Incoherencias sanchistas tras las elecciones andaluzas

Parece que la política se ha convertido en el tablado de los disparates. La lógica ha desaparecido. Las afirmaciones más contradictorias son formuladas con el mayor descaro y sin ningún rubor. Se miente sin recato y, lo que es más preocupante, se supone que todos somos tontos, que no sabemos sumar dos con dos y que no nos vamos a dar cuenta de las enormes incoherencias que se barajan. Las elecciones andaluzas han contagiado de amnesia a todos los sanchistas. Afirman ahora reiteradamente que debe gobernar quien gana las elecciones, como si Pedro Sánchez no hubiese perdido todos los comicios.

El ínclito Ábalos, con la intención de meter el dedo en el ojo a Susana Díaz, vino a decir en rueda de prensa que cuando se perdían las elecciones había que renunciar al liderazgo por el bien del partido; y eso lo aseveraba el valedor de Pedro Sánchez, quien se negó a dimitir después de haber perdido dos veces consecutivas las elecciones generales, cosechando en cada una de ellas un nuevo récord de malos resultados en la historia del Partido Socialista; y dirigía el dardo al PSOE andaluz que, aunque perdiendo muchos escaños, ha sido la fuerza más votada en estos comicios. Bien es verdad que, de acuerdo a lo que nos tienen ya acostumbrados los sanchistas, el ministro de Fomento no ha tenido más remedio que desdecirse, y pretender convencernos de que no había dicho nada de lo que dijo. La postura firme de la hasta ahora presidenta de la Junta de Andalucía, dispuesta a presentar batalla, y el descontento generado dentro del partido han aconsejado a Sánchez y a sus huestes posponer la lucha para más adelante, que no a renunciar a sus objetivos.

El secretario general del PSOE y sus acólitos quieren persuadirse y persuadirnos de que la culpa de la debacle en Andalucía la tienen Susana Díaz y el PSOE andaluz, y aducen para ello que a la dirección regional se le concedió total autonomía para convocar y dirigir las elecciones. No digo yo que parte del fracaso no se deba a los errores y abusos cometidos por el Gobierno de la Junta durante 36 años, pero resulta evidente que en igual o mayor medida ha tenido que ver en el resultado la situación creada en España por el sanchismo y por la moción de censura.

La arrogancia y el fanatismo mostrados por los independentistas catalanes están generando una profunda indignación en toda la sociedad española, que se convierte en enojo y reprobación frente al Gobierno al contemplar la permisividad y las concesiones hechas por Pedro Sánchez con la única finalidad de mantenerse en el poder. Por otra parte, la errática y un tanto demagógica política del presidente del Gobierno en el tema de la migración no ha sido la más adecuada para pacificar y tranquilizar los ánimos en una materia tan sensible para grupos específicos pero numerosos de la población. No tiene nada de extraño que el sanchismo haya sufrido un importante castigo en los primeros comicios que se han celebrado tras su llegada al poder, aunque hayan sido regionales, y constituyen, por tanto, anuncio de lo que puede ocurrir, a pesar de Tezanos, en futuras elecciones.

Hay dos señales bastante claras de que en el resultado en Andalucía ha intervenido en una porción importante la política nacional. La primera consiste en el hecho de que los votos perdidos por el PSOE no se han dirigido a Podemos, como sería lógico si los votantes socialistas hubieran pretendido únicamente castigar al Gobierno de la Junta. Podemos no ha rentabilizado la debacle del PSOE. Todo lo contrario, también ha perdido votos y escaños. Lo que es coherente con el hecho de que la formación morada en el tema catalán y en el de la emigración tiene posturas más extremistas que las del propio Pedro Sánchez.

La segunda es que los malos resultados de las formaciones de izquierdas en las elecciones andaluzas se corresponden con la fulgurante aparición de un partido como VOX, que ha basado toda su campaña no en los temas regionales, sino en la política nacional, haciendo especial hincapié en los temas de Cataluña y de la migración. De ello se ha dado cuenta, aunque tarde, la hasta ahora presidenta de la Junta que ha manifestado, tal vez como contestación y reproche a los sanchistas, que se arrepiente de haber enfocado toda la campaña en clave exclusivamente andaluza.

