El cacao fiscal del Gobierno

El doctor Sánchez, puestos a plagiar, ha copiado al xenófobo Torra y para festejar sus 100 primeros días de gobierno montó en la Casa de América todo un espectáculo, con fuegos artificiales incluidos; un gran show al que invitó a todos los que consideró personajes importantes del Reino, para que fueran testigos de su aparición apoteósica llena de luces y efectos especiales y del anuncio que iba a realizar, del que los palmeros de la Moncloa habían adelantado ya su carácter de trascendental.

Y la montaña parió un ratón. Sin haberlo pactado con ningún otro partido y solo con sus  84 diputados, prometió, nada más y nada menos, que una modificación exprés de la Constitución, en 60 días y no para algo importante, sino para eliminar los aforamientos. Pero al día siguiente supimos que no se trataba de todos, sino solo de los de los políticos, que son una proporción muy pequeña del total; y tampoco para todos los procesos judiciales, sino únicamente para los que hacen referencia a su vida privada. Total, que el efecto del anuncio duró dos días o un día y medio. Más tarde han afirmado que también se suprimirían los aforamientos por delitos de corrupción. En resumen, que no saben qué hacer ni cómo hacerlo y por eso, cosa insólita, lanzan la pelota al Consejo de Estado sin presentarle ningún texto escrito.

Así ocurre con la mayoría de las promesas que está realizando este Gobierno. Son conscientes de que no está en su mano cumplirlas (si lo estuviera, quizás no las prometerían) pero les sirven para la propaganda electoral. Sánchez pretende lanzar el siguiente mensaje: por mí no queda, son los otros partidos los que ponen palos en las ruedas. Con estos mimbres es muy difícil saber qué quieren hacer con los impuestos. De hecho, los anuncios y contra anuncios se han multiplicado. Pero, en cualquier caso, se han dicho tantos disparates que conviene aclarar por lo menos algunos de ellos.

De lo poco que hasta ahora han confirmado es que quieren elevar 2 o 3 puntos el tipo marginal del IRPF para rentas superiores a 140.000 euros. La ministra lo ha corroborado el otro día en la Cope, lo cual no quiere decir que no se desdiga o que finalmente no consigan aprobar la medida. Parece que la demanda procede de Podemos, pero me temo que ni unos ni otros saben de lo que están hablando. La medida anunciada se dirige, según dicen, a los que obtengan una renta superior a 140.000 euros anuales. Lo cual tenía sentido con anterioridad a 1996, en que el IRPF era un impuesto personal y sintético que recaía sobre la totalidad de los ingresos del contribuyente, que se acumulaban, fuesen de la clase que fuesen, en una sola base imponible, a la cual se le aplicaba una única tarifa progresiva. Pero a partir de esa fecha el impuesto deja de ser sintético, y se fractura en dos bases imponibles, que nunca se agregan, con sus respectivas tarifas.

En la actualidad, una se denomina general y engloba las rentas de trabajo, pensiones (incluyendo el rescate de los fondos) y alquileres, y otra que llaman eufemísticamente del ahorro, pero que lo que realmente grava son las rentas de capital de cualquier clase y con tipos mucho más reducidos que los de la tarifa de las rentas del trabajo. Por eso no se puede hablar de contribuyentes con rentas superiores a 140.000 euros. Sin sumar las bases ni siquiera se puede saber quiénes son.

Supongo que lo que intentan afirmar es que se elevará 2 o 3 puntos el tipo marginal de la tarifa general a los contribuyentes que tengan bases imponibles del trabajo, superiores a 140.000 euros, sean cuales sean sus ingresos de capital, que continuarán tributando al mismo tipo. Enunciado así, el tema presenta una serie de contradicciones difíciles de justificar.

  • Es evidente que no se puede afirmar que se sube el impuesto a los contribuyentes cuya renta sea superior a 140.000 euros. Habrá muchos con ingresos muy por encima de esta cantidad al sumarles la renta de capital y a los que la medida no les afecte en absoluto.
  • Incluso, al no acumular en el impuesto los distintos tipos de ingresos en una sola base imponible, resulta casi imposible discriminar por el total de la renta.
  • Es difícil de creer que el objetivo de la medida sea gravar más a los ricos, si las rentas de capital se dejan al margen. Y no es que yo no crea que existe una gran desigualdad entre las propias rentas de trabajo (solo hay que considerar las desorbitadas remuneraciones, indemnizaciones y fondos de pensiones de los altos ejecutivos de las grandes empresas y multinacionales) y, por lo tanto, la conveniencia de aplicar una tarifa progresiva, pero la no acumulación de las rentas de capital deja todo repleto de lagunas y paradojas.

