¿Más autonomía?, ¿Para qué?

En ese intento de nadar y guardar la ropa, de pasar por constitucionalista, pero favorecer al mismo tiempo a los secesionistas, Pedro Sánchez ha proclamado que quiere reformar la Constitución para dar más autonomía a Cataluña. Hay, creo yo, una cierta confusión en el lenguaje. El calificativo autónomo predicado de un gobierno hunde sus raíces en la Ilustración. Si Montesquieu había proclamado la igualdad de todos ante la ley -Estado de derecho-, Rousseau da un paso más -Estado democrático-, y exige que esa ley se la den a sí mismos los ciudadanos. Gobierno autónomo, como contraposición al gobierno heterónomo, en el que la norma se impone desde fuera.

Un gobierno no es más autónomo por circunscribirse a un ámbito más reducido, sino por el mejor o peor funcionamiento de su sistema democrático. Hoy en España, los ciudadanos catalanes son tan soberanos como los extremeños, los murcianos o los castellanos. Su capacidad de decidir, su autogobierno, no quedan reducidos al ámbito de la Generalitat. El habitante de Barcelona decide en su ayuntamiento con otros barceloneses, en su comunidad con otros catalanes y en el Estado español con otros españoles. Es soberano en cada una de las administraciones según las respectivas competencias, ya que se puede afirmar que, dentro de las imperfecciones connaturales a todas las instituciones, en las tres se dan estructuras democráticas. En las tres, por lo tanto, existe autogobierno.

Sería ilógico que el ciudadano de Tarragona considerase como propio solo al gobierno de su municipio y contemplase como ajeno al gobierno de la Generalitat. Pues de igual manera resulta incoherente que un catalán, un vasco o un andaluz consideren como propio solo al gobierno de su Comunidad, y tengan al gobierno central por extranjero. En España en los momentos presentes, se ha creado el mantra de suponer que un Estado descentralizado es mucho más perfecto que uno jacobino, y que toda descentralización política es positiva. Lo moderno, tal como afirma Sánchez, es lo plural, mientras que lo unitario mira al pasado, es reaccionario. Pero, como en toda realidad político social, las cosas no son ni blancas ni negras, todo depende de las circunstancias y de muchas variables. En cualquier caso, lo moderno parece inclinarse por la unión y lo cantonal resulta ser lo antiguo.

Desde que se aprobó la Constitución no hemos parado de transferir competencias a las distintas Comunidades en un proceso de centrifugado que parece no tener fin. Hay signos más que evidentes de que nos hemos pasado de rosca y de que se ha creado una situación de descentralización extrema que, lejos de ser útil al ciudadano, ha generado disfunciones y desequilibrios notables. La estructura autonómica está siendo un fuerte factor de desigualdad entre los españoles. No solo es que exista una ostensible divergencia territorial de la riqueza, sino que esta diferencia se incrementa progresivamente y, lo que es peor, la respuesta del Estado y de los poderes públicos es diversa según cuál sea la Comunidad Autónoma en que se encuentra.

En un momento en el que los mercados están globalizados y se tiende a unidades políticas y económicas supranacionales, todo indica que se ha producido un exceso de transferencias a las Comunidades Autónomas creando todo tipo de disfunciones y perturbaciones. Desde una disparidad en la normativa tributaria con el correspondiente dumping fiscal entre las Autonomías, hasta la fragmentación de la sanidad pública en 17 porciones que restringen la asistencia a cada ciudadano dentro de los límites de su propia Comunidad Autónoma; desde los dispares contenidos en la enseñanza (historia, geografía, etc.) hasta la multiplicidad y divergencias en la normativa en materia económica que divide los mercados y menoscaba la competitividad.

La situación creada en España no aconseja precisamente continuar con el proceso de descentralización, sino todo lo contrario, corregir los excesos cometidos y ampliar las competencias del Estado. En el caso de Cataluña al igual que en el del País Vasco el grado acometido de descentralización es máximo, hasta el extremo de parecer que el Estado está excluido de estos territorios. Tan es así que los secesionistas catalanes, para justificar el golpe de Estado que iban a perpetrar, mantenían que ya en la práctica Cataluña era un Estado y que como tal se había comportado con motivo de los atentados terroristas. “Cataluña, decían, se ha ganado la independencia”. No parece que se pueda descentralizar más sin poner en grave riesgo no solo la unidad política sino también la social y la económica.

Sánchez ha proclamado que quiere conceder más autonomía a Cataluña. Lo que quiere decir que pretende dar más competencias a la Generalitat en detrimento del Estado ¿Para qué? No está claro que sea para beneficiar a la sociedad catalana pues, como ya se ha dicho, tan propio es de los catalanes el gobierno del Estado como el de la Generalitat y todo indica que en estos momentos la eficacia y la idoneidad de este último son bastante peores que las del primero. Es más, la calidad democrática resulta mucho más deficiente. Así que es muy posible que muchos catalanes prefieran que sea el Estado el que gestione determinadas competencias.

Las verdaderas razones hay que buscarlas en el deseo de contentar a los sediciosos, aunque no parece que estos estén dispuestos a conformarse con estas medidas y continúan con el erre que erre de la independencia. Difícilmente se puede tener la propuesta de Sánchez por acertada, a no ser que lo único que pretenda sea mantenerse en el gobierno. Las consecuencias no dejan lugar a dudas. Primera, se da la impresión de que la rebeldía, la ilegalidad, la subversión, el golpe de estado, la anarquía, tienen premio. No puede extrañarnos que surjan movimientos sediciosos en otras muchas Autonomías, sobre todo cuando existe el antecedente del País Vasco. Habrá quien asocie la situación privilegiada de esta comunidad al tema del terrorismo. Por más que siempre se dijera que la violencia no podía tener premio, está aquello del árbol y las nueces.

Segunda, a falta de pan buenas son tortas, y los secesionistas, sin renunciar a la independencia y sin abandonar su postura victimista, seguro que aceptan las nuevas competencias en el convencimiento de que les facilitarán en el futuro intentar de nuevo, y seguramente con más éxito, la asonada. Se puede dar la paradoja de que sea el propio Estado el que les esté suministrando los medios. Frente al nacionalismo, las cesiones nunca han servido para nada. El efecto ha sido siempre el contrario, dotarles de nuevas plataformas desde las que exigir reivindicaciones más importantes. Esta sí que no es la solución, mal que le pese a la ministra de Administración territorial, que no quiere imponer la Constitución a los sediciosos, sino más bien forzar a los demás catalanes y a todos los españoles a que aceptemos las exigencias de los golpistas.

www.martinseco.es