De la cascada de desatinos no se libra nadie. La propia Susana la misma noche de las elecciones proponía (después ratificada por Ábalos) un cordón sanitario alrededor de VOX. Lo calificaba de partido anticonstitucional y anatematizaba todo posible pacto con esta formación política, incluso el hecho de apoyarse en sus votos para llegar a la presidencia de la Junta. Y esto se defendía desde ese mismo PSOE, cuyo secretario general desertó de los partidos constitucionalistas con el único objetivo de llegar a ser presidente del Gobierno apoyándose en los golpistas, y que no tiene reparo alguno en gobernar con todos aquellos que de una u otra forma ponen en solfa la Constitución.

El culmen del desvarío se encuentra, como casi siempre, en el discurso de la ministra de Justicia. Con todo el descaro, tildó a Vox de partido anticonstitucional mientras negaba tal calificación a los golpistas y a todos aquellos que defienden el derecho de autodeterminación. Da la sensación de que Sánchez, dados su desparpajo y su facilidad para la mentira, la emplea como perro de presa o avanzadilla en el mundo de la incongruencia.

Aciagos tiempos en los que las cosas más evidentes necesitan aclaraciones. Debería aceptarse sin demasiados problemas que ni las personas ni las formaciones políticas pueden ser calificadas de anticonstitucionales por el simple hecho de discrepar de alguna o de muchas disposiciones constitucionales; tampoco incluso porque mantengan entre sus objetivos el modificar la Carta Magna, siempre que el cambio se pretenda hacer por los procedimientos establecidos en la propia Constitución. De la ley a la ley. De lo contrario, serían muchas las personas y la gran mayoría de los partidos a los que habría que tildar de anticonstitucionales, puesto que al que más y al que menos no le satisface algún aspecto de la Carta Magna y desearía que se cambiase. Bien es verdad que las discrepancias en los elementos a reformar serían numerosas y muy profundas. El mismo presidente del Gobierno demanda con insistencia la modificación de la Constitución, haciendo del cambio una especie de comodín y de amuleto político.

El término anticonstitucional deberíamos reservarlo para los que pretenden cambiar la Constitución prescindiendo de los procedimientos legales que la propia Constitución señala, es decir, desde la fuerza. El calificativo, por tanto, les cuadra a los nacionalistas catalanes no en cuanto independentistas sino en cuanto golpistas. Es su determinación de no respetar la Constitución y de conculcarla prescindiendo de la ley la que les incluye en esta categoría. Incluso, el resto de los socios de Sánchez se mueven en una cierta ambigüedad; al menos, se sitúan en el filo del marco constitucional cuando defienden los referéndums de autodeterminación de las distintas partes de España.

Vox es un partido nuevo que está prácticamente por estrenar. Resulta difícil, por lo tanto, conocer completamente su ideario, pero hasta ahora no parece que tengan intenciones de propiciar un golpe de Estado, lo cual no es poco en unas coordenadas en las que varios partidos ya lo han dado y algunos otros defienden a los golpistas. No se puede decir que sea una formación política anticonstitucional, aun cuando quiera cambiar algunos aspectos de la Carta Magna, por muy importantes que estos sean, siempre que lo pretenda por los cauces legales. En eso no hay mucha diferencia con el presidente del Gobierno. Bien es verdad que las apetencias van en sentido contrario, pero tan legítimas son unas pretensiones como las otras.

Están en contra del Estado de las Autonomías, pero igual que otros muchos españoles, cada vez en mayor número, que lo juzgan el mayor error de la Transición y de nuestra ley fundamental. Puede ser que tengan razón, aunque bien es verdad que su desaparición hoy por hoy es una demanda sin ninguna posibilidad de prosperar, ya que están en juego los muchos intereses de una clase política surgida en cada una de las Comunidades al amparo de la descentralización política y que no está dispuesta a que se modifique el statu quo.

