La futilidad de los presupuestos de Pedro Sánchez

Una semana después de que el Gobierno aprobase el proyecto de los presupuestos generales del Estado, Pedro Sánchez presentó en Ferraz lo que denominó “presupuestos alternativos del PSOE”, que, tras una aparición fugaz en la prensa, se diluyeron en el olvido y en la futilidad. Nunca más se supo nada de ellos. Era lo lógico. A pesar del nombre, tienen poco de alternativos. Dentro de la Unión Monetaria que el PSOE defiende, hay poco lugar para lo alternativo, al menos en la versión con mayúscula que le da Pedro Sanchez como modificación radical de la política económica. En todo caso, sería posible la alternancia al estilo de la Restauración de finales del siglo XIX. Cambio de partidos en el gobierno, aunque con políticas bastante similares. Pero entonces, y según las encuestas, el tema va para largo. Si tan largo me lo fiais… Por eso la prensa, que siempre va al día y que abandona todo lo que no tiene una aplicación inmediata, enseguida ha relegado el proyecto al baúl de los recuerdos.

Otra cosa muy distinta habría sido si Pedro Sánchez con un poco más de humildad pero también con más sentido práctico, hubiera afirmado estar dispuesto a negociar los presupuestos y hubiera colocado sobre la mesa el citado documento. Este habría adquirido una relevancia inmediata al pensarse que podría servir para algo, al resultar previsible que algunas de esas medidas llegasen finalmente a buen puerto. La labor del PSOE habría trascendido entonces la condición de mero guiño testimonial para convertirse, aunque fuese parcialmente, en posible factor de cambio de la política gubernamental, papel que de este modo ha entregado gratuitamente a Ciudadanos y al Partido Nacionalista Vasco.

El documento presentado por Pedro Sánchez no es desde luego perfecto, tiene aspectos discutibles y en algunas partes peca de la falta de realismo de todo aquello que se elabora en la oposición, pero es bastante más consistente y progresista que los planteamientos de Ciudadanos, que son los que al final se van a aprobar. El PP tiene 143 diputados, en esas circunstancias y con un Parlamento fraccionado los presupuestos dejan de pertenecer en exclusiva al Gobierno para convertirse en el resultado de la negociación de varias fuerzas políticas. Mantenerse al margen tal como están haciendo el PSOE y Podemos es salirse del campo de la política para disputarse entre sí la hegemonía del ámbito de lo testimonial, disputa que no conduce a ningún resultado práctico.

El proyecto del PSOE tiene aspectos que podríamos calificar de ingenuos o voluntaristas como el de ahorrar 2.500 millones de euros mediante una gestión más eficaz del gasto público o de conseguir 1.800 millones más por la lucha contra el fraude fiscal. Ambos objetivos son muy loables, pero es más fácil enumerarlos que alcanzarlos y, en cualquier caso, dada su condición de futurible, nunca se debe contar con ellos y presupuestarlos antes de haberlos obtenido, tanto más cuanto que los presupuestos van a terminar aprobándose a mitad de año.

Más hipotético aún es confiar en saldar el déficit de la Seguridad Social con una modificación de la reforma laboral que eleve los salarios y que, en consecuencia, aumente las cotizaciones. Demasiadas variables en juego. Y, además, se mantiene el error de continuar haciendo pivotar la sostenibilidad de las pensiones sobre el empleo y los salarios, como si las rentas de capital no tuviesen que estar implicadas en su mantenimiento. El déficit de la Seguridad Social, sea cual sea, debe sufragarse por la aportación del Estado; aportación y no préstamo, tal como está haciendo el Gobierno en los últimos años, distinción importante y cuyo quid proquo el PSOE no parece denunciar, aunque bien es verdad que es difícil que lo llegara a hacer ya que fue Pedro Solbes el que comenzó aplicando esta corruptela al principio de los noventa.

