Presos políticos

Si algo no puede negarse a los secesionistas catalanes es que saben cómo explotar la comunicación. En esto se nota que es un independentismo de alto standing, con influencias, nacido en las clases ilustradas y con recursos, educado en Harvard y en foros internacionales, aunque sea con becas de La Caixa. Tiene estrategia a la hora de saber colocar el mensaje y convertir en verdad una mentira a base de repetirla. Primero fue el “España nos roba”, que sirvió para atraerse a las clases populares, siempre dispuestas a creerse cualquier mantra, y convencerlas de que era España (las regiones más pobres, pletóricas de vagos y gandules) la causa de sus problemas y dificultades. La arcadia estaba en la independencia.

Más tarde, popularizaron el derecho a decidir, expresión eufemística para referirse a la autodeterminación, precisamente porque  eran conscientes de que este concepto no se podía aplicar a Cataluña. Tanto lo repitieron que la democracia parecía quedar circunscrita al derecho a la independencia. En los momentos actuales se ha abandonado el eslogan “España nos roba” (por increíble, al ser Cataluña una de las regiones más ricas del país) por el de “el Estado nos reprime”, que es más fácil de enmascarar y hacer pasar por verosímil. Ahí se incardina el objetivo de nominar como presos políticos a los detenidos por golpistas y malversadores.

En esa ayuda que la tercera vía proporciona al secesionismo, el primero que habló de presos políticos fue Enric Juliana. En un artículo en La Vanguardia, cuando no había aún nadie en la cárcel, arguyó que Europa no toleraría presos políticos, dando a entender que los futuros detenidos, de serlo, lo serían por este motivo. No hay una definición exacta y uniforme del término; es claramente ambiguo, pero eso quizás es lo que se pretende para poder emplear el doble lenguaje, arma preferida por el independentismo.

El concepto de preso político se podría identificar con el de preso de conciencia y de opinión; se referiría a la persecución de la libertad de pensamiento, de expresión, de religión o de asociación, etc. Entendidos así, es evidente que en España hace muchos años que desaparecieron. Y afirmar su existencia actual es un insulto para todos aquellos que lo fueron en el pasado. Es un chiste afirmar que el nacionalismo está perseguido en España cuando desde la Transición lleva gobernando, de una o de otra forma, tanto en el País Vasco como en Cataluña; y en cierto modo en España, a través del PSOE o del PP, cuando estos partidos carecían de mayoría absoluta. No solo el nacionalismo, sino que, a diferencia de Alemania, se permite la existencia de partidos independentistas o secesionistas, incluso cuando estos mantienen abiertamente en su programa que están dispuestos a conseguirlo por cualquier medio. Por eso se entiende mal que cierta prensa del país germánico ponga en duda la libertad de los que profesan la ideología secesionista en España, teniendo en cuenta que Alemania tiene prohibida en su Constitución la existencia de formaciones políticas que mantengan este propósito.

Pero hay otra forma de entender el término. A los independentistas se les suele contestar que en España no existen presos políticos, sino políticos presos. Pero habría que añadir algo más: políticos presos, pero por delitos cometidos en cuanto políticos. La gravedad de estos delitos se encuentra es que son ejecutados desde una estructura de poder, abusando del cargo que se ostenta. Este grupo incluiría, por ejemplo, la prevaricación, el cohecho, la malversación y, por supuesto, el golpe de Estado.

El concepto de golpe de Estado comenzó a usarse en la Francia del siglo XVII, designando una serie de actos y de medidas violentas y repentinas adoptados por el rey, sin respetar la legislación ni las normas. A lo largo del siglo XIX, el término se fue ampliando para significar la acción violenta de un componente del Estado, por ejemplo en España las Fuerzas Armadas, con el fin de modificar el ordenamiento jurídico o el gobierno, sin atenerse a los canales establecidos para ello. El golpe de Estado se diferencia de la revolución en que mientras esta se realiza desde abajo, desde la base social, desde el pueblo o desde una facción del pueblo, el golpe de Estado se lleva a cabo de arriba abajo, desde una estructura de poder, que no tiene porqué ser forzosamente la militar. Ambas figuras coinciden sin embargo en el objetivo de pretender modificar la legalidad vigente sin seguir los caminos establecidos. A la ley no desde la ley, sino desde la fuerza, desde la violencia.

