Cataluña y la perversión del lenguaje

Resulta de sobra conocido que el lenguaje no es neutral. Es más, a menudo constituye un arma valiosa a la hora de conformar la realidad. Quien controla el lenguaje es fácil que controle la ideología y, con ella, la sociedad. Fue George Orwell quien de forma más clara se refirió a la perversión del lenguaje cuando en su novela “1984” habló de la neolengua impuesta por el Gran Hermano.

Los independentistas son auténticos artistas en la perversión del lenguaje. A base de repetir determinadas palabras o frases, han conformado un relato que nada tiene que ver con la realidad, pero que intentan imponer como verdad incontestable. Así, hablan de Cataluña como colonia cuando constituye una de las Comunidades Autónomas más ricas y con más competencias de España; como región oprimida, lo que choca con el nivel de su renta per cápita y de su autonomía. Han reescrito la historia falsificándola y construyendo las farsas más disparatadas e ilusorias. Presentan al Estado español como opresor, tiránico, le acusan de no respetar los derechos humanos. Denominan presos políticos a quienes han dado un golpe de Estado de carácter xenófobo y supremacista… Y no se sabe cuántas burdas mentiras más que quizás puedan confundir en el extranjero donde la información es escasa, pero resulta impensable que puedan tener algún crédito en el interior.

Pero, además de estas falsificaciones tan chapuceras del lenguaje, los independentistas realizan unas más sibilinas y menos toscas que, de forma inconsciente, pueden terminar por ser asumidas en el discurso de los no separatistas, y convertirse en un error generalizado que dé lugar a tergiversar la realidad. Los secesionistas hablan siempre de España y de Cataluña como términos disyuntos, sin que uno contenga al otro. Cataluña no es España. Lo que subyace detrás de este lenguaje es la pretensión de establecer un terreno de juego igualitario en el que se enfrenten o dialoguen de igual a igual dos entes soberanos. Pues bien, es frecuente que desde las tertulias o desde las informaciones periodísticas se caiga en este mismo error, y se emplee el término “España” o “españoles” en aquellas ocasiones en las que debería hablarse del “resto de España” o del “resto de españoles”, ya que lo que se pretende es contraponerlo a Cataluña o a catalanes. El error puede parecer insignificante, pero contiene una fuerte carga ideológica.

En esa operación de pervertir el lenguaje, los secesionistas procuran hablar siempre en nombre de Cataluña o del pueblo catalán cuando todo lo más se pueden erigir en portavoces del 50% de los catalanes. A menudo, en los medios de comunicación de Madrid o del resto de España se comete el mismo error y, lejos de hablar de los independentistas catalanes, hablamos de Cataluña o de los catalanes, concediéndoles una representación y universalidad que no poseen.

Más enjundia si cabe se produce a propósito de las actuaciones judiciales en España y fuera de España con respecto a los procesados y a los huidos. El independentismo, con el afán de internacionalizar el proceso y de llevar el ascua a su sardina, se empeña en denigrar a los jueces y fiscales españoles, poniendo en duda su independencia (en realidad, se ha llevado a cabo el linchamiento de alguno de ellos) y ensalzando a los tribunales extranjeros que intervienen en las extradiciones. Es lógico que los secesionistas echen las campanas al vuelo ante cualquier actuación que pueda considerarse un revés en la tramitación de las euroórdenes. Y es aquí donde se encuentra la perversión del lenguaje, porque esos reveses se consideran una bofetada al Tribunal Supremo español y se habla de que “los tribunales europeos han desautorizado a la justicia española”.