No es que no se precise un cambio de la última reforma laboral (y quizás de algunas otras), pero no para solucionar el problema de las pensiones, sino para devolver a los trabajadores los derechos de los que se les ha privado, y que muy posiblemente se encuentre en el origen del profundo deterioro que han sufrido los salarios. No obstante, el problema trasciende con mucho el ámbito de los presupuestos de un ejercicio concreto. No se puede desligar de la Unión Monetaria, de la crisis económica generada en buena medida por la introducción del euro, de la imposición impuesta por Bruselas y Frankfurt y, nos guste o no, incluso del crecimiento actual del PIB.

A veces cerramos los ojos a lo que significa haber perdido la soberanía sobre la moneda y la capacidad de devaluar. Y me temo que eso es lo que les pasa tanto a Podemos como al PSOE. El PSOE, quizás para eludir su responsabilidad en la constitución de la moneda única. El origen de la vasta crisis económica que se cernió sobre España en 2008 tuvo su origen en el desmedido déficit de la balanza por cuenta corriente que se fue agrandando en los diez años anteriores hasta alcanzar el 10% en 2007, y en la consiguiente acumulación de deuda exterior que hipotecaba la economía y lastraba el posible futuro crecimiento. La salida de la crisis en condiciones normales hubiera pasado por la devaluación de la moneda, pero ese camino estaba vedado al pertenecer España a la Unión Monetaria. Ciertamente este problema no fue exclusivo de nuestro país, en mayor o menor medida afectó a todos los del sur de Europa que habían sufrido un proceso semejante.

La situación, por supuesto, hubiera sido distinta si la Unión Monetaria se hubiese construido con otros parámetros, los de aprobar al mismo tiempo una unión fiscal, es decir, unos instrumentos redistributivos entre países, pero estos no existen y los países acreedores se niegan radicalmente a cualquier mecanismo de solidaridad. Todas las ayudas se han diseñado con contrapartidas muy onerosas que, más que ayudas, constituyen una pesada carga para el país que las recibe. Las únicas alternativas posibles se encontraban en la permanencia de la recesión que a medio plazo habría ocasionado la desaparición del euro o en someter a los países deudores a lo que se ha llamado deflación interior, es decir, conseguir mediante una reducción de los salarios y recortes en los derechos sociales un descenso de los precios interiores frente al exterior, consiguiendo así un efecto macroeconómico similar, pero con unos costes sociales y de equidad mucho más elevados, que la devaluación exterior. Esta última alternativa fue la elegida.

Paul Krugman, con un análisis económico impecable, era un convencido de que el euro no se podía mantener. Cuando la Unión Monetaria despejó (aparentemente y de forma provisional) sus nubarrones, Krugman reconoció haberse equivocado en sus previsiones, achacándolo a que nunca hubiera imaginado que ciudadanos de sociedades europeas aceptasen procesos de ajustes tan brutales. Yo tengo que reconocer que también me equivoqué. Innumerables veces escribí que dentro de la Unión Monetaria no era posible la recuperación económica. Me basaba en que, aunque la recesión originaba una contracción del déficit exterior, sin devaluación, este comenzaría de nuevo a incrementarse tan pronto empezasen los primeros atisbos de la reactivación, con lo que de nuevo se estrangularía el crecimiento.

Por otra parte, no confiaba en la devaluación interna. No existía ninguna garantía de que los recortes y la reducción de salarios se trasladasen a los precios, depreciando los nacionales con respecto a los exteriores. Me equivoqué porque se cumplió lo que parecía imposible, en pocos años el déficit por cuenta corriente pasó del 10% a un superávit del 1,5%. Pero también acerté porque la reducción salarial se orientó en buena medida a incrementar el excedente empresarial, lo que pasa es que el recorte de las retribuciones fue tan violento que otra parte se aplico a mejorar los precios relativos frente al exterior, con lo que nuestra posición competitiva se corrigió casi tanto como si hubiésemos acometido una devaluación monetaria.