Actualmente uno de los temas más debatidos es si en estos últimos meses ha habido o no violencia en la actuación del secesionismo catalán, a efectos de poder calificar su conducta de rebelión. Es fácil recurrir a los listados de la guardia civil, o incluso de los mossos d´escuadra, para encontrar más de 350 casos en los que se han empleado métodos violentos. Pero antes que ello conviene considerar que todo golpe de Estado, por el hecho de realizarse desde el poder, implica fuerza o violencia, que no tiene que ser necesariamente física. Se utiliza la preeminencia y los instrumentos que proporciona el cargo para imponer al margen de la ley y contra la ley una nueva ley, y ello solo puede realizarse violentando la voluntad de la ciudadanía.

Ya de por sí el poseer el gobierno de la Generalitat concede un alto grado de poder y fuerza al soberanismo, pero el hecho de haber estado desde siempre en el gobierno de Cataluña le ha permitido a lo largo de todos estos años crear unas fuertes estructuras sociales de poder que le han dotado de los mecanismos necesarios de coacción y fuerza para doblegar contra su voluntad al menos a la mitad de los catalanes. Frente a ellos se ejerció violencia en el intento de forzarles a aceptar un nuevo ordenamiento político que no deseaban y también se ejerció frente al resto de españoles al pretender arrebatarles de forma ilegal y también contra su voluntad la soberanía que según la Constitución solo pertenece al pueblo español en su conjunto.

Violencia hubo, desde luego, los días 20 y 21 de septiembre en Barcelona, cuando la ACN y Òmnium Cultural convocaron a la muchedumbre al asedio de la Consejería de Economía y al secuestro de la comisión judicial y de la guardia civil que, obedeciendo órdenes del juez, registraban el susodicho edificio. Violencia hubo el 1 de octubre, aunque fuese pasiva, cuando emplazó a todos los incondicionales para que impidiesen la entrada de las fuerzas de seguridad del Estado que actuaban como policía judicial en los colegios electorales. Violencia hubo en los llamados paros país, en los que se intentó paralizar la circulación ferroviaria y el transporte por carretera. Violencia hubo en las múltiples coacciones, escraches e intimidaciones a la guardia civil, a la policía armada, y a cualquier  ciudadano que se opusiese al procés o se considerase sospechoso de ser botifler, palabra que tiene ya un origen bélico. Violencia hubo en tantos y tantos actos que figuran en los diferentes sumarios tanto del juez Llarena como de las otras instancias judiciales. ¿Y cómo no hablar de violencia cuando se metió en el juego a un cuerpo armado de más de 16.000 hombres y se pretendió utilizarlo para los fines del procés?

En los momentos actuales la violencia continúa. Los llamados CDR (comités de defensa de la república) proclaman la primavera catalana con el objetivo de paralizar todo el territorio, cortan carreteras y pretenden apoderarse de estaciones de ferrocarril. Hay quien afirma que todos estos actos representan una radicalización del comportamiento y que los protagoniza tan solo una pequeña parte del independentismo, sin que pueda ser predicable del conjunto. Incluso hablan de un independentismo pacifico, el de la ANC y  Òmnium Cultural, y otro más agresivo parecido a la kale borroka, que es el que practican los CDR.

Discrepo de esta tesis. La prueba más evidente es que tanto Junts per Catalunya como Esquerra se niegan a condenar la violencia de estos días. En realidad, los que actúan ahora no son distintos de los del 20 o 21 de septiembre, o del 1 de octubre, solo han cambiado el nombre, entonces se llamaban comités de defensa del referéndum y ahora, de la república. En todo caso, hay una división de papeles y una diversificación en cada momento según las circunstancias. Pero todo obedece a una misma estrategia y se incardina en un mismo procés, con una sola finalidad y una dirección común. Mientras en público se repite constantemente que son hombres de paz, y que sus manifestaciones son serenas y apacibles, por debajo se promocionan y se incita a la coacción, la intimidación y la violencia.