Una vez más se juega con las palabras, porque solo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo y El Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede asimismo en Luxemburgo pueden considerarse justicia europea y con competencia suficiente para rectificar las sentencias de los tribunales de los distintos países miembros. El proceso judicial de los acusados por rebeldía en el Tribunal Supremo se encuentra tan solo en fase de instrucción y queda pues por recorrer un largo camino en el que, además, se pueden producir múltiples cambios antes de que se pronuncien los tribunales europeos. Hasta ahora, los jueces y fiscales que han intervenido tan solo pertenecen (y no con una categoría muy sobresaliente) a algunos de los países europeos, aquellos a los que por uno u otro motivo han ido a parar los fugados. En ningún caso se les puede identificar con la justicia europea con mayúscula, tal como se pretende jugando con las palabras. Su cometido es pronunciarse únicamente acerca de si se dan las circunstancias para ejecutar la euroorden e incluso, en algunos casos como el de Bélgica, su decisión ha recaído exclusivamente sobre aspectos formales.

De cualquier modo, es comprensible que los soberanistas jueguen con las palabras para retorcer la realidad y mantener así su tesis de la intrínseca maldad y parcialidad de los jueces españoles y de cómo desde Europa los dejan en ridículo.  Pero lo que no es tan explicable es que los no independentistas, articulistas, tertulianos y demás creadores de opinión terminen asumiendo este discurso y hablen de la bofetada que la justicia europea ha dado al juez Llarena y de cómo lo han desautorizado. Se dejan arrastrar por el mismo error que cometen conscientemente los secesionistas al denominar justicia europea, y concederle por tanto un puesto preeminente, a cualquier juez, por secundario que sea, de más allá de los Pirineos.

Las razones del soberanismo para distorsionar de este modo la realidad están claras, pero ¿cuáles son los motivos para que los que supuestamente están en contra del independentismo mantengan la misma postura? Quizás la explicación se encuentre en el tradicional complejo de inferioridad de los españoles y que por lo menos se remonta a la generación del 98 e incluso antes. Ya en 1833, Larra publicaba un artículo cuyo título, “En este país”, era expresivo de la costumbre de explicar cualquier problema por los defectos y carencias de España y de creer que las situaciones y circunstancias siempre son mejores en los otros países.

Larra en ese artículo se inventa un interlocutor, don Periquito, que se queja de casi todo, y añade siempre una coletilla: “cosas de España”. En este país, según él, no se lee ni se sabe escribir. Se queja de que no hay policía en este país. Es un país de ladrones. Porque en Londres no se roba, apostilla Fígaro. En este país no hay limpieza. En el extranjero, por el contrario, no hay lodo, señala Larra. Aquí no hay buenos teatros, y ¡qué cafés los de este país! Y así proseguía don Periquito sin encontrar una cosa buena en España y suponiendo, aunque apenas hubiese salido al extranjero, que todos esos males en otros países no sucedían.

Muchos años han pasado desde la época en que escribía El Pobrecito Hablador y mucho ha cambiado España en todos los aspectos desde entonces. Sin embargo, continúan existiendo don Periquitos que creen que la corrupción solo existe en España, que piensan que en el extranjero los jueces y fiscales son absolutamente independientes y neutrales, que solo en España el consumidor está indefenso ante los multinacionales, que las puertas giratorias no funcionan en otros países, etc., etc. En ningún país de Europa sucedería esto, afirman a menudo y con aplomo. Curiosamente son los extranjeros que vienen a España los que quizás mejor sepan reconocer las virtudes y bondades que tiene nuestro país, y los que más relativizan nuestros vicios, conscientes de que no son ni más ni menos que los de los demás países.

Nada más entrar en la Comunidad Económica Europea, España se situó a la cabeza de todos los miembros en cuanto a europeísmo se refiere. Los índices de aceptación eran altísimos. Esta positiva valoración de los ciudadanos, que ha caracterizado nuestro proceso de integración desde 1986 y que lo ha mantenido al margen de todo cuestionamiento, hunde sus raíces en esa admiración bobalicona, que da por bueno, sin examen previo, todo aquello que provenga de más allá de nuestras fronteras. Después de muchos años de aislamiento, después de largo tiempo de sentirnos rechazados, de creernos el adagio francés de que África comienza en los Pirineos, nuestra incorporación a la Comunidad Económica Europea nos llenó de orgullo. Nos acercamos a Europa agradecidos, sin estar seguros de merecerlo; acomplejados, hicimos el firme propósito de demostrar a nuestros vecinos que nadie nos gana a europeizantes.

