El cupo vasco, Cataluña y el resto de Autonomías

La semana pasada se aprobó en el Congreso, por tramitación directa y lectura única, el cupo vasco. Se comprende el malestar de Albert Rivera y de Ciudadanos, ya que el procedimiento impide a la oposición introducir enmiendas. El PNV ha señalado en alusión a Ciudadanos que “a algunos les sorprenden determinados mecanismos, pero están establecidos en las propias leyes. Es un sistema concertado, en el que las dos partes se tienen que poner de acuerdo”. Paradójicamente, esta argumentación -que es cierta- deja al descubierto el pecado mayor del concierto, el de configurarse como un acuerdo bilateral entre gobiernos, en el que el Parlamento español tiene muy poco que decir y, lo que resulta casi más injusto, el resto de las Comunidades, menos. De ahí también las reticencias lógicas de Compromís y de los barones socialistas.

La bilateralidad tiene una enorme fuerza de atracción para las formaciones nacionalistas no solo por una razón de preeminencia, la de considerar al resto de Comunidades en un estrato inferior, sino porque siempre es más fácil chantajear a un gobierno, sea cual sea, que enfrentarse al resto de las Autonomías. Eso explica también por qué los nacionalistas catalanes han planteado y plantean siempre el diálogo de forma bilateral, y por qué el presidente de la Generalitat ha eludido todo ámbito de negociación colectiva. Pero, quiérase o no, la financiación autonómica es un sistema de suma cero: el dinero que se destina al País Vasco o a Cataluña no va al resto de las Comunidades, bien porque se reduzcan sus recursos o los del Estado.

En la defensa del cupo, Margarita Robles ha declarado que el concierto es un hecho diferencial constitucionalmente reconocido. Tiene razón, pero también es verdad que, como todos los hechos diferenciales reclamados por los nacionalistas, pasan enseguida de hechos a privilegios. Lo ha dicho claramente el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández: “El País Vasco está sobrefinanciado”. La sobrefinanciación, tanto del País Vasco como de Navarra, es un hecho, además de diferencial, irrefutable.

Existe, como es lógico, una cierta correlación entre la renta per cápita de las Comunidades y el déficit o superávit de las llamadas balanzas fiscales, aun cuando el cálculo de estas mantenga siempre cierta relatividad. Es fruto de la política redistributiva del Estado, que debe concretarse también en el ámbito territorial. En la correlación de estas dos series, surge, sin embargo, una clara irregularidad, un hecho diferencial, podríamos afirmar. El del País Vasco y Navarra. Ocupan el segundo y tercer puesto en renta per cápita y, no obstante, ambos son receptores netos. Ciertamente en mucha mayor medida el País Vasco, que, según los últimos datos, presenta un saldo positivo superior al de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y La Rioja. ¿Cómo no hablar de injusticia?

La mayoría de los comentaristas y políticos son conscientes de esta realidad, pero la atribuyen no tanto a la existencia del concierto, sino al cálculo que se ha venido haciendo del cupo. Es indudable que la determinación periódica del cupo siempre se ha hecho en circunstancias tales que el Gobierno vasco ha tenido un trato sumamente beneficioso. Empezando por la propia metodología que margina la función redistributiva del Estado. Esta se negoció bajo la sombra de mayor actividad de ETA. Participé con la delegación del Estado en algunas reuniones de esa negociación. Recuerdo que en cierta ocasión en la que se produjo un desacuerdo, la parte vasca insinuó, como el que no quiere la cosa, que no sabían cómo le sentaría eso a ETA. Era la concreción de la frase de Arzalluz: “ETA agita el nogal y nosotros recogemos las nueces”.

