Un antes y un después de la moción de censura

Entre las muchas supercherías y estulticias a las que nos tiene acostumbrados Carmen Calvo, ha surgido con propio esplendor su afirmación acerca de que el Presidente del Gobierno no ha cambiado de opinión referente a no calificar de rebelión la actuación de los procesados por el golpe de Estado perpetrado en Cataluña. Razón, que cuando mantuvo la opinión contraria no era Presidente del Gobierno. Un perfecto acto fallido de tipo freudiano. Supongo que no quería decir lo que dijo, pero lo dijo.

Aparentemente la frase es una estupidez, pero en una segunda lectura tiene su sentido, porque en la realidad política española hay un antes y un después respecto de la moción de censura con la que Pedro Sánchez logró apoderarse del gobierno. Lo que hace a este suceso tan especial no es que lo haya conseguido tan solo con 85 diputados. Ello sería totalmente lícito tras alcanzar el apoyo de otros partidos, el problema se halla en que entre estas formaciones políticas, como pieza necesaria, se encuentran las que han protagonizado un golpe de Estado y se mantienen en él, sin dar ningún paso atrás. Sanchez se ha sentido muy ofendido porque Casado le ha reprochado ser partícipe del golpe de Estado. Al menos, lo es a titulo lucrativo. Es presidente del Gobierno gracias a los secesionistas.

El hecho de que sean golpistas los que han nombrado al Presidente del Gobierno cambia todo y contagia todo. Toda actuación posterior del Ejecutivo está contaminada, y convierte en sospechosas todas sus acciones. No hay por qué extrañarse, por tanto, de los múltiples despropósitos y tropelías que desde entonces están sucediendo. El discurso y el comportamiento de Sánchez tienen su razón de ser a la luz de esta realidad. Es perfectamente explicable, que Pedro Sánchez mantuviese hace varios meses que el delito cometido por los secesionistas era de rebelión y defienda ahora todo lo contrario.

En realidad, estas últimas declaraciones corresponden a un proyecto perfectamente planificado y concertado con los separatistas, que se desarrolla por etapas y va destinado a conseguir la liberación de los procesados o, al menos, a minimizar la calificación de los delitos. Primero fueron las múltiples manifestaciones de algunos miembros del Gobierno mostrando sus preferencias por la libertad de los presos. Más tarde, fue la postura infame adoptada por el Ministerio de Justicia, en contra de los informes de la Abogacía del Estado, acerca de no dar asistencia jurídica al juez LLarena con el pretexto de que se trataba de declaraciones privadas, postura que no tuvo más remedio que rectificar por la contestación que suscitó entre jueces y fiscales.

Posteriormente, se lanzó al ruedo a Pascual Salas, ex presidente del Tribunal Supremo, siempre tan diligente en prestar buenos oficios al PSOE en todos los puestos de relevancia que viene ocupando interrumpidamente desde 1982 hasta 2013 (Tribunal de Cuentas, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional), gracias al manto protector del partido socialista. Lógicamente se ha avenido, sin poner ningún reparo, a negar la existencia de violencia en el golpe de Estado y, en consecuencia, la comisión del delito de rebelión por los procesados. En esta plaza invitaron a intervenir también a López Garrido, que se ha apresurado a repetir que en este caso no se podía aplicar el art. 472 del Código Penal y, para afianzar su postura, añade que a él se lo iban a decir, que había sido su redactor. Ahora se explica  por qué este artículo da lugar a tantas dudas y a interpretaciones tan diversas.

Es en esta secuencia donde hace su aparición en el Congreso el Presidente del Gobierno para contradecir lo que había dicho hace algunos meses Pedro Sánchez y servir así de telonero a la acusación presentada por la Abogacía del Estado, que se desdice de la postura anteriormente adoptada y varía la calificación penal de rebelión a sedición. Se confirma una vez más que hay un antes y un después de la moción de censura. En esta ocasión el estiércol llega al Ministerio de Justicia y hasta a la Abogacía del Estado.

