Los millonarios y la reforma fiscal de Trump

Hagamos un paréntesis. Al menos por una semana dejemos un poco al margen el problema catalán y abordemos un tema que en la sociedad española puede resultar muy insólito, pero por eso mismo es posible extraer de él conclusiones relevantes. Cuatrocientos millonarios americanos, miembros de la asociación Riqueza Responsable, con George Soros y Steven Rockefeller a la cabeza y con firmas tan notables como Bob Crandall, antiguo presidente de American Airlines, los fundadores de la marca de helados Ben & Jerry’s y la diseñadora Eileen Fischer, han enviado una carta al Congreso de los Estados Unidos pronunciándose en contra de la reforma fiscal propuesta por Trump. “Somos ricos a los que nos preocupa profundamente nuestra nación y su gente, y escribimos con una sola petición: no nos recorten los impuestos”, comienza el escrito.

Sin duda, el hecho resulta chocante para una mentalidad española, acostumbrada a posturas muy diferentes de nuestra clase empresarial y pudiente, siempre ansiosa de rebajas impositivas; pero no es la primera vez que las elites privilegiadas americanas reaccionan de este modo. En 2011, Bill Gates y Warren Buffet, dos de los hombres más ricos del planeta, se dirigieron a Barack Obama, pidiéndole que los estratos sociales de mayores rentas pagasen más impuestos como compensación a los costes y calamidades que las clases populares habían tenido que soportar durante la crisis. Y en tiempos de Bush hijo, ciento veinte multimillonarios, a cuya cabeza figuraban Soros, Warren Buffet y William Gates, el padre del creador de Microsoft, firmaron una carta en la que pedían que no se eliminase el impuesto de sucesiones, tal como había prometido el presidente de EE. UU.

La reforma fiscal de Trump aún no está definida, se está negociando en el Congreso y es muy posible que la versión final sea más limitada que la propuesta por el presidente. El partido republicano tiene aversión al déficit y a todo lo que lo provoque, y sus miembros sospechan que este y la deuda pública se vayan a incrementar como consecuencia de la rebaja impositiva. En cualquier caso, aun cuando lo que al final se apruebe no sea la opción maximalista, sí va a representar una sustancial disminución de la presión fiscal para las clases adineradas.

Las medidas se orientan en la misma línea que todas las reformas fiscales instrumentadas en EE. UU. desde los tiempos de Reagan y que, a su vez, se han copiado en los países europeos: reducción del impuesto de sociedades; modificación de la tarifa en el gravamen sobre la renta, disminuyendo el número de tramos y los tipos marginales, especialmente los máximos, y eliminación del impuesto de sucesiones. Al ciudadano español le resultan bastante familiares, y han estado presentes en muchas de las reformas acometidas en nuestro país a lo largo de los últimos veinticinco años.

El Gobierno y los republicanos justifican la reforma con los argumentos clásicos que viene empleando el neoliberalismo económico. Sostienen que el recorte producirá una oleada de inversiones de una magnitud tal que acelerará el crecimiento y permitirá rápidamente compensar la pérdida fiscal. Trump, de manera no demasiado técnica, afirmaba que serviría “para que las empresas puedan crear más trabajo, elevar los salarios y dominar a sus competidores”; el consejero económico de la Casa Blanca, Gary Cohn, declaró: “Nuestro plan está diseñado para favorecer la inversión”: y Kevin Brady, autor de la propuesta en el Congreso, abandona la argumentación económica para adentrarse en una especie de individualismo político: “Es tu dinero, te lo ganaste y te lo mereces”.