Que yo sepa ni la ley de violencia de género ni la de la memoria histórica están en la Constitución y desde luego no constituyen dogmas de fe que no se puedan cuestionar en algunos de sus planteamientos. En política, tan lícito es defenderlas como criticarlas. Y no pueden servir de excusa para excomulgar a una formación política. En democracia, dentro de la ley, todas las opiniones son respetables, aun cuando se puedan combatir y refutar. Cada partido político puede llevar en su ideario lo que juzgue conveniente. Incluso en España permitimos entrar y permanecer en el juego político a las formaciones que declaran entre sus objetivos la independencia de una parte de España. Otra cosa es si deberíamos admitirlas cuando su programa enuncia claramente su voluntad de delinquir, por ejemplo, de perpetrar un golpe de Estado.

Vox mantiene, a mi entender, muchos planteamientos retrógrados, como ese fundamentalismo religioso que chirría, pero en España el fundamentalismo de toda clase abunda. En materia económica es rabiosamente liberal, pero si fuera por eso casi ningún partido pasaría la criba. Defiende un tipo único en el IRPF, aunque tampoco en ello es original, ya lo propuso el PSOE de Zapatero con Jordi Sevilla y Carlos Sebastián hace bastantes años. Los sanchistas tildan a VOX de extrema derecha, lo que es una obviedad, ya que si nos empeñamos en ordenar el arco político de izquierda a derecha (aunque está bastante complicado, dado el lío existente) alguna formación tendrá que situarse en el extremo de la izquierda y alguna otra en el extremo de la derecha, pero que sean extremos no quiere decir que haya que aislarlos o considerarlos tabú, tal como pretende con todo el descaro el Gobierno con el fin de no perder la Junta de Andalucía. El culmen de la ridiculez y del desatino en ese afán histérico de aislar a VOX llega cuando Susana Díaz afirma que, si no computamos a la extrema derecha, la izquierda ha ganado las elecciones andaluzas. Algún chistoso apostilló, si no se computan las patatas fritas, la hamburguesa, la coca-cola y el helado, hoy he comido ensalada.

El utilizar como modelo a otros países europeos carece de recorrido ya que cada nación tiene sus propias características y hay ejemplos en esto y en todo para los gustos más dispares. En algunos como Alemania se da la gran coalición y aquí Pedro Sánchez ha considerado más ético pactar con los golpistas que con la derecha de Rajoy, aunque, según aparece ahora, no era extrema. El cuestionamiento de la Unión Europea, que no es privativo de la extrema derecha (debería serlo más bien de una izquierda consciente), tiene su origen en las contradicciones y defectos del propio proyecto y en el comportamiento errático de los partidos que se confiesan paladines del europeísmo. Estos últimos, más que intentar aislar a las formaciones políticas euroescépticas, deberían preguntarse por qué estas cuentan cada vez con más y más adhesiones.

Pablo Iglesias tampoco ha estado muy fino ni muy coherente. Frente a los cuatrocientos mil andaluces que han votado a VOX, ha reaccionado llamando a la movilización en la calle contra el fascismo. Los que de verdad hemos conocido el fascismo ya lo tenemos casi olvidado, pero recordamos lo suficiente para ser conscientes de que en su esencia se encuentra el anteponer la algarada en la calle a las elecciones. Por ello, no parece demasiado congruente convocar una protesta contra un resultado de las urnas que no nos gusta, o que nos ha sido desfavorable, bajo el eslogan de que hay que rechazar el fascismo. Alguien podría pensar que el fascismo está en la propia manifestación. De todas formas, es curiosa la facilidad con la que hoy se emplea la palabra fascista. Existe el peligro de que, de usarla indebidamente, termine perdiendo todo contenido, amén de que se utilice como comodín para olvidar otras batallas más actuales, porque desde hace ya bastantes años el verdadero enemigo de las clases populares no se encuentra en un fantoche artificialmente creado y al que ponemos por nombre fascismo, sino en algo mucho más real, aunque en buena parte también transversal, el neoliberalismo económico.

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