Después, ha actuado el juego parlamentario, un tanto abusivo, que los nacionalistas bien sean catalanes o vascos han venido practicando todos estos años, siempre prestos a facilitar su apoyo a cualquiera de los dos grandes partidos que lo necesitasen para su investidura o en su acción de gobierno. Pero siempre vendiendo por un buen precio sus servicios, en detrimento, por supuesto, de las otras Comunidades Autónomas. En el caso del PNV, las mercedes se concretaban, entre otras, en el cálculo del cupo. Cuando el chantaje no era posible porque el gobierno de la nación disponía de mayoría absoluta y existían discrepancias, el PNV dejaba el acuerdo para tiempos mejores, en los que se precisasen sus servicios y entonces, en la nueva negociación, se introducían los desacuerdos anteriores, lográndose todas las reclamaciones atrasadas. Eso, ni más ni menos, es lo que ha ocurrido en esta ocasión.

La última vez que se aprobó el cupo fue en 2007, con Zapatero en minoría. Durante la etapa en la que el Gobierno del PP contó con mayoría absoluta no se llegó a ningún acuerdo. Se ha esperado hasta ahora, cuando Rajoy ha necesitado el apoyo del PNV, de cara a sacar adelante la Ley de presupuestos de 2017, para aprobar la ley del cupo, que no solo fija una cantidad claramente infravalorada para los próximos cinco años, sino que recoge las reivindicaciones acumuladas desde 2007. Por eso, Josu Erkoreka ha hablado de “15 años de paz fiscal”.

Resulta por tanto plenamente lógico que junto a Ciudadanos y a Compromís haya surgido la protesta de las voces socialistas que gobiernan distintas Comunidades Autónomas. La mayoría han tenido que disfrazar su crítica de reproche al Gobierno por no presentar al mismo tiempo un nuevo modelo de financiación autonómica. Su posición era ciertamente delicada por dos motivos. El primero es que el grupo socialista en el Congreso iba a votar a favor en la aprobación de la Ley.

El segundo es de más calado y supongo que en parte explica el primero. La negativa del PSOE de Pedro Sánchez a discutir y negociar los presupuestos de 2017 con el PP no dejó a Rajoy otra alternativa que echarse en los brazos del PNV y pagar el correspondiente peaje, que no soporta él, sino el resto de los españoles. Es más, a menudo los sanchistas, con la intención de librarse de la presión que podía ejercerse sobre ellos para que apoyasen al Gobierno, han empujado al PP a pactar con los nacionalistas. El 11 de mayo escribí en este mismo diario digital un artículo titulado “El coste del seudoizquierdismo de Pedro Sánchez”, en el que pretendía resaltar el precio que para los ciudadanos españoles iba a tener la negativa del PSOE a ni siquiera sentarse a discutir los presupuestos de 2017. En ese coste se incluía por supuesto el pacto con el PNV y en consecuencia la aprobación sesgada del cupo, pero también, al menos desde el punto de vista de la izquierda, las concesiones hechas a Ciudadanos y a los canarios y, sobre todo, las contrapartidas sociales que los socialistas hubiesen podido conseguir y no han conseguido. Nunca sabremos, afirmaba yo, hasta dónde hubiera estado dispuesto a ceder Rajoy en temas como pensiones, seguro de desempleo o impuestos.

En los momentos actuales retorna el problema. Están en perspectiva los presupuestos de 2018. A Pedro Sánchez se le presenta la alternativa de intentar, mediante la negociación, que determinadas medidas progresistas se incluyan en los presupuestos o bien, presa de una pureza ritual, permitir de nuevo que las cesiones al País Vasco vuelvan a incrementar las desigualdades territoriales y que las demandas de Ciudadanos deterioren aún más la economía del bienestar. Con toda razón y también con cierta habilidad, Montoro ha intentado unir la financiación autonómica con los presupuestos del año que viene. Existe el mantra de que la aprobación de los presupuestos le importa únicamente al Gobierno, cuando en realidad en una época de restricciones presupuestarias, el Ejecutivo se siente bastante cómodo con un presupuesto prorrogado. Serían otros, por ejemplo las Comunidades Autónomas o las formaciones políticas de izquierdas que consideran que las prestaciones sociales deben incrementarse, las que pueden verse más perjudicadas por la falta de presupuesto. Una formación política de izquierdas no solamente lo es porque enuncie medidas de izquierdas, sino porque las consigue, implantándolas cuando está en el gobierno y, cuando no, pactándolas desde la oposición.

