El relato de Sánchez de cara a las elecciones (I)

Si algo caracteriza a Pedro Sánchez por encima de cualquier otro aspecto es su condición camaleónica, es su capacidad de cambiar de relato y de afirmar hoy lo contrario de lo que declaró ayer. Ya lo decía su elocuente vicepresidenta: “Eso era antes de ser presidente”. Pues bien, ahora, de cara a las elecciones, le conviene dar un giro de 180 grados, va a procurar vender una apariencia radicalmente distinta de la realidad y presentarse como buen tartufo con una nueva careta. Por eso, si queremos juzgar los méritos y deméritos del doctor Sánchez habremos de fijarnos en sus obras y no en sus palabras. Si queremos intuir cómo se va a comportar en el futuro, no podemos fiarnos de sus promesas, sino que deberemos proyectar hacia adelante la historia pasada, no solo desde que es presidente del Gobierno, sino al menos desde su enroque en el “no es no”.

En esta campaña electoral va a intentar convencernos de que él no ha pactado con el golpismo, de que no ha hecho concesiones, y para ello agitará la ruptura de la negociación anunciada pomposamente el otro día. El que no haya cedido (más bien que no haya podido ceder) por ahora en la grande, no quiere decir que no haya cedido en muchas chicas hasta donde su propio partido y el clamor social se lo permitían, y tampoco garantiza que no esté dispuesto en ceder también en lo grande si se presentan condiciones más favorables. El mismo Tardá lo ha dicho: “Habíamos llegado ya muy lejos en el pacto”. Al independentismo, como siempre, le ha fallado la perspectiva y ha echado un órdago que en estos momentos el doctor Sánchez no podía aceptar.

Al grito de que hay que dialogar son muchas las concesiones que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho al golpismo. Les liberó del control que el Ministerio de Hacienda tenía sobre las cuentas de la Generalitat y que minimizaba el riesgo de que los fondos públicos se empleasen en preparar un nuevo golpe de Estado; trasladó a las cárceles catalanas a los sediciosos pretendiendo hacer pasar lo que era una mera recomendación de la ley, como obligación, cuando había muchos motivos para no hacerlo; retiró múltiples recursos que el anterior gobierno había interpuesto ante el Tribunal Constitucional acerca de ciertas leyes que habían sido aprobadas por el Parlament y sobre las que existían serias sospechas de que vulnerasen la Carta Magna. Y está consintiendo que en Cataluña los CDR impidan las manifestaciones legales que no les gustan y coaccionen y persigan a los no independentistas (jueces, políticos, policías, etc.).

La ministra de Justicia, para no incomodar a los sediciosos, pretendió dejar tirado al juez Llarena en la patética demanda judicial de Bruselas. Y por el mismo motivo forzó a la Abogacía General del Estado a cambiar la calificación en el proceso penal del 1-0. De igual forma, para agradar a los independentistas, varios miembros del Gobierno, entre los que se encontraba Pedro Sánchez, hablaron de indultos, de que creían que los procesados no debían estar en prisión provisional y de que pensaban que no había habido rebelión en el golpe de Estado de los independentistas.

Se han establecido relaciones bilaterales, creando múltiples mesas, entre el Gobierno español y el Consejo de Gobierno de la Generalitat, a pesar de que este se ha negado a participar de los foros comunes con otras Comunidades Autónomas. Con esta bilateralidad se pretende dar la impresión de que la negociación se establece entre dos poderes soberanos e iguales. Esa misma imagen es la que se ofrece cuando se acepta que la reunión entre el presidente del Gobierno español y el presidente del Consejo de Gobierno de la Generalitat se celebren alternativamente en Madrid y Barcelona. Además, se consintió que en el orden del día figurara el derecho de autodeterminación y la libertad de los presos del procés.

Pedro Sánchez mendigó en Pedralbes una entrevista con el supremacista Torras y, para conseguirla, el Gobierno accedió a celebrar, según los deseos de los independentistas, una mini cumbre con un comunicado final en el que se eliminó toda referencia a la Constitución. Así mismo, se aceptó recibir una lista de 21 puntos disparatados y ofensivos para el Estado español, tan disparados y ofensivos que el Gobierno ha preferido mantenerlos en secreto y solo se han conocido cuando la Generalitat ha creído que le convenía publicarlos.

Últimamente los intereses de Sánchez han estado asociados a la aprobación de los presupuestos y por eso se intensificó el cortejo a los golpistas. En este sentido, se han consignado en el proyecto de presupuestos unos créditos para inversión en Cataluña con un incremento desproporcionado y muy discriminatorio para el resto de Comunidades Autónomas, pero, además, se asumió el esquema del independentismo de crear mesas de negociación al margen de las instituciones y de nombrar lo que llaman un relator, y aun cuando el Gobierno ha pretendido minimizar la figura quitándole toda relevancia, lo cierto es que la referencia a una vieja aspiración de los independentistas, la de nombrar un intermediario de cara a poder internacionalizar el proceso, resulta inevitable.

Algunas de estas cesiones pueden considerarse aparentemente y a primera vista sin demasiada importancia, pero tienen un gran valor simbólico para los secesionistas y para su relato. El independentismo vive de símbolos: la bilateralidad, la intermediación, la supremacía frente al Estado. En política las cosas no son como son, sino como parecen. Y lo que parece y los independentistas quieren dar a entender es que hay una negociación entre dos estados soberanos, por eso se pretende que el diálogo se celebre en mesas bilaterales al margen de las instituciones de las Cortes y del Parlament.

El coro de botafumeiros que acompaña a Pedro Sánchez ha repetido sin cesar, para justificar lo injustificable, que el Gobierno no ha hecho nada ilegal y que no ha transgredido la Constitución. Solo faltaba. Es evidente que hoy por hoy es un paso que nadie puede dar. Pero la cuestión no es esa. El problema es que progresivamente se está facilitando el camino y dotando de armas a los independentistas para que, en un futuro, un nuevo golpe de Estado acabe teniendo éxito. La malignidad del fin, se quiera o no, se traslada a los medios. Si el fin es anticonstitucional, en cierta manera los medios también.

Frente a todas estas concesiones del Gobierno, el independentismo no ha dado un paso atrás en sus reivindicaciones, no ha aportado nada como no sea apoyar a Pedro Sánchez en la moción de censura y en otras múltiples votaciones. Aunque bien es verdad que esa era la finalidad del presidente del Gobierno. El diálogo no va dirigido a solucionar el problema de Cataluña, sino a conseguir mantenerse en el poder. De ahí que cuando comprobó que los independentistas no estaban dispuestos a retirar la enmienda a la totalidad en los presupuestos, escenificó la ruptura del tan cacareado diálogo con el pretexto de que el secesionismo pretendía discutir sobre el derecho de autodeterminación. Menudo descubrimiento, cuando en la primera entrevista de Sánchez con Torra ya se aceptó que figurase en el orden del día, junto al tema de los golpistas presos.

De cara a los comicios del 28 de abril, el sanchismo va a transmutarse, pretenderá convencernos de que no se ha doblegado frente a los sediciosos. Intentarán metamorfosearse, borrar todas las cesiones realizadas, que la sociedad se olvide de que el secretario general del partido socialista fue presidente del Gobierno gracias al apoyo de los golpistas, y tratarán de ocultar lo que aún es más grave: que está dispuesto a repetir la aventura y a constituir la misma mayoría después de las elecciones si es que los resultados lo permiten.

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