Parálisis institucional y presupuestaria

Entre la opinión pública actual se ha extendido la suposición de que la actividad política se encuentra paralizada en España. Se basan, sobre todo, en la falta de resultados legislativos. Vaya por delante mi creencia de que la moderación en la actividad legislativa no es forzosamente negativa. A menudo, las reformas legales son contraproducentes y sería bastante mejor que no se produjeran. Por otra parte, las permanentes modificaciones jurídicas crean un clima de inseguridad e incertidumbre bastante pernicioso para la sociedad.

Ahora bien, esto es una cosa y otra muy distinta que la inoperancia de los partidos paralice todo avance y reforma legislativa necesaria. Muchos creadores de opinión señalan al Gobierno como único culpable, lo cual sería cierto si tuviese mayoría absoluta o al menos el escenario político presentase la estructura de las etapas anteriores, es decir, el bipartidismo. Pero en este nuevo contexto en el que el arco parlamentario se ha fraccionado de forma considerable y en el que ha desaparecido -parece que para siempre- el bipartidismo y las mayorías absolutas, las responsabilidades hay que repartirlas. En la estructura actual no hay posibilidad de avance sin pacto y sin consenso, por lo que la mayor responsabilidad recae sobre las formaciones políticas que se niegan a priori a la negociación y al acuerdo, sea estando en el Gobierno o en la oposición.

El secretario general del PSOE ha reprochado a Rajoy su ineptitud para sacar los presupuestos adelante, retándole a que dimita o a que se presente a una moción de censura si no es capaz de lograr su aprobación. En su esquema -que es quizás el que se había seguido hasta ahora con resultados muy negativos- el presupuesto era cosa del Gobierno y la función de la llamada oposición era criticarlo, enmendarlo en su totalidad y votar en contra.

En ese escenario donde o bien se daba la mayoría absoluta de una formación política o bien esta se construía a base de acuerdos con algún partido nacionalista -pagando por supuesto el correspondiente peaje-, el Gobierno controlaba prácticamente el Parlamento. En realidad, la diferencia entre Ejecutivo y Legislativo desaparecía o, más bien, el último se convertía en correa de transmisión del primero. Es por eso por lo que en la práctica las leyes, y la propia ley de presupuestos, que en sí deberían ser frutos del Parlamento, se convertían en obra exclusiva del Gobierno sin que la oposición tuviese nada que decir.

En la nueva situación, sin embargo, en la que se ha superado el bipartidismo e impera el fraccionamiento del espacio político, se ha devuelto al Parlamento la capacidad (no solo formal) de legislar y modificar eficazmente los proyectos de ley (entre ellos el del presupuesto) presentados por el Gobierno, y el Legislativo ha adquirido autonomía frente al Ejecutivo. El Gobierno pierde capacidad de maniobra y el resto de partidos debe trascender el simple papel de oposición para convertirse en agentes políticos activos que pueden hacer realidad parte de su programa mediante el pacto y la negociación.

Esta transformación invalida la tesis que culpa exclusivamente al Ejecutivo de la supuesta paralización institucional y le hace responsable único de la aprobación o no aprobación del presupuesto. Ciertamente sería responsable si se negase a negociar o si negociando fuese inflexible en sus planteamientos, pero cuando son las otras formaciones políticas las que rechazan incluso sentarse a dialogar hay que afirmar que por lo menos tienen tanta o más responsabilidad que el Gobierno.

Es evidente que Pedro Sánchez continúa en el escenario anterior, reclamando para sí el papel exclusivo de jefe de la oposición, reduciendo su función a la denuncia y a la crítica, esperando pasivamente tiempos mejores en los que por fin logre que Rajoy se marche y pueda sustituirle. El problema está en primer lugar en que puede que el sucesor de Rajoy no se llame Pedro Sánchez, sino Albert Rivera o cualquier otro que en este momento ni siquiera imaginemos y, en segundo lugar, que, si por fin el Gobierno fuese del PSOE, no existe ninguna certeza de que no terminase realizando la misma política que el PP. Además, esa postura y actitud de cerrazón a toda negociación tiene el gran inconveniente de preferir ciento volando a uno en la mano, de perder el tiempo presente y condenarse mientras se está en la oposición a la inoperancia política sin aprovechar la gran ventaja de que el Gobierno se encuentre en el Congreso en una posición precaria y necesite el concurso de otras fuerzas para sacar adelante cualquier ley.

Podemos, que surgió en contra del bipartidismo, se mantiene paradójicamente en la misma lógica que el PSOE de Pedro Sánchez; es más, pretende disputarle el título de oposición. Se contenta con criticar al Gobierno, denunciar y reclamar todo tipo de medidas (en algunas ocasiones sin considerar demasiado acerca de si dentro de la Unión Monetaria son posibles). Todo ello está muy bien para un movimiento activista, pero no tanto para un partido político que tiene que saber pasar de su programa máximo a obtener la aplicación del máximo posibles de sus medidas. En último término, se les exige resultados y no solo palabras. Pablo Iglesias se presentó en el primer momento renegando de la vetusta izquierda que se había contentado con una postura testimonial, sin tener influencia práctica en la política. Ellos iban a por todas, y ciertamente capitalizaron el descontento de la crisis y de los recortes y consiguieron más de cincuenta escaños. Pasado el tiempo, da la sensación de que la vetusta IU con sus quince o veinte escaños obtuvo más resultados prácticos que ahora Podemos con cincuenta.

Ortega y Gasset en su “Mirabeau”, afirmaba que una cosa era hacer filosofía y otra, política. Me temo que tanto el PSOE de Pedro Sánchez como el Podemos de Iglesias se dedican a hacer filosofía, o algo parecido, y no política. Todo se les va en querer echar a Rajoy, por eso dejan a Ciudadanos y al PNV que se lleven el gato al agua, pactando con el Gobierno. No solo no echan a Rajoy, ni logran, –al negarse a negociar con él– modificar lo más mínimo sus políticas-, sino que con su parálisis e inoperancia consienten que sean las medidas regresivas de Ciudadanos y del PNV las que se terminen aprobando. Pueden, por ejemplo, salir en manifestación con los pensionistas, pero exclusivamente con ello no lograrán que se retorne a la actualización anual por el IPC.

En las condiciones actuales, permitir que el PNV tenga la llave de la política española tiene una relevancia mucho mayor que en el pasado. No se trata ya de que, como siempre, cobren su peaje al margen del interés general y en contra de otros territorios, sino que se les concede la posibilidad de chantajear al Gobierno respecto a la política que haya de aplicarse en Cataluña. Supongo que al Podemos de Iglesias, dada su política territorial y la actuación de su sucursal en Cataluña, esto no le importará demasiado; pero en cuanto al PSOE -aunque sea el de Pedro Sánchez, que ha mantenido continuamente la tesis de que estará siempre en la defensa del Estado de derecho-, su parálisis y su inoperancia institucional y presupuestaria, dejando el mando en manos del PNV, es un baldón difícil de justificar.

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