El derecho a decidir y el neoliberalismo económico

En Cataluña, según las encuestas, los partidarios de la independencia no llegan al 50% y seguro que serían muchos menos si pensasen que la secesión va en serio y que su opinión o voto iba a tener una incidencia decisiva en el resultado. Por el contrario, el porcentaje que ofrecen los sondeos respecto a la defensa del derecho a decidir es mucho mayor, casi el 80%, y es que si a uno le preguntan si quiere decidir, es difícil que conteste que no.

El discurso de los independentistas está lleno de trampas y falacias y no es la menor de ellas haber disfrazado el derecho de autodeterminación -inexistente por otra parte en los Estados democráticos occidentales- por un abstracto y quimérico derecho a decidir que se reviste de las apariencias de democracia y libertad. ¿Cómo situarse en contra de la democracia?, ¿cómo cuestionar la libertad?, ¿cómo negar el derecho a decidir? El sofisma es parecido al que utiliza el neoliberalismo económico cuando en nombre de la libertad defiende la autonomía absoluta de los mercados y la ausencia total de regulación en la actuación de las fuerzas económicas. ¿Quién va atacar la libertad?

Ambos planteamientos ocultan una realidad puesta ya de manifiesto por los pensadores más antiguos, lo que se ha venido a llamar “la paradoja de la libertad”, que se concreta en que la libertad definida como ausencia de todo control restrictivo termina destruyéndose a sí misma y transformándose en la máxima coacción, ya que deja a los poderosos vía libre para esclavizar a los débiles. Se atribuye a Platón haber esbozado por primera vez esta aparente antinomia cuando mantiene, por ejemplo, en “La República” la siguiente tesis: “De este modo es probable que la mucha libertad no se convierta sino en mucha esclavitud tanto en el individuo como en el Estado”.

Fue Kant el que al describir lo que para él era una constitución justa pretende resolver la paradoja al afirmar que “la mayor libertad posible que se puede dar a cada individuo es la de que la libertad de cada uno pueda coexistir con la de los demás”, idea que vuelve a repetir en “La teoría del Derecho”: “La justicia es la suma total de las condiciones necesarias para que la libre elección de cada uno coexista con los demás de acuerdo con una ley general de libertad”.

Sin Estado, sin ley, no hay libertad. Precisamente lo que cada individuo pide al Estado es que proteja su libertad, pero en contrapartida tiene que renunciar a una parte de esa libertad, aquella que se opone a la libertad de los demás. Mi derecho a mover mis puños en la dirección que desee queda constreñido por la posición de la nariz del vecino. Es de la limitación de la libertad de donde emerge la propia libertad. La carencia de leyes limitativas de la libertad hunde a la sociedad en el caos, imponiéndose la ley de la selva, la ley del más fuerte.

El neoliberalismo ha pretendido aplicar a la economía la libertad sin restricciones, olvidando que utilizando con coherencia su doctrina se destruye la propia economía de mercado, que tanto defienden, y cuyo fundamento es la propiedad privada. Todo el mundo sería muy libre de apropiarse de lo que le apeteciese y pudiera. El principio de la propiedad privada implica ya una limitación de la libertad y un reconocimiento del Estado como árbitro social, condiciones necesarias para garantizar la misma libertad que difícilmente se consigue sin respeto a la propiedad. Pero de igual modo y por la misma razón hay que rechazar la demanda neoliberal de emancipar los mercados de forma absoluta, eliminando toda normativa, y de suprimir cualquier restricción al capital. Se trata de una libertad aparente, porque de esta forma se termina concediendo la libertad únicamente a un grupo reducido de ciudadanos, mientras se destruye para la gran mayoría.

Esta falacia tan común en el ámbito económico es mucho menos frecuente en el campo político y civil. Todo el mundo acepta que sin normas y leyes no existe la libertad y que lo que se generaría sería la anarquía y el caos. Sin embargo, en ocasiones, como la actual, hay quien explota la libertad para arrimar el ascua a su sardina, y presentar como democrático lo que linda con lo arbitrario y despótico. Esto es lo que está sucediendo con el independentismo en Cataluña y con la utilización que hacen del derecho a decidir.

