La rebelión de los pensionistas (II)

En el artículo de la semana pasada, al filo de la manifestación de pensionistas, traté el tema de las pensiones. No obstante, limité mi análisis a la conveniencia de que las prestaciones se actualicen anualmente por la inflación; postulé la necesidad de que su cuantía en términos reales no se recorte ni se produzcan transferencias del colectivo de los pensionistas a otros colectivos o, lo que es lo mismo, que los poderes públicos no utilicen la inflación y las pensiones para solucionar sus problemas presupuestarios. Al final del artículo prometí abordar esta semana el manido tema de la suficiencia financiera del sistema público de pensiones.

Anticipaba ya que la solución del problema no podía restringirse a bajar la cuantía de las pensiones. Así, lo soluciona cualquiera.  Aunque en realidad, en este caso no se trata de solución sino más bien de destrucción progresiva del sistema público. Adelantaba también que, si realmente se pretende resolver la cuestión, hay que rescatar las pensiones del estrecho campo al que las confinó el Pacto de Toledo con la separación de fuentes y de su exclusiva financiación mediante cotizaciones sociales. En ese marco no hay salida posible, ya que entran en funcionamiento todos esos condicionantes de la pirámide de población, del empleo, de los salarios, e incluso de la presión de los empresarios y la permisividad de algunas fuerzas políticas acerca de la reducción de las cotizaciones sociales, alegando como excusa que se trata de un impuesto al trabajo.

Hay que negar hasta que haya que plantearse el problema. ¿Por qué específicamente nos preguntamos si es posible la financiación de las pensiones públicas y no de la educación, de la sanidad, del ejército, de la policía, de las ayudas a la dependencia, del pago de la deuda, de las subvenciones a los empresarios y emprendedores, de los gastos de los Ayuntamientos, de las Comunidades Autónomas, del servicio exterior del Estado, de la justicia, del seguro de desempleo, del AVE, y de otras muchas obras públicas, y de tantas y tantas partidas de gasto público? Si de algún capitulo de gasto no se debería dudar, es precisamente del de las pensiones, porque en cierto modo se trata de una deuda contraída por el Estado: devolver a los jubilados lo que han aportado (en su conjunto) a lo largo de su vida activa.

La pregunta que hay que hacerse es qué estructura fiscal se precisa para financiar los múltiples aspectos de un Estado social, al que recurrimos continuamente para reclamarle toda clase de servicios y prestaciones, pero al que somos totalmente renuentes a la hora de financiarlo. La cuestión habrá que plantearla en toda su amplitud. Es el conjunto de los ingresos del Estado el que debe financiar todos los gastos, sin hacer corralitos, sin comportamientos estancos y sin crear impuestos afectados a finalidades concretas. Desde esta perspectiva, la variable estratégica no es la pirámide de población o la tasa de natalidad. Si lo fuesen, la salida sería relativamente sencilla, permitir mayores tasas de emigración. ¿Pero para qué queremos incrementar la población activa si se va a traducir en un número mayor de desempleados? Tampoco podemos afirmar que el quid radique, en sentido estricto, en el número de ocupados. Lo importante no es cuántos producen sino cuánto se produce. Lo que no es lo mismo. Un número más reducido de personas puede producir una cantidad mayor de bienes si se incrementa la productividad.

Desde esa perspectiva global, en la que todos los ingresos financian la totalidad de los gastos, la variable fundamental es la evolución de la renta global del país (sea cual sea el número de activos) y cómo se reparte. Más concretamente, qué porción va al Estado, como accionista mayoritario de la economía nacional, para financiar la totalidad de los bienes y servicios públicos, entre los que se encuentran las pensiones.

