Aquí todos somos caudillos de nuestra cabeza

Cuenta Sánchez Albornoz en su libro “España un enigma histórico” que como el jefe de una de tantas mesnadas (bien de moros, bien de cristianos) que en el siglo XII recorrían los territorios salmantinos preguntase en un poblado quién era el señor de aquella aldea, recibió la siguiente contestación: “Aquí todos somos caudillos de nuestras propias cabezas”. Y es que quizás esa ha sido siempre una característica del ser español. Cada uno quiere ser caudillo de su propia cabeza. Cada pueblo, cada comarca, cada provincia, ha ansiado siempre desligarse y constituirse en autoridad soberana e independiente. De ahí que secularmente el anarquismo haya enraizado con tanta fuerza en nuestro país y me atrevería a decir que también del mismo modo la otra cara de la moneda, el liberalismo. Los extremos se tocan. España no es que sea más plural que otros estados, sino que es más anárquica, y cada uno quiere ser caudillo de su propia cabeza. En los momentos en los que las circunstancias políticas lo han permitido esta tendencia se ha hecho presente de la forma más estrambótica posible gritando “Viva Cartagena”.

Era previsible que la organización territorial del Estado creada en la Transición, con las Autonomías, fuera a enervar tales posiciones y sentimientos. La tentación se ha cernido especialmente sobre la izquierda, portadora en su ADN de esa idea anarquizante. En tiempos recientes, Podemos ha surgido como partido con un pecado original, la defensa del derecho a decidir de cada territorio, región o provincia. ¿Cómo negar entonces el derecho a decidir de cada agrupación, facción o grupúsculo dentro de la propia formación política? Las confluencias, lejos de ser tales, se van transformando en corrientes divergentes. Incluso llegan a contagiar a regiones poco dadas a la independencia como Andalucía y Madrid.

Errejón justifica su pacto con la alcaldesa de Madrid argumentando, con ese aire jesuítico que le caracteriza, que su intención era sumar dentro del ámbito de la izquierda, pero lo cierto es que, se quiera o no, y él tenía que ser consciente de ello, con su actuación lo que ha propiciado ha sido la división interna. Sostuvo, como si estuviese enunciando un axioma o una regla moral irrebatible: “La razón de las siglas no está por encima de la razón de las personas”. Planteado de esta forma suena bien, y parece convincente, pero cuando se profundiza lo que realmente se está afirmando es que las razones colectivas no están por encima de las individuales, en el bien entendido de que el individuo siempre se identifica con el “yo”.

La historia es vieja en política. Se asciende a través de la comunidad, del grupo y del partido, pero tan pronto como se llega arriba se cae en la tentación de declararse independiente y soberano y de pensar que las reglas generales no les competen. Errejón fue elegido por Podemos como cabeza de lista de la propia formación a la Comunidad de Madrid. Pero ha creído que la lista era suya y que la podía manejar a su antojo y sin someterse a ninguna regla. Carmena surgió del anonimato gracias a Ahora Madrid y a Podemos (fue quien era entonces secretario regional de esta formación quien la propuso), pero en cuanto se vio alcaldesa se dispuso a jugar a la autonomía y a la independencia.

Carmena no ha dejado de repetir que ella no es política, que no pertenece a ningún partido y que es independiente, y como independiente ha actuado todos estos años. Se ha movido en la confusión y en la anarquía, pero también, aunque parezca paradójico, en la autarquía. Ahora ha dado el paso definitivo y, como diría Errejón, abandona las siglas por las personas, por su persona, por su plataforma personal. No se siente obligada a ningún colectivo. La lista es suya y por eso afirma con la mayor tranquilidad, como si fuese un derecho innato, que no permitirá que le impongan ningún nombre. Reiteradamente he afirmado que las primarias fomentan en las organizaciones políticas el caudillismo. Ahora se da un paso más. Carmena, como Colau, no quiere primarias. Habla de listas participativas. Es decir, que participa solo quien ella designe. La lista es suya, siempre que gane y sea la alcaldesa, porque, de lo contrario, se marchará y abandonará a sus seguidores. Para no ser política y no tener ambiciones, va sobrada.