Por último, (pero solo por ahora, porque la procesión no ha terminado) se encuentra la salida apoteósica a lo Robin Hood de Pedro Sánchez en el tema del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados sobre las hipotecas. En su estrategia de pinchar el proceso penal de los secesionistas, no pierde la menor ocasión de desacreditar y censurar al Tribunal Supremo, aunque hay que reconocer que en esta ocasión el Supremo le ha dado la excusa perfecta para hacerlo. Mucho habría que escribir acerca de la demagogia y el oportunismo mostrados por todos los partidos políticos y del grado de intoxicación pública que se ha generado. Quizás merezca analizarse en otro artículo.

Decía más arriba que la procesión no ha terminado. La ofensiva está solo comenzando. Es de suponer que el Gobierno deseaba que la Fiscalía también hubiese rectificado en este momento procesal, lo que le ha resultado imposible conseguir, ya que esta institución goza de más independencia que la Abogacía del Estado y el escándalo, de haberlo intentado, habría sido mucho más sonoro. No es disparatado pensar que lo procurará de nuevo al final de juicio.

En cualquier caso, la intromisión del Gobierno en la Abogacía ha sido tan burda y el escrito de acusación, tan deficiente que los abogados del Estado destinados en el Supremo se han negado a firmarlo. La Abogada General del Estado, para dar gusto al Ejecutivo, se ha visto en la obligación de avocarlo. Me imagino la irritación que se habrá apoderado de todo el colectivo.

La torpeza de este Gobierno se manifiesta, entre otras cosas, en que cuando pretende justificar sus actuaciones las empeora. Buen ejemplo de ello ha sido la intervención del Secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento pretendiendo defender la intromisión del Gobierno en la Abogacía. Ha dejado al descubierto la concepción que los sanchistas tienen de la Administración como un cortijo a su servicio. Ábalos se extraña de la polémica creada. No hay lugar para la crítica porque, según él, lo normal es que el Gobierno use a los abogados del Estado. Según dice, él los usa en el ministerio. El traspié es considerable. Porque una cosa es que el Gobierno o un ministro puedan pedir un informe o un dictamen a la Abogacía del Estado y otra cosa muy distinta es que el Gobierno o el ministro le dicten el contenido del documento. No digo que no se haya hecho nunca, pero es diferente hacerlo que vanagloriarse de ello. Y desde luego tampoco es lo mismo un informe, o incluso un dictamen, que una acusación penal en un proceso de tanta importancia.

La rectificación adoptada por la Abogacía del Estado puede tener también un efecto perverso a largo plazo. En el caso de que el Tribunal Supremo termine condenando a los procesados por rebelión y estos decidan recurrir a Estrasburgo o al Tribunal de Justicia europeo, será la propia Abogacía del Estado la que tenga que defender ante estas instituciones la sentencia del Supremo. ¿Qué credibilidad podrá tener entonces si en España ha mantenido la postura contraria?

El Gobierno tiene esperanza de que el hecho de haber forzado a la Abogacía del Estado influya en el proceso, tanto más cuanto que confía lograr que más adelante la Fiscalía también realice el mismo giro. A pesar de ello, no descarta el hecho de que la sentencia pueda ser desfavorable, y por eso mantiene dos bazas de cara a contentar a sus socios golpistas. La primera, el indulto. Pedro Sánchez se ha negado a contestar todas las veces en las que en sede parlamentaria se le ha preguntado si descartaba indultar a los procesados por el golpe de Estado. Además, mantiene bloqueada en el Congreso la ley del indulto, en cuya aprobación tendría que pronunciarse acerca de si está de acuerdo en eliminar la posibilidad de indulto para los delitos de rebelión y sedición. El mismo hecho de que la calificación de la Abogacía del Estado haya cambiado puede ayudar a que el indulto sea más asimilable para la opinión pública.

