Cascada de ceses y nombramientos

El triunfo de la moción de censura nos ha mostrado una realidad, tal vez de sobra conocida, pero que no solía presentarse tan de golpe ni de manera tan precipitada. Me refiero a los innumerables trasiegos que se producen en los puestos públicos cuando cambia el gobierno. Sobreviene una verdadera cascada de movimientos sucesivos en la Administración y en las empresas públicas, dando la impresión de que cuando un partido gana las elecciones o entra a gobernar, el sector público se convierte en su botín de guerra y que sus militantes y sus afines deben ocupar la totalidad de los cargos públicos.

Tras los múltiples vaivenes y tribulaciones que afligieron durante gran parte del siglo XIX a la sociedad y a la política española, la Restauración basada en el turnismo constituyó una etapa de cierta tranquilidad; bien es verdad que pagando por ello un alto precio, el de desnaturalizar casi por completo el régimen democrático hasta convertirlo en una cáscara vacía. La Administración pública se conformó como una mera continuación de los partidos políticos, botín del ganador. Los empleados públicos estaban abocados a seguir el mismo destino, inmersos también en un régimen de turnismo. Se incorporaban a la función pública con el gobierno de turno y solían quedar en paro cuando este cambiaba. Surgió así la figura del cesante, tan habitual en la literatura de
finales del siglo XIX. ¿Cómo no recordar la despiadada crítica que Pérez Galdós realiza a la burocracia de aquella época y a las cesantías en su novela Miau?

Con el tiempo, principalmente a partir del Estatuto de Maura de 1918, la Administración se fue profesionalizando. Se consolidó el sistema de oposiciones como forma de acceso a la función pública, se impuso la estabilidad en el empleo y se admitió el principio de que nadie podía ser despedido por motivos políticos. La Administración se fue estructurando en cuerpos jerarquizados y por especialidades, que poco a poco irían cogiendo las riendas del poder administrativo. Todo ello constituye no solo un seguro para el funcionario, al establecerse de manera más o menos clara sus derechos, sino también una garantía de neutralidad de cara al administrado.

Incluso durante el franquismo la Administración, con todos sus defectos, mantuvo una cierta profesionalidad gracias a las oposiciones como sistema de acceso a la función pública. No es de extrañar que algún famoso
administrativista llegara a afirmar que las oposiciones constituían el único elemento democrático que había pervivido durante la dictadura. Pasada la primera época de represión y patrioterismo en la que los funcionarios públicos fueron sometidos a depuración, con sanciones e incluso inhabilitaciones de por vida, se tendió a incorporar poco a poco elementos del sistema anterior, como el de las oposiciones, la estabilidad en el empleo y la estructura y jerarquización por cuerpos. Se termina por encomendar casi por completo la marcha de la propia Administración a los cuerpos de nivel superior y a los especiales.

El franquismo progresivamente fue abandonado la idea de mantener la Administración como botín de guerra para dotarla de cierta profesionalidad y autonomía, lo que adquirió su máxima expresión en la ley de 1964. En
realidad, se trataba de encomendar a los cuerpos de élite de la Administración su funcionamiento. En su última etapa, el régimen intentó construir un modelo de Estado en el que, con el respeto formal a la ley y su cumplimiento por la Administración, se ocultaba que la propia ley tenía su origen en un Parlamento y un Ejecutivo no democráticos.

Todo ello, sin embargo, tenía su contrapartida, los cuerpos superiores constituían una especie de élite que acumulaba enorme poder y como consecuencia también emolumentos en muchos casos desproporcionados.
Principalmente los cuerpos especiales, encargados en exclusiva de determinadas tareas, se conformaban como verdaderos grupos de presión dispuestos a considerar esas funciones como solo suyas y en consecuencia,
sometidas a sus conveniencias. No es de extrañar por tanto que en la Transición, con la llegada de la democracia, los gobiernos y los partidos, principalmente los de izquierdas, contemplasen al principio a la Administración con cierto recelo y se considerase como un peligro el hecho de que los cuerpos especiales de élite pretendiesen patrimonializar la funciones respectivas.

Muy pronto se vio hasta qué punto el temor era infundado. La obediencia y disciplina en la Administración quedó en seguida patente. Pero según se iba asentado el sistema democrático, comenzó a aparecer el riesgo inverso, que fuesen los políticos los que pretendiesen patrimonializar la Administración, y que cada gobierno la considerase como su finca y el botín fruto de haber ganado las elecciones. A este proceso colaboró de forma sustancial la
construcción del Estado de las Autonomías. La Administración central tenía, tal como se ha dicho, estructuras y normas consolidadas que resultaban difíciles de cambiar, pero las administraciones de las Comunidades Autónomas al ser, en una parte muy importante, de nueva creación, constituyeron un campo más propicio para la discrecionalidad y la intervención arbitraria del poder político.

En las Autonomías, sobre todo en la primera época de su creación, el reclutamiento de los funcionarios se hizo de manera mucho más flexible -léase a dedo-, prescindiendo de pruebas objetivas. Esa es la razón de que en
Comunidades Autónomas como Cataluña y Andalucía, en las que se ha perpetuado en el gobierno un mismo partido, predominen en la función pública las personas políticamente afines a la formación que ha gobernado de forma continuada.

