Equidistancia, sedición y solución política

El Gobierno está dispuesto a conceder mayor financiación y más autogobierno para Cataluña. Eso ha afirmado Luis de Guindos. Parece que se trata de premiar la sedición y el golpe de Estado. Visto así, supongo que no tardarán en dar otro. Es un extraño juego este del nacionalismo. Si ganan, porque ganan, y si pierden, porque también ganan. Ya hubiesen querido Tejero, Milán del Bosch y Armada haber contado con un tratamiento similar. Claro que en España ha habido una larga tradición en que los gobiernos no sepan reaccionar a tiempo en los simulacros de golpismo. Antes del 23 de febrero de 1981 hubo amagos a los que no se dio importancia hasta que estalló la bomba en el Congreso. Y remontándonos más en la Historia, la República tampoco estuvo muy lista a la hora de reprimir las tentativas previas al 18 de julio del 36.

Resulta una buena idea conceder mayores competencias a la Generalitat, así se les dota de más medios para que el próximo asalto contra la Constitución y la proclamación de la independencia tenga éxito. Conviene recordar que en los atentados del pasado 17 de agosto la mayor preocupación de la Generalitat y de los independentistas era mostrar que ellos contaban ya con todos los medios necesarios para ser un Estado. Y en buena medida era verdad, porque la Generalitat tiene ya casi todas las competencias posibles. Si actúan como un Estado, por qué no constituirse ya en un Estado independiente (véase mi artículo del 31 de agosto pasado).

La concesión de mayores cotas de autonomía nunca contenta a los nacionalistas; por el contrario, les anima a nuevas reivindicaciones, al dotarles de mayores medios para presionar. De cesión en cesión hasta la sedición final. Sin duda, uno de los mayores obstáculos que están encontrando tanto el Gobierno como los jueces a la hora de controlar el golpe ha sido el comportamiento pasivo de los mozos de escuadra. Y la mayor dificultad del govern para poder culminar la asonada es no tener transferida la justicia y no contar con una Hacienda pública al estilo del País Vasco. Por cierto, es erróneo pensar que el único gobierno autónomo en Cataluña es el de la Generalitat. Tan autónomo (significado contrapuesto a heterónomo) es el gobierno municipal como el de la Generalitat o el del Estado, siempre que sean democráticos. Democracia es sinónimo de autogobierno.

La dinámica establecida alrededor del procés no deja de ser paradójica, pues se anatematiza al Gobierno central y se califica su actuación de antidemocrática, precisamente por aquellos que pretenden dar un golpe de Estado y romper unilateralmente con la Constitución. Pero no son solo lo golpistas los que tergiversan los términos. Más triste es el papel que está asumiendo determinada izquierda, cuyo desvarío ha traspasado los límites de Cataluña. Hasta ahora era la izquierda de esta Comunidad Autónoma la que, presa del furor nacionalista, se apartaba de la lucha social para encerrarse en el conflicto territorial, defendiendo precisamente los privilegios de una de las regiones más ricas de España. En los momentos actuales, el contagio incomprensiblemente se ha trasladado fuera de Cataluña.

Partidos como Podemos o la IU del “niño Garzón” se han adentrado en una vía demencial que ya no es coqueteo (ver mi artículo del 14 de septiembre), sino que se han enfangado en un abrazo del oso con el nacionalismo. Aquellos que se proclamaron herederos del 15-M hoy se manifiestan no a favor de las pensiones o en contra de la reforma laboral, o en contra el Banco Central Europeo, o contra las políticas mal llamadas de austeridad de Bruselas, sino para defender los privilegios de la burguesía catalana. Únicamente una gran confusión ideológica puede conducir a que desde Marinaleda o en general desde Andalucía -por no decir desde Galicia- se defienda el derecho de autodeterminación de las regiones ricas, detrás del cual, aunque disfrazado, se encuentra fundamentalmente el rechazo a la redistribución de la renta.