El argumento en todo este tipo de reformas fiscales acostumbra a ser siempre el mismo. Se mantiene que hay que promocionar el ahorro de manera que se aumenten las inversiones y con ellas el crecimiento. Normalmente el razonamiento se lleva al extremo, y se asegura que la rebaja impositiva no va a dañar la recaudación ya que se compensará con los ingresos fiscales provenientes de la expansión de la economía creada con la rebaja. Se trata de la manida curva de Laffer, vulgarizada por Reagan para justificar su reforma y que fracasó estrepitosamente ya que entonces el déficit se desbocó. En realidad, nunca se han cumplido sus previsiones y, sin embargo, se continúa usando permanentemente ya que es muy útil siempre que se quiere bajar la imposición a los ricos. Es verdad que, en el fondo, ya nadie se cree la patraña de que la recaudación no se va a resentir. Esa es la razón por la que el partido republicano mantiene reticencias para aceptar la versión maximalista de Trump en la creencia de que el déficit se puede disparar. De hecho, la Oficina Presupuestaria del Congreso ha estimado ya en 1,8 billones de dólares el agujero fiscal que, en el mejor de los casos, provocaría la reforma en diez años.

El razonamiento de los defensores de la reforma se fundamenta en la necesidad de estimular el ahorro para conseguir el crecimiento, olvidando que a menudo lo que se precisa activar, por el contrario, es el consumo. Parten de una suposición falsa, la de que no existe ningún coste de oportunidad. Se presume que los recursos dedicados a la finalidad de disminuir los impuestos caen del cielo y que, además, no se pueden dedicar a ningún otro objetivo. Es decir, se considera solo la rebaja fiscal sin tener en cuenta la contrapartida. Supongamos que una reducción del gravamen provoque aumentos en la renta de los agraciados, pero ello será a condición de que se reduzcan determinadas partidas de gasto con la consiguiente disminución de las rentas de los que en caso alternativo fuesen a ser beneficiados o, en su caso, del consumo público.

El efecto neto sobre la renta, el consumo y la producción dependerá de las partidas de ingresos y de gastos considerados y de la propensión a consumir que tengan los respectivos colectivos. Grosso modo, se puede afirmar que las personas afectadas por la rebaja de los tributos progresivos pertenecen a grupos de ingresos elevados con una reducida propensión a consumir, de manera que el impacto positivo sobre la actividad que pudiera tener una reducción del gravamen quedaría compensado con creces por el efecto contractivo derivado de la minoración del gasto público al recaer sobre colectivos de mayor propensión al consumo. Como afirmó Keynes hace ya bastantes años, el ahorro de los ricos, lejos de ser un factor positivo para el crecimiento, se transforma a menudo en un obstáculo.

Y esa es la objeción principal a la reforma que se deduce de manera clara en la carta de los cuatrocientos millonarios: “Creemos que la clave para crear más y mejores empleos, así como una economía más fuerte, no pasa por dar un respiro impositivo a quienes tienen mucho, sino por invertir en los estadounidenses”. Para los firmantes, las empresas ya han alcanzado beneficios récord y viven días de enorme bonanza. Consideran mucho más importante que los fondos públicos se destinen a la educación, la sanidad y la investigación. Uno de ellos, Crandall, lo ha manifestado claramente: “Yo gano mucho dinero. Si mi ingreso crece, no pienso invertir más, simplemente ahorraré más”.

No deja de ser llamativo que a los defensores de la teoría de que las rebajas impositivas no reducen la recaudación nunca se les haya ocurrido realizar el razonamiento a la inversa. ¿Por qué no incrementar las pensiones o las prestaciones de desempleo en el bien entendido de que su impacto positivo sobre la actividad conllevaría un incremento de la recaudación impositiva de manera que el déficit se mantendría constante? Se habría encontrado la piedra filosofal.

Lo que sí parece seguro es que la reforma incrementará la desigualdad, y contra ello se pronuncia la carta de los cuatrocientos millonarios: “Les pedimos que se opongan a cualquier legislación que exacerbe aún más la desigualdad”. Son especialmente críticos en lo que se refiere a la eliminación del impuesto de sucesiones, ya que, de aprobarse, los millonarios podrían “transferir legados masivos a sus herederos” sin pagar impuestos, con lo que se incrementaría la acumulación de los bienes. Recuerdan que, en la actualidad, el 42 % de la riqueza del país recae en apenas un 1 % de sus hogares.

