El xenófobo Torra y el aprovechategui de Rivera

La palabra aprovechategui se ha hecho famosa, viral, como se dice ahora. La verdad es que resulta altamente expresiva y aclaratoria de los planteamientos de Ciudadanos. No está en el diccionario de la Real Academia, pero podría incorporarse como una versión light de aprovechado, oportunista. El presidente del Gobierno hizo diana -por mucho que después le criticasen- al calificar así el comportamiento de Rivera. A estas alturas, exigir una aplicación más dura del artículo 155, cuando parece que quedan tan solo días para que en Cataluña haya gobierno de la Generalitat y decaiga por tanto el citado artículo, es un buen ejercicio de postureo, y de aprovechar (de ahí lo de aprovechategui) el cabreo y la ignorancia de la gente.

Aprovecharse hace siempre referencia a algo, normalmente de algo, cierto y concreto. Y en este caso lo concreto es el caos que se ha creado en Cataluña y los errores cometidos por los partidos nacionales; pero ahí se encuentra el oportunismo de Rivera, porque es tan culpable o más que los demás. Todas las formaciones políticas se han enfrentado al tema de Cataluña sin dejar al margen sus intereses electorales y sin considerarlo, por tanto, un problema de Estado, el problema más crítico que sin duda tiene hoy España.

Por supuesto que esto afecta en primer lugar a Podemos que, de forma increíblemente paradójica y por el único motivo de cosechar votos en las regiones con fuertes movimientos nacionalistas (aprovechategui), defiende el derecho de autodeterminación que, aparte de constituir un desatino desde el punto de vista teórico, es totalmente contradictorio con la ideología que afirman profesar. ¿Cómo conciliar los principios de la izquierda con las pretensiones de las regiones ricas (que son las únicas que pretenden la independencia) de romper los lazos de solidaridad con las regiones menos desarrolladas? La sucursal en Cataluña de Podemos (con Colau a la cabeza) afirma que no es independentista, pero lo cierto es que termina situándose en la mayoría de los conflictos a favor de los golpistas y de sus postulados.

Pero ese oportunismo electoral ha estado también presente en el resto de los partidos nacionales y ha provocado que la actuación del Gobierno en Cataluña haya sido extremadamente lenta y tibia, permitiendo que el secesionismo llegase a límites que nunca se deberían haber consentido. El PSOE, arrastrado por las ambivalencias del PSC y en el afán de desgastar a Rajoy, durante mucho tiempo se situó en una extraña equidistancia: si bien criticaba duramente al independentismo, no lo hacía nunca sin censurar al mismo tiempo al Gobierno acusándole de no hacer política en Cataluña. Bien es verdad que resulta difícil saber a qué tipo de política se refería, porque no creo que el modelo sea la de Zapatero en su época. De aquellos polvos, estos lodos.

El artículo 155 se ha aplicado en Cataluña tarde y mal. Tarde, porque durante mucho tiempo ninguna de las formaciones políticas quería oír hablar de él. Es posible que el Gobierno estuviese perezoso en su aplicación, pero con 134 diputados resulta perfectamente comprensible que, a pesar de tener mayoría en el Senado, desease ir acompañado. El PSOE, una vez más arrastrado por el PSC, hasta el último momento y cuando ya la declaración de la independencia fue un hecho, estuvo oponiéndose a la aplicación del 155 y, diga lo que diga ahora Rivera, los portavoces de Ciudadanos repitieron como papagayos una misma frase: “Aplicar el artículo 155 es como matar moscas a cañonazos”.

Se aplicó mal porque desde el primer momento se le puso plazo de caducidad convocando unas nuevas elecciones. El PSOE, empujado  una vez más por el PSC, deseaba una aplicación mitigada y por el plazo más breve posible, y Ciudadanos insistía sin cesar que se aplicase el 155 pero con el único objetivo de convocar elecciones. El error era evidente. Tras treinta años en los que el nacionalismo había ido copando las instituciones y consolidando un imaginario y una estructura separatistas, pretender que en tres meses era posible invertir la situación no dejaba de ser una inocentada o un puro espejismo. Ciudadanos podía sacar un buen resultado, como así ocurrió. Pero resultado inútil en la práctica, puesto que le era imposible formar gobierno. Aun cuando las fuerzas independentistas hubieran perdido las elecciones (las perdieron en votos), dadas las diferencias existentes en las fuerzas constitucionalistas, tampoco hubiera podido gobernar.

