La inmigración en el caos europeo

La semana pasada en este diario digital terminaba yo un tercer artículo sobre la inmigración, señalando la conveniencia de dedicar otro, un cuarto, a encuadrar el fenómeno en la Unión Europea. Adelantaba ya el temor de que lo que debía ser la solución fuese más bien el problema, y es que por desgracia estamos acostumbrados a que en la UE todas las cuestiones se enredan y se agravan debido a que es y no es, quiere serlo, pero no puede. Se establece la libre circulación de capitales, pero no se armonizan los sistemas fiscales, laborales y sociales; quiere ser Unión Monetaria pero no acepta ni la integración presupuestaria ni la política; en teoría, elimina las fronteras, pero pone condiciones y límites al libre tránsito en su territorio de extranjeros y emigrantes, y cada sistema judicial camina por su cuenta, y desconfía de los otros.

Buena prueba de esto último la estamos sufriendo los españoles, cuando después de soportar algo tan grave como un golpe de Estado, los jueces de algunos países, retorciendo los acuerdos europeos, están poniendo toda clase de trabas a la extradición de los presuntos delincuentes; y no es que su justicia sea más garantista que la de España, como pretenden los golpistas. Cualquiera de ellas hubiese actuado de manera más contundente ante la rebelión de los gobernantes de una parte de su territorio. Es simplemente que las poblaciones y las instituciones de los países del Norte están impregnadas de supremacismo, desprecian a las del Sur y creen que les pueden dar lecciones de todo, aunque algunos hayan parido el nazismo y otros vivan del dinero negro.

La Unión Europea, especialmente después de la ampliación, es un mosaico de países tan heterogéneo que parece imposible que se pongan de acuerdo en algo y más difícilmente que puedan caminar hacia la constitución de un Estado, aun cuando este fuese federal. Lo peligroso en las integraciones económicas y políticas es hacerlas a medias. ¿Cómo puede conjugarse el espacio Schengen con que cada país se arregle por su cuenta en materia de emigración y con que los jueces de algunos países se crean mejores, más demócratas y estén dispuestos a desautorizar y reírse de los de los países vecinos? ¿Cómo se puede pretender integrar los aspectos comerciales financieros y monetarios y mantener al mismo tiempo secuestrados en los Estados nacionales los políticos, sociales y fiscales?

El 14 del mes pasado en el diario El País, Olivia Muñoz escribía un artículo titulado “Una Europa con futuro”. Resumía su tribuna con la siguiente entradilla: “La inmigración y el federalismo son las mejores estrategias para mantener el santuario europeo de derechos y libertades. La Unión fiscal y un presupuesto común son las condiciones “sine qua non” para garantizar la sostenibilidad de la Eurozona”. Si traigo a colación este artículo es porque me parece un buen ejemplo del buenismo que impregna gran parte del discurso europeo.

La Real Academia de la Lengua define buenismo como “la actitud de quien ante los conflictos rebaja su gravedad con benevolencia o actúa con excesiva tolerancia”. El 25 de agosto Lucía Méndez, en un artículo titulado “La moda de ser malvado”, tiende a confundir esta palabra con el superlativo de bueno, al reprochar que hoy en día, parece que ser malo es lo bueno y que el término buenismo se ha convertido en un insulto y un oprobio que descalifica por completo al interlocutor. Pienso que la descalificación no proviene del hecho de ser bueno, sino del de efectuar planteamientos optimistas, voluntaristas e irreales. En ese sentido lo empleo.

Hace bien la señora Muñoz en unir el problema de la emigración a la idea de un Estado federal, porque si Europa lo fuese, el asunto de la emigración, como casi todos los problemas a los que se enfrenta la Unión Europea, presentaría una solución casi inmediata. La cuestión es que Europa no lo es, y me temo que nunca lo será. De ahí mi calificativo de buenismo. El artículo, para mostrar la conveniencia de la inmigración, recurre al envejecimiento de la población que se está produciendo en todos los países de la UE. El fenómeno, sin duda, es innegable. Ningún país de los 28 de la Unión Europea presenta una tasa de fecundidad de al menos el 2,1%, la mínima para asegurar la reposición de la población. Y también es innegable que la inmigración podría aliviar el declive, pero siempre con limitaciones, las de establecer una cierta gradualidad en la entrada, de manera que fueran asimilables por la sociedad, ya desde el punto de vista cultural y de valores, ya desde la capacidad de absorción del mercado de trabajo.