Todos tenemos derecho a decidir. Es más, a lo largo de nuestra vida estamos compelidos, tal como afirman los existencialistas, a un sinfín de elecciones, sin que podamos evadirnos de ellas, pero también hay otras que nos están vedadas. Yo soy yo y mis circunstancias, que diría Ortega. La naturaleza nos constriñe y nos lo impide desde el primer momento. Nadie puede elegir su raza, ni dónde y cuándo va a nacer, ni en qué familia, ni las cualidades físicas e intelectuales de las que estará dotado. El vivir en sociedad es otra fuente de limitación. Mi derecho a decidir está limitado por las leyes, leyes que al mismo tiempo son las que me lo garantizan en otros muchos ámbitos. El derecho a decidir, como la libertad, no existe en abstracto, sino enmarcado en una realidad política y en un ordenamiento jurídico.

El derecho a decidir de los catalanes, al igual que el de los andaluces, extremeños, murcianos, etc. no es un derecho incondicional, sino encuadrado en una normativa jurídica que si bien lo limita en el cauce de determinadas normas, que establecen las reglas del juego, también lo defiende y protege frente al ataque de otros ciudadanos. La Constitución, el Estatuto y en general todo el ordenamiento jurídico, es el conjunto que hace posible el derecho a decidir (de no existir, sería el caos y la anarquía) pero al mismo tiempo lo condiciona y restringe para garantizar el derecho a decidir de los demás.

La independencia de Cataluña no solo afectaría a esta región sino a toda España. El derecho de un grupo de catalanes aunque fuese mayoritario (ahora no lo son) chocaría con el derecho de otros catalanes e incluso con el derecho del resto de españoles. ¿Puede la mitad de Cataluña cambiar sustancialmente las condiciones de vida de la otra mitad, obligándola a separarse de España, a la que se encuentran unidos desde hace muchos siglos? El derecho reclamado para los catalanes es al mismo tiempo el expolio de la soberanía de la totalidad de los españoles. Por otra parte, ¿quiénes son los catalanes?, ¿los que ahora residen en la Comunidad Autónoma aunque hayan llegado ayer o todos los nacidos en Cataluña vivan donde vivan? ¿Por qué van a poder votar los catalanes residentes en Costa Rica y no los residentes en Madrid?

¿Quién es el sujeto de ese derecho a decidir que se invoca? ¿Dónde radica la soberanía, la capacidad para cambiar las reglas de juego? Según la Constitución de 1978 -la que fue votada por una inmensa mayoría de catalanes-, el pueblo español en su conjunto. Pero es que, además, cualquier otra respuesta nos introduce en un laberinto de difícil salida. ¿La Comunidad Autónoma de Cataluña, definida curiosamente de acuerdo con la Constitución del 78, formada por cuatro provincias, con los límites que estableció el ordenamiento jurídico en 1833? ¿Y por qué no todos los países catalanes o el antiguo Reino de Aragón, con lo que seguramente el resultado sería muy distinto? ¿O cada provincia tomada individualmente? ¿Qué ocurriría si la mayoría en Barcelona y Tarragona se pronunciase en contra de la escisión aunque la mayoría de la Comunidad se mostrase a favor?, ¿se independizarían tan solo Lérida y Gerona? ¿Y qué sería de los municipios que se pronunciasen en contra de lo decidido por sus correspondientes provincias?

Todos tenderíamos a rechazar que un grupo social, el constituido por los ciudadanos de mayores rentas, tuviese el derecho, si lo decidiese por mayoría (la mayoría sería aplastante) de excluirse del sistema público de pensiones, de la sanidad y de la educación pública, por ejemplo, con la correspondiente rebaja proporcional en sus impuestos. El supuesto no es tan forzado como pudiera parecer si tenemos en cuenta que las regiones que proponen la autodeterminación son de las más ricas de España. La Moraleja (una de las urbanizaciones de más alto standing de Madrid) pretendió en su día independizarse del municipio de Alcobendas (de clase media), creando su propio ayuntamiento. ¿Tenía derecho a decidirlo? ¿Estaríamos a favor, por ejemplo, de que se convocase un referéndum sobre la pena de muerte?

Entre las múltiples falacias que utilizan los independentistas se encuentra la de repetir sin cesar que votar es un acto de democracia y que un referéndum no puede ser ilegal. Ciertamente, pero siempre que se convoque por quien tiene competencia para hacerlo y sobre una materia que pertenezca al ámbito de decisión de los consultados. Cuando estas condiciones no se cumplen no solamente puede ser ilegal, sino también delictivo. Delictivo es usurpar funciones a las que no se tiene derecho; delictivo es utilizar medios públicos para un fin partidista como el de promover un referéndum ilegal y que va en contra de la Constitución, y delictivos son en todos los países los actos insurreccionales y en contra de las respectivas Constituciones, especialmente cuando se producen desde el poder, porque entonces se denomina golpe de Estado, y golpe de Estado es lo que pretenden los independentista en el momento actual.