Thomas Piketty, en su libro “El capital en el siglo XXI”, realiza un enorme esfuerzo para obtener series históricas de determinadas magnitudes, remontándose de manera estimable en el tiempo. Entre las variables que estudia se encuentra la elevación de la renta per cápita como resultado del incremento de la productividad. El PIB por habitante apenas creció hasta 1700, con lo que tampoco se modificó sustancialmente el nivel económico y el género de vida de las sociedades. La realidad económica comienza a modificarse de forma notable a partir de la Revolución Industrial. En la Europa occidental la renta per cápita en términos constantes pasó de 100 euros mensuales en 1700 a más de 2.500 euros en 2012, con un crecimiento anual promedio del 1%.

Por supuesto, la evolución no ha sido homogénea a lo largo de todo este tiempo. Centrándonos en los últimos treinta dos años (1980-2012), la tasa promedio fue del 1,8%. Aun cuando esta tasa es bastante más reducida que la de las décadas anteriores, es lo suficientemente elevada como para que la renta per cápita durante estos años se haya incrementado en términos reales el 77% y se haya creado sobrada riqueza para que no exista ningún obstáculo en la financiación en su conjunto del Estado social, incluyendo por supuesto las pensiones. Podemos afirmar que por término medio somos cada vez más ricos, por lo que se viene abajo el famoso discurso de la austeridad y ese intento de convencernos de que ahora no es posible lo que ayer sí lo era.

Un ejemplo muy fácil ayudará a entender lo que afirmamos. En aras de la claridad, el supuesto se ha simplificado al máximo, pero el resultado sería siempre parecido por mucho que lo complicásemos. Para hacerlo lo más sencillo posible se ha supuesto que el único gasto que tiene que afrontar el Estado es el de las pensiones, de manera que el producto se reparte entre el excedente empresarial, los trabajadores y el Estado, es decir, los pensionistas. Todos los datos se expresan en moneda constante prescindiendo de la inflación.

En el año t, existen 20 millones de trabajadores y 8 millones de pensionistas y la renta nacional ha ascendido a 800.000 millones de euros. El excedente empresarial neto de impuestos alcanza el 51% del producto o, lo que es lo mismo, 408.000 millones de euros. La retribución media anual neta de los 20 millones de trabajadores es de 16.000 euros, y la cantidad global, por tanto, dedicada a salarios asciende a 320.000 millones. Los impuestos absorben los 72.000 millones de euros restantes, con lo que se puede hacer frente a una pensión anual media de 9.000 euros.

En el año t+25, el número de trabajadores ha descendido a 16 millones, mientras que el número de pensionistas sube hasta los 12 millones. La renta nacional debido al incremento de productividad se ha elevado en un 25%, ascendiendo por tanto a un billón de euros. El excedente empresarial mantiene su participación en la renta del 51%, en este caso 510.000 millones de euros. Para mantener la pensión media en 9.000 euros anuales (sin pérdida de poder adquisitivo) los impuestos alcanzan los 108.000 millones de euros, lo que permite un sobrante de 382.000 millones de euros que, dividido por el número de trabajadores, ofrece un salario medio de 23.875 euros.

Este sencillo ejemplo desmonta todas las profecías catastrofistas de los que ponen en duda la viabilidad del sistema público de pensiones. El incremento de un 25% del PIB (porcentaje más bien modesto de acuerdo con la tendencia existente en Europa desde 1700) permite que, aun cuando la cifra de los jubilados haya crecido un 50% (cuatro millones) y los ocupados hayan descendido en un número similar, las pensiones puedan mantener el poder adquisitivo y al mismo tiempo es posible un crecimiento sustancial del excedente empresarial y del salario medio.

La viabilidad del sistema público de pensiones, al igual que la del resto de las prestaciones sociales, no es un problema de producción, sino de distribución. Trabajadores, empresarios y Estado concurren a participar en la renta nacional. No es tanto una cuestión económica sino política. ¿Qué parte de la renta debe ir mediante impuestos al Estado para acometer todas las cargas del sector público? John Kenneth Galbraith anunció ya hace bastantes años la idea de que cambios como la incorporación de la mujer al mercado laboral y el aumento en la esperanza de vida exigirían una redistribución de los bienes y servicios que habrían de ser producidos y, en consecuencia, consumidos, a favor de los llamados bienes públicos y en contra de los privados.