Si algo se le puede achacar al actual Gobierno en el tema catalán ha sido el hecho de extremar la prudencia hasta el punto de que en Cataluña se ha terminado generando el caos y la anarquía. Desde el propio Estado se ha atacado al Estado, a la Constitución y a la democracia. Solo un cierto cacao mental, el desconocimiento de la Historia o la mayor de las demagogias pueden estar en el origen de la afirmación de que en Cataluña hay presos políticos. De forma sibilina ya lo insinuaba Enric Juliana (ese periodista de La Vanguardia que siempre de forma torticera y con acento tartufo defiende los intereses de los independentistas). En un artículo escribía: “La Europa actual no tolera presos políticos”, queriendo afirmar con ello que las posibles detenciones o sentencias que se pudieran generar en Cataluña a propósito del procés serían presos políticos.

En Cataluña, al igual que en el resto de España, no existen presos políticos, tan solo políticos presos, y de esos muchos y de todos los partidos, lo que prueba hasta qué punto la judicatura actúa por su cuenta y en ejercicio de sus propias competencias. De producirse detenciones o condenas de prisión a propósito del procés no obedecerían a motivos políticos. Los hechos demuestran que la libertad de expresión y los derechos de los independentistas han estado y están plenamente garantizados; incluso con el argumento de que no conviene tensar la situación se les han consentido continuas violaciones de la legalidad que a ningún otro grupo social o partido se había permitido.

No me parece más grave distraer caudales públicos con la finalidad de financiar a una formación política que hacerlo para romper la Constitución y lograr la independencia de una de las regiones más ricas de España. No creo que exista un solo país que no castigue con penas de prisión la sedición y el golpe de Estado. Nadie se atrevería a decir que el general Armada era un preso político. Los que hoy hablan de fascismo no han conocido de verdad lo que son presos políticos y muchos menos han pasado por esa experiencia, ni siquiera la de tener miedo de llegar a serlo. Lo más parecido hoy al franquismo es el discurso y las actuaciones de los movimientos independentistas. Y son el Gobierno de la Generalitat y sus adláteres los que pueden recibir hoy el calificativo de fascistas.

El PNV, no se sabe si por obligación o por devoción, ha corrido a alinearse con los independentistas del procés. Tal vez con ello intentan disimular que ellos son parte del problema, porque uno de los hechos que más irrita a los catalanes -y en puridad debería soliviantar a todas las otras Autonomías- es la situación de privilegio fiscal con el que la Constitución dotó al País Vasco y a Navarra, y que las permite situarse en renta per cápita a la cabeza de toda España. Estatus que ahora envidian y pretenden conseguir los nacionalistas de Cataluña, y que si se extrapolase a todas las Comunidades incrementaría brutalmente las desigualdades y los desequilibrios territoriales.

Después están los de la equidistancia, los que se sienten en la obligación de acompañar toda condena del golpe con la crítica al Gobierno central reprochándole, parece ser, su falta de diálogo. Diálogo es la palabra mágica que emplean a todas horas, pero que en el fondo está totalmente vacía de contenido. ¿Dialogar con los que solo quieren dialogar sobre la forma de robar la soberanía a la totalidad de los españoles? Habría resultado pintoresco que después del golpe de Estado del 23 de febrero se hubiera reclamado diálogo con los golpistas. Pedro Sánchez, por su parte, está interpretando un triste papel, hasta el extremo de poner en peligro la unidad de su formación política. El otro día en el Congreso impuso, en contra de lo que había aprobado su grupo parlamentario, el voto negativo a la resolución presentada por Ciudadanos en apoyo al Gobierno y a las instituciones democráticas. Al margen de que la iniciativa de Rivera constituyese un error garrafal, ya que había peligro, como así ocurrió, de que apareciesen grietas en el bloque constitucionalista, no deja de ser patético que los socialistas representantes de Andalucía, Extremadura, Galicia, Castilla-La Mancha, etc., se negasen a respaldar al Estado en la represión del golpismo. Como afirmó Rajoy con sentido común, no se trata de defender al Gobierno sino al Estado de derecho.

Las declaraciones espasmódicas de los mandatarios del PSOE y del PSC están resultando penosas. La portavoz del grupo parlamentario, que parece más bien la portavoz del PSC, arremetía contra el Gobierno porque, según ella, se escondía tras los jueces y la oposición, y le exigía que tomase decisiones, pero al mismo tiempo le hurtaba los medios posibles, poniendo vetos a priori a instrumentos perfectamente legales como la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Iceta, a su vez, compra el discurso de los independentistas de la violación de derechos. El señor Montilla reprocha a Rajoy haber estado cinco años de vacaciones en el tema de Cataluña. La verdad es que habría sido mucho mejor que él hubiera estado de vacaciones en toda su etapa de presidente de la Generalitat. Seguramente hoy no habría tantos problemas.

