengo escribiendo con bastante frecuencia, que la corrupción anida principalmente en las Comunidades Autónomas. Es un defecto más, y no el menor, de nuestro Estado de las Autonomías. Otro motivo quizás para modificar la Constitución, pero no precisamente en la línea que quiere el PSC y que Pedro Sánchez está importando al PSOE.

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