El envejecimiento de la población de ninguna manera provoca la insostenibilidad del sistema público de pensiones, pero sí obliga a dedicar un mayor porcentaje del PIB no solo a financiar las pensiones, sino también a pagar el gasto sanitario y los servicios de atención a los ancianos y los dependientes. Detracción por una parte perfectamente factible y, por otra, inevitable si no queremos condenar a la marginalidad y a la miseria a buena parte de la población, precisamente a los ancianos, una especie de eutanasia colectiva. Habrá quien diga que estos bienes y servicios, incluidas las pensiones, los podría suministrar el mercado. Pero llevar a la práctica tal aseveración significaría en realidad privar a la mayoría de la población de ellos. Muy pocos ciudadanos en España podrían permitirse el lujo de costearse todos estos servicios, incluyendo la sanidad, con sus propios recursos. ¿Cuántos ciudadanos tienen la capacidad de ahorrar una cuantía suficiente como para garantizarse una pensión de jubilación digna?

Hay dos tipos de ahorro: el individual y voluntario; y el público y obligatorio mediante impuestos. Desde el punto de vista del Estado social, no se puede confiar en el ahorro privado y voluntario para proporcionar los recursos necesarios a los jubilados. Solo algunos, muy pocos, tendrían en ese caso una pensión digna. Sin embargo, la economía nacional produce recursos suficientes para que el ahorro público y obligatorio del Estado (impuestos) subvenga a cubrir con carácter general esta contingencia.

La verdadera amenaza a las pensiones y en general al conjunto del Estado social radica en esa postura cada vez más generalizada que se opone a la subida de impuestos a pesar de que España cuenta con una presión fiscal muy por debajo de la media Europea; y el mayor peligro se encuentra en las fuerzas políticas como Ciudadanos que van más allá, puesto que para pactar con el Gobierno lo primero que exigen es la bajada de impuestos y se niegan después a la actualización de las pensiones de acuerdo con la inflación. Eso sí, pretenden engañar al personal (como buen partido populista) afirmando que la rebaja impositiva va dirigida a los pensionistas.

Los detractores del sistema público de pensiones adoptan a menudo un tono compasivo, preocupándose de las futuras generaciones y considerando que no rebajar las pensiones constituye una enorme injusticia intergeneracional, ya que, según dicen, se hará recaer sobre las próximas generaciones una carga muy pesada. En primer lugar, hay que señalar que los más interesados en que se mantengan las pensiones públicas o en que no se reduzca su cuantía son los jubilados del futuro, porque el efecto de cualquier recorte o reforma será tanto mayor cuanto más se aleje del presente.

En segundo lugar, si cada generación es más rica que la precedente se debe en buena medida a que parten de un nivel técnico, educacional y social mayor, gracias al esfuerzo realizado por las anteriores generaciones que acumularon un bagaje de estructuras y de inteligencia colectiva que ha hecho posible el incremento de la productividad.

Concretamente en el caso de España, los jubilados actuales han costeado con sus impuestos una educación universal y gratuita de la que la mayoría de ellos no gozaron en su infancia y adolescencia. También con sus impuestos han facilitado en buena medida el acceso a la universidad de las generaciones posteriores, facilidades de las que muy pocos de su generación disfrutaron. Con sus cotizaciones se han mantenido las pensiones de los trabajadores de épocas precedentes. Han sido su trabajo y sus contribuciones al erario público los que han hecho posible que hoy las estructuras y el desarrollo económico en España sean muy superiores a los que conocieron en su niñez y que la renta per cápita sea más del doble de la existente hace cuarenta años. ¿No tienen derecho a que al menos se mantenga el poder adquisitivo de sus pensiones?

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