No podemos rasgarnos ahora las vestiduras acerca de la situación creada. Era bastante previsible. El 2 de noviembre y el 28 de diciembre del año pasado, desde estas mismas páginas alertaba yo de los errores cometidos y del escenario kafkiano que se podía presentar. Llarena tiene razón cuando afirma que el golpe de Estado continúa latente y, en base a ello, mantiene las prisiones preventivas por la más que probable intención de reincidencia. Esta se ha expresado de forma clara en las actuaciones de los fugados al extranjero, especialmente de Puigdemont, y se ha hecho más evidente aún con la designación de Quim Torra como candidato a la Generalitat, y el discurso que este ha pronunciado en su investidura manifestando su predisposición a perseverar en el proceso de ruptura con España.

Quim Torra, propuesto ciertamente por Puigdemont pero con la aquiescencia de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, no ha dejado demasiadas dudas. Piensa reconstruir lo poco que el 155 había desmontado de la estructura golpista. Va a crear una comisión al efecto, así como también piensa relanzar, financiadas con fondos públicos, las llamadas embajadas, órganos de propaganda del independentismo catalán en el exterior. Al mismo tiempo, va a retomar las leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional, entre ellas la de transición.

Parece que estamos en el “como decíamos ayer” de Fray Luis de León. ¿Qué hacer ante este escenario? Aferrarse, tal como hacen tanto el PSOE como el Gobierno, a que una cosa son las palabras y  otra los hechos, y que solo se puede actuar cuando los hechos son delictivos, resulta muy arriesgado. Imaginemos que un grupo de generales hubiesen organizado un golpe de Estado y tras desbaratarlo y pasados unos cuantos meses colocásemos de nuevo a esos militares o a otros similares en los mismos puestos y nos dijesen sin ambages que están dispuestos a continuar con el golpe, y con el pretexto de que solo son palabras y no hechos pusiésemos en sus manos personal y material que facilitasen sus intenciones y esperásemos pacientemente para actuar a que el golpe se perpetrase de nuevo.  ¿Sería lógico o más bien demencial?

Hoy, los golpes de Estado, al menos en España, no los dan los generales, sino los presidentes de las Comunidades Autónomas, y no son los fusiles ni los cañones los instrumentos apropiados, sino los inmensos medios personales y materiales que les otorga su posición, especialmente si se trata de una de las regiones más ricas de España; y la violencia no radica tanto en la física, como en la coacción, el tumulto y el sabotaje. En ese aspecto, tiene sentido la modificación del Código Penal, que ahora propone Pedro Sánchez, respecto al delito de rebelión para adaptarlo a los tiempos actuales. La pregunta es por qué no se hizo antes, durante todos estos años en los que se anunciaba el golpe de Estado que se pensaba dar o, mejor, por qué en 1995 se hizo una redacción tan sumamente mala. Plantearlo ahora en pleno proceso solo puede inducir a confusión.

Se dirá que a los generales los elige el Ejecutivo central y a los presidentes de las Comunidades Autónomas, sus respectivos parlamentos. Es cierto, pero los eligen como resultado de unas elecciones autonómicas y para gestionar una Comunidad, no para dar un golpe de Estado. El Parlamento de Cataluña, en contra de lo que afirman los independentistas, al igual que cualquier otro parlamento autonómico, no es ni soberano ni poder constituyente, tan solo poder constituido y únicamente sobre las competencias transferidas del Estado. ¿Es lógico poner en manos de Torra la inmensa fuerza y el poder que le dan los medios y recursos de la Generalitat, entre ellos el de disponer de un cuerpo armado de 17.000 hombres, cuando afirma tajantemente que va emplear todo ello en un objetivo ilegal y delictivo en contra de más de la mitad de los catalanes y de la totalidad del resto de España? ¿Hay que esperar pacientemente otra vez a que los secesionistas terminen de armarse de nuevo, y esta vez se supone que de forma más eficaz, para dar el golpe definitivo? O incluso, ¿habrá que aguardar a que, como afirma la muy avispada y aguda Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, el golpe triunfe y el desenlace sea irreversible? Rajoy y Sánchez han pactado aplicar de nuevo el artículo 155 tan pronto como los independentistas infrinjan la ley. Deberían considerar, no obstante, que los secesionistas también han aprendido, que estarán preparados para dicha eventualidad y que tal vez reaccionen de distinta forma que la primera vez. La cosa ahora no va a ser tan fácil.