Todo lo anterior nos debe hacer reflexionar acerca de dónde estamos. No solo es que el crecimiento económico actual no se haya distribuido, sino que en buena medida ese crecimiento ha tenido como precio la desigualdad y hasta cierto punto era su condición necesaria. Ese es el enorme coste a pagar por pertenecer a la Unión Monetaria, y la amenaza que continua cerniéndose sobre el futuro. Esto hay que tenerlo muy presente a la hora de plantear cualquier reforma del mercado laboral. Bien es cierto que en este proceso el excedente empresarial se apropió de unas rentas que no le pertenecían, ya que los salarios se redujeron en una cuantía mucho más elevada que la precisa para que los precios interiores convergiesen con los exteriores. Ello deja sin duda un margen abierto a una reforma del mercado laboral, pero mediante una actuación medida y nada improvisada, desde luego no reducida al estrecho margen de la ley de presupuestos y menos con la única finalidad de elevar las cotizaciones sociales.

Pero junto a estos elementos discutibles el documento presentado por Pedro Sánchez contiene otros muy válidos, no tanto como una alternativa de política económica sino de cara a lo que podía haber sido una negociación con el Gobierno: aumento del seguro destinado al desempleo, actualización de las pensiones por la inflación, incremento del impuesto de sociedades, elevación del tipo marginal a los contribuyentes por encima de 150.000 euros de renta al año, impuesto sobre las transacciones financieras, etc. Que no se trata de una propuesta alternativa aparece con claridad en las medidas de carácter fiscal que se proponen que, aun cuando la mayoría de ellas son totalmente aceptables, no constituyen una reforma en profundidad que es lo que precisa el sistema fiscal español.

Si Pedro Sánchez hubiera puesto este documento o alguno parecido sobre la mesa de negociación, es bastante probable que el PSOE hubiera conseguido modificar en algunos puntos importantes el proyecto de presupuestos del PP, tal como en su lugar lo han logrado Ciudadanos y el PNV. Desde luego no hubiera podido aspirar a que se aceptasen todas las medidas planteadas, pero en todo caso, de no llegarse a un acuerdo, siempre habría podido responsabilizar al Gobierno de su cerrazón y falta de diálogo, y quitarse así el sambenito de la irrelevancia. A un partido político -y eso vale también para Podemos- se le exige algo más que incorporarse a las movilizaciones, hacer declaraciones reivindicativas en los medios públicos o presentar proyectos y documentos que de antemano se sabe que no van a tener ninguna utilidad. Se le exige que en la medida de lo posible convierta en leyes esas reivindicaciones, pero no solo cuando está en el gobierno sino desde la oposición pactando cuando ello es viable.

No deja de ser curioso que después de que tanto Podemos como el PSOE se hayan apuntado a las manifestaciones de los pensionistas, haya tenido que ser el PNV el que haya terminado por capitalizar las propuestas y haya conseguido que el Gobierno acepte actualizar todas las pensiones por el IPC. En esta ocasión, el PNV al menos ha cifrado su reivindicación en una medida que afecta a todos los españoles. Es verdad que una de las Comunidades más afectadas y en las que por el mismo motivo las protestas de los pensionistas ha sido más constantes y broncas ha sido el País Vasco, como también es verdad que al Gobierno vasco le había quedado un mal sabor de boca con las muchas críticas que había suscitado la negociación anterior sobre el cupo, y la acusación generalizada de que Euskadi gozaba de un sistema fiscal y presupuestario privilegiado. No es extraño, por tanto, que ahora pretenda revestir sus demandas de un carácter más general.

Lo más criticable de la inanidad del PSOE es el protagonismo que ha concedido a los nacionalistas vascos, al permitirles humillar a todo el Estado español, condicionando los presupuestos a la retirada del 155, lo que ha sido acogido todo este tiempo con euforia y regocijo por los independentistas pensando que estaban condicionando la economía del resto de España. Ha sido la evidencia de que son los propios secesionistas los que no permiten que se retire el 155 lo que ha hecho cambiar la postura del PNV y por lo tanto ha facilitado la aprobación de los presupuestos, y no la actuación política del PSOE.

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