Carmena y Errejón, en ese extraño maridaje entre anarquía y prepotencia, en ese prescindir de lo colectivo y de la norma para declarar como única ley la propia voluntad, tienen cierto parecido con los golpistas catalanes. Estos han alcanzado y ocupan puestos de poder, porque la Constitución y el Estado español se los han concedido, pero desprecian a este mismo Estado español y se sublevan contra la Constitución y las reglas que les han sacado del anonimato. La anarquía es contagiosa. Si los mandatarios y líderes catalanes la practican, y saltan por encima de las leyes, ¿por qué los CDR no se van a sentir legitimados para instaurar cuando les apetezca el caos en Cataluña?: cortan carreteras y autopistas; deciden quién puede y quién no puede manifestarse y reunirse; escrachan a jueces, políticos y hasta a mossos de escuadra que consideran enemigos; amenazan, coaccionan y atentan contra la propiedad de los que no piensan como ellos. Cataluña, región sin ley ni democracia. El Gobern y el resto de cargos de la Generalitat que han defendido la legitimidad de transgredir el ordenamiento jurídico, en función de las razones personales, carecen de autoridad y se sienten impotentes -aunque quizás tampoco lo deseen- para implantar el orden.

El ejemplo cunde y los taxistas catalanes, viendo el comportamiento de los CDR, se preguntan que, si sus reivindicaciones están más fundadas, ¿por qué no van a actuar de forma similar al menos en lo que al orden público se refiere y ejercer para sus fines la misma presión social? Es más, si la Generalitat no procede frente a los CDR ¿por qué habría de actuar frente a ellos? Y no se equivocan, las autoridades de Cataluña ceden ante el caos. Y de los taxistas de Barcelona a los de Madrid. Unos y otros tienen sus razones seguramente derivadas de la dejadez e inoperancia de las autoridades municipales, que han permitido que la situación se pudriera y se creara un mercado secundario de licencias totalmente desproporcionado.

Pero sean cuales sean sus razones más o menos ciertas, la cuestión no radica en ellas sino en creer que esas razones personales están por encima del interés y de los derechos de la colectividad. La cuestión se encuentra también en la indolencia y dejación de funciones de las distintas autoridades. El espectáculo montado estos días por el sector del taxi ha sido realmente deplorable y sombrío. No es que los taxistas no tengan derecho a la manifestación y a la huelga como cualquier profesional, aunque hay quien afirma que es un cierre patronal y que está prohibido por la Constitución. En cualquier caso se trata de un servicio público y como tal debería estar sometido a una regulación precisa y a la vigilancia de su cumplimiento. Quizá muchos de los problemas actuales provienen de la desidia de los ayuntamientos que han permitido que el servicio prestado por este sector se haya ido deteriorando y que perdiera competitividad respecto a otras empresas que proporcionan servicios similares. En esta ocasión ni Carmena ni Colau han hecho el menor intento de establecer servicios mínimos, lo cual era previsible dados los planteamientos populistas y anárquicos que mantienen ambas alcaldesas en otros temas.

Especial responsabilidad ha tenido en esto de inhibirse y echar balones fuera el ministro de Fomento que, siendo consciente de la complejidad del problema, no dudó en quitarse de en medio y trasladarlo a las Comunidades Autónomas, aunque fuese a costa de crear una situación caótica con soluciones diferentes según la región. E inhibición también la de los responsables del orden público de la Administración central y de la Generalitat, que están permitiendo graves disturbios y fuertes restricciones en la movilidad de ciudades como Madrid y Barcelona, con daños graves para las poblaciones y para los intereses del Estado español. Han consentido que las razones particulares de un gremio primen sobre las normas, el orden público y el interés colectivo. Además, ceder a la coacción de los taxistas puede terminar costando una cantidad elevada de dinero al erario público, si este tuviera que asumir finalmente las indemnizaciones a las compañías de VTC.

Surge la duda de si la razón de esta pasividad no se encuentra en la inacción que la Generalitat mantiene respecto a los CDR y en la renuncia del Gobierno central a intervenir en Cataluña. Quizás se busque que la indolencia ante los desmanes de los taxistas sirva de alguna manera de coartada para excusar la apatía ante el caos que los golpistas están generando en Cataluña. Algo debe de significar el que una delegación de taxistas catalanes haya ido a Waterloo a postrarse a los pies de Puigdemont; que la Generalitat haya cedido a las primeras de cambio; que sea Tito Álvarez (Cataluña) el que capitanee a los taxistas de Madrid y que estos se hayan manifestado en Génova al grito de menos 155 y más 1/30.

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