La malversación de fondos propios en la que se incurrió en el referéndum del 9-N y en la que se va a reincidir en el actual no es una corrupción de muy distinta naturaleza de la que se ha cometido con el 3%. En este último caso se trataba de financiar a un partido, Convergencia, con recursos públicos. Y en los casos del referéndum se trata de utilizar fondos públicos para un objetivo partidista y además ilegal, apartándolos del fin general.

Los secesionistas intentan justificar la sedición afirmando que el pacto constitucional se rompió cuando después de ser aprobado en referéndum por la sociedad catalana el último Estatuto de autonomía, el Tribunal Constitucional anuló determinados artículos del mismo. Ciertamente todo lo referente a este Estatuto fue más bien desafortunado; comenzando por la irresponsable promesa de Zapatero de aprobar en Madrid lo que el Parlamento catalán sancionase en Cataluña. Promesa que ciertamente no pudo cumplir dado que el documento que llegó desde Barcelona era claramente inconstitucional. Ahí radicó la verdadera ruptura del pacto, en intentar modificar la Constitución por la puerta de atrás. El Estatuto aprobado por el Parlament era palmariamente contrario a la Carta Magna y continuó siéndolo aun después de ser modificado por las Cortes, pues los cambios se hicieron con un PSOE condicionado por el PSC y por CiU. Curiosamente, Esquerra Republicana que ahora agita el Estatuto, colocándolo como causa de la rebelión, votó entonces en contra.

Los independentistas consideran un enorme agravio a la sociedad  catalana el hecho de que el Tribunal Constitucional modificase el Estatuto después de ser aprobado en referéndum, pero, de existir, el agravio se encontraría en presentar a los ciudadanos para su aprobación un documento que era manifiestamente inconstitucional. Por otra parte, conviene recordar que el Estatuto fue aprobado por el 70,39% de votos afirmativos con una abstención del 50,59%, es decir, el porcentaje de los catalanes con derecho a voto que dio su aquiescencia no llegó ni siquiera al 35%, Estos datos contrastan con los resultados mediante los que se aprobó la Constitución en Cataluña: con una abstención de tan solo el 32,09% y un voto positivo del 90,46%. Es la misma Constitución que el independentismo no tiene el mínimo reparo en denigrar e incumplir. No parece que se respete mucho la voluntad del pueblo de Cataluña. Conviene tener también presente que en la I República las Cortes modificaron el Estatuto que la sociedad catalana había aprobado ya en referéndum, sin que nadie se escandalizase; todo lo contrario, los nacionalistas quedaron al parecer muy satisfechos.

Existe un mantra que por desgracia se ha extendido a lo largo de toda España, el de resaltar que, al margen de lo que hagan los independentistas, hay un problema político en Cataluña,  que solo se puede solucionar con diálogo. Problema político existe, y muy grave, pero no está tanto, como se quiere indicar, en que haya un grupo, aunque sea numeroso, de catalanes que se encuentran a disgusto con el trato recibido por el Gobierno central y consideran que son discriminados, ya que ese hecho puede estar generalizado en la mayoría de las Autonomías. La opinión pública de todas ellas casi seguro que esta también descontenta con la situación actual y considera que otras Comunidades gozan de una atención mayor. Se me ocurre que los habitantes de Extremadura, Andalucía, Castilla-La mancha, Canarias o Murcia tienen muchos más motivos para su insatisfacción y desagrado que los de Cataluña.

El verdadero problema político en Cataluña radica más bien en unas instituciones y autoridades autonómicas que se han sublevado contra todas las leyes vigentes, leyes a las que precisamente deben su existencia como instituciones y autoridades, y pretenden sustituirlas por un nuevo ordenamiento jurídico sin legitimidad y surgido del vacío, y desde esa atalaya practican el victimismo y potencian y alientan el descontento popular. ¿Diálogo? Sí, pero no antes de haber restablecido la legalidad y haber sofocado el golpe de Estado y, desde luego, no a costa de premiar a los golpistas y concederles un trato de favor; de lo contrario, nos podemos encontrar con un problema político mucho mayor: que la sublevación se reproduzca en toda España.

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