Cualquier reforma que se pretenda hacer desde la izquierda tiene que comenzar por retornar a un impuesto sintético con una sola base imponible y una sola tarifa. Lo demás son juegos de artificio. En primer lugar, no parece muy justo que las rentas de capital en todas sus modalidades tributen a un tipo más reducido, especialmente en los tramos superiores de ingresos. Tal planteamiento contradice la teoría tradicional de la Hacienda Pública que distingue entre rentas fundadas (las de capital) y no fundadas (las del trabajo) y, puestos a discriminar, defiende que las primeras tengan un trato más severo que las segundas, ya que están asentadas en un patrimonio con el que siempre contará el contribuyente, mientras que los que tienen únicamente rentas no fundadas solo disponen de su trabajo. En segundo lugar, la separación de rentas reduce la progresividad del impuesto, porque todos los que tienen conjuntamente ingresos de trabajo y de capital tributarían seguramente a un tipo superior si todas las rentas se acumulasen dentro de la misma base imponible.

La discriminación favorable a las rentas de capital se intenta justificar por la libre circulación de capitales y la amenaza de deslocalización. Se exagera el argumento interesadamente. Una cosa es la ubicación de las empresas y otra la residencia personal, y el IRPF atiende a esta última variable, con independencia de dónde se tenga invertido los recursos. A la hora de elegir la nacionalidad y la residencia, la fiscalidad es una variable de segundo orden. Por otra parte, pretender evitar la deslocalización a base de ventajas fiscales es un proceso al infinito, porque resulta evidente que los países competidores responderán de la misma forma. Además, de los treinta países de la OCDE, solo hay cuatro, y con características muy distintas al nuestro, que mantengan un impuesto dual: Suecia, Holanda, Noruega y Finlandia. Incluso Dinamarca, que fue el primer Estado en implantarlo, ha dado marcha atrás retrocediendo al IRPF convencional.

En una entrevista en el programa El Objetivo, de la Sexta, el presidente del Gobierno afirmó con todo el descaro que “La gente rica no paga el IRPF, eso lo tengo claro, porque tienen las SICAV, el impuesto de patrimonio, el impuesto de sociedades…”. El doctor Sánchez no debió de asistir a clase el día que tocó hablar de impuestos. Claro que los ricos pagan el IRPF. Otra cosa es que paguen todo lo que deberían pagar, entre otros motivos porque las rentas de capital no se engloban en la tarifa general y, además, tributan a un tipo mucho más reducido y ni el Gobierno de Zapatero hizo nada para evitarlo ni el Gobierno de Sánchez parece que tenga intención de remediarlo.

El presidente del Gobierno ha oído campanas y no sabe dónde. “Tienen las SICAV, el impuesto de patrimonio, el impuesto de sociedades…”.  Ahora resulta que aquellos que Pedro Sánchez llama ricos se libran de tributar por el IRPF gracias a los impuestos de patrimonio y sociedades, cuando precisamente es al revés. Estos impuestos, si funcionasen bien, tendrían que ser complementarios del IRPF y actuar con el de sucesiones de cierre del sistema, y gravar aquellas rentas que los poseedores de capital embalsan en sociedades y que, al no repartirse en forma de dividendos, no se imputan de forma inmediata al IRPF.

El recurso a las SICAV y a otras sociedades patrimoniales es recurrente. Si a través de ellas las grandes fortunas de este país no tributan todo lo que deberían en el IRPF es porque los gobiernos -este y los anteriores- quieren. La solución no es demasiado complicada, bastaría con acudir a un instrumento antiguo, lo que se ha llamado régimen de transparencia. Imputar directamente a los socios en el IRPF los beneficios de aquellas sociedades que tienen como único fin administrar el patrimonio de una persona, de una familia, incluso de un grupo de amigos. Si la administración tributaria ha actuado frente a aquellos autónomos que se escudaban detrás de una sociedad, lo mismo puede actuar frente a los grandes patrimonios que se cobijan también dentro de una sociedad. En cuanto a las SICAV, Sánchez puede preguntar a sus correligionarios Solbes y Zapatero y a sus actuales socios del PDeCAT cómo paralizaron y anularon las actuaciones de la inspección sobre aquellas SICAV que estaban practicando fraude de ley.

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