Esa laxitud en las pautas y procedimientos de la Administración periférica se ha pretendido exportar a la Administración central. No han faltado críticas al sistema de oposiciones, acusándolo de propiciar los métodos teóricos y memorísticos, y de ser un mecanismo inadecuado de calibrar la adecuación del aspirante al empleo público. No negaremos que el sistema puede tener sus defectos, pero a menudo estos no obedecen a la esencia de las propias oposiciones, sino a la forma de diseñar las pruebas. Con las oposiciones ocurre como con la democracia, que es un mal sistema, pero el mejor de los posibles.

No parece que exista ningún otro método que garantice más adecuadamente el mérito y la capacidad en el acceso a la función pública.

Una larga tradición en la forma de ejercer sus funciones ha conservado con excepciones a la Administración central a resguardo de esa relajación y ha hecho que, en lo sustancial, se mantengan las oposiciones como procedimiento de acceso, y se garantice la estabilidad en el empleo. Se ha introducido, no obstante, una especie de turnismo con cierto parecido al implantado en la Restauración. Tan solo con cierto parecido, puesto que hay que reconocer que la situación no es la misma, ahora el cambio de gobierno no acarrea a nadie la pérdida de la condición de funcionario; es más, a la mayoría de los empleados públicos no les afecta lo más mínimo las crisis que puedan darse en el Ejecutivo, pero sí se produce un auténtico terremoto en todos los puestos y
cargos de responsabilidad, a pesar de ser muchos de ellos de claro carácter técnico, razón por la que no deberían estar sometidos a los vaivenes políticos.

Cada vez son más los empleos de este tipo que tanto en la Administración como en las empresas públicas están cubiertos por personal no funcionario. Se habla de puestos de confianza, pero habría que preguntarse de confianza de quién, porque lo importante es que lo sean para la ciudadanía y esta se basa en una función pública profesionalizada, neutral, objetiva y nada politizada. Sin embargo, cada cambio de gobierno representa la renovación de un sinfín de cargos, muchos de ellos en puestos con claro contenido técnico, y que precisamente por la función a desarrollar deberían gozar de la máxima neutralidad partidista. Ha sido especialmente chirriante el nombramiento del director del Centro de Investigaciones Sociológicas, que ha recaído en José Félix Tázanos, secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva federal del PSOE, y que posee una larga historia de sectarismo partidista. Es de suponer que será de plena confianza de Pedro Sánchez, pero de lo que no hay duda es de que el CIS y sus encuestas a partir de ahora habrán perdido la confianza de todos los ciudadanos.

Da la sensación de que los partidos que consiguen el gobierno consideran la Administración una presa y que hay que copar todos los puestos con militantes o afines. La situación se ha ido complicando en los últimos años. En los
momentos actuales, los partidos carecen de gente técnicamente preparada, ya que la mayoría de sus miembros se han dedicado a la carrera política desde muy jóvenes, lo que se traduce en que los nombramientos recaen sobre
personas cuyos únicos méritos son políticos. Incluso hay presidentes de empresas públicas que han llegado a sus puestos por tener la condición tan solo de esposa de un exministro, o de marido de una compañera del hermano de un presidente de gobierno. Resulta muy ilustrativo ojear los currículums de los altos cargos, y eso que cada vez hay más que se presentan remozados de forma fraudulenta, incluso parece ser que hasta el del actual presidente del Gobierno antes de serlo. Los masters constituyen un gran invento.

Esta apropiación por el partido ganador de miles de puestos del sector público sirve para retribuir de forma generosa a gran parte de los cuadros de la formación política y consolida al líder frente a los militantes. Resulta elocuente lo que en estos momentos está ocurriendo en el PSOE. Se han silenciado todas las críticas. Los mismos que condenaban a Pedro Sánchez y le prohibían pactar con los independentistas, incluso con todos aquellos que defendían el derecho a la autodeterminación, en cuanto ha llegado el cuerno de la abundancia se han acomodado al hecho de haber llegado al gobierno con los apoyos de los golpistas y, lo que aún resulta peor, que los necesiten para cualquier medida que pretendan aprobar. Supongo que cerrarán los ojos a las contrapartidas que
está concediendo el Gobierno y a las que se verá obligado a otorgar. Es más, tendrán que cerrar los ojos también al hecho de que sus mismos nombramientos tienen un pecado original, se fundamentan en los votos de los
secesionistas. No sé si las poblaciones de sus respectivas Comunidades estarán tan dispuestas a mirar para otro lado. Resulta hiriente oír a Rosa María Mateo hablar del sueño de recuperar la credibilidad de la radio y televisión pública y convertir la entidad en plural y independiente, después de haber sido nombrada por un procedimiento tan peculiar como el de un decreto-ley y con una exigua mayoría de votos entre los que se encontraban los del PDeCat y de Esquerra Republicana, formaciones que controlan una emisora tan democrática como TV3.

También en el mundo de la función pública, especialmente en el de los funcionarios de más alto grado se ha introducido el turnismo en el acceso a los cargos y puestos de nivel superior. En realidad, cuenta poco el mérito y la capacidad, sino más bien el grado de empatía que se le suponga con el partido gobernante. Ciertamente ahora no ocurre como en la Restauración, que puedan despedir a un empleado público por motivos políticos, pero en buena medida por motivos políticos se asciende o se desciende de puestos que teóricamente son técnicos. No es infrecuente escuchar a un alto cargo que ha cesado con ocasión de un cambio de gobierno, preguntarse el motivo del cese al considerar que su puesto es técnico. Habría que responderle que quizás el mismo por el que había sido nombrado.

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