Ciudadanos tiene razón para alarmarse, pero lo que no es de recibo es que esta situación, cuando se es al menos tan culpable como los demás en su génesis, se use como instrumento para desgastar al Gobierno. De ahí lo de aprovechategui. Rivera reprocha al Ejecutivo el haber llegado a un cierto pacto secreto con el PNV orientado a conseguir su apoyo en la aprobación de los presupuestos, cuya contrapartida sería permitir la formación de gobierno en Cataluña y que así decaiga el 155. De ahí que Rajoy, según Rivera, no haya recurrido el voto delegado de Puigdemont y Comín. Puede ser cierto o no, pero de lo que no cabe duda es de que el Gobierno tiene que ir con pies de plomo en los recursos, porque todo aparente revés tiene un efecto bumerán y contraproducente y además se le deja solo. Bastó un informe negativo del Consejo de Estado en el recurso que se iba a presentar al Tribunal Constitucional contra la investidura de Puigdemont para que le lloviesen las críticas, entre ellas las de la formación naranja. Por cierto, que más tarde se vio lo oportuno que resultó tal recurso y su importancia estratégica.

No es ningún secreto que Rajoy deseaba la constitución de un gobierno en Cataluña. Es posible que por muchos motivos. Uno, que él, como todos, no estaba seguro de lo que podía salir de unas nuevas elecciones. Otro fundamental sin duda, la necesidad de que el PNV aprobase lo presupuestos. Situación ciertamente chirriante, la de que la gobernabilidad de España dependa una vez más del nacionalismo vasco, y que este pueda chantajear condicionando la solución a tomar en el problema catalán. No obstante, puestos a reprochar este estado de cosas, Ciudadanos debería mirar más bien a su izquierda (ver mi artículo de la semana pasada).

Rajoy cometió a mi entender un grave error, el de aceptar gobernar con 134 diputados y con un simple acuerdo de investidura. Debería haber consultado a su amiga la señora Merkel. Tampoco el SPD quería esta vez entrar en el gobierno, pero la canciller se negó en redondo a gobernar si no era en coalición. Es verdad que ante los enormes retos a los que se enfrentaba España la primera propuesta de Rajoy fue la constitución de una gran coalición, pero lo cierto es que ni siquiera Ciudadanos quiso entrar en el gobierno. Eso le ha permitido a Rivera una postura muy cómoda de Pepito Grillo y que deteriora fuertemente al Ejecutivo.

El tema entraría dentro de lo normal y allá cada partido con su estrategia, su política y sus expectativas, pero adquiere otras dimensiones cuando salpica un asunto tan fundamental para España como el de Cataluña. En esta materia todo desgaste del Gobierno se transforma por desgracia en una erosión de la posición del Estado, y toda división mostrada agriamente entre las fuerzas constitucionalistas, una rendija que el independentismo aprovecha inmediatamente.

La situación sin duda es grave. Está claro que legalmente el acuerdo tomado en octubre por el Senado no da más de sí. El artículo 155 de la Constitución lo importamos, como tantas cosas, del extranjero, concretamente de Alemania, pero también como en tantas cosas, lo hicimos sin tener en cuenta otras, en este caso el resto de circunstancias diferenciales. En Alemania están prohibidos los partidos políticos secesionistas, cosa que no ocurre en España en la que no solo están permitidos, sino que se les consiente llevar en su programa el objetivo de delinquir. Quizás eso explique que en nuestro país el artículo 155 se quede a mitad de camino al no contemplar de forma clara y explícita la suspensión de la Autonomía, (incluyendo incluso el parlamento) lo que en Alemania no es necesario. Y eso explica también que a los jueces alemanes y a la opinión pública de ese país les cueste tanto comprender la gravedad de las actuaciones cometidas por los independentistas catalanes y que las comparen con la ocupación de un aeropuerto, además de permitir que desde su territorio se conspire tranquilamente para romper España.

La situación es grave, pero el Estado español cuenta aún con muchos instrumentos para controlarla siempre que los partidos constitucionalistas quieran y adopten de forma unánime una postura firme y enérgica, reaccionando inmediatamente ante cualquier reto, y no permitiendo el rearme de las instituciones soberanistas. Pero, sobre todo, huyendo de la tentación de convertir Cataluña en un asunto electoral y deponiendo cualquier actitud oportunista o de aprovechategui.

www.martinseco.es

0 comentarios

Escribe tu comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Agradecemos tu participación.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *