Secesionismo: juego de palabras

Son muchos los artículos que se han escrito sobre las mentiras manejadas y lanzadas tanto por Puigdemont como por los soberanistas. En unos se relatan las falacias que han construido acerca de la historia de Cataluña, en otros se denuncian las falsedades creadas sobre el supuesto expolio al que España somete a la sociedad catalana. Existen también los que intentan desenmascarar el mundo idílico que los nacionalistas pintan sobre la futura república independiente. Hay asimismo los que critican los sofismas que acompañan a ese discurso con el que pretenden fundamentar ética y jurídicamente sus posiciones, etc.

No pretendo repetir nada de todo esto. Persigo quizás algo aparentemente más simple. Intento fijarme en algunas identificaciones espurias, que son evidentemente tramposas, pero que sin embargo el independentismo usa con frecuencia y, lo que es peor, el resto  asumimos de forma inconsciente, aun cuando sabemos que son falsas, que no son inocentes y que tienen consecuencias negativas.

1) Se identifica Cataluña con el nacionalismo.

Según los independentistas, sus propuestas y exigencias son los requerimientos de toda Cataluña. En sus manifestaciones se consideran los únicos representantes de los catalanes, olvidando que tanto en el Parlamento nacional como en el autonómico, existen otros muchos diputados que también representan a la sociedad catalana. Es frecuente escuchar frases como esta: “Es el clamor de un pueblo”, “Una nación que quiere votar”, “Se ignora la fuerza y la decisión de todo un país”. En el discurso independentista está generalizada la suposición de que los que no son soberanistas no son catalanes o, al menos, no buenos catalanes. En algunos casos, la desfachatez ha conducido a defenderlo explícitamente, como en el caso de la señora Forcadell cuando tildaba de no catalanes a los que votaban al PP o a Ciudadanos, y en el del señor Turull, portavoz y consejero de la Presidencia de la Generalitat, que negó el apelativo de ciudadanos para conceder el de súbditos a los que no fueran a votar el 1 de octubre.

Es de sobra conocido que tal identificación es un fraude. Según las encuestas elaboradas por las propias instituciones de la Generalitat, en la actualidad los partidarios de la independencia no llegan a la mitad, no pasan del 41% y eso que, según se afirma, nos encontramos en un momento de auge del soberanismo. Lo sabemos pero, a pesar de ello y al margen de porcentajes, caemos en la trampa del lenguaje. Es frecuente que en los titulares de los periódicos, en las tertulias o en los comentarios políticos, sin darnos cuenta, de forma inconsciente, aceptemos tal identificación, y así predicamos de Cataluña lo que solo es propio del movimiento secesionista; en consecuencia, hacemos el juego a los independentistas.

2) Hay un enfrentamiento entre Cataluña y España.

Es en buena medida efecto de la falacia anterior. Los independentistas, puesto que  piensan que ellos son Cataluña, presentan el conflicto como un enfrentamiento entre Cataluña y España. Pero en realidad antes que nada la fractura social se produce entre catalanes: el secesionismo está dividiendo a la sociedad y a las familias y creando un clima tan asfixiante como el que los vascos padecieron durante mucho tiempo. La contienda con el resto de España constituye tan solo una segunda derivada. Pero dada la hegemonía que tiene el discurso independentista en Cataluña y el silencio que quizás por miedo guarda la mitad que no desea la independencia, es comprensible que surja fuera de Cataluña ese sentimiento de desafección que tanto utilizan pero en sentido inverso los independentistas. El desprecio de estos hacia el resto de españoles es difícil que no se traduzca en un sentimiento reciproco hacia ellos y que, por una extensión indebida, se dirija a todos los catalanes

3) El independentismo es transversal.

Los secesionistas están obligados a retirar de su imagen cualquier atisbo o apariencia de racismo y de xenofobia, tan difícil por otra parte de borrar de la faz de todo movimiento nacionalista. De ahí que se esfuercen en mostrar que dentro de sus filas hay emigrantes y que bajo su bandera caben todos los que viven en Cataluña. Para lograr este objetivo se han servido de una debilidad muy humana, el ansia de integración de aquellos que del resto de España han emigrado a Cataluña y que se sienten desarraigados. Con mucha frecuencia, al ser discriminados o tratados socialmente como inferiores vieron la solución a sus problemas en el intento de hacerse pasar por los independentistas más entusiastas. Es un fenómeno curioso, pero no tan infrecuente. Algo similar está ocurriendo últimamente con los emigrantes extranjeros. Los partidos secesionistas tienen, por tanto, material suficiente para el escaparate y para cubrir el expediente y las apariencias. Cataluña, no se cansan de decir, es una sociedad abierta.

La realidad es, sin embargo, muy distinta, el independentismo es mucho menos  transversal de lo que nos quieren hacer creer. El otro día el diario El País publicó, con datos del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat, un reportaje que muestra la dispersión del independentismo en la sociedad catalana y cómo existe una relación entre el nivel de ingresos, el enraizamiento familiar en Cataluña (generación de origen catalán) y la adhesión al independentismo. A más apellidos catalanes, más ingresos mensuales y mayor tendencia al secesionismo.

Lo que indican los datos es que los que ansían masivamente la independencia son los catalanes, nietos de catalanes y de ingresos económicos elevados; por el contrario, el rechazo a la secesión está generalizado en el grupo de los nacidos (ellos o sus padres) fuera de Cataluña y de bajos ingresos. Entre aquellos que son naturales de otras Comunidades Autónomas solo el 12% se manifiestan favorables a la independencia, y este porcentaje se eleva al 29% en el grupo de aquellos que aunque hayan nacido en Cataluña sus padres son de fuera. Por el contrario, en el conjunto de los que tienen ocho apellidos catalanes(los abuelos han nacido en Cataluña) el 75% son independentistas.

Algo parecido ocurre en lo relativo al nivel económico. Solo en el grupo de los que contestan que “viven cómodamente” la proporción de los que están a favor de la independencia sobrepasa el 50%. El porcentaje va disminuyendo progresivamente según se van recorriendo los grupos con situaciones económicas más débiles: “Nos llega para vivir”, “Tenemos dificultades”, hasta el último “Tenemos muchas dificultades”, cuyo porcentaje de independentistas es del 29%.

La distribución con respecto a la situación laboral tiene menos relevancia: tan solo hay un detalle tal vez interesante y es que el colectivo con mayor aceptación de la independencia (49%) es el de los empleados públicos, lo que puede ser significativo de algo que siempre se ha sospechado: la forma poco objetiva en la que se han reclutado los funcionarios de la Generalitat en la época de Pujol, centrando el proceso de selección mucho más en las predilecciones políticas que en los criterios de mérito y capacidad que estipula la Constitución.

4) Cataluña se identifica con la Generalitat.

Desde luego, los dirigentes y portavoces de la Generalitat cuando hablan identifican esta institución con Cataluña. Pero no son solo ellos. Con mucha frecuencia, en los periódicos, en las tertulias y en los mismos discursos políticos se comete ese quid pro quo. Así, se escucha afirmar a menudo que Cataluña está quebrada, cuando en realidad lo que se quiere afirmar es que la Generalitat es insolvente. Se dice también a menudo que el Estado ha prestado tanto o cuanto a Cataluña, cuando el préstamo se ha dirigido a la Generalitat.

La Generalitat es tan solo la administración autonómica de los catalanes, una de las tres que todo ciudadano posee, siendo la municipal y la estatal las otras dos. Y conviene que desde el primer momento pongamos en claro que en las tres administraciones, si son democráticas, se da el autogobierno (no es exclusivo de la Generalitat). Todo gobierno democrático es autónomo como antítesis de heterónomo (gobierno por otros). No sería extraño que en ocasiones los ciudadanos se sintiesen más implicados y considerasen más propio el gobierno central que el gobierno de su comunidad que puede actuar de forma despótica y por lo tanto heterónoma.

El nacionalismo usa la artimaña de presentar a la Generalitat como el único gobierno de Cataluña, y al Gobierno central como extranjero, aunque lo cierto es que la situación puede ser más bien la contraria que la Generalitat en manos de los independentistas gobierne exclusivamente para la mitad de la población y sea la administración central el gobierno “autónomo” (democrático) de todos los catalanes. Algo parecido puede suceder con las fuerzas de seguridad, que los mossos sean una policía partidista, política, al servicio exclusivamente de una parte de la población, y la Policía nacional y la Guardia civil, lejos de ser una fuerza extranjera, estén al servicio y defiendan los derechos de toda la sociedad catalana. No siempre la cesión de competencias significa incremento de democracia y, por lo tanto, de autogobierno.

Es evidente que los independentistas actúan ya como si la administración estatal no existiese en Cataluña y por ello tienden a hablar del presidente del gobierno de la Generalitat como del presidente del gobierno de Cataluña. Y esa es también la razón que se encuentra detrás de todos los malos entendidos que se lanzan sobre las relaciones de las finanzas del Estado en relación a Cataluña. Son los catalanes y no la Generalitat quienes pagan impuestos al Estado y este el que transfiere recursos no solo a la Generalitat sino también directamente a los ciudadanos, bien mediante prestaciones, bien mediante servicios. En consecuencia, carece de todo sentido cifrar el déficit o superávit por la diferencia entre lo que contribuyen los catalanes y lo que recibe la Generalitat, ya que Cataluña no es la Generalitat y recibe directamente recursos del Estado. Por poner algún ejemplo, Cataluña se encuentra a la cabeza de todas las otras Autonomías en el monto de inversión (casi 8.000 millones de euros) recibido del Ministerio de Fomento en el periodo 2006-2015.

Lo anterior no debe ocultar el hecho de que la política fiscal del Estado (a través del gasto y del ingreso) tiene una función redistributiva que se concreta en primera instancia en el reparto personal de la renta, pero como consecuencia de ello también en el reparto territorial. De forma automática, por este mecanismo se establece una transferencia de recursos de las regiones ricas a las más desfavorecidas. Cataluña, al igual que Madrid, posee una renta per cápita muy superior a la media, luego es justo que se convierta en contribuyente neto. No se trata de solidaridad, sino de la equidad que se deriva de la Hacienda Pública de un Estado social.

Es por ello por lo que no tiene ninguna lógica el llamado principio de ordinalidad, que consiste en garantizar que en las aportaciones del Estado a las correspondientes Comunidades Autónomas se mantendrá el mismo orden que el que se da en las recaudaciones fiscales de esas regiones. Y no tiene lógica alguna porque contradice la esencia de una política redistributiva. Es como si dijésemos que los ciudadanos que contribuyen más al fisco tuvieran que recibir mayores prestaciones y mejores servicios del Estado; cuando normalmente sucede al revés, aquellos contribuyentes con más rentas pagan más impuestos (los tributos son progresivos) y reciben menores prestaciones, ya que la mayoría de los gastos públicos se orientan, o deberían al menos orientarse, principalmente a las clases bajas. Pero es que, además, de nuevo se comete una identificación falsa entre la administración autonómica y la sociedad de la región correspondiente.

Cataluña es de las regiones más ricas de España, la Generalitat, a pesar de ello, se encuentra con graves dificultades económicas, mayores que las de otras muchas Comunidades; pero, por más que los independentistas pretendan lo contrario, la razón principal no se encuentra en un deficiente sistema de financiación (todos se han diseñado con su aquiescencia), sino en la deficiente gestión presupuestaria y financiera de la propia Generalitat. Aunque parezca anecdótico, por si fuese bajo el sueldo del presidente del Gobierno de la Generalitat, Puigdemont lo ha elevado en 8.600 euros, con lo que sus emolumentos anuales se eleva a 145.000 €, casi el doble que los del presidente del Gobierno, por encima del sueldo de muchos mandatarios europeos y por supuesto que el de los presidentes de las restantes Comunidades Autónomas. No es difícil suponer que ese nivel de sueldos se traslada por toda la pirámide, partiendo del sueldo de todos los consejeros hasta los mozos de escuadra cuya retribución es un 30% superior a la de los guardias civiles. Los ejemplos que se podrían añadir serían  innumerables, pero baste señalar uno más: los numerosos recursos dedicados a propagar por todos los medios, cuesten lo que cuesten, la independencia. No es de extrañar que falte después dinero para servicios que sí prestan las otras Comunidades.

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