Pedro Sánchez es el que parece estar ausente de cara al referéndum del 1 de octubre. Se esconde con la finalidad de comprometerse lo menos posible. Aunque en realidad es preferible que no comparezca ante los medios, porque cada vez que lo hace es para meter la pata. Todo se le vuelve en criticar al Gobierno y propugnar diálogo. Ha llegado a proclamar que él obligará a Rajoy a buscar una solución pactada. Y es que con anterioridad ha manifestado que él ya posee tal solución. Para echarse a temblar, si el remedio tiene que venir de la mano de Pedro Sánchez. Lo cierto es que todo queda en crear una comisión en el Congreso, la defensa de un impreciso federalismo y una pretendida modificación constitucional que nadie sabe en qué consiste. Nada concreto. Absolutamente etéreo. Una solución imaginativa a la que irónicamente se refería el otro día Savater en un artículo en El País.

Los que sí han explicitado una solución política concreta han sido los empresarios catalanes. Saben perfectamente lo que quieren. Joaquim Gay de Montellá, presidente de Fomento del Trabajo -la principal patronal empresarial de Cataluña-, ha abogado por celebrar en 2019 un referéndum legal para aprobar un nuevo estatuto que debería recoger nada más ni nada menos que el reconocimiento de la identidad nacional, más inversiones del Estado, el pacto fiscal y la representación de Cataluña en organismos internacionales y competiciones deportivas.

A su vez, el presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, ha requerido una reforma de la financiación autonómica que acabe con las “transferencias indefinidas y sin condiciones” de las Comunidades Autónomas con mayor renta per cápita a las más pobres. “Llevamos 40 años de transferencias y la brecha sigue siendo igual”, afirmó. Lo cual no es cierto. No hay transferencias entre Comunidades, sino una política fiscal del Estado que redistribuye la renta tanto en el plano personal como en el territorial. Lo que sí es verdad es que esta redistribución no ha tenido la suficiente fuerza como para reducir la brecha; por el contrario, la desigualdad se ha incrementado. ¿Pero alguien puede imaginar cómo habría evolucionado el reparto de la renta y hasta dónde habrían llegado las diferencias interterritoriales sin esta política redistributiva del Estado?, ¿y qué nivel alcanzaría la divergencia entre regiones si se aplicase a Cataluña y a Madrid, tal como reclama Vega de Seoane, un régimen similar al del País Vasco? Es un error mantener, tal como ha afirmado Guindos, que se pueda dotar de mayores recursos a unas Comunidades sin detrimento de las otras. Se quiera o no, en esta materia nos movemos en un juego de suma cero.

Lo más sorprendente es que el presidente del Círculo de Empresarios pone como ejemplo a Europa y sus políticas de solidaridad entre los Estados (más bien sus “no políticas”) y sostiene, negando los hechos, que esas políticas han reducido las diferencias entre los Países. La realidad es la contraria: en la Eurozona se ha incrementado fuertemente la divergencia entre los miembros y la causa se encuentra precisamente en que se ha construido una Unión Monetaria sin crear al mismo tiempo una Hacienda Pública común suficientemente potente y progresiva que corrija los desequilibrios que aquella genera. Querer importar este modelo a nivel regional es introducir en España los mismos o mayores problemas que está sufriendo Europa.

Hay que reconocer que los empresarios son los únicos que hablan claro. Retoman el chantaje que Mas lanzó al Gobierno central y que dio lugar al inició del procés, con la exigencia de que se dotase a la Generalitat de la misma situación fiscal que disfruta el País Vasco. Son los únicos que presentan una solución política concreta, congruente  por otra parte con su ideología, la ruptura de la política redistributiva del Estado. Pero lo que es lógico y coherente en las organizaciones empresariales resulta totalmente descabellado para ser defendido por un partido socialista y no digamos por formaciones políticas como Podemos e IU. Entonces ¿Dónde se encuentra la solución política imaginativa?

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