Al mismo ritmo que se ha ido afianzado el neoliberalismo económico, se ha generalizado una ofensiva en contra de este gravamen, lo cual no nos puede sorprender ya que esta figura tributaria posee una elevada potencialidad redistributiva. La herencia representa la mayor fuente de desigualdad, una desigualdad radicalmente injusta porque no parece equitativo que sea el nacimiento el que otorgue a algunos todas las oportunidades mientras que a otros les cierre todas las puertas. El impuesto sobre sucesiones se erige como uno de los principales instrumentos en la tarea de paliar esta injusticia radical, al tiempo que impide la acumulación progresiva de las riquezas en unas pocas manos.

Los que tachan de injusto este impuesto acuden a una teoría en boga, la de la doble imposición. En nuestro país es frecuente escuchar en las tertulias este reproche. Afirman que se tributa dos veces porque los recursos que se pretende gravar han tributado ya por el IRPF. Esta crítica es puramente ideológica, prescinde de toda técnica fiscal, ya que el sujeto pasivo del impuesto es el heredero y no el causante. Se grava el incremento patrimonial, aumento de renta de carácter gratuito, obtenido sin ningún esfuerzo, producido por la aceptación de una herencia. Para cuantificar la deuda tributaria, se tienen en cuenta circunstancias personales de los herederos (tales como el parentesco con el transmitente, su edad y su capacidad económica) y no del causante. Tan es así que un sector doctrinal (por ejemplo, Musgrave) ha señalado la conveniencia de considerar los recursos obtenidos por herencia o por donación como un incremento patrimonial más y someterlo a gravamen en el impuesto sobre la renta. Tal tratamiento sería más riguroso con el contribuyente que el de instrumentar un tributo independiente.

En España, en los últimos años, la situación de este tributo ha llegado a ser caótica. Contra toda razón, se incluyó, junto con el impuesto de patrimonio, entre los primeros tributos que se cedieron a las Comunidades. Al otorgar a estas por la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, capacidad normativa sin más limitación que los principios de coordinación con la hacienda estatal previstos en el art. 2 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), se ha generado una legislación dispersa y en muchos casos deficiente técnicamente, amén de una gran heterogeneidad, con la consiguiente desigualdad y falta de equidad, soportando los contribuyentes distintas cargas en función del territorio en el que residan.

Las Comunidades Autónomas han utilizado dicha capacidad normativa para disminuir la carga fiscal, escasamente para elevarla, produciéndose así una carrera competitiva para ver quién reducirá más el gravamen. Cuando el equipo de gobierno de la Comunidad de Madrid acometió la reforma, aseguró que la rebaja de este impuesto no repercutiría negativamente sobre las arcas públicas porque atraería negocios y contribuyentes, con lo que se incrementaría la recaudación por los otros impuestos. Sin duda, a corto plazo tenía razón. Pero ese incremento de recaudación se consigue tan solo quitándoselo a las otras Comunidades y, por esa razón, estas no podrán consentirlo y no tendrán más remedio que proceder de idéntica forma, con lo que el aumento de recaudación por otros impuestos será un espejismo. El resultado final es que todas las Comunidades perderán recaudación y el sistema fiscal se habrá hecho más injusto.

Este proceso competitivo termina quitando la capacidad de decisión a las propias Autonomías, ya que se ven obligadas a eliminar, o al menos a rebajar, el impuesto para no quedar en una situación de indefensión frente al vecino. Los únicos que salen ganando son el capital y las grandes fortunas, que se ven exentos de tributación. En realidad, es el mismo proceso que se está desarrollando en la Unión Europea con la libre circulación de capitales ante la carencia de armonización fiscal. Pero si este proceso es grave entre países, cuánto más no lo será entre regiones, dado que en ellas resulta mucho más fácil la movilidad de empresas y de contribuyentes.

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