En el artículo de la semana pasada indicaba, aunque me refería principalmente a España, la relación existente entre la tasa de paro de un país o de una región y las restricciones que por fuerza tenía que poner a la hora de mostrar su generosidad con los inmigrantes. De nada sirve corregir la relación activos-pasivos si se incrementa el número de parados. Se puede afirmar que en los momentos actuales el desempleo en la UE no es excesivamente alto, tampoco excesivamente bajo (7,1% de la población activa), pero es que esta cifra al ser una media no dice absolutamente nada, cuando se produce una dispersión tan enorme como sucede en la UE. Mientras Grecia presenta una tasa del 20,9% y España del 15,28%, en Alemania es del 3,4% y en Austria del 4,9%.

Y entramos en el verdadero quid de la cuestión, y es que Europa no es un Estado, ni tiene visos de serlo, sino un conjunto de países con tradiciones e historias diferentes. Sus intereses también son diversos. Se encuentran -eso sí- atados artificialmente por tratados de tipo económico, contradictorios entre sí en muchos casos. La disparidad en las tasas de desempleo entre los países miembros adquiere lógicamente mucha más gravedad que la que se produce entre las regiones de un mismo Estado. En ambos casos, es, en cierta medida, el resultado de la unidad de comercial, financiera y monetaria. Ahora bien, dentro de un Estado, por muy liberal que sea, el presupuesto nacional asume el seguro de desempleo y otra serie de prestaciones de manera que parcialmente compensa los desequilibrios, lo que no ocurre en la UE.

A la hora de repartir entre los países el número de inmigrantes a recibir, sería lógico tener presente como uno de los primeros factores la tasa de paro, pero no parece que sea ese el criterio de la Comisión ni el que se está siguiendo hasta ahora, ni el que al final se aprobará, si es que se termina por aprobar alguno. Son los países con más desempleo los que están asumiendo los mayores flujos de inmigrantes: Grecia, España, Italia, incluso Francia o Portugal, mientras países con tasas mucho más reducidas como Polonia (3,8), Hungría (3,7), Eslovenia (5,3) y la República Checa (2,4), Austria (4,9) y Holanda (3,9) no quieren ni oír hablar del reparto de inmigrantes.

Mención especial en este conjunto hay que hacer al llamado grupo de Visegrado (Hungría, Polonia, Eslovenia y la República Checa). Han aparecido como los rebeldes, enfrentándose a los planes de Alemania para repartir los refugiados asignando cuotas a los distintos países. Pero de alguna manera su rebelión va mucho más allá que la oposición al reparto de inmigrantes. Es un claro ejemplo del error que se cometió con la ampliación. Con una larga historia (1335), su reconstrucción en 1991 se debió en buena medida al propósito de estos países de huir de sus antecedentes socialistas y acercarse a Europa. Pero sus planteamientos son muy distintos de los que en teoría deberían informar la Unión Monetaria. Abrazan un fuerte nacionalismo, rechazan todo lo que implique integración, defienden un liberalismo radical, enmarcado por la libre circulación de factores y mercancías, pero se oponen a toda posible restricción al dumping laboral y social. La explicación de esto último quizás se encuentre en el reducido nivel de sus costes laborales, aproximadamente cuatro veces más bajos que Dinamarca, Bélgica, Francia o Alemania; tres veces inferiores que la media de Unión Europea, y no llegan a la mitad de los de España. De ahí también su interés en que prime la concepción de Europa como fortaleza, con las fronteras cerradas a cal y canto a la inmigración.

Lo más grave es que el grupo de Visegrado está sirviendo de polo de atracción a otros países del Este, con intereses similares y que se le unen en sus posiciones. En materia de inmigración, Austria está preparada a capitanearlos y Holanda y Bélgica se acercan a sus postulados. Italia, en el ojo del huracán, no está dispuesta a seguir recibiendo los barcos del Mediterráneo y adopta la postura más dura, mientras que los países nórdicos hace mucho tiempo que se hacen los suecos, nunca mejor dicho.