El voto favorable de Podemos en la aprobación del cupo resulta aun más inexplicable, si no fuera porque en materia territorial nos tiene ya acostumbrados a las posturas más estrambóticas. Se supone que la igualdad se sitúa en la cúspide programática de las formaciones políticas que se definen de izquierdas. Igualdad que se debe traducir también en el orden territorial. Por eso se entiende tan mal que Podemos se sitúe siempre al lado de los intereses de las regiones ricas y las defienda en sus privilegios, o que respalde las fuerzas centrífugas que incrementan los desequilibrios y dañan las políticas redistributivas entre los territorios. Claro que ya al margen de izquierdas o derechas, solo la más total ignorancia y ceguera pueden motivar que se defienda la independencia de una Comunidad más bien pobre como Andalucía.

Es cierto que el cálculo del cupo ha colaborado sustancialmente a la situación de discriminación, pero el problema es más profundo, está en la raíz, se encuentra en la existencia del propio concierto. Es un régimen fiscal totalmente anómalo en la doctrina financiera del siglo XXI. Difícil de explicar en Europa, ante cuyas autoridades el Gobierno español ha tenido que comparecer a menudo para defenderlo. Es un régimen más propio de la Edad Media (aunque haya sido actualizado durante las guerras carlistas), en el que la realidad jurídica no se basaba en la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley sino en las concesiones (libremente otorgadas o arrancadas) del monarca. Cada territorio tenía sus fueros (privilegios). No existía un sistema fiscal universal propiamente dicho, sino que la Corona obtenía los recursos de cada territorio o ciudad (cupo), siendo luego las instituciones locales las encargadas de recaudar el gravamen entre los ciudadanos.

Al margen de disquisiciones teóricas o históricas, el sistema presenta dos grandes defectos que lo hacen especialmente perverso. El primero, ya se ha citado, es el de la bilateralidad, que se quiera o no, incentiva la discriminación y dificulta la redistribución territorial. Es el propio sistema el que casi predestina a que el cálculo no se realice de manera objetiva, sino en función de vericuetos partidistas. El segundo es que, al contar el Gobierno vasco con plena capacidad normativa, se rompe la unidad fiscal propiciando la competencia desleal y el dumping fiscal. Bien es verdad que últimamente este problema se ha extendido también al modelo de financiación autonómica general, según se ha ido transfiriendo de forma parcial capacidad normativa a las otras Comunidades. A ello me refería en el artículo de la semana pasada, aplicado al impuesto de sucesiones. No obstante, el problema se hace infinitamente mayor con el concierto en el País Vasco y Navarra. Nada más aprobar el cupo, el Gobierno vasco acaba de aprobar una sustancial rebaja del impuesto de sociedades que va a colocar en graves apuros a las Comunidades limítrofes.

Podríamos afirmar incluso que existe un tercer factor que se ha puesto de manifiesto con el desafío soberanista catalán. El golpe de Estado hubiese sido mucho más difícil de controlar si Cataluña hubiese contado con un sistema fiscal similar al del País Vasco. Lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Cataluña nos debe hacer reflexionar y replantearnos la estructura territorial, pero quizás las medidas que se precisan van en dirección contraria a las que se pretenden con la creación de la Comisión que se ha constituido en el Congreso a instancias de Pedro Sánchez y de la reforma de la Constitución que algunos están pensando.

Hay quienes pueden llevarse una gran sorpresa si se abre el melón de la Constitución, porque tal vez en esta materia las posiciones de la dirección del PSOE y de Podemos están muy lejos de las de sus bases y votantes, que  puede que estén ya bastante hartos de los planteamientos victimistas, insolidarios y supremacistas de los nacionalismos, e indignados de haber ido tan lejos en la descentralización posibilitando un golpe de Estado. Es muy posible que la mayoría de la población española no esté dispuesta a que se dé un paso más en esta dirección, sino que por el contrario la reforma se encamine hacia la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan, y a fortalecer al Estado. Hay un antes y un después del órdago independentista de Cataluña. Jamás la aprobación del cupo vasco ha levantado tanta polvareda y generado tantas críticas.

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