Este sentimiento ha perdurado en los últimos treinta años. Y en la actualidad, existe aún mucho don Periquito que, ante cualquier divergencia entre los órganos judiciales de nuestro país y los de cualquier país extranjero, no dudan en otorgar la razón a estos últimos aun cuando sean de cuarto orden; es más, conceden a sus actuaciones el carácter de canon con el que medir las decisiones de los tribunales españoles. Dentro del pensamiento de los Periquitos actuales no cabe la menor posibilidad de creer que las dificultades surgidas en los procesos de extradición de los golpistas catalanes se deban a los defectos de diseño y funcionamiento de la Unión Europea. Si la euroorden no funciona es porque los jueces españoles son unos chapuceros.

La perversión del lenguaje adquiere a menudo tonos más amables, pero también más hipócritas. Las afirmaciones se disfrazan de buenas intenciones y de objetivos loables. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con la propuesta de Pedro Sánchez de reformar el artículo 472 del Código Penal. No es que este artículo no debiera ser reformado, todo lo contrario. Es un engendro de difícil interpretación, que crea confusión e introduce toda clase de dudas acerca de cómo hay que entender el término violencia. El problema radica en el “cuándo” el secretario general del PSOE propone su reforma y en los motivos que alega para acometerla. No parece que sea este el momento más a propósito, ya que se puede entender que con la redacción actual no cabe acusar a los golpistas de rebelión, cuando hoy por hoy sí lo está haciendo el juez instructor. Por supuesto que el proceso está en sus inicios y no se sabe cuál será la calificación definitiva, pero por eso mismo no parece prudente que el secretario general del PSOE tome partido y no deje trabajar a los tribunales.

Antes de lanzarse por la pendiente de la moción de censura, de la que hablaremos otro día, Pedro Sánchez para respaldar su propuesta ofrece un razonamiento aparentemente bastante convincente, basado en la historia. Nuestro Código Penal al tipificar el delito de rebelión estaba pensando en los golpes de Estado militares, al estilo de los que se habían producido a lo largo de la historia de España en los siglos XIX y XX: pero la realidad ha cambiado, los golpes de Estado ya no los cometen los espadones sino los presidentes de las Comunidades Autónomas, por lo que se hacía preciso cambiar la legislación.

Todo muy lógico, si no fuera porque los hechos no lo confirman. El requisito de violencia no se encuentra ni en el Código Penal de finales del siglo XIX ni en el de los primeros años del XX ni en el de la I República ni durante el franquismo. Se introduce precisamente en 1995 cuando han transcurrido veinte años de democracia y ha desaparecido toda amenaza golpista por parte del ejército integrado ya en la OTAN. Es el último gobierno de Felipe González con Belloch de ministro de Justicia el que reforma el Código Penal y elimina el artículo 214, cuyos orígenes se remontan al menos a 1900 y que estipulaba: “Son reos de rebelión los que se alzaren públicamente para cualquiera de los fines siguientes…”. El punto 5 decía expresamente: “Declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. El precepto no exigía ningún requisito de violencia.

La llamada reforma Belloch establece, en cambio, el art 472, en el que se requiere para el delito de rebelión que el levantamiento sea violento. Y como explica quien se autodenomina redactor del artículo, el carácter de violento se introdujo por una enmienda aprobada por el grupo socialista y el de Izquierda Unida, y parece ser que bajo la presión de PNV y Convergencia. Tras los acontecimientos posteriores, uno tiende a pensar que los nacionalistas sabían muy bien lo que hacían. Es de suponer que PSOE e IU, no.

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