Merkel mantiene una actitud ambigua. Si al principio, consciente de lo mucho que la economía alemana está obteniendo de la Unión Europea y de que su país cuenta con tasas de natalidad y de paro de las más bajas de Europa, mantuvo una postura flexible y receptiva en el tema de los refugiados, planteando, eso sí, un reparto entre países, más tarde, sin embargo, ante el cerco con que la acorrala la formación política de extrema derecha “Alternativa por Alemania”, y la presión, casi chantaje, a la que la somete su partido hermano de Baviera y socio gubernamental, ha dado marcha atrás y se ha situado en posiciones próximas a Italia y Austria. Plantea que los inmigrantes se queden en el país por el que han entrado, lo que se opone radicalmente a una de las pocas reglas que alivia las contradicciones de la Unión Monetaria, la libre circulación de personas y trabajadores. Incluso ha logrado de Sánchez (lo que no ha debido de ser demasiado difícil, dadas sus ansias de que se le considere en Europa) la garantía de que admitiría la devolución a España de los inmigrantes entrados por nuestro país y ahora en suelo alemán. Los palmeros del Gobierno se han apresurado a manifestar que esta medida afecta a muy pocas personas. No sé si son muchos o pocos. No es eso lo importante. Lo relevante es que se da un paso atrás. Se rompe Schengen.

Aunque Schengen está ya prácticamente roto cuando la propia Francia coloca en Irún una valla invisible, constituida por múltiples patrullas de gendarmería francesa que, ante la pasividad española, impide a los subsaharianos provenientes de España entrar en el país vecino. No importa incluso que hayan traspasado varios kilómetros la frontera, son devueltos a tierras españolas, lo que curiosamente se podría denominar una deportación en caliente, aun dentro de la UE.

Con estos mimbres no es extraño que no saliese nada de la última reunión, la llamada de los Sherpas, convocada para poder dar una solución al tema. Echan la culpa a Italia del fracaso, pero no parece que los demás colaborasen mucho, negándose a afrontar el reparto del barco que esperaba en Catania con 138 inmigrantes a bordo. Bélgica se negó rotundamente a recoger ningún inmigrante. Es de suponer que las cosas serían muy distintas si la UE fuese un Estado, aunque fuese federal. Pero eso no es más que un sueño, un espejismo, y en las condiciones actuales, cada Estado va a perseguir sus propios intereses sin considerar los generales del conjunto y de la Unión. Por eso puede ser tan peligroso para un país contar con un presidente de Gobierno como el nuestro que, tal como ha demostrado sobradamente en la moción de censura, solo se mueve por su ambición personal y por todo aquello que cree beneficioso para su carrera. No deja de ser chocante que España participe de todos los repartos de los inmigrantes de los barcos que llegan a la otra punta del Mediterráneo (incluso haciéndose, en exclusiva, cargo de algunos de ellos) pero no se repartan aquellos que llegan en pateras a Andalucía, o que saltan las vallas en Ceuta o Melilla.

Lleva toda la razón la señora Muñoz cuando afirma en su artículo que La Unión fiscal y un presupuesto común son las condiciones “sine qua non” para garantizar la sostenibilidad de la Eurozona. No puedo estar más de acuerdo. En múltiples medios y en una infinidad de artículos lo llevo repitiendo desde que se firmó el Tratado de Maastricht. Pero por eso mismo creo que la Unión Monetaria es inviable y que, antes o después, se romperá. El problema de la inmigración y el comportamiento seguido ante él por los diferentes Estados lo demuestran una vez más. El abanico existente en la renta per cápita de los distintos países es tan amplio (la de Luxemburgo cuadruplica la de Grecia), que los países ricos nunca aceptarán que se produzca una transferencia de fondos tan ingente hacia los países más pobres de la Unión como la que se seguiría de un verdadero presupuesto comunitario similar al existente en cualquier Estado, por muy federal y liberal que sea. Hay quien dice que este problema es menos grave que el de la emigración ya que se puede solucionar con dinero. Sí pero con una traslación de tanto dinero de unos países a otros que resulta inimaginable que los ricos la acepten. De ahí mi calificación de voluntarista y de buenista a todo aquel que la crea posible.

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