En segundo lugar, está la baza de los tribunales internacionales. He ahí una razón más para que el Gobierno esté sembrando dudas acerca de la postura que mantiene el Tribunal Supremo, incluso aliándose con aquellos que pretenden minar su prestigio. Es evidente que las razones de los magistrados españoles quedan deterioradas si es el propio Gobierno de España el que discrepa y las critica. Algunos de los miembros que hoy componen el Consejo de Ministros se quejaban hace tiempo de que el Gobierno anterior no había sabido combatir el relato de los secesionistas en los foros internacionales. Es posible. Pero resulta difícil creer que la situación no haya empeorado cuando es el propio Gobierno el que acepta parte de su discurso y pretende situarse una vez más en una tercera vía.

Dadas las manifestaciones airadas de los golpistas, se podría pensar que las cesiones que está realizando el Gobierno no son suficientes. Torra ha acusado a Sánchez de ser cómplice de la represión que, según él, sufre el independentismo catalán y, de manera altisonante, rayando casi en el exabrupto, afirma: “Nosotros, el pueblo de Cataluña, le retiramos el apoyo y le decimos que no votaremos los presupuestos”. Es curiosa la tendencia que tienen los secesionistas en identificarse con todo el pueblo de Cataluña. Para ellos, todos aquellos que no son independentistas no son catalanes. Pero, al margen de ello, se tiene la impresión que todos esos bramidos tienen mucho de teatro, de actuación de cara a la galería, para el consumo interno de su clientela.

Todo indica que hay mucho más acuerdo y avenencia de lo que unos y otros dejan entrever. De ahí que no se rompan las comisiones bilaterales, en las que claramente la Generalitat está obteniendo pingües beneficios y privilegios, y que el presidente del Gobierno mantenga la idea de celebrar un Consejo de Ministros en Barcelona y esté dispuesto a entrevistarse con Torra en la Generalitat, lo que constituye un agravio manifiesto para todas las otras Comunidades y un reconocimiento de la negociación de poder a poder que tanto han ansiado siempre los independentistas.

Los golpistas saben que su única baza hoy por hoy es Pedro Sánchez. No tienen otra alternativa. No en vano era el ahora Presidente de la Generalitat, el que dos años antes, en aquella noche de los cuchillos largos, cuando tan solo era un activista, gritaba como un energúmeno más, a las puertas de Ferraz, defendiendo a Pedro Sánchez frente al Comité Federal del PSOE que exigía su dimisión. Es un hecho que parece haberse olvidado, pero que es sumamente significativo. El independentismo más xenófobo y radical lo ha tenido siempre claro, vociferen lo que vociferen, no duda de que su única salida es Pedro Sánchez. No sé si al final los partidos secesionistas aprobarán los presupuestos de 2019, pero, de no hacerlo, no me cabe duda de que prestarán su apoyo al Gobierno para que se mantenga mediante decretos leyes.

Pedro Sánchez, desde el mismo momento en que decidió aceptar el apoyo de los golpistas para su investidura, era consciente de que se desposaba con ellos para el resto de la legislatura. Después de haberse negado desde la oposición a cualquier negociación con el Gobierno, no podía esperar nada ni del PP ni de Ciudadanos. No dejan de sorprender las palabras de la Ministra de Economía acerca de que le resulta difícil de entender que haya partidos que ni siquiera quieran sentarse a discutir los presupuestos. Debe de ser que su estancia en Bruselas la ha desconectado de la política española y del comportamiento en la oposición del su ahora jefe. Para astronautas, ya tenemos al de Ciencia, Innovación y Universidades.

Pedro Sánchez sabe que solo tiene dos alternativas, o convocar elecciones o aparearse con los golpistas, y no está dispuesto de ninguna forma a disolver las Cortes. “Si Dios no existe, todo está permitido”, frase con la que el Iván Karamazov de Dostoievski pasó a la posteridad. No sé si era ese mismo objetivo el que conducía hace poco a unMministro de Sánchez a pronunciar una expresión en cierto sentido contrapuesta: “En política, no todo está permitido”. Pues bien, Pedro Sánchez no parece estar de acuerdo con su ministro. Él debe de pensar que, en política, con Dios y sin Dios, todo está permitido.

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