En ese lenguaje falaz e incluso ridículo en el que se mueven los que pretenden estar en la tercera vía, pero terminan siendo abogados defensores del secesionismo, Enric Juliana mantenía en una tertulia que si todos esos actos de violencia se consideraban rebelión también lo serían las manifestaciones de los pensionistas.  Al margen de si hubo o no violencia en este último caso, la diferencia se encuentra en la finalidad. La violencia del secesionismo se engloba en un proyecto que pretende romper la Constitución, e independizar de forma ilegal una parte de la nación. No creo yo que esa fuera la intención de los pensionistas.

Desde distintos ángulos, no solo independentistas, se ha criticado la actuación del juez Llarena en el hecho de haber dictado prisión incondicional para algunos de los implicados. Conviene recordar que al principio del proceso era la juez Lamela la que suscitaba todos los improperios mientras se encomiaba a Llarena por su ponderación y por haber dejado en libertad con fianza a la mesa del Parlament. Más tarde, las censuras se han dirigido con toda su virulencia al juez del Supremo. En el mejor de los casos, se ha dicho que las medidas eran desproporcionadas. Ciertamente nadie puede alegrarse ni agradarle ver entrar en prisión a personas que hasta hace poco eran personajes públicos y contaban con todos los honores; los acontecimientos, sin embargo, parece que están dando la razón al juez instructor.

Al menos son dos las razones que parecen ratificar las decisiones de Llarena. Suponer que existe riesgo de fuga no es nada descabellado cuando ya existe un buen número de huidos y, además, se supone que los procesados tienen suficientes medios económicos y relaciones políticas para poder permanecer en el extranjero. El razonamiento de que los que se han presentado ante el juez son los que no tienen intención de huir no es demasiado convincente, porque las decisiones pueden cambiar a lo largo del proceso según vayan viendo que las condiciones se modifican, tanto en la existencia de pruebas como en la calificación del delito y en las previsibles condenas. La fuga de la secretaria general de Esquerra Republicana no deja lugar a la duda.

La segunda razón y quizás más contundente es la posibilidad de reincidencia. Cada vez es más evidente que el proyecto continúa vivo, que las nuevas elecciones no han servido para poder hacer un punto y aparte. El independentismo, a pesar de haber fracasado en casi todos los proyectos, no decae en su intención de mantener el procés, y en su propósito de declarar la independencia de forma unilateral y en contra de la Constitución. La mayoría de los procesados conservan en él un importante protagonismo, aun cuando hayan declarado ante el juez lo contrario. Las tentativas de querer nombrar presidente de la Generalitat a algunos de los principales cabecillas del golpe, dotándoles por tanto de los mismos medios y poder que tenían antes de la rebelión, indican bien a las claras que la posibilidad de reincidencia es muy elevada. ¿Qué pensaríamos si a alguien que hubiese robado en una empresa con la excusa de que aún no hay sentencia firme lo colocásemos al frente de ella? ¿Qué diríamos si mientras se celebraba el Consejo de guerra, como no había aún sentencia, se hubiera nombrado a Milans del Bosch jefe del Alto Estado Mayor?

En los momentos actuales se está produciendo un gran número de situaciones paradójicas y confusas con las que le ha tocado lidiar al juez Llarena. Todas ellas derivadas de la deficiente aplicación del artículo 155, tales como la de convocar inmediatamente elecciones sin tener sofocado el golpe de Estado. A ello me refería yo en los artículos escritos en estas mismas páginas el 2 de noviembre y el 28 de diciembre del año pasado. Rajoy tiene sin duda una parte de culpa, pero la misma o más corresponde a Albert Rivera y a Pedro Sánchez, que le empujaron a ello y que condicionaron su aquiescencia a este requisito. El primero, llevado por la idea de que las elecciones iban a ser ventajosas para Ciudadanos, como así ha sido; el segundo, tutelado por Iceta que no quería ni oír hablar de la aplicación del 155, y que solo accedió a condición de que su mantenimiento fuese por el periodo más corto posible. He dicho a menudo que el problema del secesionismo catalán no está en las formaciones políticas independentistas, sino en las constitucionalistas que son incapaces de actuar con firmeza.

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